EL MISTERIO DE LUCÍA

La Revista Semana publica un artículo en que revela los alcances de la Coordinadora Continental Bolivariana. El texto ratifica el contenido de nuestra columna publicada en El Nuevo Herald de Miami, el pasado 28 de marzo, sobre esta organización y su relación con las FARC.

El artículo de Semana lo puede leer en: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=111118

La columna de El Herald - "EL ENTRAMADO CONTINENTAL DEL TERRORISMO" la encuentra en: http://rafaelguarin.blogspot.com/2008/03/el-entramado-continental-bolivariano.html

REFORMITA O CONSTITUYENTE

Revista Semana On Line. www.semana.com - Publicado el 17 de abril de 2008

RAFAEL GUARÍN

La crisis generada por la narcoparapolítica no es más que la repetición de una vieja historia. Durante los últimos treinta años, ha sido ininterrumpida la interferencia de la ilegalidad en las esferas de decisión pública, para no hablar de la influencia de los grupos económicos. El vehículo han sido las organizaciones políticas y las elecciones, la ruta.

La propuesta que se tramita en el Congreso sobre la responsabilidad política de los partidos es un avance, pero no deja de ser una “reformita” frente a la magnitud del problema y de las falencias del conjunto de instituciones que regulan el funcionamiento de la democracia representativa.

En el pasado, se consagraron obligaciones a colectividades y candidatos, sin ningún resultado, mientras el aparato estatal seguía siendo incapaz de garantizar que las cumplieran. Imponer en el papel responsabilidades a los partidos no significa nada, si no se fortalece la capacidad de investigación y sanción.

Tres casos lo ilustran: con el fin de garantizar transparencia en la financiación de la política, la ley 130 de 1994 obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a castigar a quienes no presenten cuentas de campaña. No obstante, todo quedó en discurso e impera la impunidad. Los datos del propio CNE lo confirman: de 2002 a septiembre de 2005 ese organismo dejó caducar 11.324 actuaciones. Un cálculo superficial, establece que por esa razón el Estado dejó de percibir cerca de 60.000 millones de pesos por concepto de sanciones.

Otro caso, no menos dramático, es la lucha contra el fraude electoral y los delitos que vulneran los mecanismos de participación ciudadana. A pesar de su importancia, la Fiscalía no esta dotada de organismos especializados y permanentes. Es tradición que para cada proceso electoral, el Fiscal General cree Comisiones Especiales de Fiscales Delegados y designe un coordinador. En el mejor de los casos, puede encargar al Vicefiscal. En cambio, en países con menos problemas, como Panamá o México, existe la Fiscalía Electoral.

La justicia contencioso-electoral es el tercer paradigma de ineficiencia. Basta recordar, que la lentitud del Consejo de Estado ante las irregularidades que se presentaron en la elección del Senado de la República, en 2002, permitió que durante treinta meses usufructuaran curul ciudadanos que no fueron elegidos. Por cierto, nunca se conoció investigación penal por la comisión de ese fraude electoral.

¿Para qué, entonces, asignar cargas a los partidos, si no se fijan procedimientos ciertos para su verificación? ¿O si se diseñan para que sean inefectivos? Si en verdad hay voluntad política de combatir la injerencia del delito, es urgente complementar el proyecto de acto legislativo con instrumentos que le den dientes al Estado.

¿Pero puede este Congreso hacer una reforma de esas características? Difícil ser optimista. Dedicado a defenderse y resignado a ver desfilar sus miembros rumbo a prisión, no está en capacidad de hacer ningún cambio de fondo. La propuesta de convocar una Asamblea Constituyente, parece, a pesar de todo, un camino más realista.

Aunque la hostilidad natural de los parlamentarios, afectados por el fantasma de la anticipación de elecciones, es el principal obstáculo para convocar a una Constituyente, en gran parte depende del mandato, que señale directamente el constituyente primario a la Asamblea. Por ejemplo, no se puede poner en peligro la composición y período de los magistrados que integran las Cortes, tampoco los del actual Legislativo y Ejecutivo. Carecer de ese preciso mandato es una tentación para el cierre del Congreso, pero, también, para lo contrario: que se afecten los procesos judiciales contra los parapolíticos.

Por otro lado, una Constituyente ofrece al presidente Uribe el camino para exorcizar todos los estigmas que le endilgan y la mejor oportunidad de solucionar un tema que amenaza en convertirse en centro de la próxima campaña presidencial. Si fuera así, es posible que la brújula ciudadana apunte a otro norte y los éxitos de la política de seguridad democrática naufraguen en medio de olas de populismo.

Por lo pronto, la renovación de la clase política se dará a punta de providencias judiciales. Esperemos que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía no se queden solamente en la cúpula, sino que bajen hasta las bases de los aparatos políticos corrompidos. También, que las presiones políticas no afecten la ecuanimidad y valentía para reconocer la inocencia de quien no se pruebe plenamente su culpabilidad.

Nota: Deben estar temblando los políticos y “personalidades” vinculadas con las Farc, ante la posibilidad de que comiencen a hablar los computadores de Reyes.

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LA SOLEDAD DE COLOMBIA

EL NUEVO HERALD. Miami. Publicado el domingo 20 de abril del 2008

CARLOS ALBERTO MONTANER

Hace un par de semanas la mayoría demócrata del Congreso norteamericano le cerró la puerta al tratado de libre comercio con Colombia. Los republicanos intentaron en vano sostenerlo. El episodio sirve para demostrar que no es cierto que ambos partidos colaboran responsablemente en asuntos de política exterior. En Estados Unidos la razón electoral pesa más que la razón de Estado.

En épocas de elecciones todo vale a cambio de un puñado de votos. Los candidatos apoyan o rechazan los temas que se presentan en función de la rentabilidad política que les proporcionen, no de las ventajas o perjuicios que le generen al país. Hillary y Obama saben que Estados Unidos se beneficiaría del comercio libre con Colombia, pero no están dispuestos a enfrentarse a los sindicatos y a la distorsionada percepción de los votantes.

Predeciblemente, tanto en Colombia como en Estados Unidos los sindicatos también se oponen a la firma del acuerdo. Los sindicatos, ya se sabe, suelen ser los enemigos más tenaces del progreso. En Colombia, porque, supuestamente, favorecería al ''imperialismo yanqui'' en detrimento de la clase trabajadora colombiana. Los sindicalistas colombianos, que aman los aranceles que les encarecen el costo de vida a los obreros, temen que una avalancha de productos mejores y más baratos destruya o debilite el frágil aparato productivo nacional. Los sindicalistas norteamericanos, por su parte, esgrimen una coartada fundada en la hipocresía. Aparentemente, no quieren que se firme el tratado con el objeto de provocar que los paramilitares dejen de asesinar líderes sindicalistas colombianos. Nadie ha explicado por qué estos desalmados criminales son sensibles a la balanza comercial, como si trabajaran en la Bolsa de New York, pero el aparato obrero norteamericano se ha acogido a ese cínico pretexto para esconder su proteccionismo.

Colombia, sin embargo, no puede sorprenderse de su soledad. Lo que abunda en el terreno internacional es la insolidaridad, especialmente entre los gobiernos democráticos. Al fin y al cabo, Estados Unidos es un aliado incierto y tímido de los colombianos, pero tal vez es el único que tienen (por ahora). Los supuestos ''hermanos latinoamericanos'' oscilan entre la complicidad activa con las guerrillas narcoterroristas de las FARC --los gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua-- o la indiferencia general de casi todo el resto.

En América Latina prácticamente ninguna democracia mueve un dedo para ayudar a una sociedad en desgracia, radique o no en el vecindario. Ni siquiera los colombianos son inocentes de ese pecado de omisión: nunca sus gobiernos democráticos intentaron proteger a los nicaragüenses de Somoza, a los dominicanos de Trujillo, a los cubanos de Castro o a los paraguayos de Stroessner.

En todo caso, el portazo al TLC con Colombia es sólo un ensayo general para lo que posiblemente vendrá tras las elecciones americanas de noviembre. Si ganan los demócratas, lo probable es que Washington reduzca drásticamente o ponga fin a la ayuda militar al gobierno de Uribe. Colombia, pues, tendrá que hacer planes de medio o largo plazo para enfrentarse a sus calamidades sin contar con el auxilio norteamericano ni de nadie, con el agravante de que los gobiernos de Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua ayudarán copiosamente y de mil maneras diferentes a los narcoterroristas de las FARC ante la pasividad de la OEA y el resto de las instituciones decorativas del continente.

¿Podrán enfrentarse los colombianos solos a la embestida de las narcoguerrillas comunistas y de los gobiernos cómplices de la región? Por supuesto, pero a base de una mayor inversión en el fortalecimiento material del ejército y de los cuerpos de inteligencia. No hay otra forma de pacificar al país que derrotando inequívocamente a las FARC y al ELN hasta llevarlos a la convicción, como ocurrió en Guatemala y en El Salvador, de que depongan las armas y se sienten en serio en la mesa de negociaciones o desaparecen.

Eso exigirá una dosis grande de patriotismo y moral de combate, hacer mayores sacrificios económicos, adaptar la legislación y las instituciones a los tiempos de guerra, librar más inteligentemente la batalla de la información y, sobre todo, entender que están solos ante el peligro. Ingrimos, como dicen en aquellos parajes olvidados de la mano de Dios.

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COLOMBIA ¿HECATOMBE DEMÓCRATA?

EL NUEVO HERALD / Miami. Publicado el jueves 17 de abril del 2008

Hillary Clinton y Barack Obama - Precandidatos demócratas a la Presidencia

RAFAEL GUARIN

En las computadoras de ''Raúl Reyes'' no sólo hay información que compromete a Hugo Chávez y Rafael Correa con las FARC, sino mensajes presuntamente de congresistas demócratas. Esa situación, más la negativa de ese partido al tratado de libre comercio y las declaraciones de sus candidatos presidenciales, es suficiente para encender las alarmas sobre un hipotético escenario que afecte severamente las actuales relaciones entre Estados Unidos y Colombia.

Hillary y Obama dicen rechazar el TLC mientras sigan presentándose asesinatos contra sindicalistas y violaciones de derechos humanos. Existen además críticas por vinculación de políticos y miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares. En mayo del año pasado, la speaker de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló que ''si no hay progresos sustanciales'' en ese tema, no habrá acuerdos comerciales.

La preocupación demócrata es más que razonable, pero pierde de vista los esfuerzos del gobierno colombiano y desconoce que los victimarios son perseguidos contundentemente por el Estado. Las estadísticas lo constatan. Según el Ministerio de Defensa, en 2001 fueron asesinados 123 sindicalistas, mientras que en 2007, 8. Desde agosto de 2002 se ha capturado a 15,060 paramilitares, 2,224 fueron abatidos y 35,353 se desmovilizaron. Se han realizado 666 extradiciones de narcotraficantes.

La contundencia es similar frente a la guerrilla. Durante la administración Uribe se ha abatido a 10,844 guerrilleros y 11,028 se han desmovilizado. La acción contra los grupos ilegales redujo las masacres de 115, en 2002, a 26 el año pasado; los homicidios de 28,837 a 17,918; los secuestros, de 2,883 a 486 y los atentados terroristas, de 1,645 a 387. Y se han incautado 376,090 armas.

Nada de eso es visible a los ojos demócratas. Por el contrario, cuando Colombia necesita mayor certeza de su alianza con Estados Unidos, para enfrentar la amenaza del farchavismo, los gestos demócratas hacen saber a Chávez y a las FARC que revaluarán su relación con el gobierno Uribe. Esto afecta la credibilidad de la política de disuasión colombiana, alienta la expansión de la ''revolución bolivariana'' y empuja la ejecución del plan estratégico de la guerrilla.

La situación puede ser más grave. En las computadoras de Raúl Reyes hay un memorando fechado el 28 de febrero en el que informa al Secretariado de las FARC su encuentro con el Ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea. En el texto, Reyes dice: ''los gringos pidieron cita con el ministro para solicitarle nos comunicara su interés en conversar varios temas. Dicen que el nuevo presidente de su país será Obama y que ellos están interesados en sus compatriotas. Obama no apoyará Plan Colombia ni firma del TLC''. ¡Sí! ¡Leyó bien! ``Obama no apoyará plan Colombia ni firma del TLC''.

Ese mensaje a las FARC estuvo antecedido por una reunión del congresista demócrata William Delahunt con Hugo Chávez, para hablar del ''intercambio humanitario''. Días antes había visitado Colombia en compañía de sus copartidarios James McGovern y George Miller. En esa oportunidad, McGovern dijo querer reunirse con la guerrilla.

McGovern es el mismo que se opuso en 2002 a conceder asistencia militar adicional a Colombia. Consideraba que no era un ''nuevo frente contra el terrorismo'' y que existía ''una guerra civil de 40 años'', lo que revela una errónea percepción de la realidad. No debe sorprender, pues el congresista recibe consejos e intercambia ideas, ''de interés de las FARC'', con James C. Jones, un académico norteamericano y confeso ''bolivariano'', cuya afectuosa correspondencia con Reyes aparece en las computadoras.

Pero todo indica que se trata de una pequeña facción demócrata. Para el analista de Eurasia Group, Patrick Esteruelas, ``salvo algunos representantes en Nueva York, Maine y Massachusetts que se han beneficiado de las entregas de diésel venezolano y otros productos del gasóleo a precios preferenciales en sus comunidades, son pocos los miembros del Partido Demócrata que simpatizan con Hugo Chávez y menos aún los que simpatizan con las FARC, en un clima tan sensible ante el terrorismo''.

Empero, esos capítulos no deben tomarse a la ligera. Sería conveniente que Obama y los congresistas aclararan varias cosas. ¿Es cierto que de ser presidente Obama eliminará el Plan Colombia? ¿Tienen los demócratas decidido desmontar esa ayuda militar? ¿El mensaje sugiere la liberación de los tres norteamericanos secuestrados a cambio de finiquitar la cooperación?

Aparte de que Washington termine el Plan Colombia, la estrategia ''fariana'' busca un gobierno en 2010 que desmantele la política de seguridad. También, probablemente, aspiran que por presión de la Casa Blanca se desmilitaricen los municipios de Pradera y Florida para hacer el ''acuerdo humanitario'' y se obligue al gobierno colombiano a un proceso de paz bajo las condiciones de la guerrilla. Esa es una vía para avanzar en la implementación de la ''revolución bolivariana'' y hundir en una hecatombe la seguridad democrática. Lo importante es que estamos a tiempo para evitarlo.

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VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

Foro - El Tiempo, Fescol, Revista Cambio.
7 de marzo de 2008

LA LÓGICA DEL TERRORISMO

Foro - El Tiempo, Fescol, Revista Cambio.
7 de marzo de 2008

CEDER AL CHANTAJE

RAFAEL GUARÍN

Ningún golpe puede llegar a ser tan contundente contra la política de seguridad democrática como la confusa propuesta del gobierno Uribe para lograr la liberación de Ingrid Betancur. Aunque a todos nos afana conseguir la libertad de los secuestrados y horroriza la posibilidad de su muerte en la selva, no se debe olvidar que ceder al chantaje terrorista, acceder a la impunidad y desconocer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, sólo perpetuán la violencia.

Según el Alto Comisionado para la Paz, la facultad que tiene el Presidente de la República para pedir la suspensión condicional de la pena y la aplicación de pena alternativa, en caso de acuerdos humanitarios, no tiene “límite en cuanto al tipo de delito cometido, ni hay límite en cuanto a la pena o condena que estas personas deben pagar en las cárceles”. Es decir, crímenes de lesa humanidad realizados sistemáticamente: asesinato, desplazamiento forzoso, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, persecución de un grupo fundada en motivos políticos, desaparición de personas, secuestro y otros actos inhumanos cometidos por las FARC, estarían cobijados por el decreto que busca facilitar la liberación de los llamados “canjeables” por la guerrilla.

Tal cuestión, que no está clara en el decreto, desde la perspectiva de la justicia, es mucho más grave que las bajas penas de cárcel (entre 5 y 8 años) consagradas para los miembros de las AUC y puede desconocer totalmente los derechos de las víctimas. Esto plantea diversos problemas frente a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, el propio estado de derecho, la política criminal y la estrategia contra el terrorismo.

Para comenzar, los crímenes de lesa humanidad no pueden ser objeto de indulto ni amnistía, ni de cualquier figura jurídica que en la práctica se traduzca en impunidad. Éstos son considerados crímenes muy graves, que “amenazan la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad” y por eso, en determinados eventos, son competencia de la Corte Penal Internacional.

Al igual que no debe haber asimetría entre las víctimas del paramilitarismo y de las guerrillas, tampoco debe existir entre los victimarios. Los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación deben observarse sin discriminación alguna. En este caso, parece abrirse una puerta para que las víctimas de la guerrilla tengan menos garantías que las de los paramilitares. Y segundo, la posición gubernamental hace una distinción irreal entre los criminales. No hay diferencia entre quienes cometen delitos, sean guerrilleros, paramilitares o integrantes de las fuerza pública. Todos deben asumir las mismas consecuencias judiciales.

Más allá de la buena voluntad que expresa el gobierno para la liberación de los secuestrados, el mensaje es fatal. Las FARC asumirán el ofrecimiento como signo de debilidad; aún más, saben que en el futuro no tendrán que negociar la impunidad, pues ya la ganaron sin sentarse en la mesa. También les ratifica la “justeza” de los acuerdos humanitarios en su estrategia, de conformidad con las conclusiones de la novena conferencia.

Los mensajes no son un asunto circunstancial. Por ejemplo, entre las razones que explican la emergencia de las Águilas Negras, la Organización Nueva Generación y las bandas de sicarios que están creando los 'Mellizos', 'Don Mario', 'Capachivo' y el 'Loco' Barrera, está que el proceso con los paramilitares transmitió que los crímenes de lesa humanidad son rentables, porque justifican una negociación con el Estado, bajas penas y evadir la extradición. Aquí se repite el error: los secuestros seguirán siendo para las FARC arma contra el Estado y una amenaza permanente a los derechos fundamentales.

Por otro lado, la declaración de Luis Carlos Restrepo mina la actitud de firmeza ciudadana contra al terrorismo, cimentada durante ésta década. El mensaje de ceder ante el chantaje fariano dice a los ciudadanos que no tiene sentido arriesgarse resistiendo al terrorismo, cuando el Estado en cualquier momento los deja solos y negocia a cualquier precio. ¿Qué pensarán los jóvenes que promovieron la marcha del 4 de febrero que, entre otras cosas, fueron declarados objetivo militar directamente por Iván Márquez y Rodrigo Granda? ¿Tiene sentido sacrificar la seguridad personal en defensa de los derechos humanos y la democracia, si el gobierno está dispuesto a entregarse a la presión guerrillera?

Hay otros efectos negativos. La impunidad que se sugiere a cambio de la libertad de menos del 5% de los secuestrados por las FARC, deja en el limbo a cerca de 700, consagrando una asimetría entre las víctimas de este delito. Segundo, el decreto además de no fijar un plazo, no exige a las FARC renunciar al secuestro. No obstante, que los guerrilleros no deberán volver a delinquir, paradójicamente, su contenido complementado con las afirmaciones del Alto Comisionado, nos acerca a la “ley de canje permanente” reclamada por “Tirofijo” en el Caguán. ¡Quién lo diría! Finalmente, el gobierno termina contribuyendo a crear el clima psicológico favorable a la negociación sin límites que busca el Secretariado, para quebrar el esfuerzo estatal en su contra, avanzar en la ejecución del plan estratégico y escalar la confrontación.

Con excepción de Naciones Unidas y de la advertencia del Fiscal General, sorprende el silencio de la oposición, la academia, los columnistas y las Ongs, sin contar con los aplausos de la Unión Europea y en particular de Francia y España. A la vez que denuncian impunidad respecto a las AUC y que algunos calificaron ese proceso de “legalización del paramilitarismo”, hacen mutis en el foro frente a la eventual impunidad total para la guerrilla. Es el doble rasero. Cuando los victimarios son las FARC pareciera que los crímenes de lesa humanidad no importan. Muchos creen que son actos diferentes a los ejecutados por los paramilitares y que deben tener un trato distinto, en desarrollo del discurso justificativo del crimen que durante décadas aceptamos sin importar sus consecuencias. A la paz no se llegará sin la aplicación de justicia y sin una posición vertical de defensa de los derechos humanos.

La vida de Ingrid está en manos de las FARC y no del gobierno. Y a pesar que el Estado debe hacer todo lo que sea necesario para obtener su libertad y preservar su vida, el límite es el estado de derecho. Sarkozy y la comunidad internacional deberían entenderlo y no procurar que Colombia regrese a la época en que el secuestro era una amenaza real para todos los colombianos.

"Nota: A pesar que el comité organizador rechazó el apoyo de la guerrilla a la marcha del 6 de marzo, lo cierto es que las FARC y la Coordinadora Continental Bolivariana participaron abiertamente. Vea las fotos publicadas, originalmente, en la Agencia de Bolivariana de Prensa en: www.rafaelguarin.blogspot.com"

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EL ENTRAMADO CONTINENTAL DEL TERRORISMO

EL NUEVO HERALD / Publicado el viernes 28 de marzo del 2008

Fotografía de la marcha del 6 de marzo en Venezuela. Fuente: Agencia Bolivariana de Prensa

RAFAEL GUARIN

La muerte del guerrillero ''Raúl Reyes'' y la marcha del pasado 6 de marzo, convocada inicialmente para condenar los ''crímenes del Estado colombiano'', develaron el entramado regional de las FARC y el papel de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB).

Durante la guerra fría, a través del Partido Comunista Colombiano las FARC mantuvieron relaciones con partidos foráneos. Aprovechando el proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana la guerrilla consiguió una gigantesca exposición internacional. Recorrió Europa de la mano de funcionarios y utilizó la zona desmilitarizada del Caguán para ''interesantes intercambios'' con ''dirigentes comunistas de Sur y Centroamérica y el Caribe'', en palabras de Narciso Isa Conde, uno de los presidentes de la CCB.

Poco tiempo después, en agosto de 2003, la ''Coordinadora'' nace amparada en un discurso que mezcla astutamente el pensamiento de Bolívar y el marxismo-leninismo. Estos elementos, reciclados y tergiversados con el populismo chavista, sustituyen el marco ideológico derrumbado con el muro de Berlín y fijan el propósito de combatir el ''intervencionismo, el neocolonialismo y la globalización del capitalismo''. No hay duda de que desde su fundación se concibió con el fin de articular supuestos movimientos sociales, partidos comunistas y grupos armados en la tarea de construir la ``patria grande''.

De acuerdo a los ''Círculos Caamañistas'' de República Dominicana, que expresaron ''dolor, indignación y rebeldía'' por el deceso de Reyes, la ''Coordinadora'' está ''en vía de convertirse en un gran Movimiento Continental Bolivariano''. Es la aplicación del viejo ''internacionalismo proletario'' que sirve al Partido de los Comunistas de México para ratificar ``los lazos que lo hermanan con las FARC''.

Con varios brazos armados, la CCB es germen de un partido político continental y una amenaza a la paz y a la seguridad hemisférica. En su acción la violencia es un medio indispensable para combatir el imperialismo. Por eso no es extraño que colectivos clandestinos y las propias FARC sean integrantes connotados, tampoco que los miembros de la ''Coordinadora'' realicen procesiones a los campamentos de esa guerrilla ubicados en Colombia, Venezuela o Ecuador; mucho menos que apoyen reconocerles estatus de beligerancia y rechacen el calificativo de terroristas para quienes consideran románticos ``luchadores por la paz''.

Pero algo similar ocurre en Perú. La reactivación del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) se produce con el auspicio de la CCB y coincide con la aparición de cerca de 200 ''Casas del Alba'' vinculadas con el gobierno Chávez. Más grave es que ese renacimiento se da con el apoyo de las FARC en el marco del proyecto bolivariano. Ya en 2005, el periódico El Comercio informó que la DIRCOTE (policía) detectó ''que tres miembros de las FARC impartieron instrucción y entrenamiento'' a 20 guerrilleros del MRTA y que algunos de sus mandos lo recibieron en Colombia. Alan García tiene razón en alertar sobre ``una estrategia que podría estar dirigida a fomentar un alzamiento indígena en la región''.

La ''Coordinadora'' es además cantera de nuevos ''cuadros'' guerrilleros que creen que la lucha en Colombia es la de todos los latinoamericanos contra la explotación yanqui. Esa arenga arroja a jóvenes extranjeros a la barbarie de los fusiles. Otros dan soporte en sus países a la guerra política contra el Estado colombiano: el caso del ''Núcleo Mexicano de Apoyo a las FARC''. Una de estas dos situaciones explica la presencia de los mexicanos y el ecuatoriano muertos en el campamento con Raúl Reyes. No hay que olvidar que los primeros asistieron al II Congreso de la CCB, de la cual también son presidentes alias Manuel Marulanda y Alfonso Cano. Su intervención en ese evento y su acompañamiento a la guerrilla no eran investigación social y trabajo de campo, sino activo respaldo al terrorismo fariano.

El dolor por el camarada caído hizo que las marchas del 6 de marzo evidenciaran el respaldo de la ''Coordinadora''. A pesar que el comité organizador rechazó la invitación a la movilización hecha por la guerrilla y que los medios de comunicación ampliaron la convocatoria a todas las víctimas, las FARC participaron abiertamente en varios países. En ciertos casos, se vio más una marcha a favor de los victimarios. Por ejemplo: no faltaron las pancartas con ''Viva Chávez - Vivan las FARC'' en Nueva York. En República Dominicana: ''Uribe Chacal de América - Vivan las FARC''. En Ecuador: ''Solidaridad con las FARC''. En Brasil y Chile: ''¡Comandante Raúl Reyes presente!'' y en Venezuela: ``Yo soy las FARC''.

Finalmente, junto a la financiación de campañas electorales y a la creación de medios de comunicación como TELESUR y la Agencia Bolivariana de Prensa; ésta última, bastión de propaganda terrorista, la CCB es un instrumento clave en la expansión del proyecto chavista. Probablemente, sus integrantes estarán entre los beneficiarios de más de 190 millones de dólares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela destinados a promover durante 2008 la revolución y ampliar ``las alianzas orientadas a la conformación del bloque geopolítico regional''.

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Vea fotos de la marcha del 6 de marzo fuera de Colombia: http://www.abpnoticias.com/boletin_temporal/contenido/cobertura/6M.html

MARCHA DEL 6 DE MARZO EN BRASIL

MARCHA DEL 6 DE MARZO EN CHILE

MARCHA DEL 6 DE MARZO EN VENEZUELA

Para ver más fotos de las marchas realizadas en otros países, vaya al siguiente link:

http://www.abpnoticias.com/boletin_temporal/contenido/cobertura/6M.html

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LIBERTADES PÚBLICAS Y DEMOCRACIA

FRANCISCO BARBOSA

http://www.margencultural.blogspot.com/



De nuevo las libertades públicas se ponen en juego en la multiplicidad de conflictos que se observan en el mundo. Así mismo, de nuevo la democracia como acto cultural se manifiesta en diversos lugares del Planeta. Sobre estos dos temas, libertades públicas y democracia plantearé mi reflexión.

Sobre la primera, en los últimos días hemos visto enfrentamientos en el Tibet por la inveterada cuestión de su independencia de la China. La postura de la República popular es la de mostrar que los tibetanos pretenden opacar la fiesta olímpica del próximo año, mostrando una realidad que no existe. Por el lado de los tibetanos, se muestra un grito por una libertad que conocen desde el punto de vista espiritual , pero no desde el material. En ese mismo orden, se presenta la lucha por la libertad del pueblo Kosovar al que le fue reconocida su naturaleza de Estado, sin tener en cuenta una pluralidad de factores sociológicos e históricos que, como siempre, son esquilmados en la sombra de las rubricas que subyacen las resoluciones internacionales, por ello los disturbios de Mitronica no deben ser soslayados. Estos dos ejemplos, adicionando los que traté en este blog sobre Pakistán, Chad y Sudan, ponen en evidencia la importancia de preservar las libertades públicas dentro de los regímenes de gobierno. Los derechos humanos deben tener una materialidad y, por ello, los esfuerzos de los medios de comunicación- entre ellos, los blogs-, en la denuncia de estos eventos, como la de los mismos organismos internacionales, permitirá elevar los estándares de respeto de los derechos humanos en el mundo.

Sobre la democracia, debe indicarse que continua siendo el único referente para preservar esas libertades. Cuando escribo democracia, lo hago en su rol amplio, vale decir, lugar de intercambio de ideas, de cultura y de posiciones encontradas. La democracia no se reduce al control de las mayorías o al proceso eleccionario de un domingo cualquiera, sino, al proceso garantista y permanente- todos los días-, que debe existir en el Estado- nación. Este proceso debe comprender la protección de las minorías, de los partidos de oposición, de las organizaciones no gubernamentales, en pocas, pero grandes palabras del Estado de Derecho.D

De eso se trató el proceso democrático vivido en España con el triunfo de Zapatero y el triunfo de la izquierda en las elecciones municipales francesas. Creo que en España continuará el proceso iniciado por el PSOE de apertura y diálogo cultural, alejado del modelo que quería imponer el candidato Rajoy.

En Francia, por su lado, el pueblo francés castigó al partido de gobierno, liderado por su primer ministro Francois Fillon y por el Presidente Nicolas Sarcozy por el unanimismo con el que ha pretendido gobernar. Hoy por hoy, la izquierda es dueña del poder municipal y regional en Francia, mientras que el centro es controlado por la derecha. Interesante cohabitación. Podríamos decir que a pesar de que tanto el primer ministro, como el presidente pertenecen al mismo partido, el rumor que se oye en Paris desde la provincia, crece, crece y seguirá creciendo como diría el poeta Zalamea.

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NOTA A LA REVISTA SEMANA

La seguridad y la defensa

Prefiero los argumentos, a la descalificación y el agravio. Por eso me sorprende que mi designación en la Comisión de Expertos encargada de denunciar ante la Corte Penal Internacional al presidente Hugo Chávez despertara la rabia y el odio de Daniel Coronell (Columnista de la Revista Semana).

Desde la docencia universitaria, en mis análisis publicados en El Nuevo Herald y Semana.com, así como en el programa radial Hora 20, he denunciado hace bastante tiempo la alianza entre las Farc y la revolución bolivariana, por demás, confirmada por los acontecimientos.

Cuando están de por medio la seguridad y la defensa nacionales, la unidad de los colombianos se debe imponer sobre las diferencias partidistas y el sectarismo político. La defensa de Colombia no es un tema de uribistas o antiuribistas, sino una prioridad nacional. Lamentablemente, en algunos casos pesa más el antiuribismo que el terrorismo.

Rafael Guarín.

Bogotá D. C.