domingo, diciembre 17, 2006

OJO, PRESIDENTE URIBE

Published on October 28, 2006, Page PAGE: 23A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
Por: RAFAEL GUARIN

La Política de Seguridad Democrática tiene el apoyo de los colombianos desde el 2002 y es la columna vertebral del gobierno Uribe. Aunque ese respaldo se mantiene, diversos hechos crean grietas que amenazan con echar al traste los esfuerzos realizados. La gran paradoja es que los golpes a la confianza ciudadana no provienen aparentemente de las FARC, sino de las propias fuerzas militares.

El carro bomba detonado en la Escuela Superior de Guerra en Bogotá constituye otro golpe a esa política. Más que mérito terrorista es un error imperdonable de seguridad, como lo reconoció el vicepresidente Francisco Santos, y hace parte de una larga lista de equivocaciones.

El problema es que vamos error tras error. A la tortura de los soldados, en febrero de este año, se agregan falsos ''positivos'', la matanza de una decena de policías antinarcóticos por miembros del ejército, supuestos montajes de atentados terroristas y relaciones non sanctas con el narcotráfico, el paramilitarismo y la corrupción, sin olvidar el enfrentamiento entre la policía y las demás fuerzas. Todo conduce a pensar que existen ruedas sueltas.

Tirofijo debe estar celebrando a sus anchas. Sabe que tales episodios y las fallas tácticas perforan, lenta pero eficazmente, la legitimidad y el respaldo a la seguridad democrática. Esta no es una cuestión menor, pues afecta el centro de gravedad ubicado en la credibilidad de las fuerzas armadas y del gobierno. En los cálculos ''farianos'' la consecuencia de ese deterioro será que el péndulo lleve, en un nuevo gobierno, a reducir la contundencia de la respuesta militar y a reiniciar una política de apaciguamiento.

Así, el círculo se volverá a cerrar, dirán que salieron ''airosas'' de la ''fracasada'' arremetida estatal y ejecutarán una contraofensiva. Una dinámica de este tipo explica que la guerrilla se repliegue, evite el enfrentamiento directo, efectúe acciones esporádicas y prefiera emplear explosivos, tan ridículamente baratos como excepcionalmente efectivos. Los alzados en armas saben que es posible obtener altos beneficios políticos con bajo costo militar. Esa lógica revela las razones por las cuales utilizan a los secuestrados como clave de su estrategia de guerra política y su interés en alimentar la división de la sociedad. Interés con el cual, consciente e inconscientemente, algunos terminan contribuyendo.

Mantener el respaldo ciudadano pasa por la superación de dos retos: la transparencia y la eficacia de las fuerzas militares y de policía. Respecto del primero es urgente depurar la institución de cómplices del narcotráfico y el paramilitarismo. También que la justicia actúe ejemplarmente en aquellos eventos en que sus miembros se vean involucrados en delitos. La legitimidad de la fuerza pública se debe basar no sólo en las encuestas, sino en la observancia rigurosa del estado de derecho.

Por otro lado, la ciudadanía será más vulnerable a un cambio de curso en la acción contra los violentos si a lo largo del cuatrienio se impone la idea de que el Estado no es capaz de doblegar la voluntad de lucha de la subversión. Ocurrirá lo mismo en caso de no eliminar las nacientes bandas prohijadas por paramilitares-narcotraficantes desmovilizados (ejemplo: las Aguilas Negras) y no consolidar los éxitos alcanzados.

Aumentar la eficacia exige una segunda etapa del Plan Patriota que permita golpear definitivamente a la guerrilla. Es urgente presentar nuevos resultados, principalmente la captura de cabecillas y mandos medios, al igual que la reducción real del narcotráfico. No se puede considerar que esa exigencia sea una licencia para cometer atropellos o hacer montajes.

Finalmente, se requiere optimizar la transmisión del mensaje gubernamental. Pareciera que los graves errores mencionados se amplifican por la ausencia de una estrategia de comunicaciones, que a la vez de garantizar la libertad absoluta de prensa, sea útil para la cohesión de la sociedad en la lucha contra los grupos armados ilegales.

Uribe tiene un amplio saldo de popularidad, contra el cual viene girando, aun antes del comienzo de su segundo mandato. De no concretarse en hechos sus palabras de ''asepsia interna y eficacia externa'' en la acción de la fuerza pública, llegará el momento en que su liderazgo no podrá contener la desconfianza ciudadana y se traducirá en descontento general.

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