viernes, noviembre 07, 2008

EL NARCOMILITARISMO

PUBLICADO EN EL NUEVO HERALD DE MIAMI - 7 DE NOVIEMBRE DE 2008

Hace 14 meses, en esta columna, denunciamos que ''sectores de las fuerzas militares y de policía en Colombia no sólo son infiltrados por la delincuencia, sino que son la delincuencia misma''. Estábamos en lo cierto. El propio presidente Alvaro Uribe, al relevar de su cargo por negligencia a 27 oficiales y suboficiales, aceptó que existe una confabulación orientada a aparentar que se combate a las bandas armadas del narcotráfico cuando en realidad se garantiza su operación.

Se trata de un espantoso triángulo criminal que conforman miembros de la fuerza pública, las FARC y grupos ilegales como los de el Loco Barrera, Cuchillo, Don Mario, las Aguilas Negras o la Organización Nueva Generación. Antiguos paramilitares son socios de cuadrillas guerrilleras dedicadas por completo al narcotráfico. Hay una distribución del trabajo: unos prestan seguridad a los cultivos de coca y a los laboratorios, mientras otros se encargan de las rutas de exportación del alcaloide. Por esa vía, la protección que militares y policías corruptos otorgan a las bandas criminales termina extendiéndose a las FARC. ¡Inadmisible!

En el caso de Ocaña hay muchas contradicciones, mentiras, tergiversaciones y asuntos sin aclarar. Hubiera sido sano esperar el resultado de las investigaciones judiciales para no desconocer la presunción de inocencia. Aun así, el reconocimiento que hace el gobierno es suficiente para afirmar que el principal desafío que tiene la continuidad de la política de seguridad democrática es enfrentar la descomposición de sectores de las fuerzas militares y de policía.

Las denuncias no son nuevas, lo nuevo es la severidad con la cual actuó el gobierno. Una fuerte reacción ante graves irregularidades debió darse mucho antes. En otro artículo de 2006, ante la evidente infiltración de carteles de la droga, pedíamos que se revisaran ''los mecanismos de seguimiento y control en el seno del ejército e iniciara una purga integral que no debe quedarse solamente en titulares de prensa que afecten a generales y coroneles''. La propia Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos desde 2004 alertó sobre la muerte de civiles a manos de miembros de la fuerza pública, sin embargo tan sólo el año pasado el Ministerio de Defensa tomó cartas en el asunto.

Es factible que en la reacción del gobierno haya cierto tufillo de ''efecto Obama''. En un momento en que se perfilaba ya para suceder a George W. Bush, que los demócratas critican las violaciones a los derechos humanos y mantienen en suspenso la aprobación del tratado de libre comercio con Colombia, resultaba nefasto quedarse con los brazos cruzados.

Pero no son suficientes las destituciones, ni la renuncia del general Mario Montoya, comandante del ejército, tampoco la retórica gubernamental de ''eficacia con transparencia''. Ante la comunidad internacional se necesita mucho más que movimientos audaces, espectáculos mediáticos, directivas ministeriales o discursos. El gobierno tiene que ser consciente que acaba de explotar en su cara un tema que puede dar al traste con los esfuerzos de los últimos diez años y que le cae de perlas a la estrategia de las FARC.

El narcomilitarismo golpea la legitimidad de la seguridad democrática y puede colapsarla. La guerrilla tiene por lo menos tres cartas: apuesta a la vía electoral para lograr un giro político que implique su desmonte, aspira a que un gobierno demócrata presione a Uribe para que caiga en la trampa de negociar con las FARC y busca agotar la capacidad de las fuerzas militares cercenando su fuente de recursos. Esta es la mejor oportunidad para hacerlo. Al fin y al cabo, si usted fuera congresista estadounidense se cuestionaría sobre el destino de los impuestos que pagan los ciudadanos. No es posible que a través del Plan Colombia se financien unidades militares convertidas en brazos armados de la mafia y en cómplices de grupos calificados como terroristas por el Departamento de Estado.

La campaña por la eliminación de la ayuda militar a Colombia toma un nuevo impulso. La semana pasada Amnistía Internacional pidió que se retirara ese apoyo. A eso se suma la izquierda internacional que cree que las FARC no son una organización terrorista y que sus demandas son legítimas. La paradoja es que el principal empujón lo ha recibido del ejército a través de una minoría de putrefactos militares.

Una nueva visión más integral del Plan Colombia es necesaria. Es conveniente que los demócratas eleven las exigencias en materia de respeto a los derechos humanos sin caer en el error de su desmonte. Hacerlo sería dar una victoria decisiva al cartel de las FARC y a las bandas criminales de la mafia, verdugos no sólo de Colombia, sino de la sociedad norteamericana.

http://www.rafaelguarin.blogspot.com/




2 comentarios:

  1. Rafael, no se qué tan oportuno será hacer este comentario que me surge a raíz del aniversario 23 de la toma al Palacio de Justicia. Quiero decir, los colombianos hemos pagado sumas grandísimas por todas las demandas que han ganado las víctimas en la Corte Penal Internacional, han sido muchos los casos en que funcionarios han resultado responsables de crímenes de lesa humanidad, donde el condenado es el Estado Colombiano y quien tiene que pagar las indemnizaciones, al final esa plata sale de los impuestos que pagamos y quienes fueron los responsables siguen por ahí, tranquilitos. Eso querría decir que los colombianos, con nuestros impuestos, pagamos los salarios y prestaciones que los funcionarios que se "portan mal" y además pagamos las consecuencias de sus actos, una pérdida total del objetivo de la recaudación de impuestos, duele pensar que los impuestos que pago corren el riesgo no sólo de ser "robados" por funcionarios inescrupulosos, sino también de pagar a los funcionarios que se "portan mal" y también pagan los platos rotos de otros, y me pregunto si alquien le puede responder a los colombianos por las obras y acciones que se deberían estar pagando con esos impuestos en un estado social de derecho, que están destinándose a fines diferentes y más bien oscuros y lamentables.

    ResponderEliminar
  2. Me llama la atención:

    "grupos ilegales como los de el Loco Barrera, Cuchillo, Don Mario, las Aguilas Negras o la Organización Nueva Generación"

    Y me surge la pregunta ¿Por qué tanto giro del lenguaje para llamar a los narcoparamilitares terroristas como lo que son: narcoparamilitares terrorista.

    Esos nombrecitos tiernos como "grupos ilegales", "bandas emergentes", "antiguos paramilitares" son falacias de quienes quieren demostrar que el paramilitarismo en Colombia se desmovilizó cuando realmente durante la administración AUV se han fortalecido, se han "legitimado" y como ud y AUV lo reconocen, se han convertido en una "extraña clase dirigente".

    Insisto, las cosas por su nombre, nada de banditas ilegalitas; narcoparamilitares terrroristas así como las Farc, también son una organización terrorista.

    ResponderEliminar