jueves, junio 25, 2009

EL HARAKIRI MILITAR

El Nuevo Herald - jueves 25 de junio de 2009

By RAFAEL GUARIN

El informe preliminar de la visita a Colombia de Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para ejecuciones arbitrarias, es aterrador y tendrá consecuencias negativas para la política de seguridad de Alvaro Uribe. La conclusión inicial es que el asesinato de civiles no es una conducta generalizada, pero tampoco se trata de simples ''manzanas podridas'' o ``casos aislados''.

El documento desnuda una situación muy grave. Primero, los llamados ''falsos positivos'' son ''asesinatos a sangre fría y de forma premeditada de civiles inocentes, con fines de beneficio''. Segundo, se trata de una práctica presentada en por lo menos 13 departamentos y que involucra un gran número de unidades militares. Tercero, los homicidios se efectuaron ''de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército''. Y, para completar el desastre, hay ``hostigamiento sistemático de los militares hacia los supervivientes''.

Aunque el informe reconoce que la administración Uribe tomó medidas importantes que demuestran ''buena fe'' y que hay ''una reducción significativa en la cantidad de alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la justicia militar en los últimos 6 a 9 meses'', a menos que se asuman decisiones audaces y las recomendaciones efectuadas por el relator lo ocurrido se traducirá inevitablemente en la deslegitimación internacional de la política de seguridad y en una herramienta que las FARC, sin duda, sabrá utilizar. Los efectos reforzarán a los enemigos de la continuidad del Plan Colombia, enredaran más la aprobación del TLC y hasta podrían dificultar las relaciones comerciales con la Unión Europea.

Esos crímenes fortalecen la campaña de propaganda y la guerra jurídica que realizan las guerrillas. El falaz discurso de la existencia en Colombia de ''terrorismo de Estado'', con el cual quieren justificar su propio terrorismo, consigue credibilidad en la comunidad internacional no obstante que el relator indica que no hay prueba de que las ejecuciones sean ''política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del presidente o de los sucesivos ministros de Defensa''. Adicionalmente, el informe denuncia que los crímenes se perpetraron por ''elementos dentro del ejército'', cosa muy diferente a afirmar que se trata de una práctica institucional de las fuerzas militares.

Por otro lado, hay altísima cuota de responsabilidad en la inacción de la Fiscalía y de los jueces. La lentitud de los procesos judiciales envía un mensaje de impunidad que estimula la repetición de los asesinatos, al tiempo que favorece la propaganda fariana. Se requiere con urgencia aplicar justicia, esto es, cero impunidad y que se establezcan los casos de montajes y falsas denuncias contra miembros de la fuerza pública. El gobierno debe demostrar los muchos eventos en que guerrilleros dados de baja en combate por la fuerza pública son disfrazados de civiles inocentes. No es aceptable la improvisación e ineptitud mostrada en este punto frente al relator por los funcionarios gubernamentales.

Igualmente, deben revisarse los mecanismos de control civil sobre el poder militar y de rendición de cuentas ante los ciudadanos. Una persona que estuvo al frente del Ministerio de Defensa me manifestó que era casi imposible detectar que ''cosas así estuvieran ocurriendo'', lo que evidencia el débil control que en realidad se ejerce sobre las tropas. Esa falencia es una de las causas, entre otras, de la infiltración de los carteles de la droga, la corrupción, los excesos y las acciones de una minoría de individuos que con sus delitos comprometen la legitimidad de la fuerza pública.

Finalmente, procuraduría, fiscalía y contraloría deben investigar si con relación a los asesinatos se pagó recompensa a supuestos informantes, lo que sumaría a este escabroso capítulo un peculado monumental. También es importante que el gobierno piense en integrar una comisión de la verdad que esclarezca las motivaciones y modalidades de esa práctica criminal; es evidente que éstas varían entre la búsqueda de ascensos y pequeños incentivos, el interés de asaltar el presupuesto de seguridad y los clandestinos nexos con bandas de narcotraficantes que proporcionaban ''bajas'' mientras recibían protección de militares putrefactos.

Sería muy estúpido que después del sacrificio, entre 2002 y mayo de 2009, de más de 4,247 soldados asesinados y 12,952 heridos en combates contra las guerrillas, los antiguos paramilitares y las nuevas bandas emergentes, resulte que las fuerzas armadas se terminen haciendo el harakiri y otorgándole a las FARC una victoria inesperada.

www.rafaelguarin.blogspot.com

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