domingo, diciembre 17, 2006

SIN EXTRADICIÓN NO HAY JUSTICIA

Published on August 25, 2006, Page PAGE: 21A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
www.semana.com - Fecha: 08/19/2006 - Edición: 1268

Rafael Guarín analiza las implicaciones para el país de que se hiciera realidad el propósito de paras y narcos de prohibir la extradición.



Por Rafael Guarín

En Bogotá aparecieron gigantescas vallas con la leyenda: “justicia si, extradición no”. Los avisos sirven a la estrategia de los paramilitares-narcotraficantes para evitar su envío a Estados Unidos, a través de una reforma a la Constitución. La suspensión actual de su extradición aplaza un problema al que tarde que temprano hay que hacer frente.

En la mesa de negociación con el gobierno, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) nunca efectuaron demandas políticas, económicas o sociales. Lo “único” que buscaron fue mantener su patrimonio, producto de la guerra y el narcotráfico, garantizar la impunidad de sus delitos y evadir la justicia estadounidense.

Sobre esto último el ministro del Interior saliente, Sabas Pretelt, dijo hace algunas semanas que “a las personas que son solicitadas en extradición y se comprometen en serio con un proceso de paz firmado con el gobierno, se les suspende la extradición. Y si cumplen todos los requisitos de la Ley de Justicia y Paz, la resolución pierde fuerza ejecutoria una vez salen de la cárcel”. En otras palabras, el gobierno colombiano no extraditará a los narcotraficantes vinculados al paramilitarismo una vez se desmovilicen y cumplan una pena simbólica que no será mayor a ocho años.

Pero el tema tiene otras aristas. Tal y como esta planteado la no extradición depende de la voluntad del presidente de turno. De hecho, un nuevo gobierno podrá realizar la extradición, pues la figura jurídica de pérdida de fuerza ejecutoria en estas materias no existe, en cambio sí la voluntad de la administración Bush de reclamar a dichos delincuentes. La situación es sumamente peligrosa, pues abre la puerta para que se repita la violencia y el terrorismo en el afán de frenar su futura implementación. Los colombianos lo saben porque vivieron la guerra del cartel de Medellín contra el Estado a finales de los años 80.

Eso explica que las AUC insistan en reformar la Constitución para garantizar que no se extraditarán sus líderes, cuando las condiciones políticas cambien. Hace unos meses, Rocío Arias, una de las parlamentarias más cercanas a esa organización, presentó un proyecto a la Cámara de Representantes y paralelamente se ambienta un referendo.

No se debe pasar por alto que la extradición es un mecanismo de cooperación judicial indispensable en un mundo donde el crimen se globalizó. No es un problema ideológico o imperialista. Es un instrumento de seguridad nacional ante la debilidad del Estado. Casos como el de Jamundí, en el que una patrulla del Ejército asesinó a 10 de los mejores policías antinarcóticos, demuestran la vulnerabilidad de la fuerza pública y el poder corruptor del narcotráfico. Su prohibición convertiría al país en un santuario de delincuentes y al narcotráfico en un negocio de bajo riesgo.

Asumir como regla general la eliminación de la extradición en procesos de paz es una invitación a que los narcotraficantes se disfracen de paramilitares o guerrilleros, conformen grupos armados y cometan masacres, para obligar al Estado a una negociación y obtener protección ante la justicia norteamericana.

Esa medida probablemente aumentaría la violencia y provocaría la aparición de nuevos grupos armados en diferentes regiones del país. Es un camino que puede llevar a Colombia a la fragmentación de facto de su territorio entre los “señores de la guerra”, tal como ocurre en Afganistán. Síntoma de que no se esta lejos de ese escenario es el reciente enfrentamiento del Ejército con miembros de la escolta personal de “Don Diego”, un poderoso narcotraficante del Valle del Cauca. Sus hombres vestían prendas militares y utilizaban morteros.

Desde esa perspectiva, la aplicación rigurosa de la extradición tiene dos caras. Por un lado, es un elemento disuasivo que evita la profundización y extensión de la guerra, al tiempo que golpea su principal fuente de recursos: el narcotráfico. Pero también complica la salida negociada al conflicto. Nadie va a entregar las armas si sabe que terminará sus días en un calabozo extranjero. Lo que implica que la paz debe involucrar necesariamente a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, y ligarse a la solución del problema de producción, procesamiento y tráfico de alucinógenos.

Una modificación a la extradición afectará gravemente las relaciones con Estados Unidos de las cuales depende gran parte de la financiación de la Política de Seguridad Democrática, sin mencionar los efectos negativos que en el comercio pueden ocasionarse. A pesar que Colombia es un país muy importante en América Latina, es vano creer que es un socio estratégico indispensable.

Finalmente, respecto a delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, las reformas a la Constitución no son oponibles a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Hay motivos en exceso para que paramilitares y guerrilleros sean reclamados por ese organismo.

A pesar de la complejidad del tema, esperemos que el gobierno colombiano decida de una vez por todas extraditar a los paramilitares-narcotraficantes y no ceda ante sus amenazas. O por lo menos, que no incluya en la reglamentación de la Ley de Justicia y Paz una cláusula que acabe, para estos casos, con la extradición o admita el trámite de un nuevo proyecto de ley o de una reforma constitucional que tengan el mismo efecto. El mensaje sería muy grave para la comunidad internacional y muy favorable a los violentos que tendrían la certidumbre de la impunidad total.

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