martes, julio 01, 2008

SENTENCIAS DE ILEGITIMIDAD

Publicado el 1 de julio de 2008 - www.semana.com
Foto de www.semana.com - Corte Suprema de Justicia


RAFAEL GUARÍN

No alcanzó a terminar el discurso el pasado jueves Álvaro Uribe cuando se comenzó a decir que la defensa de la legitimidad era un embeleco y que estábamos ad portas de un inminente fin del Estado de Derecho. La verdad es que hasta ahora nada indica que se esté saltando la ley, ni que el orden constitucional esté en peligro, en cambio sí la legitimidad de las instituciones democráticas.


En una sentencia, contaminada por evidentes intereses políticos y que extralimita su competencia, la Corte Suprema de Justicia colocó en entredicho la legitimidad del gobierno, al señalar que la reelección es “expresión clara y manifiesta de desviación de poder” y al remitir el fallo al Ministerio Público y la Corte Constitucional. Aunque algunos resaltan que se cuestiona solamente éste, sin afectar la voluntad de los más de siete millones de ciudadanos que votaron por Uribe, sectores de oposición ya descubrieron sus cartas: si se vició la reforma constitucional, obligatoriamente también la reelección y, por tanto, la inexorable consecuencia tiene que ser la renuncia del Presidente.

En ese sentido al gobierno le asiste razón en que no se trata de un problema judicial. El propio Carlos Gaviria reconoció que el recurso de revisión ante la jurisdicción constitucional, en estos casos, no existe. Cuestión que conocen los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y que ratifica el contenido puramente político de su pronunciamiento.

Esa maniobra de la Corte es el cierre, con broche de oro, de una estrategia, cuidadosamente ejecutada, de desprestigio y deslegitimación del gobierno. No es un hecho aislado cuyo efecto se quede en el debate jurídico de una reforma a la Constitución. Es mucho más que eso. Para medir su alcance forzosamente se debe interpretar en el contexto de eventos previos y concomitantes.

En marzo de 2007 Piedad Córdoba dijo en un foro en México que Uribe era “responsable de asesinato” y que Colombia representaba un “modelo de muerte, de exclusión y desaparición”. En el Polo Democrático acaban de afirmar que el Presidente es un “dictador populista” y que desconoce los fallos judiciales. El Partido Liberal no se queda atrás. En el exterior Hugo Chávez calificó de mafioso y paramilitar a Uribe. En la semana que culminó Daniel Ortega insistió en que Uribe preside un Estado terrorista y Rafael Correa se negó a reanudar relaciones hasta que Colombia tenga un “gobierno decente”.

Las Farc, felices con el panorama, no se cansan de justificarse repitiendo que en el país hay un “régimen sin legitimidad”. A esas “sentencias” se suma la contundente declaración de la Corte.

Esto contribuye al propósito guerrillero de crear en el exterior la idea de que la seguridad democrática no es más que terrorismo de Estado ejecutado de la mano de paramilitares y narcotraficantes. Y en el plano interno, a dar vuelta a la opinión pública con el fin de dominar el escenario electoral de 2010. Tal lectura pone en tela de juicio la continuidad de la ayuda militar de una posible administración de Obama a una “política criminal” y a moldear un clima internacional favorable a la injerencia de gobiernos que mantienen clandestinas relaciones con la guerrilla. Todo converge en reventar la política de seguridad. Por eso el problema es político y la solución escapa al mundo de los códigos y las barandas de juzgado.

En realidad, el debate sobre la legitimidad se vincula a la guerra irregular que adelantan las Farc y la revolución bolivariana. ¡No es cuento! El profesor Friedrich August Von der Heydte enseña que la revolución se da cuando se agota la legitimidad de la formula política que fundamenta determinado orden y es reemplazada por una nueva, sobre la cual se edifica otro orden. Eso explica que el centro de gravedad de la seguridad democrática sea la legitimidad y que en su contra la guerrilla y su aparato camuflado en la legalidad disparen a discreción. Finalmente, lo recuerda Eduardo Posada Carbó, la “falsa y errada noción de ilegitimidad del Estado colombiano” tiende a “justificar – explícita o implícitamente -, las acciones criminales de los enemigos del Estado”. De ahí que sea válida la referencia de Uribe de que la manifestación política de los magistrados se enmarca en la “trampa del poder del terrorismo agónico”.

Desde este punto de vista, no se trata de “suplantar la justicia con votos” o de vulnerar el Estado de Derecho, en palabras del editorial de El Espectador y de irreflexivos opositores. Se trata de enfrentar con instrumentos constitucionales el desafío político que significa la campaña nacional e internacional de deslegitimación de las instituciones democráticas.

El pleito por la legitimidad está sobre la mesa. En eso no hay duda. ¿Qué camino tomar? En el presidencialismo no existe la posibilidad de disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones, tampoco procedimientos como la moción de confianza que caracteriza el parlamentarismo. No tenemos mecanismos para esta situación. Por eso, resulta por lo menos imaginativa la fórmula propuesta: acudir directamente a los ciudadanos para salvaguardar la legitimidad de la institución presidencial.

5 comentarios:

  1. Una versión modernizada de Godofredo Cínico Caspa!

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  2. Realmente este comentarista es más uribista que el propio Uribe, y demasiado confiado en una estrategia de complot "nacional e internacional" para desprestigiar un gobierno al que, francamente, le queda poco de legítimo. No se puede calificar de bueno o de malo su argumento porque simplemente no es tal. Acusar a todo el "irreflexivo" que disienta como aliado de la guerrilla y terrorista no tiene presentación en alguién que se pretende académico o analista de nada. Poco tiene de racional creer que si se duda de la legitimidad de acto legislativo promovido por el gobierno se legitimen las acciones violentas y criminales de los grupos armados. Sea serio y no contribuya a más confusión... nadie duda de que las elecciones las ganó Uribe, lo que se duda es de la manipulación y la corrupción con que sus funcionarios consiguieron cambiar las reglas de juego en su beneficio. Ante eso no se puede apelar a los ciudadanos... no nos crea tontos.
    Además, su preocupación por la "seguridad democrática" y el posible riesgo de reducir la financiación proveniente de Estados Unidos no se compadece con la realidad de un país en el que claramente en eso también se ha fallado, y no precisamente por falta de recursos. Trate de ampliar su horizonte y ver que un gobierno no tiene sólo la obligación de mantener la seguridad de sus ciudadanos con infames recursos para una guerra absurda. La seguridad de niveles mínimos aceptables de bienestar también es su obligación: garantizar derechos básicos como la alimentación, la salud, la educación... y en eso sí que se raja este gobierno. Si le queda algo de tiempo después de armar en su cabeza complots de risa, trate de hacer una evaluación seria de las contribuciones de este gobierno a la verdadera seguridad y bienestar de los colombianos. De nuevo señor Guarín, sea serio.

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  3. Pura propaganda uribista, que ni analistas conservadores como Posada Carbó comparten ya. Si uno quiere enterarse de la propaganda acrítica de las FARC, debe leerse a ANNCOL. Del mismo modo, quien quiera leer propaganda acrítica uribista,adobaba con argumentos pseudoacadémicos, debe leer a Raafel Guarín. Qué miseria intelectual la que prevalece en Colombia!

    Señor Guarín: cuál es la frontera entre la propaganda y la ciencia política? Cuándo tendremos un discurso académico serio de ciencia política en Colombia y no mera propaganda política de izquierda y derecha?

    Camilo Sanín
    Universidad Libre de Berlín

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  4. Una lectura de la sentencia y del comunicado de la Corte deja apreciar el último bastión de dignidad en una Colombia penetrada por la corrupción y la ilegalidad.

    Los comunicados y discursos presidenciales, por el contrario, la expresión de la cloaca del poder. Y aquí se siente cómodo esta caricatura de anlista...

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  5. Estimado Rafael: Habitualmente ni leo ni contesto tonterías de aquell@s que escriben desde el odio o peor aún del resentimiento por el puesto no otorgado por una Piedad no clientilista.

    Este último artículo sobre la legitimidad del estado y el desacato público a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), genera en mí la reacciones primero porque no ve lo evidente, segundo porque desinforma y tercero porque hace un llamamiento a la desinstitucionalización.

    Para quienes pasamos por una facultad de derecho el desacato a los jueces constituye una falta mayor, no una trivialidad. Por ello, con el riesgo de ser llamado cómplice del "Terrorismo agónico", coincido con quienes en un mínimo de decencia piden respeto a los jueces, y que piensan que se configura peligrosamente una dictadura con apariencia formal, que se soporta no en las aplastantes mayorías empobrecidas, sino en quienes desde la mediática "guían" la opinión hacia el abismo.

    Cómo cambian los tiempos...¿ Qué hubo de ese dirigente juvenil que prefirió perder espacios por criticar a la clase política liberal?

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