domingo, diciembre 17, 2006

ESTADO DE FACTO

www.elespectador.com - abril de 2006

Por: RAFAEL GUARÍN

La campaña presidencial abrió nuevamente el debate sobre la “desinstitucionalización” del país. Más allá de la calentura electoral, casi doscientos años de vida independiente no han sido suficientes para que Colombia consolide un Estado de derecho en que impere la ley, se respeten los derechos humanos y se reconozca la primacía de la dignidad humana. En pleno siglo XXI sigue existiendo más territorio que Estado, menos Constitución que retórica y más imperio de la fuerza que del derecho.

La política como medio de gestión del conflicto social (J. Vallés C. P. 2000) es secundaria en una sociedad en que la fuerza cabalga sin límites. Como señala Julien Freund, la fuerza es el “medio esencial de lo político” (La Esencia de lo Político. 1968), pero cuando se ejerce por fuera de la ley se convierte en violencia que se materializa en matanzas, asesinatos selectivos, desapariciones, secuestros y desplazamientos forzados. Quienes tienen la capacidad y la falta de escrúpulos para actuar de esa forma, se convierten en la cúpula de los poderes de facto, en los arquitectos de la colectividad, en el soberano que decide, ordena, resuelve y mata.

Es la violencia con la que actuaron los paramilitares en Norte de Santander. Recientes versiones periodísticas indican que en cinco años fueron ultimadas 11.200 personas en solo 15 de los 40 municipios de ese departamento. Más tarde, con su desmovilización, el turno fue para las FARC. El dominio de una zona fronteriza estratégica y del negocio del narcotráfico justificó para esos criminales la masacre de la Gabarra.

Los poderes de facto también se amparan en la legalidad. De acuerdo al Banco Mundial (2002) la captura del Estado es la principal modalidad de corrupción en Colombia. Los carteles de cuello blanco y los grupos económicos son los protagonistas. Sus garras aprisionan los más altos niveles de decisión estatal, convirtiendo la administración, la justicia y la ley en instrumento de sus intereses.

Por otro lado, quizás la precariedad del estado de derecho se debe más a la descomposición de la sociedad, la inversión de valores, la falta de solidaridad, la discriminación, el individualismo exacerbado, el desprecio por la vida y la libertad. Es también producto de la desidia frente a lo público y que a muy pocos les interesa genuinamente el fortalecimiento institucional. La mayoría prefiere que sus intereses de facción primen por encima del bien común y de los intereses nacionales. Nos les importa aliarse con el diablo, ni que su infierno esté aquí o afuera.

Cuando el poder de facto se convierte en la regla, estamos a un paso de encaminarnos hacia una democracia fallida. Es fácil responsabilizar al presidente de turno de la “desinstitucionalización”, pero la verdad es que el país adoptó ese mal camino hace varias décadas. De hecho, para hablar de ella se requiere que alguna vez el país haya sido institucionalizado, es decir, que se haya construido y consolidado el Estado. Lo cual por lo menos es discutible.

La democracia peligra cuando el Estado de derecho se somete a los fines y a los resultados, sin consideración alguna a los medios que se empleen y está en riesgo cuando la oposición democrática es calificada de terrorista o cuando ésta se mueve en el filo de la navaja de lo legal y lo ilegal, para golpear a su oponente.

Pero la mayor amenaza es la respuesta de sectores ciudadanos que se inclinan por las vías de hecho, que toleran las desapariciones, que en silencio no se duelen de las masacres y que hasta reclaman operaciones de limpieza social. Son los mismos colectivos que quisieran prescindir del Congreso y de los partidos políticos, que sospechan de los movimientos sociales y de los defensores de derechos humanos, al tiempo que propugnan por la reducción del poder de las cortes.

Se olvida que sin Estado de derecho no hay democracia, sin democracia no hay derechos ni libertades, sin derechos los hombre somos un objeto y carecemos de dignidad. Un poco de generosidad y desprendimiento de los candidatos presidenciales, debería impulsarlos a la unidad en la tarea de fortalecer la institucionalidad y defender el estado de derecho y la democracia de los poderes de facto. En estos temas, como en el de la seguridad que es la razón que dio origen al Estado, quienes estamos del lado de la Constitución y de una sociedad más igualitaria no podemos estar divididos.

Finalmente, para eliminar la intimidación del Estado de facto y consolidar el Estado de derecho, deben mantenerse los parciales pero innegables resultados de la Seguridad Democrática. Aunque aún hace falta mucho por hacer, no se puede retroceder por prejuicios ideológicos o puro fanatismo en un tema no de gobierno, sino de Estado.

Independiente de quien cuente con la confianza ciudadana en las urnas, es indispensable que la búsqueda de la paz y la convivencia se siga haciendo sobre la base del principio de autoridad y del ejercicio legítimo de la fuerza. No es una posición de derecha, ni de izquierda. Es simplemente, reconocer que Colombia necesita de un gobierno y de un Estado fuerte y que el fortalecimiento del aparato coercitivo es condición para la salida política al conflicto armado.

Nota al margen: Lamentable el secuestro y asesinato de Liliana Gaviria Trujillo. Es una acción que afecta tanto a la oposición como al gobierno. No se puede aventurar quien se encuentra detrás del homicidio, pero sí se puede afirmar que no se trata de un hecho aislado. Sin duda, busca interferir el proceso electoral y hace parte de la serie de actos violentos dirigidos a sembrar terror entre los colombianos antes de los comicios presidenciales. Le manifestamos nuestra solidaridad al expresidente César Gaviria Trujillo.

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