jueves, julio 02, 2009

VÍCTIMAS DE LA POLITIQUERÍA


Semana.com - 2 de junio de 2009
Grafica: Tomada de imágenes google


RAFAEL GUARÍN

Lo que evidenció el debate sobre la hundida Ley de Víctimas es que la protección de sus derechos se convirtió en una bandera de politiquería, un ejemplo de irresponsabilidad y un instrumento para deslegitimar el Estado y la Política de Seguridad Democrática.

No hay duda que el Estado debe reparar a las víctimas, sin discriminar el victimario. Es una obligación reconocida internacionalmente. Aún así, la forma de verificar esa obligación debe ser consecuente con los medios disponibles y, en particular, con el contexto colombiano. Por más que se quiera insistir en el carácter universal de la reparación de las víctimas no es razonable pretender aplicar un modelo como si se tratara de Francia, Suiza o Dinamarca.

En realidad, la solicitud de Álvaro Uribe de votar negativamente el proyecto de ley fue una estrepitosa derrota del gobierno y un triunfo de la oposición y de las organizaciones de víctimas que preferían su desplome a aceptar una iniciativa diferente a la propia. Victoria pírrica que afectó a cientos de miles de víctimas. Importaba más poder señalar al gobierno de negligente, inhumano y enemigo de las víctimas que construir consensos que permitieran la reparación efectiva.

La cuestión no es solamente disponer en una norma que se repare económicamente a las víctimas, sino garantizar que ciertamente se pueda cumplir. Jamás habrá dinero suficiente para reparar el daño causado por el terrorismo y las violaciones de derechos humanos, pero con los recursos disponibles el Estado debe hacer el mayor esfuerzo posible, cosa que no entendieron o, mejor, no quisieron entender, quienes decidieron hacer del proyecto una bandera demagógica.

Según un estudio del Ministerio de Hacienda, lo aprobado por la Comisión de Conciliación elevó de 22.1 billones de pesos (¡sí, leyó bien, billones!) a 76 billones el monto que debía desembolsar el Estado para cumplir con lo estipulado en el proyecto de ley. El problema no es reparar a las víctimas, el problema es que no hay con qué cubrir la diferencia de $53,8 billones adicionales, además de su perverso efecto en las finanzas públicas y de mermar directamente el presupuesto que debe dedicarse a salud, educación, infraestructura, seguridad o justicia.

Por otro lado, resulta razonable exigir una sentencia que condene a un miembro de la Fuerza Pública por el delito que da origen a la obligación de reparar a la víctima. Así se diga que el proceso penal no se afecta con la reparación administrativa (cosa cierta), se tiene que ser ciego para no darse cuenta que la consecuencia en la práctica de la sentencia condenatoria y de la mencionada reparación es la misma: reconocer que un agente estatal violó los derechos humanos.

Tal y como estaba el proyecto, se le entregaba un morrocotudo instrumento a las Farc para su campaña de propaganda y de guerra jurídica. La omisión de sentencia coloca a terroristas y militares en el mismo plano. No es cualquier cosa. El centro de gravedad al que apunta la guerra irregular es la legitimidad y ésta se afecta con la violación de los derechos humanos. Por supuesto, el camino no es negar las violaciones sino que estas no ocurran, pero tampoco eso nos puede llevar a la ingenuidad de no reconocer los montajes que las guerrillas realizan contra las fuerzas militares y que, con base en el proyecto de ley, serían validados por vía administrativa.

De ahí, la resistencia a que se iguale a los terroristas de las Farc, Eln y Auc con los miembros de la fuerza pública. Mientras en los grupos armados ilegales los crímenes de lesa humanidad son una práctica diaria y un aceptado “medio de lucha”, cuando éstos se presentan en las fuerzas militares, se trata de acciones individuales y no institucionales, como se desprende del informe preliminar del Relator de la ONU, Philip Alston.

La forma de evitar caer en esa trampa es que la justicia funcione y se determine la existencia del delito y la autoría por parte de un agente estatal. La larga duración de los procesos judiciales es una preocupación válida, pero la salida no era rechazar la necesidad de una sentencia y en consecuencia hundir el proyecto, sino plantear un procedimiento especial y rápido, de la misma forma que adoptar medidas que fortalezcan la capacidad de la Fiscalía y los jueces.

Finalmente, lo ocurrido es una muestra más de la incapacidad del gobierno y la oposición por construir consensos en los temas fundamentales. Los obstáculos fiscales y la necesidad de una sentencia podían resolverse si en vez de consumirse en la politiquería y la demagogia, se actuara con responsabilidad y con afán de generar respuestas. Por desgracia, al Partido Liberal y al Polo les interesaba más que naufragara el proyecto que permitir que la Seguridad Democrática se fortaleciera con una política de reparación a las víctimas. Las víctimas deben ser objeto de una política de Estado, no de partido.

3 comentarios:

  1. Lo que si es claro es que:

    1. Es absurdo esperar una sentencia que nunca va llegar para reparar una víctima.

    2. A los colombianos no nos pueden decir que es diferente cuando a su papa lo mató la guerrilla, los paras o el ejercito - al fin !lo mataron¡ y si fue el ejercito no es diferente es mucho pero mucho peor porque lo mató quien lo debió proteger.

    3. Si el gobierno se niega a pagar las vístimas del estado, y dice que valen billones, eso quiere decir que reconoce que el estado es una gran asesino, pues a matado millares.

    4. Este gobierno solo se esfuerza por soluciones a sus amigos delincuentes y a los paramilitares, porque no negocea con nadie más que no sea paramilitar ni siquiera con los ciudadanos de bien.

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  2. El 65% de las tierras productivas, aptas para el cultivo, la ganadería, la minería o el turismo estan en manos de menos del 0,05% de la población, osea algo así como 15.000 personas, muchas de estas narcotraficantes, paramilitares o empresas extrajenras que le compraron a los anteriores. La unica forma de reparación a las victimas es la devolución de las tierras usurpadas. Su articulo no es más que una compilación de sofismas y de ataque sin fundamentos.

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  3. Complemento mi argumento...

    El 65% de las tierras productivas, aptas para el cultivo, la ganadería, la minería, el turismo y con importantes reservas hídricas, son propiedad de menos del 0,05% de la población, osea algo así como 15.000 personas, muchas de estas son narcotraficantes, paramilitares, políticos y empresas extrajenras que le compraron a los anteriores.

    Esa desalentadora estadística no sólo indica que tan subdesarrollados somos, que tan pobres o cuanta desigualdad hay en Colombia. También es la prueba de la derrota absoluta de la guerrilla, la cual nunca tuvo, y mucho menos ahora la capacidad militar y política para proteger los intereses del pueblo que ellos dicen han inspirado sus luchas. La narco-guerrilla siempre ha sido la microempresa de la guerra en Colombia, sin ella el estado corrupto y mafioso no podría justificar sus crimines, son un engranaje pequeño pero necesario en la maquina de la muerte.

    La desalentadora estadística lejos de alegrarnos por demostrar la derrota guerrillera debería avergonzarnos pues es evidencia de la barbarie paramilitar orquestada y diseñada como política de estado. También es muestra de la desligitimación de las instituciones sobre todo de la justicia y de las fuerzas militares. El gobierno colombiano falló en la tarea y su obligación constitucional de preservar, proteger y promover la honra, vida y bienes de la mayoría de los Colombianos incluso los de esos ciudadanos que se proclaman ganadores e intocables. Los gobernantes corruptos, taimados y obtusos traicionaron al país feriando y negociando el estado con las mafías ignorantes, crueles e indolentes.

    El objetivo principal de esta aliza estado-mafias son las riquezas, los recursos, las tierras del país, para poseerlas es necesario desplazar, matar, desaparecer y secuestrar. Las victimas para esta empresa criminal, son como un desecho industrial que contamina y que hay que eliminar. El objetivo de esta empresa criminal no era ni es derrotar a la guerrilla. Las FARC, ELN, EPL, etc, siempre han sido una simple excusa, un insumo de la fabrica de la muerte.

    La unica forma de reparación a las victimas es la devolución de las tierras usurpadas. Uribe era tal vez la unica persona que tenía el suficiente respaldo popular para lograr esa tarea, desgraciadamente en sus dos periodos de gobierno desperdicio la oportunidad, el proceso de justicia y paz con los paramilitares no fue más que una farsa diseñada para legalizar las riquezas, sanear los libros contables de la mega-empresa criminal y repartir los dividendos.


    Para la Corte penal Internacional esa "fatal estadística" es la columna vertebral del gran proceso sobre crimenes de lesa humanidad en colombia, lo grave es que los indicadores sobre la repartición de la riqueza en Colombia son cada vez más negativos. Para la CPI el unico argumento valido para no entrar a actuar en Colombia es que empiece la reparación a las victimas y eso sólo es posible -insisto- regresando las tierras a los campesinos. Uribe no lo hizo, tampoco tiene interes de hacerlo y si lo tuviera carece del tiempo necesario.

    En otras palabras se repara a las victimas -repito- con las tierras o muchos de los altos funcionarios del gobierno actual irán a la carcel por orden de cortes internacionales.

    Por todo lo anterior afirmo que su articulo no es más que una compilación de sofismas, es superficial y mal intencionado.

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