domingo, diciembre 17, 2006

¿Y LA OPOSICIÓN QUÉ?

www.votebien.com - marzo de 2006


Rafael Guarín explica por qué después de las elecciones del 12 de marzo los congresistas opositores al gobierno podrán dejar atrás sus intereses personales y hacer una verdadera oposición.

Por Rafael Guarín*

Varios analistas han manifestado su preocupación por la debilidad de la oposición luego de las elecciones del 12 de marzo. Contrariamente a lo que suele pensarse, la consolidación de la coalición gobernante en el Congreso no es negativa para quienes deben cumplir ese papel.

Desde la segunda mitad del siglo XX, además de la violencia, el fraude electoral y en algunos casos de políticas de seguridad que confundían a la oposición democrática con la subversión y la protesta social con actos de criminalidad, son tres los principales factores que no han permitido el ejercicio pleno de la oposición parlamentaria.

El primero tiene que ver con un diseño institucional que concentró el poder en los partidos tradicionales y excluyó a nuevas alternativas políticas. En esa línea están los principios de paridad y alternación del Frente Nacional, período paradójico en que la oposición tuvo que camuflarse en los partidos que constitucionalmente compartían la responsabilidad del gobierno, y el parágrafo del artículo 120 introducido en la reforma de 1968.

El segundo es el problema burocrático que la Constitución de 1991 no modificó sustancialmente y que configuró lo que Leal Buitrago y Dávila denominan “sistema político del clientelismo”, cuya regla es la dependencia del Estado para la reproducción electoral, al tiempo que es la raíz del “transfuguismo” que caracteriza a muchos congresistas.

Pero además, la falta de coincidencia del respaldo popular expresado en las elecciones presidenciales y legislativas ha sido un obstáculo para la oposición y un generador de inestabilidad política. No es cierto que una mayoría de oposición haya contribuido al control político eficaz, a un gobierno responsable y mucho menos a la armonía de las instituciones.

La historia enseña otra cosa. Dos casos en los que la oposición era mayoritaria en las cámaras, en contextos absolutamente diferentes, finalizaron con la tentativa o el rompimiento del orden democrático. El gobierno de Mariano Ospina Pérez, en 1949, cerró el Congreso en el afán de atajar a sus opositores.

Recientemente, en medio de la crisis del año 2000 por corrupción de miembros de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, Andrés Pastrana perdió la mayoría parlamentaria que había arrebatado al Liberalismo a punta de puestos y contratos. La salida fue intentar la revocatoria del Congreso y adelantar las elecciones, figuras que desbordan la Constitución.

Cuando las fuerzas que apoyaban al gobierno eran minoría, se optó por fomentar el transfuguismo repartiendo el aparato estatal y el presupuesto público entre congresistas de la oposición para dividirla, debilitarla y conseguir las mayorías que no habían alcanzado en las urnas. El epílogo de tal práctica no puede ser otro que la extensión de la corrupción.

En una democracia sin tradición de oposición parlamentaria organizada, disciplinada y coherente, la aplanadora uribista en el Congreso es una oportunidad para los partidos derrotados y el mejoramiento del sistema de pesos y contrapesos entre las ramas del poder público. En teoría, es previsible que el transfuguismo pierda vigor y la transparencia se beneficie. El gobierno no debería tener necesidad de comprar parlamentarios opositores y la ley de bancadas tendría un mejor ambiente para su aplicación.

La oposición debe asimilar las lecciones del actual proceso electoral y comprender que su éxito depende de una fuerte pero responsable fiscalización política, al igual de que cada crítica se acompañe de una propuesta que convenza de que es mejor opción de gobierno. Las nuevas reglas de juego favorecen la creación de un régimen de opinión pública que únicamente se puede aprovechar si los partidos opositores cumplen adecuadamente su función.

Por otro lado, aunque Laureano Gómez (“El Monstruo”) demostró que la oposición se hace sin necesidad de estatutos que la protejan y que, siendo Ministro de Gobierno, Fernando Cepeda planteó que no se requería, debido a que las garantías para su libre ejercicio se consagraban en la Constitución y la ley, no hay duda de que es indispensable que se expida un conjunto de normas que favorezcan su ejercicio y desarrollen el mandato señalado en el artículo 112 de la Carta. El largo e inconcluso camino del estatuto de la oposición incluye nueve proyectos de ley estatutaria a partir de 1993 y tres proyectos de acto legislativo. No ha existido voluntad de los gobiernos, ni de la oposición para su aprobación. El inicio del nuevo período de gobierno es la oportunidad para un acuerdo político que lo haga viable.

Finalmente, un efecto saludable de la reforma de 2003 y de la reelección presidencial, consiste en que la acción política de los partidos de oposición no puede seguir fundándose en el acceso al Estado. No es sabio insistir en la política clientelista y desconocer que el mensaje político y las propuestas son la única herramienta eficaz para ganar las elecciones. Así mismo, esas colectividades deben superar el caudillismo que las caracteriza y actuar colectivamente con base en un programa político claramente diferenciado del de la coalición de gobierno. Eso no implica que en temas tan importantes como el de la Seguridad Democrática, la lucha contra el narcotráfico, el combate al terrorismo y la política antisecuestro no pueda haber un acuerdo nacional que las convierta en políticas de Estado. En ese camino los intereses del país deben estar por encima de las motivaciones electorales.

Sobre el tema ver: Guarín, Rafael. “Colombia: Democracia Incompleta. Introducción a la oposición política”. Ed. ONU - DAE. 2005. Págs. 226. En:
www.escuelavirtual.registraduria.gov.co/theme/registraduria/libroPNUD/Tomo_II/Tomo_II-TITULO_1.pdf

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