EL FIN DEL SISTEMA INTERAMERICANO

El Nuevo Herald - 23 de abril de 2009

By RAFAEL GUARIN

Sucedió lo que se esperaba. Lula y Chávez trataron de convertir la Cumbre de las Américas en un foro procastrista. Obama, muy hábil y con nuevo tono, les dijo desde el comienzo lo que ansiaban escuchar pero al finalizar el encuentro dejó las cosas en el mismo punto: sin democracia y respeto a los derechos humanos no se puede aspirar a cambios radicales en la política estadounidense hacia Cuba.

El terreno se había preparado con esmero para presionar a Obama con el reclamo de levantar el embargo e incluir a Cuba en el sistema interamericano. El presidente brasileño hizo la avanzada en su visita a Washington luego de liderar, en diciembre pasado, la Cumbre de América Latina y el Caribe y el ingreso de Cuba en el Grupo de Río. Posteriormente, la Habana recibió a los presidentes de Panamá, Ecuador, Chile, Guatemala y Argentina. Y poco antes de la cumbre Chávez reunió al club del ALBA para alistar la ``artillería''.

Pero los padrinos del régimen castrista no son únicamente los gobiernos de izquierda sino también los de Alvaro Uribe y Felipe Calderón. Uribe dijo que el gobierno cubano ayuda a la paz y que ''comprende'' los ''esfuerzos de seguridad democrática''. Calderón, al referirse al ingreso al Grupo de Río, dijo que ''la presencia de este país hermano será muy valiosa para la construcción de un destino común con valores compartidos''. ¿De qué valores compartidos habla y qué aval moral significa la ''comprensión'' de una dictadura a la política de seguridad democrática?

Todo esto antoja por lo menos tres reflexiones. La primera: el ingreso de Cuba es el fin del sistema interamericano. A diferencia de lo que dice el presidente mexicano, la Cuba de hoy es incompatible con los principios y valores plasmados en la Carta de la OEA y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde su fundación (1948) la OEA ha sido edificada para ''promover y consolidar la democracia representativa'', garantizar ''el respeto a los derechos esenciales del hombre'' y la vigencia del estado de derecho. Cuba encarna todo lo contrario.

A pesar que la existencia de la organización coincidió con las aberrantes dictaduras de los años 70 y 80, el final de la guerra fría produjo que su principal objetivo fuera el fortalecimiento de la democracia. En 1991, el Compromiso de Santiago consagró la necesidad de procedimientos de defensa de la democracia representativa; dos años después la Declaración de Managua indicó que la OEA debía prevenir los problemas que afectan el sistema democrático. Y la tercera Cumbre de las Américas, realizada en Quebec, introdujo la cláusula democrática y dio paso a la adopción, el 11 de septiembre de 2001, de la Carta Democrática Interamericana.

¿Cómo aceptar el ingreso de una dictadura? ¿Cómo incluir un Estado que tiene como política la violación de los derechos humanos y la eliminación de la oposición democrática, el pluralismo político y la libertad de prensa? Integrar a Cuba arrasaría los principios del sistema interamericano tanto como destrozaría los fundamentos de la Unión Europea la absurda hipótesis de aceptar en su seno un país cuya organización fuera similar a la de Libia.

Segunda reflexión. Hipocresía democrática y complicidad con el régimen castrista son las reglas que rigen a los gobiernos de la región. Mientras aprueban declaraciones que aluden a la democracia representativa, el fortalecimiento de los partidos, la celebración de elecciones periódicas, libres y genuinas, abogan por un régimen que las niega.

Tercero. Es evidente que la democracia en el continente enfrenta una nueva amenaza. A la revolución bolivariana y sus conexiones con organizaciones terroristas, se adiciona la fragilidad de las convicciones democráticas de los líderes latinoamericanos. Alarma la actitud laxa y complaciente con conductas que vulneran los derechos humanos y minan la democracia representativa. En 2007 el silencio cómplice acompañó el cierre del canal Radio Caracas Televisión (RCTV) por parte de Chávez. En 2008 los gobiernos se resistieron a investigar la relación de Chávez y Correa con las FARC y ahora, con el pretendido ingreso de Cuba, se pretende acabar con el sistema interamericano.

El problema no es rechazar que Cuba se siente en la misma mesa, la cuestión es que no se puede aceptar el totalitarismo, la violación de los derechos humanos y la inexistencia del estado de derecho. Bienvenida una Cuba democrática y libre. Sólo así podría suscribir la Carta de la OEA y aceptar las obligaciones que le impone. Sería un grave error bajar el umbral actual: sin democracia, libertad y respeto a los derechos humanos no hay nada que hablar. Parece que Obama lo tiene claro.

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EL FIN DE BIG BROTHER

Foto El Nuevo Herald - MICHAEL REYNOLDS / EFE
Publicado el martes 21 de abril de 2009

By JORGE RAMOS AVALOS

Washington -- El primer viaje de Barack Obama a América Latina rompió prejuicios y esquemas que, en algunos casos, tardaron décadas en construirse. Barack Obama prometió cambios y cambios es lo que estamos viendo. En dos días el presidente de Estados Unidos ha echado a andar una política totalmente nueva hacia Latinoamérica.

Obama está dispuesto a hablar con la dictadura cubana. Eso no lo veíamos hace medio siglo. Obama saludó de mano a Hugo Chávez, a pesar de los insultos del presidente venezolano. George Bush siempre se le estuvo escondiendo a Chávez. Obama trató a México de igual a igual en la lucha contra el narcotráfico. Atrás quedó la época de las ''certificaciones'' de buena conducta de Estados Unidos al resto del continente.

Obama significa el fin del Big Brother. Como lo dijo en la Quinta Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, Estados Unidos no intervendrá en los asuntos internos de otros países de la región. Pero tampoco aceptará que le echen la culpa de todos los problemas del hemisferio. Dando y dando.

Antes de que partiera a su primer viaje a la Ciudad de México y a Puerto España, tuve la oportunidad de conversar con el Presidente en la Casa Blanca. Y, por lo que me dijo, ya se veían venir importantes cambios de política y de actitud.

''No creo que un viaje pueda cambiar una larga historia de sospechas'', me dijo, refiriéndose a la percepción generalizada de que Estados Unidos se había olvidado de América Latina por 8 años. ``Pero sí creo que podemos empezar a hacer mejoras. Independientemente de que estos gobiernos sean de centroizquierda o centroderecha, todos están concentrandos en fortalecer su economía y en mejorar las oportunidades y la educación para nuestra gente.''

El mensaje de Obama es nuevo: ``Dejemos de pelear las viejas peleas del siglo XX; ya estamos en el siglo XXI. Tenemos que asegurarnos que nuestra política exterior esté basada en el respeto mutuo y en los intereses mutuos: se acabaron los días en que Estados Unidos era el big brother y el resto de los países eran el hermano menor.''

El cambio más evidente de está nueva actitud del gobierno norteamericano es con Cuba. Obama no quiere seguir el mismo camino que los otros 10 presidentes norteamericanos que fracasaron en sacar a Fidel Castro del poder. Por eso le quitó las restricciones a los viajes y remesas de cubanoamericanos a la isla. Ahora podrán viajar y enviar todo lo que quieran. E incluso, estaría dispuesto a establecer contactos políticos y comerciales con el gobierno de La Habana.

Pero los críticos de Obama dicen que estas medidas, lejos de promover la democracia, refuerzan la dictadura. ''Ese argumento se ha hecho por 50 años y nada ha cambiado'', les respondió el Presidente. ``Así que mi actitud es que si empezamos a ver más viajes a Cuba, y si enviamos más remesas a Cuba que ayuden a las familias cubanas, entonces les vamos a dar más poder y más recursos. Con el tiempo creo que podemos cambiar la dinámica en Cuba de manera que estas medidas promuevan la libertad, el derecho a la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de viajar. El status quo durante 50 años no ha promovido la libertad y la democracia en Cuba. Estoy dispuesto a tratar cosas nuevas para romper los viejos patrones.''

El cambio en la actitud hacia México también es palpable. El sabe que los millones de norteamericanos que usan drogas y las armas estadounidenses son, en buena parte, culpables de la narcoviolencia en México. Por eso ''es importante decir que no me has oído criticar al gobierno del presidente [Felipe] Calderón acerca de la violencia allá'', apuntó. ``Al contrario, he reconocido su esfuerzo porque creo que están tomando unos pasos muy valientes y difíciles para enfrentar este problema.''

Y aunque no se quiso comprometer a prohibir el uso de armas de asalto en Estados Unidos --que muchas veces terminan en manos de narcotraficantes mexicanos--, sí propuso una nueva filosofía de responsabilidad compartida: ``Mi actitud es que Estados Unidos y México tienen que ser socios en este proceso.''

No me podía ir sin preguntarle sobre su promesa de campaña de legalizar a millones de indocumentados durante su primer año de gobierno. ¿Cumplirá su palabra a pesar de la actual crisis económica?

''Yo voy, absolutamente, a cumplir mi promesa de buscar una reforma migratoria'', aseguró. Pero dejó claro que las cosas no dependen de él únicamente, sino también del Congreso. ``No puedo garantizar que tendré una ley sobre mi escritorio antes de que termine el año. Pero lo que sí puedo garantizar es que el proceso seguirá adelante.''

¿Suspenderá las redadas hasta que haya una reforma migratoria?

''Como tú sabes, le pedí a Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad Nacional, que revise las políticas respecto a las redadas y me van a llegar sus recomendaciones. Sigo creyendo que esto no se puede resolver con redadas'' que están separando a madres de sus hijos.

Ypor último Obama habló de fútbol. Sí. El --que jugó soccer cuando era niño en Indonesia y cuyas hijas también lo han jugado-- quiere que Estados Unidos sea la sede de la Copa del Mundo en el 2018 o 2022. ''Creo que tener aquí la Copa sería algo enorme para este deporte en Estados Unidos'', concluyó. ``Es el evento deportivo más grande del mundo ¿por qué no tenerlo en Estados Unidos?''

Obama ya no quiere que Estados Unidos sea el hermano mayor del continente. Y ahora, al menos en lo que se refiere al fútbol, quiere invitar a todos a jugar a su casa. Pero a pesar de las mejores intenciones de Obama, será difícil olvidar que, en muchos sentidos, Estados Unidos sigue siendo el dueño del balón.

PERVERSO CABILDEO EN WASHINGTON

Por LIBARDO BOTERO*

Hace apenas unas tres semanas discutió la CIDH de la OEA en Washington la situación de derechos humanos en Colombia. El tema de la para-política fue presentado por la dupla León Valencia-Claudia López, de la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI). Repitieron los infundios labrados en un libro de extrema pobreza conceptual que publicaron hace más de un año, agregando ahora a la “silla vacía” la propuesta de liquidar cinco de los siete partidos de la coalición de gobierno. Al día siguiente Claudia López completó su artillería con una columna venenosa en El Tiempo, y después Valencia escribió regocijado por el cabildeo.

En un ensayo que escribí para el libro Parapolítica: verdades y mentiras (Planeta, 2008) refuté de manera detallada y contundente la metodología y contenido del libro de la CNAI. Es indignante que se persista en tesis falsas para desvirtuar el exitoso esfuerzo de desmonte del paramilitarismo realizado por el gobierno. Resumo tres tesis básicas que se siguen lanzando sin vergüenza por los “académicos” de la CNAI.

Afirman hoy como entonces que un tercio del Congreso es de filiación paramilitar. Listaron sin mucho rigor, por ejemplo, 26 senadores en 2002, que sumaban 1.741.857 votos: pero de una votación total de más de 9 millones, ese guarismo no es la tercera sino apenas una sexta parte. No solo eso. La CNAI identificó 223 municipios de influencia paramilitar en ese año, y asómbrense lo que encontré: esos 26 senadores sacaron allí apenas 573.666 sufragios, y más de 1 millón en los otros municipios; mientras tanto, los congresistas “limpios” sacaron en los 223 municipios de marras, 1.096.000 votos, casi el doble de los “sucios”. Y con votación “atípica” de más de 50% en tales municipios, solo encontré 8 de la “lista de la infamia” de 26 senadores, pero sí 12 que no estaban mencionados por Valencia y López, entre ellos conspicuos jefes de la oposición. ¿No están todos los que son? ¿No son todos los que están? ¿O la investigación de la CNAI es un fiasco?

En el libro de la CNAI asevera León Valencia que esa votación fue “un punto muy alto” para la elección de Uribe como presidente en 2002, quien ganó por una cifra “escandalosa” (¡!) de sufragios. Es decir, que Uribe fue elegido por los paramilitares, y que por ende no estaba por desmontarlos sino más bien entronizarlos en el poder, de suerte que el proceso de su desmovilización no fue tal sino el cumplimiento de un pacto. Indagué por los guarismos de marzo 11 de 2002 y hallé que Uribe perdió las elecciones al Congreso: sacó solo 28 senadores de 102. Reconstruí la lista de elegidos, por candidatos presidenciales, con nuevo hallazgo asombroso: la mayoría de los señalados hoy por la parapolítica no estaban con Uribe por esas calendas. Más contundente y paradójico: Uribe ganó en los departamentos de influencia guerrillera (oriente y sur del país) y Serpa en los de gran presencia paramilitar (como el caso de la Costa). ¿Uribe elegido por los paramilitares?

Por último: para la CNAI no hay desmonte paramilitar. Valencia afirmó hace poco que estaban en completo rearme y crecimiento. López escribió hace poco que tampoco se “desmovilizó la estructura política”. Cínicamente asevera que el cometido de Luis Carlos Restrepo es ensamblar el “parauribismo” con algunos votos de opinión, para mantener los criminales al mando del Estado en 2010. Más de 30.000 desmovilizados, 17.000 armas entregadas, cerca de 2.000 encausados por distintos delitos, más de una docena extraditados, centenas de servidores públicos enjuiciados (congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, etc.), entre otros resultados… ¡dizque son solo una patraña para esconder un acuerdo secreto! ¿Cuál? Antes dijeron que el compromiso era que no extraditaran los jefes. Ahora han virado a señalar que los extraditaron para que no denuncien ni reparen a las víctimas. ¿Mañana qué dirán? Cualquier cosa, porque dentro de esa lógica perversa todo vale, como quedó ratificado en Washington.

* Economista. Analista e investigador del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC).

PRESIDENTE: DÉLE EL SÍ A CANO

Publicado el 2 de abril de 2009 en Semana.com

RAFAEL GUARÍN

El 24 de julio de 2007 Iván Márquez afirmó en uno de sus editoriales que “el Plan Estratégico de las Farc seguirá su avance en sus dos vertientes: la vía del acuerdo nacional para la solución política, y la vía armada”. Pues bien, es exactamente lo que ha venido sucediendo. El objetivo inmediato es romper el aislamiento político de la guerrilla, demostrar el fracaso de la Política de Seguridad Democrática y quebrar la voluntad de lucha del Estado en las urnas.

La reciente afirmación del Secretariado de estar “en disposición de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable” se enmarca en esa ruta. Aunque hábilmente genera la percepción de que el escenario cambió o de que hay un giro, la verdad es que el asunto está en el mismo punto.

Por lo menos cinco posiciones de las Farc lo confirman. Cano insiste en que se trata de “prisioneros de guerra” y no de secuestrados. Segunda, las Farc exigen la ley de canje permanente, es decir, una ley de secuestro permanente de policías y soldados. Tercera, ratificaron que mantendrán las “retenciones económicas” de acuerdo a la “ley 02”, en otras palabras, que seguirán secuestrando a quien no ceda a la extorsión. Cuarta, las Farc designan voceros para una negociación, que no se requiere, tratando de justificar (quinta) un despeje territorial en otras condiciones, o ¿qué otra cosa significa que pidan “garantías efectivas” y “condiciones de modo, tiempo y lugar, y publicitados con suficiente anticipación”? No es cierto que hayan renunciado al despeje.

Con el anuncio las Farc pretenden probar que el gobierno es el responsable de que no se realice el “acuerdo humanitario” y seguir trabajando en la creación de un ambiente favorable para la elección de un nuevo presidente que prefiera la negociación y enviar las tropas a los “cuarteles”, que una política de firmeza contra el terrorismo.

Las liberaciones de febrero y las que se anuncian corresponden a la misma maniobra que hicieron durante la campaña presidencial de 2006. Ya nadie se acuerda de eso. Las Farc montaron un espectáculo mediático para entregar a dos agentes de policía a Álvaro Leyva, el candidato del “Arca de Noé” y de Marulanda, con el objetivo de interferir la agenda electoral y modificar las preferencias ciudadanas. En ese momento no les funcionó. Leyva no subió en las encuestas. En cambio, ésta vez, luego de las liberaciones Piedad aumentó su popularidad y los periodistas de los principales medios de comunicación inocentemente salieron a exaltarla.

Lo de hoy es la misma lógica y objetivos farianos de 2006. Pero lograr ese propósito no es tan difícil como suele pensarse. Según el estudio “La Cultura de la Democracia en Colombia”, adelantado por Vanderbilt University y la Universidad de los Andes, el 66.3 por ciento de los colombianos en 2007 opinaban que la negociación es la mejor opción para “solucionar el conflicto con la guerrilla”.

El presidente Uribe debe decirle sí a la propuesta de las Farc y no dejarse meter en ese escenario. No para abrir un espacio de negociación con el terrorismo, ni caer en la celada del “diálogo humanitario”, sea dentro o fuera del país, como lo sugirió “desinteresadamente” el camarada Carlos Lozano (se les hace agua la boca meter a Brasil).

Hay que retomar la iniciativa. Pedir a las Farc la lista de delincuentes que quieren que se excarcelen y estar dispuesto a hacerlo, excepto cuando se trate de autores de crímenes de lesa humanidad o de personas que no desean volver a las armas. El gobierno no puede entregar a éstos últimos so pena de convertirse en cómplice de su inminente secuestro y asesinato por la guerrilla.

Decirle sí a las Farc vale la pena siempre y cuando sea el fin del secuestro. Por eso, es indispensable que la guerrilla se comprometa a no volver a secuestrar ni a civiles, ni a militares. Si Cano se niega es porque quiere continuar secuestrando. Si acepta, estará más que justificado el costo militar que implica liberar guerrilleros porque es mayor el beneficio humano y político. Y si engañan, eso los terminará de acabar ante la comunidad internacional y subrayará lo absurdo de pensar en el “diálogo” que reclama la Conferencia Episcopal.

Entonces, sí, señores de las Farc, sí, pero sin ninguna otra modalidad de zona de despeje, ni diálogos y menos negociadores. El modelo debe ser igual al de las liberaciones recientes, eso sí, sin Morris, ni Boteros. La experiencia demuestra que esa parafernalia sobra. Solo se necesita la decisión de liberar a los secuestrados, así que nada de Catatumbos, Lozadas y Ramírez. Tampoco veeduría internacional, está probado que es más que suficiente la Cruz Roja.

Finalmente, entendido así el acto de liberación, las Farc deberán entregar también los secuestrados civiles. Es mentira que sean tan solo 9. El propio Marulanda en la carta que envío a Hugo Chávez en 2007 reconoció que son más de un centenar. ¿Dónde están los cientos restantes? Si los asesinaron, que digan a las víctimas dónde están sus fosas o que devuelvan sus cuerpos. No sobra decir que ni aún muertos se pueden comparar los victimarios, Iván Ríos y Raúl Reyes, con el heroico mayor Julio Ernesto Guevara o las demás víctimas.

Obviamente, las Farc no estarán dispuestas a nada de eso. Entonces, quedará claro que todo el sainete no es más que un intento de institucionalizar el secuestro, manipular a los colombianos y crear un aparato político en la legalidad. Presidente, por favor, déle el sí a Cano.

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CHÁVEZ FRENTE A OBAMA

Publicado el jueves 2 de abril de 2009 en EL NUEVO HERALD - Miami

RAFAEL GUARIN

Aqué juega Chávez? Bush no le gustaba, pero el nuevo presidente tampoco. Hace unos días llamó a Barack Obama ''pobre ignorante''. También le había advertido que no siguiera el ''camino torpe y estúpido del anterior gobierno'', además de conminarlo a que ''demuestre un poquito de inteligencia'' y despedirlo con un ''váyase a lavar ese palto, señor Obama''. Los venezolanos saben que significa esa ``sutil expresión''.

Pero está perdiendo originalidad. Su guión ya lo conocemos. Es el que desarrolló antes, durante y después de la Cumbre Iberoamericana de 2007. El mensaje en esa oportunidad es similar al que quiere enviar en la próxima cumbre: Latinoamérica para los latinoamericanos, es decir, defender un proceso de integración sin la participación de lo que llama imperialismo estadounidense o europeo. Por lo pronto, la rabieta ya le sirvió para calentar el ambiente previo a la Cumbre de las Américas y ganarse el protagonismo.

Esas declaraciones van más allá y evidencian una estrategia encaminada a desgastar la imagen positiva con la que el hemisferio recibió a Obama. Chávez sabe muy bien que la amenaza letal a su revolución es un presidente del ''imperio'' que penetre en las mentes y corazones de los latinos, por ser capaz de crear una nueva relación de socios basada en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la cooperación. Y nadie lo puede hacer mejor que Obama, razón por la cual necesita convertirlo en una gran frustración para la región.

El centro de gravedad de la revolución bolivariana no es el petróleo, ni la carrera armamentista, es el imaginario colectivo adverso a los Estados Unidos. Es similar el sentimiento que en el Medio Oriente facilita el reclutamiento de jóvenes por organizaciones terroristas como Hamas o Hezbolá, con las que simpatiza Chávez, o que explica que en los países de esa parte del mundo, con excepción de Israel, las encuestas detecten un apoyo importante de la población a Al Qaeda y a Osama bin Laden.

Para Chávez resulta crucial mantener el clima antinorteamericano. Su poder en Venezuela y su influencia más allá de las fronteras se ha construido sobre la base de endilgar a la Casa Blanca todos los males planetarios y en especial las desgracias que padecen los latinoamericanos. Su alianza con Irán, Rusia y China tiene como motor, en diferente grado, el elemento antiestadounidense. Más que identidad con el socialismo del siglo XXI por parte de Evo, Ortega, Correa, los Kirchner, Lugo y otros dirigentes, lo que hay es un común denominador: llegaron al poder criticando las políticas económicas asociadas a Washington.

Satanizar a Obama le sirve también a Chávez para posar de perseguido por el imperialismo. La calificación de ''pobre ignorante'' es una respuesta a la acusación de que ''exporta terrorismo'', lo que está más que comprobado. También le es útil para evadir la responsabilidad de haber convertido a Venezuela no sólo en santuario de las FARC y del ELN sino del narcotráfico, al tiempo que para esconder la grave situación de derechos humanos.

Finalmente, es un recurso para uniformar a sus compatriotas. Con la fantasía de que Estados Unidos, según Chávez, tiene un plan para invadir Venezuela, todo aquel que no se una a la cruzada contra el imperio es un antipatriota. Es previsible que potencie esa noción de enemigo ante la crisis económica y social en ciernes. Si se supera la percepción de que Estados Unidos es ''el problema'', se le cae la estantería y el fundamento que soporta la revolución bolivariana.

Obama no debe caer en la trampa de Chávez, sino pasar por encima de él. Al igual que lo ha hecho con entrevistas a medios de comunicación del Medio Oriente, debe hablarles directamente a los venezolanos, lo mismo que a los demás pueblos gobernados por líderes hostiles a Estados Unidos. Un diálogo permanente con los ciudadanos de América Latina, acompañado por hechos concretos, quiebra por la base la revolución bolivariana, desactiva el actual proceso de radicalización, neutraliza las fuerzas políticas que basan su apoyo en el odio al pueblo norteamericano y reduce la posibilidad de que nuevas organizaciones terroristas surjan en el continente. La próxima Cumbre de las Américas es la mejor oportunidad para comenzar a hacerlo.

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SOBERANÍA vs LEGÍTIMA DEFENSA

EL UNIVERSAL - CARACAS

Opinión - Miércoles 11 de marzo, 2009

Adolfo R. Taylhardat

Este tema ha vuelto al tapete de la opinión pública por la presencia en Venezuela de algunos de los principales "capos" de la narcoguerrilla colombiana. Ha trascendido que nueve miembros del Estado Mayor Central de las FARC están refugiados en Venezuela. Otros dos estarían en Ecuador. Probablemente estos elementos se han refugiado en los países vecinos para protegerse de las acciones contundentes que el gobierno colombiano viene efectuando contra la narcoguerrilla. En estas condiciones, nada más seguro que encontrar santuario en el territorio de países con gobiernos complacientes.

Primero el presidente Uribe reveló que varios de los mandos de las FARC y de la guerrilla del ELN "están residenciadas en el extranjero bajo la coartada de intelectuales". Luego la televisora colombiana RCN, seguramente con datos de fuente oficial, precisó que entre los nueve que están en Venezuela figura nada menos que Rodrigo Granda (a. Ricardo) cuya presencia en nuestro país y su subsecuente "extracción" originaron una de las peores crisis en las relaciones del teniente coronel Presidente con su par colombiano.

Para que no quede duda, los generales colombianos tienen un mapa elaborado por la inteligencia de ese país con los sitios exactos donde están ubicados los campamentos de las FARC tanto en Venezuela como en Ecuador.

Incidentalmente, al cumplirse un año de la operación del ejército colombiano contra el campamento de las FARC en Ecuador, el ministro Juan Manuel Santos reivindicó el derecho de su país a defenderse de "los terroristas" aunque no estén en territorio de Colombia. "Golpear a terroristas que sistemáticamente están atentando contra la población de un país, así estos no se encuentren dentro de su territorio, es un acto de legítima defensa y una doctrina cada vez más aceptada por el derecho internacional" dijo Santos (EU 03-03-09, Pág. 1-12). La reacción aquí no tardó en producirse. La cancillería venezolana calificó de "repudiable la actitud prepotente" del Ministro y de "amenaza a la estabilidad y la soberanía" (EU 04-03-09, Pág. 1-16).

Todo esto ha generado justificada preocupación en los altos mandos militares colombianos que no han ocultado su molestia por no poder hacer nada contra los jefes guerrilleros refugiados en países vecinos y por la posición asumida por el canciller colombiano, Jaime Bermúdez.

También ha revivido la polémica acerca de los límites de la soberanía y de la legítima defensa. El concepto de legítima defensa está consagrado tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la de la OEA, aunque con alcances distintos. Sobre la legítima defensa la Carta de la ONU (Art. 51) dice expresamente: "Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de un ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas …" mientras que la Carta de la OEA (Art. 21) reza: "Los Estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de legítima defensa, de conformidad con los tratados vigentes o en cumplimiento de dichos tratados. La diferencia consiste en que la organización regional no requiere que preceda una agresión (un ataque armado) para ejercer el derecho a la legítima defensa. Ambos instrumentos consagran también el derecho de los Estados a la soberanía pero al mismo imponen ciertas condiciones. La Carta de las NNUU exige el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales contraídas por ellos (Art. 2.2). La Carta de la OEA es más precisa. Establece que "Todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás Estados de acuerdo con el derecho internacional (Art. 10), y agrega que "El respeto y la fiel observancia de los tratados constituyen normas para el desarrollo de las relaciones pacíficas entre los Estados" (Art. 17).

En el caso presente el gobierno venezolano no solamente ha dejado de cumplir sus obligaciones internacionales sino que las viola descaradamente. La permanencia de los capos guerrilleros colombianos en territorio venezolano, que es del conocimiento del teniente coronel Presidente y recibe apoyo y hasta protección de nuestra Fuerza Armada, constituye una abierta contravención a las obligaciones contraídas en la Convención Interamericana sobre Deberes y Derechos de los Estados en caso de luchas civiles (La Habana, 20-02-1928) cuya actualidad, contenido y alcances fueron confirmados mediante el protocolo concluido en Washington el 1º de mayo de 1957. El artículo segundo de esa Convención obliga a los Estados a "Desarmar e internar toda fuerza rebelde que traspase sus fronteras siendo los gastos de internación por cuenta del Estado donde el orden hubiese sido alterado".

La evolución de los acontecimientos internacionales y la aparición de nuevos ilícitos internacionales han sobrepasado en muchos aspectos la vigencia del derecho internacional tradicional y se impone una revisión del concepto de legítima defensa. Los derechos de los Estados, como los derechos humanos individuales, son progresivos. Frente a una situación como la descrita, que no está contemplada en los tratados, cabe preguntar si no tiene razón el ministro Juan Manuel Santos cuando sostiene que un país, haciendo uso de su derecho de legítima defensa, debe poder actuar más allá de sus fronteras contra terroristas y subversivos que continuamente atentan contra la población y la estabilidad del Estado. Colombia no es el único país en el mundo que confronta situaciones como ésta. ¿No habrá llegado el momento de que la comunidad internacional, que ha aceptado la noción del derecho a la injerencia humanitaria, reconozca también el derecho de un gobierno a realizar acciones preventivas de legítima defensa cuando el gobierno de otro país no ha sido capaz, deliberadamente se ha abstenido, o intencionalmente se presta para que se produzcan situaciones que puedan originar esas acciones? Todo ello, por supuesto, dentro de los límites estrictos que imponen la naturaleza y la efectividad de la acción a realizar como ocurrió en Ecuador. Es un planteamiento debatible y por eso dejo la pregunta en el aire

Finalmente, la advertencia que acaba de lanzar el teniente coronel Presidente a su colega colombiano es tan, o hasta más grave aún, que lo que dijo Juan Manuel Santos. Cuando anunció que ordenará "prender los tanques y los Sukhoi", profirió una amenaza de agresión contra el país vecino. Además, dicho eso públicamente por un jefe de Estado incurre en una amenaza a la paz y a la seguridad internacional.

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OBAMA Y LA LEGÍTIMA DEFENSA DE COLOMBIA

EL NUEVO HERALD - Publicado el domingo 22 de marzo de 2009.

By RAFAEL GUARIN

Según el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, es legítima defensa ''golpear a terroristas que sistemáticamente están atentando contra la población de un país, así estos no se encuentren dentro de su territorio''. Tales declaraciones produjeron urticaria en los presidentes de Ecuador y Venezuela. Rafael Correa anunció que ''si el gobierno colombiano continúa con [esas] doctrinas nos encontrará preparados'' y Hugo Chávez amenazó con mandar ``prender los aviones Sukhoi y los tanques de guerra''.

Conocedores de las reglas de la propaganda de guerra, ambos mandatarios se colocaron desde el principio en papel de víctimas. Así, esas advertencias militares se presentan como el derecho de defensa ante un estado agresor. Una hábil maniobra que esconde la realidad del juego político y militar en la región.

Pero las cosas hay que ponerlas al derecho. Colombia y su política de combate a las guerrillas y al narcotráfico no son una amenaza para nadie, excepto para esos grupos y sus aliados. Segundo, el bombardeo no fue una agresión contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de Ecuador, sino una operación antiterrorista. Además, fue la última alternativa ante la falta de cooperación en la lucha contra el terrorismo por parte de la administración de Correa.

No hay que olvidar que el gobierno colombiano reiteradamente le informó sobre la ubicación de campamentos de las FARC, igual que hizo con Venezuela: el propio Alvaro Uribe en 2007 le notificó personalmente a Hugo Chávez, con testigos de por medio, las coordenadas del lugar en que se ocultaba en ese país Iván Márquez. Por supuesto, no ocurrió nada, sus gobernantes convirtieron esos territorios en santuarios de las FARC. Aún cabecillas farianos y del ELN encuentran en ellos refugio.

Retomando el discurso de Chávez, el ministro de Defensa ecuatoriano, Javier Ponce, afirmó que su país sólo restablecería relaciones con Colombia cuando ''renuncie a esa rémora de la doctrina de Bush''. El problema para Chávez y Correa es que esa doctrina es ahora la del presidente Barack Obama. Recordemos:

Durante la crisis de marzo de 2008 Obama respaldó abiertamente el bombardeo a las Farc en territorio ecuatoriano. Como lo resaltó en una entrevista su asesor para América Latina, Frank Sánchez, ``ni Bush habló tan abiertamente apoyando a Uribe en eso''.

En mayo de 2007 dijo en Miami que respaldaría el derecho de Colombia de atacar a los terroristas que se encontraran en otros países y que ''haremos que se aclare cualquier apoyo que otros vecinos estén dando a las FARC''. El presidente Obama no se quedó ahí: ese ``comportamiento debe ser expuesto a la condena internacional, aislamiento regional, y, si se necesita, fuertes sanciones. No se puede tolerar.''

La cuestión es que ''el comportamiento'' al que alude el presidente estadounidense no ha cambiado. Hace sólo unos días ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, el director de la Agencia de Inteligencia para la Defensa, teniente general Michael Maples, reconoció que el presidente Chávez todavía apoya a las FARC. Las declaraciones del presidente Uribe sobre que miembros de la cúpula guerrilla están en el exterior tiene nombre propio: Venezuela.

Es natural que a Chávez le pase un escalofrío y arme escándalo. Hace tan sólo unos días Obama dijo al New York Times estar de acuerdo, en determinadas situaciones, en capturar terroristas en el extranjero sin contar con la colaboración del país en que se esconden y operan. Específicamente cuando ese país no está ''dispuesto a perseguirlo''. Nada más parecido a lo ocurrido con el gobierno de Correa respecto a Raúl Reyes o lo que sigue sucediendo en Venezuela con parte de la cúpula fariana y del ELN.

La soberanía, a que se apela para impugnar operaciones antiterroristas en territorio foráneos no es absoluta y es una garantía para la existencia e independencia del estado, no una gabela para violentar el derecho internacional, en este caso, las normas que obligan a los gobiernos a luchar contra el terrorismo y que los inhiben de ``organizar, instigar, ayudar o participar en actos de terrorismo en otro estado o de consentir actividades organizadas dentro de su territorio encaminadas a la comisión de dichos actos''.

El año pasado Obama indicó a la agencia EFE que antes de un diálogo diplomático serio con Venezuela se debía conocer ''por completo'' la relación de su gobierno con las FARC. Lo mismo debería aplicarse frente a Ecuador. Presidente Obama, ya es hora que cumpla su promesa de campaña y le pida cuentas a Chávez y a Correa.

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BOCHORNOSA LEGÍTIMA DEFENSA

El País, Cali - Marzo 08 de 2009

RAFAEL NIETO LOAIZA

De “episodio bochornoso” calificó Samper el bombardeo a ‘Raúl Reyes’. Y agregó que Colombia no podía comportarse como un “matón” y “debía respetar el derecho internacional”. No compro las pretensiones de internacionalista del ex Presidente. Creo más bien que está sacándose un clavo con Juan Manuel Santos, su enemigo desde el aciago 8.000.

Las declaraciones, sin embargo, no son apenas una muestra de los enconos que anidan en el alma del ex mandatario. Allá él con sus rencores. Ocurre que lo que dice es falso y peligroso. Falso porque Colombia nunca se ha comportado como un “matón”, y porque en la operación contra “Reyes” no violó el derecho internacional. Peligroso porque politiza en el peor sentido de la expresión, un asunto vital para la seguridad y la defensa nacionales, y alienta el uso de territorios extranjeros por grupos ilegales. Y porque da nuevo pie a los reclamos de Correa y sus compadres contra Colombia y los incita a continuar sus relaciones clandestinas con los terroristas.

Como lo dijo el Ministro de Defensa y lo afirmara el presidente Uribe el año pasado, el ataque contra ‘Reyes’ fue “un acto de legítima defensa”. Así lo reconoce expresamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, por cierto, define cuando la fuerza se ejerce de conformidad con el derecho internacional. Basta leer las resoluciones 1368, 1373 y 1378 del Consejo, donde se reconoce el “derecho inmanente de legítima defensa” y se condena a “los talibanes por haber permitido que el Afganistán fuera utilizado como base para la exportación del terrorismo por la red Al-Qaida y otros grupos terroristas, y por haber amparado a Osama Bin Laden, Al-Qaida y otros asociados”. Es decir, acepta el uso de la fuerza contra los terroristas asentados en otros estados y censura a los que les dan refugio. Así las cosas, la posición del Consejo de Seguridad, basada en la Carta de la ONU y en el derecho internacional público, al mismo tiempo que avala la acción colombiana reprueba los contactos del gobierno de Correa con las Farc y su consentimiento a su presencia en Ecuador.

De manera que si de derecho internacional se trata, la conducta reprochable es la ecuatoriana. Es verdad que, sin embargo, la OEA y el grupo de Río se opusieron a la intervención. Habría que advertir que ambas entidades son políticas y en ellas la presencia de amigos de Chávez y Correa es masiva. Y que no tienen autoridad para definir las reglas del derecho internacional. En el Consejo de Seguridad de la ONU no hubiera habido condena a Colombia.

Aclarado lo jurídico, hay que mirar el asunto desde sus consecuencias prácticas. Y ahí tienen razón los militares. Colombia no puede renunciar a su derecho a la legítima defensa sin crear una brecha gravísima a la seguridad y la defensa nacionales. Si los terroristas tienen la certeza de que no serán combatidos si reciben protección de gobiernos extranjeros, usarán esos territorios. Y los gobiernos de extrema izquierda afianzarán sus relaciones con los criminales ¿Habrá que decir que era exactamente eso lo que venía pasando?

No se trata de provocar, y por eso las declaraciones de Santos fueron ciertas pero innecesarias, pero no será con apaciguamientos que salgamos adelante contra el terrorismo.

LA LEGÍTIMA DEFENSA

Revista Semana - 7 de marzo de 2009

ALFREDO RANGEL

La legítima defensa es el primer e indiscutible derecho de cualquier comunidad política. Es un derecho irrenunciable. Hacerlo sería invitar a la agresión ilegal e impune de terceros. Por eso, al apelar a ese derecho, el ministro Juan Manuel Santos solamente ratificó algo que es lícito y está contemplado en el derecho internacional. De ahí que sea
sorprendente la discusión sobre si Colombia debe o no reivindicar ese derecho. En cualquier país serio es algo obvio que no amerita discusión.

En su política internacional, Colombia ha sido tradicionalmente un país muy apegado a las vías del derecho y absolutamente inclinado a actuar en cooperación con otros países para alcanzar propósitos comunes. Por esta razón, el presente gobierno sigue privilegiando la búsqueda de la cooperación con países vecinos en temas tan sensibles como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. No se ha cansado, por ejemplo, de proponerles decenas de fórmulas de cooperación para garantizar la seguridad fronteriza. Lo hace y lo seguirá haciendo.

Pero lo anterior no puede ser óbice para que en casos extraordinarios y como recurso extremo y excepcional, Colombia apele al derecho a la legítima defensa para proteger su seguridad nacional, cuando sea objeto de agresiones ilegítimas. Fueron los casos que desembocaron en la captura de 'Granda' en Venezuela y el abatimiento de 'Reyes' en Ecuador. Habida cuenta de las permanentes intenciones violentas y las constantes acciones armadas de las Farc contra el Estado y la sociedad colombiana, la presencia tolerada y protegida de este grupo irregular en Venezuela y Ecuador -desde donde se realizaban ataques contra nuestro país-, constituía una agresión ilegítima y persistente contra Colombia. Los gobiernos de esos países estaban, además, violando de manera flagrante y permanente la Resolución 1373 de Naciones Unidas, que es de obligatorio cumplimiento para sus miembros, y que prohíbe "financiar, albergar o proteger" a grupos terroristas, los cuales son considerados por la ONU como una amenaza a la paz internacional. Apelando al derecho a la legítima defensa, nuestra respuesta fue idónea, oportuna, proporcional y no afectó a terceros, tal y como lo exige la doctrina internacional sobre esta materia.

El sustento jurídico de la legítima defensa es el Artículo 51 de la Carta de la ONU, que dice: "Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente a la legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de Naciones Unidas". Como lo señala José Luis Vallarta Marrón, ex embajador mexicano ante la ONU, catedrático de la Unam y tratadista sobre derecho internacional, este Artículo no hace limitación expresa al ataque armado de un Estado contra otro Estado, por lo tanto su aplicación no se desvirtúa ni se desnaturaliza si se ejerce la legítima defensa en caso de un ataque armado, provenga de donde proviniere.

El mismo experto señala que cuando un grupo irregular se aloja en otro país ''el Estado víctima tiene todo el derecho a defenderse". Y agrega: "En cuanto a la integridad territorial del Estado donde operan las bandas irregulares,...(su) falta de control (...) justificaría la acción de legítima defensa". Y más adelante añade que si ese Estado "tolera o permite el ataque...(de bandas irregulares)... el mismo sería imputable al Estado que las aloja e incurriría en responsabilidad". Concluye que esto es compatible con la opinión de la Corte Internacional de Justicia "si se comprueba la complicidad, franca tolerancia o incapacidad del Estado que aloja a los terroristas". Adicionalmente, las Resoluciones del Consejo de Seguridad, que legalizaron la intervención en Afganistán luego del 11 de septiembre, son de hecho una ampliación del concepto de legítima defensa para los casos de terrorismo no atribuibles a un Estado.

Finalmente, es injusto criticar al ministro Santos por decir ahora lo mismo que la Cancillería había dicho hace un año, y lo que el presidente Uribe ratificó hace apenas dos semanas en Buenaventura, a saber: "Los jefes (de la guerrilla) están cobardemente en el extranjero. Allá discreta pero eficazmente les llegaremos. Mientras yo sea Presidente de Colombia, nada nos hará renunciar a llegar en algún momento al extranjero tras esos bandidos". No ha habido entonces ninguna diferencia entre Santos, la Cancillería y el Presidente, y la apelación al derecho a la legítima defensa, como recurso excepcional y en las circunstancias y condiciones que la Ley señala, es una parte irrenunciable de nuestra actual doctrina de seguridad nacional. Y está muy bien que así sea. A pesar de las pataletas de adentro y de afuera.

LA CRIMINALIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN ¿FUNCIONA?

Publicado en Conexión Colombia - 18 de marzo de 2009

SILVIA TRUJILLO

La mayoría de las sociedades se han construido históricamente a partir de la diversidad de etnias y culturas. Las ciudades se han caracterizado desde su nacimiento por la heterogeneidad y la complejidad cultural y económica.

Las migraciones han sido vitales en estos procesos de construcción. Hace algunas décadas, la migración, además de proceso natural, empezó a convertirse en una opción de supervivencia. Las brechas económicas y sociales, propias del capitalismo y la globalización, convirtieron al desplazamiento entre estados (principalmente del Sur al Norte) en una alternativa de vida para miles de personas.

En muy poco tiempo el fenómeno se tornó masivo. La rapidez y la cantidad de personas en movimiento se convirtieron en un tema prioritario en las agendas gubernamentales. Y con razón. Los flujos migratorios evidenciaron una multiplicidad de problemas reales (fuga de cerebros, escasez de mano de obra, satisfacción de necesidades básicas) a la vez que se convirtieron en excusas electorales y de discriminación.

Los puntos en común de las medidas que los países receptores han tomado en el último tiempo son, que han abordado a la migración desde una perspectiva negativa y que la han tratado de evitar a toda costa. En cierto sentido se ha “criminalizado” al inmigrante.

Un claro ejemplo de lo anterior es lo ocurrido en Italia hace pocos días. El senado aprobó dos enmiendas a la Ley de Inmigración, con el fin de endurecer la norma. La primera autoriza a los médicos a denunciar a los inmigrantes irregulares que acudan a utilizar sus servicios; y la segunda, establece penas de hasta 4 años de cárcel para personas que después de haber sido deportadas, regresen a territorio italiano. Estas son las últimas medidas de una serie que se ha venido dando en los países de la Unión Europea, desde la aprobación en junio de 2008 de la “Directiva de Retorno”

Al parecer, los gobernantes europeos no han entendido que las sanciones de este tipo no han sido exitosas para frenar la llegada de inmigrantes, y que por el contrario, lo que hacen es profundizar la segregación.

Basta con analizar la decisión de quien decide emigrar. Las personas abandonan sus países de origen por múltiples razones, pero una fácilmente generalizable es la de mejorar sus condiciones de vida. Los emigrantes se trasladan siendo concientes de que al hacerlo están arriesgando su propia vida, ya sea hacinándose en una “patera”, pasando meses en el mar, o poniéndose en manos de traficantes que vulneran sus derechos. El punto es, si estas personas están dispuestas a dar su vida en el trayecto, ¿las desmotivará la posibilidad de pasar algunos años en la cárcel?

En ese sentido, la medida no será efectiva. Lo único que ocurrirá es que ahora el drama de la migración tendrá un nuevo capítulo: la vulneración del derecho a la vida, ya que no dudo que si los “ilegales” decidieron arriesgar su vida por llegar al país de destino, no vayan a hacerlo nuevamente una vez hayan alcanzado su objetivo. Es decir, no acudirán a una consulta médica por temor a ser denunciados.

Así mismo, ante esta situación se abre la posibilidad de que se violen múltiples derechos, no sólo de los inmigrantes, sino de los médicos también. ¿Se estará facilitando una nueva forma de corrupción? ¿Se incentivará la prestación de servicios médicos clandestinos y sin garantías de salubridad? Estas son solo algunas de las repercusiones que este tipo de medidas pueden tener en el corto plazo.

La inmigración es una realidad indiscutible, y lo ha sido desde los orígenes de la humanidad. En lugar de seguir imponiendo medidas sancionatorias, que por demás han demostrado ser inefectivas, debería empezar a analizarse la problemática migratoria desde una nueva perspectiva.

Si bien es cierto que la migración y la heterogeneidad generan conflictos y problemas, también lo es que suponen ventajas considerables. Los inmigrantes son agentes de cambio social. Pero si no existen posibilidades de integración en y con la sociedad receptora, los costos serán siempre mayores que los posibles beneficios.

Se debe cambiar la perspectiva para enfrentar la cuestión migratoria y pasar de la sanción a la aceptación. Lo anterior implica que los gobiernos realicen una formulación de políticas públicas en materia de: qué tipo de mano de obra requieren, qué número de inmigrantes necesitan para fortalecer la economía local y para equilibrar las curvas demográficas, y qué número están en capacidad de recibir para dotarles de las coberturas en educación y salubridad básicas, entre otras.

Estas definiciones necesitan de la concertación entre los sectores público y privado empresarial. Si los estados receptores fortalecen el desarrollo económico local y lo traducen en la generación de políticas públicas de inmigración, la conflictividad de las migraciones podrá reducirse.

Las migraciones no van a desaparecer, y el cierre de fronteras y la criminalización de los inmigrantes no han dado resultados positivos. Seguir generando políticas con el fin de que cesen los movimientos es utópico y ha demostrado ser inefectivo. Hay que reconocer que las personas seguirán en continuo movimiento, y ni las amenazas de sanción o delación, lograrán imponerse sobre factores de atracción como la ilusión de tener una mejor calidad de vida para sí mismos y para sus familias.

* Silvia María Trujillo Ordóñez es politóloga internacionalista, master en Acción Política y Participación Ciudadana y directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Escuela de Política de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.