LA CANDIDEZ DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

EL NUEVO HERALD - 13 de mayo de 2009

By RAFAEL GUARIN

Hace unos días el Departamento de Estado publicó su informe ''Country Reports on Terrorism 2008''. Contiene un examen sobre las organizaciones terroristas y la actuación de los gobiernos en 142 estados. A pesar de las múltiples pruebas y de que el propio Comando Sur sabe de la confabulación del gobierno venezolano con las FARC y el ELN, no se incluyó a este país entre aquellos que patrocinan el terrorismo.

El asesinato de 8 soldados por parte de las FARC, en un ataque planificado y lanzado desde territorio venezolano, efectuado a finales de abril, colocó nuevamente el tema sobre la mesa. Aunque medios de comunicación y analistas se tragaron completo el anzuelo lanzado por Chávez y creyeron que su apoyo a las guerrillas ya estaba superado, no es así. A su manera, el propio teniente coronel lo reconoció. Hace un mes dijo que ''difícilmente alguien pueda decir que soy enemigo de las FARC. No soy su aliado ni su protector y tampoco su enemigo''. Ante la solicitud de ayuda de Uribe para que la Fuerza Armada Nacional venezolana persiguiera y capturara a los asesinos, evidenció que no lo hará porque eso involucraría a su país en el conflicto colombiano. Fue contundente, ''no valdrá presión de ningún tipo'' que lo obligue a combatirlas.

Pero en aras de expandir la ''revolución bolivariana'' y construir la ''patria grande'', Venezuela ya está involucrada en la situación colombiana. No se puede olvidar que el año pasado Chávez hizo explicito su apoyo a las guerrillas brindándoles cobertura política, propugnando por otorgarles estatus de beligerancia y ofreciéndoles financiación, que no se sabe si finalmente se concretó. Es conocido, además, el continuo flujo de munición y armamento, así como la complicidad frente a la instalación en Venezuela de campamentos guerrilleros, donde se mantienen secuestrados. En uno de ellos se esconde Iván Márquez, responsable del Bloque Caribe que asesinó a los soldados.

Sin embargo, en este tema el informe del Departamento de Estado lo trata con guantes de seda. Se equivoca gravemente en el diagnóstico al afirmar que es la simpatía ideológica de Chávez con las FARC y el ELN la razón que limita la ayuda a Colombia en la lucha contra el terrorismo, desconociendo que no se trata sólo de un problema de cooperación, sino de algo mucho más grave: complicidad con ambos grupos.

Las relaciones que mantiene con las FARC y el ELN no son humanitarias, tampoco improvisadas. Son una política del estado venezolano. La mejor prueba la proporciona el Departamento del Tesoro. En septiembre de 2008 incluyó en la llamada ''Lista Clinton'' a la mano derecha de Chávez, el ex ministro del interior Ramón Rodríguez Chacín, al igual que al director de Inteligencia Militar (DGIM) y al director de Servicios de Prevención e Inteligencia (DISIP). Los tres están implicados en actividades de narcotráfico relacionadas con las FARC. Según Adam J. Szubin, director de la la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, ''armaron, patrocinaron y financiaron a las FARC''. Nadie puede pensar que los tres altos funcionarios realizaran esa labor si no fuera porque estaban ejecutando una política y cumpliendo órdenes de Chávez.

Pero el informe trae un monumento a la candidez. Afirma que Chávez cambió de rumbo al pedir públicamente la liberación incondicional de los secuestrados y decir que la lucha armada estaba fuera de lugar en América Latina. ¡Qué ingenuidad! Ambas declaraciones eran maniobras en una coyuntura en que se comenzaba a sentir la presión internacional. Con habilidad generaron esa percepción, cuando en realidad eran una distracción para quedarse en la misma posición.

No existe tal cambio. Por el contrario, el gobierno de Chávez ratificó la decisión de convertir el territorio venezolano en un refugio y en un espacio para que las FARC se organicen, realicen adoctrinamiento, propaganda y contactos clandestinos con otros gobiernos y organizaciones, bajo la mampara de la Coordinadora Continental Bolivariana, su brazo internacional. En marzo pasado, para conmemorar el aniversario de la muerte de Manuel Marulanda se inauguró en Caracas, con amplia publicidad, una ''Escuela de Formación'' de las FARC.

El gobierno de Obama debe estudiar con más seriedad el tema, no sea que la historia se repita. Rohan Gunaratna recuerda que aún después del primer atentado, en 1993, contra el World Trade Center, ''las autoridades norteamericanas cerraron los ojos ante la existencia de un entorno extremista dedicado a proporcionar personal y recursos para la yihad en distintas partes del mundo''. La atención la colocaron después de los carros bomba contra dos embajadas norteamericanas en el Cuerno de Africa. Ya era demasiado tarde.

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SINDICALISTAS ASESINADOS: UNA CONTABILIDAD RETORCIDA

Publicado en: Blog “Debate Nacional”

Por Libardo Botero*

Mayo 3 de 2009

Para el gobierno van 10 sindicalistas asesinados este año. Las centrales obreras, siguiendo su fuente dilecta, la Escuela Nacional Sindical (ENS), apuestan por 9, un poco menos como cosa rara. Yo pienso que pueden ser más. Hace poco un líder sindical me informaba del asesinato por delincuentes comunes, de un miembro de su organización; pero se niega a reportarlo pues no comparte el criterio de darle una connotación política que no tiene. Nos duele y repudiamos el asesinato de cualquier compatriota, ¿pero qué sentido tiene esta cruel contabilidad?

Somos el único país en el mundo que tiene una entidad dedicada a registrar esa cuenta fatídica, la ENS, y a edificar sobre ella un mito: que somos el país más peligroso del mundo para el sindicalismo. Hay una especie de morbo en rebuscar muertos a tutiplén para elevar la suma lo más alto posible y enrostrarla al gobierno, pese al evidente descenso de los casos. La Confederación Sindical Internacional reprodujo hace unas semanas la información de sus pares colombianos sobre 4 sindicalistas muertos, cuando ya se había aclarado que dos no eran sindicalistas y un tercero murió de infarto y no asesinado. A la CSI solo le interesa difundir la versión que le llega y parece regodearse con ello.

Para la lista cualquier tipo de muerto vale, con tal de presentar un “genocidio” contra el sindicalismo por obra y gracia del gobierno y los empresarios. Pero la realidad es que la inmensa mayoría de los muertos no lo son por su calidad de sindicalistas, y los autores principales son guerrilleros, paramilitares o delincuentes comunes. Acaba de declarar el Fiscal Mario Iguarán: “En los dos últimos años se ha proferido más del 73 por ciento del total de las sentencias condenatorias que por asesinato de sindicalistas se han dictado en la historia judicial de este país. Y los culpables son las Auc, la guerrilla y la delincuencia común. Si bien se han asesinado sindicalistas en razón de su actividad, debe anotarse que en un buen número de casos son ultimados por causas ajenas a su calidad de sindicalistas. En otros casos, hemos concluido que la responsabilidad es atribuible a miembros de la Fuerza Pública, pero no hay un solo caso donde se evidencie que ello es una política del Estado o del empresariado colombiano”. Nada de eso se reconoce pues se quiere mostrar lo contrario a toda costa.

Tengo la sospecha de que nuestra situación no es diferente a la de otros países, o inclusive de menor cuantía, pero en ninguna otra parte tienen una entidad especializada en llevar esa estadística, ni grupos interesados en magnificarla y deformar el fenómeno. EEUU, por ejemplo, tiene un total de homicidios similar al de Colombia, entre 16 y 17 mil por año; y una tasa de afiliación sindical 3 veces superior a la nuestra, con unos 16 millones de miembros. Solo en los lugares de trabajo son asesinadas alrededor de 1.000 personas al año. La probabilidad de que un sindicalista sea asesinado –por diversas causas, ajenas a su afiliación- es significativa; es presumible que algunos centenares de sindicalistas mueran asesinados cada año. Y así puede ocurrir en México o Brasil, entre otros, con mayor sindicalización que nosotros, población más elevada y grados importantes de violencia. Pero no llevan esa contabilidad retorcida ni sufren la saña enfermiza que Colombia.

Según datos de la Fiscalía, en 2005 en Colombia fueron asesinados 1.294 comerciantes, 1.050 desempleados, 949 agricultores, 800 personas de oficios varios, 545 albañiles, 446 estudiantes, 428 guerrilleros, 381 vendedores ambulantes, 375 conductores, 236 soldados profesionales, entre otros grupos sociales. El mismo año la ENS reportó 72 sindicalistas asesinados y el gobierno 40. La tasa de homicidios del país es de 33 por cien mil habitantes, de 86 para policías y para los sindicalistas de apenas 5. Ser sindicalista es menos peligroso que ser comerciante, agricultor, albañil, estudiante o soldado. Pero para el mundo solo cuentan los asesinatos de sindicalistas. El resto de colombianos no tiene dolientes. Si aquella cifra baja a cero, así la degollina siga para el resto, bienvenidos serán el TLC, el Plan Colombia o el Acuerdo con la UE. ¿Podemos seguir permitiendo esa lógica perversa?

* Economista. Analista e investigador del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC).

UNA ALIANZA CLAVE EN TIEMPO TURBULENTOS

Publicado en Semana.com - Martes 5 de mayo de 2009

ROMÁN ORTIZ

Durante las pasadas semanas, se han multiplicado las críticas contra la “relación especial” entre Washington y Bogotá que ha constituido la apuesta central de la política exterior colombiana durante los pasados años. Una parte de los señalamientos han venido de las habituales posiciones de izquierda que sostienen el carácter dañino de una alianza con Estados Unidos a la vista de su naturaleza desquilibrada y su potencial para alejar a Colombia de sus supuestos “socios naturales” latinoamericanos.

Pero además, al tradicional coro antinorteamericano, se han añadido algunas voces desde la derecha que nada bueno esperan del nuevo inquilino demócrata de la Casa Blanca, menos dispuesto a apoyar las campañas antiterroristas de sus aliados y más inclinado a enfatizar los cuestionamientos sobre derechos humanos. En cualquier caso, venga de donde venga, la nueva oleada de nacionalismo “anti-gringo” olvida que el papel de Estados Unidos como socio estratégico de Colombia resulta irremplazable. En consecuencia, más que lanzar ataques demagógicos, parece urgente fortalecer una alianza cuyo valor estratégico resulta creciente para ambos países.

El Partido Demócrata y un sector de la administración Obama no lo están poniendo fácil a aquellos que defienden la necesidad de mantener la asociación estratégica entre Colombia y Estados Unidos.

Primero, fue la congelación del Tratado de Libre Comercio en el contexto de la carrera electoral por conquistar la Casa Blanca.

Luego, ha venido la modificación del Plan Colombia decidida más en función de las preferencias ideológicas de algunos congresistas estadounidenses que a partir de un análisis balanceado de donde pueden tener mayor impacto estratégico los menguantes dólares de asistencia económica y de seguridad. Entretanto, algunos líderes demócratas han dado muestras de un irritante doble rasero que les permite denunciar sin concesiones a Colombia por problemas de derechos humanos o ineficiencias en la justicia mientras no han tenido inconveniente en defender la necesidad de dialogar con tiranos como Bashar al Assad de Siria acusado de asesinar opositores dentro y fuera del país.

Las consecuencias de esta cadena de desencuentros han provocado un enrarecimiento del clima de confianza entre los dos gobiernos. Y sin embargo, ambos países se necesitan. Para Colombia, la relevancia de Estados Unidos resulta evidente tanto desde el punto de vista económico como de seguridad. Pero al mismo tiempo, la capacidad de Washington para proyectarse sobre el continente tiene bastante que ganar de una alianza estrecha con Bogotá.

De momento, las perspectivas de algunos académicos estadounidenses sobre la construcción de un orden hemisférico basado en una relación triangular entre Estados Unidos- México – Brasil están chocando con la realidad. Los efectos combinados de la guerra contra los carteles de la droga, la recesión económica y ahora la epidemia de gripa porcina prometen obligar al Estado mexicano a replegarse sobre si mismo. Entretanto, resulta difícil de concebir como las relaciones entre los estadounidenses y Brasil van a poder desprenderse de la ambigüedad entre cooperación y competencia que las han marcado tradicionalmente. Sin duda, existen un buen número de temas en los que Washington y Brasilia van a colaborar sin inconvenientes.

Pero también hay una lista de cuestiones relevantes – desde la crisis boliviana hasta la proliferación de armas nucleares – donde las diferencias se harán visibles tarde o temprano. En tales circunstancias, la influencia de la diplomacia estadounidense se beneficiaría notablemente de contar con socio en la región como Colombia. Dicho en otras palabras, existe el espacio geopolítico para que las relaciones Estados Unidos-Colombia se desarrollen en la dirección que tomaron en su momento los vínculos de Washington con Turquía o Tailandia.

Sin perder de vista el potencial de la relación bilateral, resulta imprescindible ser conscientes del momento por el que atraviesa la política estadounidense. Con apenas cien días de vida, la administración Obama todavía esta definiendo su estrategia exterior. Bajo tales circunstancias, las batallas entre los sectores pragmáticos del ejecutivo y aquellos afiliados a las posiciones más ideológicas del Partido Demócrata provocarán ambigüedades en el comportamiento de la Casa Blanca. Al mismo tiempo, la profundidad de la crisis económica reducirá la capacidad de Estados Unidos para respaldar a sus aliados. En este contexto, se deben entender las señales emitidas por Washington sobre la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio sea ratificado.

Para que estas perspectivas puedan materializarse, será necesario resolver dos cuestiones. Primero, la administración Obama tendrá que alcanzar un consenso sobre las condiciones bajo las que otorgará su respaldo al Tratado. Segundo, se tendrán que superar las barreras que los sectores opuestos a la liberalización del comercio entre Colombia y Estados Unidos tratarán de poner en el Congreso. Ambas tareas demandarán tiempo y esfuerzo.

Entretanto, la relación bilateral puede encontrar otros intereses comunes sobre los que crecer. A finales del presente año, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, expulsará de la base ecuatoriana de Manta a un pequeño número de aviones de vigilancia electrónica norteamericanos comprometidos en el combate al narcotráfico. La decisión de Quito dañará los esfuerzos destinados a frenar el flujo de drogas en el Pacífico. Bogotá, que comparte con Washington el interés en desmantelar el negocio de la droga, debería alcanzar un acuerdo para permitir que los aparatos estadounidenses operen desde su territorio.

Al mismo tiempo, soldados colombianos se unirán próximamente a las fuerzas internacionales en Afganistán donde EE.UU. está reclamando más apoyo para estabilizar el país centroasiático. Se trata de un contingente reducido que debería crecer a medida que Colombia pueda desprenderse de algunas tropas adicionales para destinarlas a misiones en el exterior.

Las alianzas son como cualquier relación. Suelen atravesar por altibajos marcados por el debilitamiento de la confianza entre las partes. La mejor forma de resolver estas dificultades suele ser demostrar compromiso y actuar con generosidad.

*Román D. Ortiz es Coordinador del Área de Estudios de Seguridad y Defensa
Fundación Ideas para la Paz

SALIDA Y VOZ PARA EL FINAL DE ETA

22 de abril de 2009 - Diario ABC - Madrid

ROGELIO ALONSO

En su libro Salida, voz y lealtad (1970) Albert Hirschman propuso unas variables con las que analizar el funcionamiento de empresas en crisis. Con el agravante que supone el carácter criminal y fanatizado de los terroristas, su aplicación a una organización terrorista es útil para examinar cómo podría alcanzarse el final de ETA. Hirschman utilizó dos conceptos para evaluar las opciones de consumidores o miembros de organizaciones empresariales ante la disminución de los beneficios que éstas les reportaban. Por un lado, podían optar por la salida, abandonando la organización si los costes excedían a los beneficios. También podían permanecer dentro de la organización utilizando su voz para criticar su deterioro. Una eficiente política antiterrorista debería socavar la capacidad de ETA estimulando tanto las críticas internas como las defecciones, combinación que puede lograr el derrumbe del entramado terrorista. Para ello es imprescindible que se extienda y consolide entre los terroristas el convencimiento en torno a la inutilidad de su violencia y los efectos contraproducentes de la misma. De no ser así, la salida y la voz pueden surgir, pero sin devenir en el colapso de una organización terrorista cuyos líderes todavía no han extraído la conclusión que debería derivarse de su debilidad estructural.

Aunque la decadencia de ETA es progresiva debido a una intensa presión policial y judicial que constituye el más poderoso elemento de disuasión para la banda, ésta sigue sin interiorizar genéricamente que debe renunciar al instrumento que le acarrea tales costes. La documentación terrorista revela cómo la coacción estatal resulta asfixiante cuando una inclemente persecución policial confluye con medidas como la Ley de Partidos y la doctrina Parot. Estos factores han propiciado tanto la salida de activistas desencantados y agotados como la voz crítica de otros que exigían el final del terrorismo. Sin embargo, la negociación con ETA emprendida por Zapatero en la pasada legislatura derrotó importantes voces disidentes al demostrar el Gobierno que el terrorismo reportaba a ETA el rédito de una peligrosa legitimación como consecuencia de la directa interlocución mantenida. Por ello, aunque desde las cárceles se escuchan algunas voces críticas con el liderazgo, el debate interno abierto entre 2007 y 2008 ha concluido con un cierre de filas sobre la idoneidad de mantener el terrorismo. «Debemos dar lo más duro posible en su territorio y en todos los frentes, sobre todo en el militar y en el económico. Las razones que nos impulsaron a tomar las armas continúan tal cual. La lucha armada es legítima». Esta contribución de un recluso sintetiza el resultado de un intercambio de posiciones en el que la lealtad al maximalismo ideológico logró imponerse frente a expulsiones previas por articular críticas a la continuidad del terrorismo.

La documentación etarra muestra que el realismo sobre las dificultades por las que atraviesa la banda no es ajeno a la racionalización de los etarras. Sin embargo, siguen sin dar el paso ansiado por la democracia, pues desde su lógica el terrorismo continúa resultando eficaz, creencia reforzada por una reciente negociación que han podido interpretar en términos similares a los que ya expresaba el dirigente terrorista Txomin Iturbe en 1986: «Y en Euskal Herria, hasta los más tontos ven que incluso esa porquería de Estatutos que se han conseguido los han cedido por la presión de la violencia y que, si no, ni eso hubieran cedido». La negociación del marco jurídico político directamente entre ETA y representantes gubernamentales en 2006 ha reforzado esa lógica que en los ochenta ya llevó a Iturbe a advertir: «Conforme vayan fracasando las otras políticas y vean que no consiguen arrodillarnos, irán a la negociación».

En estas circunstancias sería conveniente moderar el triunfalismo sobre supuestas disidencias entre el colectivo de presos e incluso entre los líderes de la banda aireadas por algunos medios. Así ha de ser para que ante posibles atentados se evite el desánimo de una sociedad a la que se le ha prometido la inminente erradicación de ETA durante mucho tiempo. Pero también con objeto de impedir que los terroristas presenten como fortaleza la ausencia de la definitiva materialización de esa derrota tan anunciada, pero de incierta visualización. Es pues oportuno medir correctamente la acción comunicativa que con buen criterio incide en la debilidad de ETA sin ignorar que, desgraciadamente, la banda aún no ha asumido una voluntad de concluir su campaña terrorista. Este reconocimiento sirve para comprender que el final de ETA es fundamentalmente una responsabilidad de los terroristas que el Estado debe propiciar demostrando la inutilidad del terrorismo para obtener objetivos políticos.

Debe subrayarse, como sugiere el ministro del Interior, que el diálogo con ETA no volverá a producirse. Sin embargo, la disuasión que transmite disminuye al recordarse la opinión del presidente del Gobierno sobre la derrota de ETA. Al preguntarle si era posible acabar policialmente con ella, respondió: «Se puede debilitar mucho policialmente a ETA y hay que hacerlo, pero exige un gran esfuerzo del Estado y el apoyo de todos los partidos políticos.» Ante la insistencia del entrevistador sobre si mediante esos métodos sólo resultaba posible «debilitar mucho» a ETA, pero «no acabar» con ella, el presidente concluyó: «Debilitar mucho.» (20 Minutos 2/2/08).

Esa lógica da sentido a un hipotético escenario en el que la banda obtendría la recompensa de contraprestaciones a cambio de su promesa de renunciar al terrorismo. Se retroalimenta así la eficacia de una violencia que centra las reflexiones de los dirigentes etarras para cohesionar lealtades neutralizando potenciales voces críticas. Esta dinámica limita el alcance de importantes éxitos de la lucha antiterrorista, entre ellos la desmoralización de un entorno terrorista que llega a admitir: «La política carcelaria implantada hace 20 años se convertía en una gravísima agresión a presos y familiares. Pero la dispersión de 2009 tiene un alcance y unos efectos mucho más graves aún que la de 1989. Para empezar, entonces había 564 presos vascos y ahora son 739. [...] Y es seguro un fracaso vasco, en la medida en que no se ha articulado una respuesta efectiva a una situación que condiciona la vida diaria de todo un país» (Gara 19/4/09).

Ante la admisión de ese fracaso, la puerta que aún se mantiene abierta a futuras excarcelaciones anticipadas o contactos con líderes terroristas como Ternera u Otegi, a los que erróneamente se presenta como dispuestos a renunciar al terror sin concesiones, reduce el efecto disuasorio que posee la negación de cualquier expectativa de beneficio para ETA. Para que la conjunción de voz y salida desemboque en el fin de ETA, debe rechazarse la más mínima esperanza de éxito para los terroristas, trasladándoles a ellos exclusivamente la responsabilidad del problema y de su solución: «Porque hay algo importantísimo que de primeras ganaríamos sin ETA: no habría seiscientos detenidos al año. Habría treinta y, quizás, tras varios años, nadie. Viendo la flagrante diferencia entre lo que ETA nos da y lo que se nos quita en su nombre, mi dolor crece. No. Cinco muertos no lo valen. [...] ni cien, ni mil.» (Gara 6/3/03). En otras palabras, la disyuntiva de ETA debe ser el horizonte de un mal final o uno incluso peor todavía.

Rogelio Alonso es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y autor de varios libros especializados en terrorismo.

LECCIONES DE LA CORRIENTE

Publicado el 27 de abril de 2009 - SEMANA.COM -
Imagen: Bandera de la guerrilla Corriente de Renovación Socialista.

RAFAEL GUARÍN

Se cumplen 15 años del acuerdo que permitió la desmovilización de cerca de 650 integrantes de la Corriente de Renovación Socialista. La decisión de abandonar la violencia no fue fácil. La separación de la Corriente del ELN fue el primer paso. El ‘Cura Pérez’ no hacía la misma evaluación de la coyuntura que planteaban quienes abogaban por el diálogo con el gobierno. Esa situación implicó que el ELN encargara a Felipe Torres, responsable de la Escuela de Mandos Militares Urbanos, ordenar el fusilamiento de los tres voceros de la Corriente; orden que efectivamente cumplió, aunque no lograron asesinarlos

Además de una nueva valoración política, dos fueron los elementos fundamentales para dejar las armas. Primero, como lo señala Fernando Hernández, uno de los voceros, el reconocimiento que “el ciclo de la guerra revolucionaria en Colombia… se había agotado con la derrota estratégica que significó el derrumbe del socialismo real en 1989”. Luis Eduardo Celis, ex militante de ese grupo, lo dice de otra forma: “las armas ya eran un estorbo para la acción política”, “el anhelo de la sociedad no era la guerra” y” la gente no se iba a volcar a la insurrección”. Es decir, concluyeron que el proyecto armado había perdido sus referentes y no tenía viabilidad.

Segundo, la contundencia de los golpes propinados por las fuerzas militares fue definitiva para que la organización decidiera desmovilizarse. En la Corriente existieron quienes apostaban por continuar la “lucha armada” y ensayar un nuevo proyecto guerrillero. No es cierto que desde el principio todos se allanaran a entregar las armas, por el contrario, la discusión interna fue pugnaz. A la facción recalcitrante la convenció el debate y constatar que carecían de posibilidad militar alguna. Hernández cuenta que en “los primeros meses de la Corriente, recibieron golpes militares fuertes que llevaron a pensar que contraatacar era imposible. No tenía ningún sentido”.

Alguna vez León Valencia, ex guerrillero de ese grupo, me contó que los procesos de los años noventa se caracterizan porque desde el principio el M19, el PRT, el Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista se plantearon un “final cerrado”. Llegaron a la mesa a entregar las armas, desmovilizarse y convertirse en una opción democrática. Esa es precisamente la clave del éxito de los procesos con los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, también para entender el fracaso de los diálogos con las Farc.

El Secretariado mantiene incólume la fe en la violencia. Los contactos con los gobiernos los emplea para conseguir legitimidad política, difundir su mensaje y avanzar en la preparación de la insurrección. Ni en la administración de Belisario Betancur y mucho menos en la de Andrés Pastrana existió el final cerrado al que alude Valencia. Por el contrario, cada oportunidad de diálogo se adecuaba a la ejecución de su plan estratégico.

Eso parece no haber cambiado un ápice, a pesar de los resultados de la Política de Seguridad Democrática. Sin la voluntad previa e irreversible de las guerrillas de abandonar la violencia es imposible que el dialogo lleve a la paz. Con el IRA se consiguió el Acuerdo de Viernes Santo en 1998 cuando el grupo por fin optó por cesar la violencia. Con ETA ninguna iniciativa de negociación ha funcionado, a pesar de las treguas, porque nunca ha tomado la determinación de renunciar al terrorismo.

La lección que deja la Corriente es que dialogar con la guerrilla es útil únicamente cuando ha resuelto dejar las armas y reintegrarse a la sociedad. Tal decisión depende de la valoración que hacen los terroristas de la posibilidad de lograr los objetivos de su proyecto en materia política como militar. Por tanto, el aislamiento político y el rechazo ciudadano a las Farc y el ELN deben enfatizarse, al igual que aumentarse la presión militar para doblegar la voluntad de lucha de esas organizaciones.

Aunque no hubo ni verdad, ni reparación a las víctimas de la Corriente, sí se avanzó en la aplicación de justicia. Según la Corporación Nuevo Arcoiris, que agrupa a los ex militantes del grupo guerrillero, actualmente 22 de sus miembros están en las cárceles por crímenes de lesa humanidad. Estamos a tiempo para que le cuenten la verdad a Colombia sobre sus delitos y quiénes desde la legalidad hacían parte de la organización, eran sus cómplices o auxiliadores. Esa verdad aún no se ha dicho.

Nota: Esperemos que con la captura del senador Juan Carlos Martínez comience a limpiarse la política en el Valle del Cauca. Pregunta: ¿Y de la farcpolítica qué?

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27 de abril de 2009
SEMANA.COM

RAFAEL GUARÍN

Se cumplen 15 años del acuerdo que permitió la desmovilización de cerca de 650 integrantes de la Corriente de Renovación Socialista. La decisión de abandonar la violencia no fue fácil. La separación de la Corriente del ELN fue el primer paso. El ‘Cura Pérez’ no hacía la misma evaluación de la coyuntura que planteaban quienes abogaban por el diálogo con el gobierno. Esa situación implicó que el ELN encargara a Felipe Torres, responsable de la Escuela de Mandos Militares Urbanos, ordenar el fusilamiento de los tres voceros de la Corriente; orden que efectivamente cumplió, aunque no lograron asesinarlos

Además de una nueva valoración política, dos fueron los elementos fundamentales para dejar las armas. Primero, como lo señala Fernando Hernández, uno de los voceros, el reconocimiento que “el ciclo de la guerra revolucionaria en Colombia… se había agotado con la derrota estratégica que significó el derrumbe del socialismo real en 1989”. Luis Eduardo Celis, ex militante de ese grupo, lo dice de otra forma: “las armas ya eran un estorbo para la acción política”, “el anhelo de la sociedad no era la guerra” y” la gente no se iba a volcar a la insurrección”. Es decir, concluyeron que el proyecto armado había perdido sus referentes y no tenía viabilidad.

Segundo, la contundencia de los golpes propinados por las fuerzas militares fue definitiva para que la organización decidiera desmovilizarse. En la Corriente existieron quienes apostaban por continuar la “lucha armada” y ensayar un nuevo proyecto guerrillero. No es cierto que desde el principio todos se allanaran a entregar las armas, por el contrario, la discusión interna fue pugnaz. A la facción recalcitrante la convenció el debate y constatar que carecían de posibilidad militar alguna. Hernández cuenta que en “los primeros meses de la Corriente, recibieron golpes militares fuertes que llevaron a pensar que contraatacar era imposible. No tenía ningún sentido”.

Alguna vez León Valencia, ex guerrillero de ese grupo, me contó que los procesos de los años noventa se caracterizan porque desde el principio el M19, el PRT, el Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista se plantearon un “final cerrado”. Llegaron a la mesa a entregar las armas, desmovilizarse y convertirse en una opción democrática. Esa es precisamente la clave del éxito de los procesos con los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, también para entender el fracaso de los diálogos con las Farc.

El Secretariado mantiene incólume la fe en la violencia. Los contactos con los gobiernos los emplea para conseguir legitimidad política, difundir su mensaje y avanzar en la preparación de la insurrección. Ni en la administración de Belisario Betancur y mucho menos en la de Andrés Pastrana existió el final cerrado al que alude Valencia. Por el contrario, cada oportunidad de diálogo se adecuaba a la ejecución de su plan estratégico.

Eso parece no haber cambiado un ápice, a pesar de los resultados de la Política de Seguridad Democrática. Sin la voluntad previa e irreversible de las guerrillas de abandonar la violencia es imposible que el dialogo lleve a la paz. Con el IRA se consiguió el Acuerdo de Viernes Santo en 1998 cuando el grupo por fin optó por cesar la violencia. Con ETA ninguna iniciativa de negociación ha funcionado, a pesar de las treguas, porque nunca ha tomado la determinación de renunciar al terrorismo.

La lección que deja la Corriente es que dialogar con la guerrilla es útil únicamente cuando ha resuelto dejar las armas y reintegrarse a la sociedad. Tal decisión depende de la valoración que hacen los terroristas de la posibilidad de lograr los objetivos de su proyecto en materia política como militar. Por tanto, el aislamiento político y el rechazo ciudadano a las Farc y el ELN deben enfatizarse, al igual que aumentarse la presión militar para doblegar la voluntad de lucha de esas organizaciones.

Aunque no hubo ni verdad, ni reparación a las víctimas de la Corriente, sí se avanzó en la aplicación de justicia. Según la Corporación Nuevo Arcoiris, que agrupa a los ex militantes del grupo guerrillero, actualmente 22 de sus miembros están en las cárceles por crímenes de lesa humanidad. Estamos a tiempo para que le cuenten la verdad a Colombia sobre sus delitos y quiénes desde la legalidad hacían parte de la organización, eran sus cómplices o auxiliadores. Esa verdad aún no se ha dicho.

Nota: Esperemos que con la captura del senador Juan Carlos Martínez comience a limpiarse la política en el Valle del Cauca. Pregunta: ¿Y de la farcpolítica qué?

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EL FIN DEL SISTEMA INTERAMERICANO

El Nuevo Herald - 23 de abril de 2009

By RAFAEL GUARIN

Sucedió lo que se esperaba. Lula y Chávez trataron de convertir la Cumbre de las Américas en un foro procastrista. Obama, muy hábil y con nuevo tono, les dijo desde el comienzo lo que ansiaban escuchar pero al finalizar el encuentro dejó las cosas en el mismo punto: sin democracia y respeto a los derechos humanos no se puede aspirar a cambios radicales en la política estadounidense hacia Cuba.

El terreno se había preparado con esmero para presionar a Obama con el reclamo de levantar el embargo e incluir a Cuba en el sistema interamericano. El presidente brasileño hizo la avanzada en su visita a Washington luego de liderar, en diciembre pasado, la Cumbre de América Latina y el Caribe y el ingreso de Cuba en el Grupo de Río. Posteriormente, la Habana recibió a los presidentes de Panamá, Ecuador, Chile, Guatemala y Argentina. Y poco antes de la cumbre Chávez reunió al club del ALBA para alistar la ``artillería''.

Pero los padrinos del régimen castrista no son únicamente los gobiernos de izquierda sino también los de Alvaro Uribe y Felipe Calderón. Uribe dijo que el gobierno cubano ayuda a la paz y que ''comprende'' los ''esfuerzos de seguridad democrática''. Calderón, al referirse al ingreso al Grupo de Río, dijo que ''la presencia de este país hermano será muy valiosa para la construcción de un destino común con valores compartidos''. ¿De qué valores compartidos habla y qué aval moral significa la ''comprensión'' de una dictadura a la política de seguridad democrática?

Todo esto antoja por lo menos tres reflexiones. La primera: el ingreso de Cuba es el fin del sistema interamericano. A diferencia de lo que dice el presidente mexicano, la Cuba de hoy es incompatible con los principios y valores plasmados en la Carta de la OEA y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde su fundación (1948) la OEA ha sido edificada para ''promover y consolidar la democracia representativa'', garantizar ''el respeto a los derechos esenciales del hombre'' y la vigencia del estado de derecho. Cuba encarna todo lo contrario.

A pesar que la existencia de la organización coincidió con las aberrantes dictaduras de los años 70 y 80, el final de la guerra fría produjo que su principal objetivo fuera el fortalecimiento de la democracia. En 1991, el Compromiso de Santiago consagró la necesidad de procedimientos de defensa de la democracia representativa; dos años después la Declaración de Managua indicó que la OEA debía prevenir los problemas que afectan el sistema democrático. Y la tercera Cumbre de las Américas, realizada en Quebec, introdujo la cláusula democrática y dio paso a la adopción, el 11 de septiembre de 2001, de la Carta Democrática Interamericana.

¿Cómo aceptar el ingreso de una dictadura? ¿Cómo incluir un Estado que tiene como política la violación de los derechos humanos y la eliminación de la oposición democrática, el pluralismo político y la libertad de prensa? Integrar a Cuba arrasaría los principios del sistema interamericano tanto como destrozaría los fundamentos de la Unión Europea la absurda hipótesis de aceptar en su seno un país cuya organización fuera similar a la de Libia.

Segunda reflexión. Hipocresía democrática y complicidad con el régimen castrista son las reglas que rigen a los gobiernos de la región. Mientras aprueban declaraciones que aluden a la democracia representativa, el fortalecimiento de los partidos, la celebración de elecciones periódicas, libres y genuinas, abogan por un régimen que las niega.

Tercero. Es evidente que la democracia en el continente enfrenta una nueva amenaza. A la revolución bolivariana y sus conexiones con organizaciones terroristas, se adiciona la fragilidad de las convicciones democráticas de los líderes latinoamericanos. Alarma la actitud laxa y complaciente con conductas que vulneran los derechos humanos y minan la democracia representativa. En 2007 el silencio cómplice acompañó el cierre del canal Radio Caracas Televisión (RCTV) por parte de Chávez. En 2008 los gobiernos se resistieron a investigar la relación de Chávez y Correa con las FARC y ahora, con el pretendido ingreso de Cuba, se pretende acabar con el sistema interamericano.

El problema no es rechazar que Cuba se siente en la misma mesa, la cuestión es que no se puede aceptar el totalitarismo, la violación de los derechos humanos y la inexistencia del estado de derecho. Bienvenida una Cuba democrática y libre. Sólo así podría suscribir la Carta de la OEA y aceptar las obligaciones que le impone. Sería un grave error bajar el umbral actual: sin democracia, libertad y respeto a los derechos humanos no hay nada que hablar. Parece que Obama lo tiene claro.

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EL FIN DE BIG BROTHER

Foto El Nuevo Herald - MICHAEL REYNOLDS / EFE
Publicado el martes 21 de abril de 2009

By JORGE RAMOS AVALOS

Washington -- El primer viaje de Barack Obama a América Latina rompió prejuicios y esquemas que, en algunos casos, tardaron décadas en construirse. Barack Obama prometió cambios y cambios es lo que estamos viendo. En dos días el presidente de Estados Unidos ha echado a andar una política totalmente nueva hacia Latinoamérica.

Obama está dispuesto a hablar con la dictadura cubana. Eso no lo veíamos hace medio siglo. Obama saludó de mano a Hugo Chávez, a pesar de los insultos del presidente venezolano. George Bush siempre se le estuvo escondiendo a Chávez. Obama trató a México de igual a igual en la lucha contra el narcotráfico. Atrás quedó la época de las ''certificaciones'' de buena conducta de Estados Unidos al resto del continente.

Obama significa el fin del Big Brother. Como lo dijo en la Quinta Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, Estados Unidos no intervendrá en los asuntos internos de otros países de la región. Pero tampoco aceptará que le echen la culpa de todos los problemas del hemisferio. Dando y dando.

Antes de que partiera a su primer viaje a la Ciudad de México y a Puerto España, tuve la oportunidad de conversar con el Presidente en la Casa Blanca. Y, por lo que me dijo, ya se veían venir importantes cambios de política y de actitud.

''No creo que un viaje pueda cambiar una larga historia de sospechas'', me dijo, refiriéndose a la percepción generalizada de que Estados Unidos se había olvidado de América Latina por 8 años. ``Pero sí creo que podemos empezar a hacer mejoras. Independientemente de que estos gobiernos sean de centroizquierda o centroderecha, todos están concentrandos en fortalecer su economía y en mejorar las oportunidades y la educación para nuestra gente.''

El mensaje de Obama es nuevo: ``Dejemos de pelear las viejas peleas del siglo XX; ya estamos en el siglo XXI. Tenemos que asegurarnos que nuestra política exterior esté basada en el respeto mutuo y en los intereses mutuos: se acabaron los días en que Estados Unidos era el big brother y el resto de los países eran el hermano menor.''

El cambio más evidente de está nueva actitud del gobierno norteamericano es con Cuba. Obama no quiere seguir el mismo camino que los otros 10 presidentes norteamericanos que fracasaron en sacar a Fidel Castro del poder. Por eso le quitó las restricciones a los viajes y remesas de cubanoamericanos a la isla. Ahora podrán viajar y enviar todo lo que quieran. E incluso, estaría dispuesto a establecer contactos políticos y comerciales con el gobierno de La Habana.

Pero los críticos de Obama dicen que estas medidas, lejos de promover la democracia, refuerzan la dictadura. ''Ese argumento se ha hecho por 50 años y nada ha cambiado'', les respondió el Presidente. ``Así que mi actitud es que si empezamos a ver más viajes a Cuba, y si enviamos más remesas a Cuba que ayuden a las familias cubanas, entonces les vamos a dar más poder y más recursos. Con el tiempo creo que podemos cambiar la dinámica en Cuba de manera que estas medidas promuevan la libertad, el derecho a la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de viajar. El status quo durante 50 años no ha promovido la libertad y la democracia en Cuba. Estoy dispuesto a tratar cosas nuevas para romper los viejos patrones.''

El cambio en la actitud hacia México también es palpable. El sabe que los millones de norteamericanos que usan drogas y las armas estadounidenses son, en buena parte, culpables de la narcoviolencia en México. Por eso ''es importante decir que no me has oído criticar al gobierno del presidente [Felipe] Calderón acerca de la violencia allá'', apuntó. ``Al contrario, he reconocido su esfuerzo porque creo que están tomando unos pasos muy valientes y difíciles para enfrentar este problema.''

Y aunque no se quiso comprometer a prohibir el uso de armas de asalto en Estados Unidos --que muchas veces terminan en manos de narcotraficantes mexicanos--, sí propuso una nueva filosofía de responsabilidad compartida: ``Mi actitud es que Estados Unidos y México tienen que ser socios en este proceso.''

No me podía ir sin preguntarle sobre su promesa de campaña de legalizar a millones de indocumentados durante su primer año de gobierno. ¿Cumplirá su palabra a pesar de la actual crisis económica?

''Yo voy, absolutamente, a cumplir mi promesa de buscar una reforma migratoria'', aseguró. Pero dejó claro que las cosas no dependen de él únicamente, sino también del Congreso. ``No puedo garantizar que tendré una ley sobre mi escritorio antes de que termine el año. Pero lo que sí puedo garantizar es que el proceso seguirá adelante.''

¿Suspenderá las redadas hasta que haya una reforma migratoria?

''Como tú sabes, le pedí a Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad Nacional, que revise las políticas respecto a las redadas y me van a llegar sus recomendaciones. Sigo creyendo que esto no se puede resolver con redadas'' que están separando a madres de sus hijos.

Ypor último Obama habló de fútbol. Sí. El --que jugó soccer cuando era niño en Indonesia y cuyas hijas también lo han jugado-- quiere que Estados Unidos sea la sede de la Copa del Mundo en el 2018 o 2022. ''Creo que tener aquí la Copa sería algo enorme para este deporte en Estados Unidos'', concluyó. ``Es el evento deportivo más grande del mundo ¿por qué no tenerlo en Estados Unidos?''

Obama ya no quiere que Estados Unidos sea el hermano mayor del continente. Y ahora, al menos en lo que se refiere al fútbol, quiere invitar a todos a jugar a su casa. Pero a pesar de las mejores intenciones de Obama, será difícil olvidar que, en muchos sentidos, Estados Unidos sigue siendo el dueño del balón.

PERVERSO CABILDEO EN WASHINGTON

Por LIBARDO BOTERO*

Hace apenas unas tres semanas discutió la CIDH de la OEA en Washington la situación de derechos humanos en Colombia. El tema de la para-política fue presentado por la dupla León Valencia-Claudia López, de la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI). Repitieron los infundios labrados en un libro de extrema pobreza conceptual que publicaron hace más de un año, agregando ahora a la “silla vacía” la propuesta de liquidar cinco de los siete partidos de la coalición de gobierno. Al día siguiente Claudia López completó su artillería con una columna venenosa en El Tiempo, y después Valencia escribió regocijado por el cabildeo.

En un ensayo que escribí para el libro Parapolítica: verdades y mentiras (Planeta, 2008) refuté de manera detallada y contundente la metodología y contenido del libro de la CNAI. Es indignante que se persista en tesis falsas para desvirtuar el exitoso esfuerzo de desmonte del paramilitarismo realizado por el gobierno. Resumo tres tesis básicas que se siguen lanzando sin vergüenza por los “académicos” de la CNAI.

Afirman hoy como entonces que un tercio del Congreso es de filiación paramilitar. Listaron sin mucho rigor, por ejemplo, 26 senadores en 2002, que sumaban 1.741.857 votos: pero de una votación total de más de 9 millones, ese guarismo no es la tercera sino apenas una sexta parte. No solo eso. La CNAI identificó 223 municipios de influencia paramilitar en ese año, y asómbrense lo que encontré: esos 26 senadores sacaron allí apenas 573.666 sufragios, y más de 1 millón en los otros municipios; mientras tanto, los congresistas “limpios” sacaron en los 223 municipios de marras, 1.096.000 votos, casi el doble de los “sucios”. Y con votación “atípica” de más de 50% en tales municipios, solo encontré 8 de la “lista de la infamia” de 26 senadores, pero sí 12 que no estaban mencionados por Valencia y López, entre ellos conspicuos jefes de la oposición. ¿No están todos los que son? ¿No son todos los que están? ¿O la investigación de la CNAI es un fiasco?

En el libro de la CNAI asevera León Valencia que esa votación fue “un punto muy alto” para la elección de Uribe como presidente en 2002, quien ganó por una cifra “escandalosa” (¡!) de sufragios. Es decir, que Uribe fue elegido por los paramilitares, y que por ende no estaba por desmontarlos sino más bien entronizarlos en el poder, de suerte que el proceso de su desmovilización no fue tal sino el cumplimiento de un pacto. Indagué por los guarismos de marzo 11 de 2002 y hallé que Uribe perdió las elecciones al Congreso: sacó solo 28 senadores de 102. Reconstruí la lista de elegidos, por candidatos presidenciales, con nuevo hallazgo asombroso: la mayoría de los señalados hoy por la parapolítica no estaban con Uribe por esas calendas. Más contundente y paradójico: Uribe ganó en los departamentos de influencia guerrillera (oriente y sur del país) y Serpa en los de gran presencia paramilitar (como el caso de la Costa). ¿Uribe elegido por los paramilitares?

Por último: para la CNAI no hay desmonte paramilitar. Valencia afirmó hace poco que estaban en completo rearme y crecimiento. López escribió hace poco que tampoco se “desmovilizó la estructura política”. Cínicamente asevera que el cometido de Luis Carlos Restrepo es ensamblar el “parauribismo” con algunos votos de opinión, para mantener los criminales al mando del Estado en 2010. Más de 30.000 desmovilizados, 17.000 armas entregadas, cerca de 2.000 encausados por distintos delitos, más de una docena extraditados, centenas de servidores públicos enjuiciados (congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, etc.), entre otros resultados… ¡dizque son solo una patraña para esconder un acuerdo secreto! ¿Cuál? Antes dijeron que el compromiso era que no extraditaran los jefes. Ahora han virado a señalar que los extraditaron para que no denuncien ni reparen a las víctimas. ¿Mañana qué dirán? Cualquier cosa, porque dentro de esa lógica perversa todo vale, como quedó ratificado en Washington.

* Economista. Analista e investigador del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC).

PRESIDENTE: DÉLE EL SÍ A CANO

Publicado el 2 de abril de 2009 en Semana.com

RAFAEL GUARÍN

El 24 de julio de 2007 Iván Márquez afirmó en uno de sus editoriales que “el Plan Estratégico de las Farc seguirá su avance en sus dos vertientes: la vía del acuerdo nacional para la solución política, y la vía armada”. Pues bien, es exactamente lo que ha venido sucediendo. El objetivo inmediato es romper el aislamiento político de la guerrilla, demostrar el fracaso de la Política de Seguridad Democrática y quebrar la voluntad de lucha del Estado en las urnas.

La reciente afirmación del Secretariado de estar “en disposición de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable” se enmarca en esa ruta. Aunque hábilmente genera la percepción de que el escenario cambió o de que hay un giro, la verdad es que el asunto está en el mismo punto.

Por lo menos cinco posiciones de las Farc lo confirman. Cano insiste en que se trata de “prisioneros de guerra” y no de secuestrados. Segunda, las Farc exigen la ley de canje permanente, es decir, una ley de secuestro permanente de policías y soldados. Tercera, ratificaron que mantendrán las “retenciones económicas” de acuerdo a la “ley 02”, en otras palabras, que seguirán secuestrando a quien no ceda a la extorsión. Cuarta, las Farc designan voceros para una negociación, que no se requiere, tratando de justificar (quinta) un despeje territorial en otras condiciones, o ¿qué otra cosa significa que pidan “garantías efectivas” y “condiciones de modo, tiempo y lugar, y publicitados con suficiente anticipación”? No es cierto que hayan renunciado al despeje.

Con el anuncio las Farc pretenden probar que el gobierno es el responsable de que no se realice el “acuerdo humanitario” y seguir trabajando en la creación de un ambiente favorable para la elección de un nuevo presidente que prefiera la negociación y enviar las tropas a los “cuarteles”, que una política de firmeza contra el terrorismo.

Las liberaciones de febrero y las que se anuncian corresponden a la misma maniobra que hicieron durante la campaña presidencial de 2006. Ya nadie se acuerda de eso. Las Farc montaron un espectáculo mediático para entregar a dos agentes de policía a Álvaro Leyva, el candidato del “Arca de Noé” y de Marulanda, con el objetivo de interferir la agenda electoral y modificar las preferencias ciudadanas. En ese momento no les funcionó. Leyva no subió en las encuestas. En cambio, ésta vez, luego de las liberaciones Piedad aumentó su popularidad y los periodistas de los principales medios de comunicación inocentemente salieron a exaltarla.

Lo de hoy es la misma lógica y objetivos farianos de 2006. Pero lograr ese propósito no es tan difícil como suele pensarse. Según el estudio “La Cultura de la Democracia en Colombia”, adelantado por Vanderbilt University y la Universidad de los Andes, el 66.3 por ciento de los colombianos en 2007 opinaban que la negociación es la mejor opción para “solucionar el conflicto con la guerrilla”.

El presidente Uribe debe decirle sí a la propuesta de las Farc y no dejarse meter en ese escenario. No para abrir un espacio de negociación con el terrorismo, ni caer en la celada del “diálogo humanitario”, sea dentro o fuera del país, como lo sugirió “desinteresadamente” el camarada Carlos Lozano (se les hace agua la boca meter a Brasil).

Hay que retomar la iniciativa. Pedir a las Farc la lista de delincuentes que quieren que se excarcelen y estar dispuesto a hacerlo, excepto cuando se trate de autores de crímenes de lesa humanidad o de personas que no desean volver a las armas. El gobierno no puede entregar a éstos últimos so pena de convertirse en cómplice de su inminente secuestro y asesinato por la guerrilla.

Decirle sí a las Farc vale la pena siempre y cuando sea el fin del secuestro. Por eso, es indispensable que la guerrilla se comprometa a no volver a secuestrar ni a civiles, ni a militares. Si Cano se niega es porque quiere continuar secuestrando. Si acepta, estará más que justificado el costo militar que implica liberar guerrilleros porque es mayor el beneficio humano y político. Y si engañan, eso los terminará de acabar ante la comunidad internacional y subrayará lo absurdo de pensar en el “diálogo” que reclama la Conferencia Episcopal.

Entonces, sí, señores de las Farc, sí, pero sin ninguna otra modalidad de zona de despeje, ni diálogos y menos negociadores. El modelo debe ser igual al de las liberaciones recientes, eso sí, sin Morris, ni Boteros. La experiencia demuestra que esa parafernalia sobra. Solo se necesita la decisión de liberar a los secuestrados, así que nada de Catatumbos, Lozadas y Ramírez. Tampoco veeduría internacional, está probado que es más que suficiente la Cruz Roja.

Finalmente, entendido así el acto de liberación, las Farc deberán entregar también los secuestrados civiles. Es mentira que sean tan solo 9. El propio Marulanda en la carta que envío a Hugo Chávez en 2007 reconoció que son más de un centenar. ¿Dónde están los cientos restantes? Si los asesinaron, que digan a las víctimas dónde están sus fosas o que devuelvan sus cuerpos. No sobra decir que ni aún muertos se pueden comparar los victimarios, Iván Ríos y Raúl Reyes, con el heroico mayor Julio Ernesto Guevara o las demás víctimas.

Obviamente, las Farc no estarán dispuestas a nada de eso. Entonces, quedará claro que todo el sainete no es más que un intento de institucionalizar el secuestro, manipular a los colombianos y crear un aparato político en la legalidad. Presidente, por favor, déle el sí a Cano.

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