Actuación ejemplar del Ejército de Colombia

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Cablenoticias

Las más importantes Operaciones Militares en Colombia

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Las más importantes Operaciones Militares a lo largo de la historia de Colombia.

Las más importantes operaciones, efectuadas en el marco de la Política de Seguridad Democrática, que consiguieron golpear drásticamente a las FARC y doblegar, en la práctica, su pretensión de construir un "Ejército"

Video: Ejército Nacional de Colombia

Galería de Fotos. Lancero: el mejor contraguerrillero del mundo

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Foto: Rafael Guarín

Los lanceros, los mejores soldados del mundo para enfrentar la guerra de guerrillas. En Tolemaida sitio de entrenamiento y formación se tomaron estas fotos:

ENCUENTRO EN NAVIDAD

RAFAEL GUARÍN

Crónica de un doloroso pero esperanzador encuentro en navidad entre las madres de las víctimas de los “falsos positivos” y el Comandante General de las Fuerzas Militares.

Es la tercera vez que se ven cara a cara. La anterior, hace cuatro meses. Al igual que en esta oportunidad, fue en las instalaciones de la personería de Soacha y a instancias de su titular, Fernando Escobar. En ambas ocasiones el encuentro fue difícil. No puede ser diferente para los familiares de las víctimas, menos en estas fechas, cuando los recuerdos de sus seres queridos y la tragedia de su desaparición los acompaña minuto a minuto. Tampoco fue fácil para el general Freddy Padilla. Percibir el profundo dolor, al igual que su justa indignación con el Ejército Nacional, no pasó inadvertido en el semblante y el ánimo de quien es sin duda uno de los mejores militares de las últimas décadas.

Ambas reuniones han sido una especie de terapia colectiva tanto para las víctimas como para los militares. Sinceridad, franqueza, crudeza y disposición a escuchar han sido el común denominador. De lado y lado se desnudaron pensamientos y emociones.

Las protagonistas son madres, algunas con nietos, pero todas solas, por lo menos en la batalla por la verdad, la justicia y la reparación. En algunos casos su historia se repite en sus hijas: son madres solteras que tienen enormes dificultades, en medio de extrema pobreza, para atender a sus hijos. Los padres literalmente no existen. “Hay padres pero no dan la cara”, me dijeron. Tal vez trabajo y la falta de tiempo o como dijo otra persona, más parece que “esta causa no es de varones” o, simplemente, que “¡no les duele lo mismo los hijos!”.

A pesar que el general inició la reunión resaltando el “espíritu navideño”, no demoró mucho la cascada de reclamos y reproches. Uno, repetido muchas veces, la exigencia de justicia. “Que se conozcan los culpables, se investiguen y procesen”, dijo uno de los asistentes. “Así como los ricos tienen oportunidad (de justicia)… los pobres también”, exclamó.

Una de las madres, llorando pero hablando con firmeza y dignidad, le dijo al general: “Me parece cruel de la vida cuando uno asiste a las audiencias y los señores militares involucrados en las muertes de nuestros hijos, en ese momento ellos no tienen alma, sentimientos, ellos lo que hacen es mirar a las madres y se están burlando”. “Esos militares no tuvieron compasión, corazón, alma, de quitarle la vida a nuestros muchachos”.

Los interrogantes se mantienen. Se preguntan los familiares por la causa y el motivo de lo ocurrido. ¿Por qué lo hicieron? “Mi hijo era un muchacho muy trabajador y humilde”, afirma una madre. Otra: “Yo… que he sido padre y madre con mis hijos, les he enseñado honestidad y respeto”. Razones que esgrime una más para justificar que no perdona “lo que dijo Uribe y Santos sobre los muchachos apenas se conocieron las muertes”, en realidad lo que hicieron fue repetir las palabras del entonces Fiscal Mario Iguarán.

Otras madres anhelan a sus hijos no solo por provenir de sus entrañas, sino porque eran “los hombres de la casa” o “mi mano derecha”. ¿Quién va a criar a mi nieto?”, se pregunta una de ellas, sentada al lado del general, en medio de tremendos sollozos. Antes de caer en los brazos de consuelo de su acompañante, una le confiesa a Padilla que “aunque yo haga el esfuerzo de recuperarme, no puedo, nunca lo haré”.

El general no pasa impávido. Todo lo contrario. Más que un hombre de guerra que cumple una formalidad, que no ha querido convertir en un espectáculo para los medios de comunicación, brota el ser humano consciente del drama y del dolor de las familias. Cada lamento por la ausencia le golpea directamente y este hombre que tiene que tomar decisiones muy duras, parece a veces deshacerse en explicaciones, consejos y reiteradas excusas en nombre de la institución militar.

La indignación ante los asesinatos no la disimula el general. Sabe, sin decirlo, que además de esos jóvenes las Fuerzas Militares también son víctimas. Como señaló un hermano de una de los muertos, que prestó el servicio militar, porto “el uniforme con gusto” y que lamentó darle la mano en esas circunstancias al general: “por unas personas, no pueden pagar todos”.

Ratificó que él y el presidente Uribe lo que quieren es justicia. “Así como hay militares implicados en estos crímenes, hay militares que son víctimas de falsas acusaciones”. “No queremos que a los justos los condenen, ni los delincuentes salgan libres”. Y recuerda que no le “cabía en la cabeza”, tampoco a Uribe, que esos crímenes estuvieran sucediendo y que “una persona de la institución llegara a ese grado de degeneramiento”. Y reitera a las madres: “Yo a ustedes les pedí excusas, les pedí perdón”.

A pesar de todo al final se evidencia que en Soacha la gente quiere, respalda y confía en las Fuerzas Militares. Los ciudadanos reclaman la presencia del ejército. No quieren que por ningún motivo se retiren “las bases de patrullaje” que comenzaron funcionando en carpas y precarias construcciones con tejas de zinc. El general anunció que se comenzará a edificar sus instalaciones, para que sean permanentes.

Una abuela pidió el traslado de un hermano de las víctimas que está en Cimitarra a una guarnición militar cercana a Bogotá para que su familia pueda visitarlo, eso sí, advirtiendo que estaban de acuerdo en que prestara el servicio militar.

En Soacha, como en el Ejército, durante muchas navidades se recordará esta amarga experiencia, pero a diferencia de los “falsos positivos” que se registran desde los años 80, estos asesinatos desataron la más grande crisis en la institución en los últimos años, que comienza a reflejarse favorablemente en informes como los del CINEP o en el generoso reconocimiento de José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y fuerte crítico del gobierno, a los avances en materia de derechos humanos de las Fuerzas Militares.

Al final, queda clara la importancia del perdón, de dignificar a las víctimas, conocer la verdad y de que los culpables respondan ante la justicia. A diferencia de lo que el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE y organizaciones de derechos humanos que, según el personero, se oponen a estos encuentros, tales reuniones son indispensables no solo para las madres y las familias de los jóvenes asesinados, sino para que nunca más se repita esta cruel historia.

http://www.politicayseguridad.blogspot.com/

EL HARAKIRI MILITAR

El Nuevo Herald - jueves 25 de junio de 2009

By RAFAEL GUARIN

El informe preliminar de la visita a Colombia de Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para ejecuciones arbitrarias, es aterrador y tendrá consecuencias negativas para la política de seguridad de Alvaro Uribe. La conclusión inicial es que el asesinato de civiles no es una conducta generalizada, pero tampoco se trata de simples ''manzanas podridas'' o ``casos aislados''.

El documento desnuda una situación muy grave. Primero, los llamados ''falsos positivos'' son ''asesinatos a sangre fría y de forma premeditada de civiles inocentes, con fines de beneficio''. Segundo, se trata de una práctica presentada en por lo menos 13 departamentos y que involucra un gran número de unidades militares. Tercero, los homicidios se efectuaron ''de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército''. Y, para completar el desastre, hay ``hostigamiento sistemático de los militares hacia los supervivientes''.

Aunque el informe reconoce que la administración Uribe tomó medidas importantes que demuestran ''buena fe'' y que hay ''una reducción significativa en la cantidad de alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la justicia militar en los últimos 6 a 9 meses'', a menos que se asuman decisiones audaces y las recomendaciones efectuadas por el relator lo ocurrido se traducirá inevitablemente en la deslegitimación internacional de la política de seguridad y en una herramienta que las FARC, sin duda, sabrá utilizar. Los efectos reforzarán a los enemigos de la continuidad del Plan Colombia, enredaran más la aprobación del TLC y hasta podrían dificultar las relaciones comerciales con la Unión Europea.

Esos crímenes fortalecen la campaña de propaganda y la guerra jurídica que realizan las guerrillas. El falaz discurso de la existencia en Colombia de ''terrorismo de Estado'', con el cual quieren justificar su propio terrorismo, consigue credibilidad en la comunidad internacional no obstante que el relator indica que no hay prueba de que las ejecuciones sean ''política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del presidente o de los sucesivos ministros de Defensa''. Adicionalmente, el informe denuncia que los crímenes se perpetraron por ''elementos dentro del ejército'', cosa muy diferente a afirmar que se trata de una práctica institucional de las fuerzas militares.

Por otro lado, hay altísima cuota de responsabilidad en la inacción de la Fiscalía y de los jueces. La lentitud de los procesos judiciales envía un mensaje de impunidad que estimula la repetición de los asesinatos, al tiempo que favorece la propaganda fariana. Se requiere con urgencia aplicar justicia, esto es, cero impunidad y que se establezcan los casos de montajes y falsas denuncias contra miembros de la fuerza pública. El gobierno debe demostrar los muchos eventos en que guerrilleros dados de baja en combate por la fuerza pública son disfrazados de civiles inocentes. No es aceptable la improvisación e ineptitud mostrada en este punto frente al relator por los funcionarios gubernamentales.

Igualmente, deben revisarse los mecanismos de control civil sobre el poder militar y de rendición de cuentas ante los ciudadanos. Una persona que estuvo al frente del Ministerio de Defensa me manifestó que era casi imposible detectar que ''cosas así estuvieran ocurriendo'', lo que evidencia el débil control que en realidad se ejerce sobre las tropas. Esa falencia es una de las causas, entre otras, de la infiltración de los carteles de la droga, la corrupción, los excesos y las acciones de una minoría de individuos que con sus delitos comprometen la legitimidad de la fuerza pública.

Finalmente, procuraduría, fiscalía y contraloría deben investigar si con relación a los asesinatos se pagó recompensa a supuestos informantes, lo que sumaría a este escabroso capítulo un peculado monumental. También es importante que el gobierno piense en integrar una comisión de la verdad que esclarezca las motivaciones y modalidades de esa práctica criminal; es evidente que éstas varían entre la búsqueda de ascensos y pequeños incentivos, el interés de asaltar el presupuesto de seguridad y los clandestinos nexos con bandas de narcotraficantes que proporcionaban ''bajas'' mientras recibían protección de militares putrefactos.

Sería muy estúpido que después del sacrificio, entre 2002 y mayo de 2009, de más de 4,247 soldados asesinados y 12,952 heridos en combates contra las guerrillas, los antiguos paramilitares y las nuevas bandas emergentes, resulte que las fuerzas armadas se terminen haciendo el harakiri y otorgándole a las FARC una victoria inesperada.

www.rafaelguarin.blogspot.com

"LAS MUERTES DE OCAÑA"

Visita al Cementerio veredal de Liscas el miércoles 1 de octubre de 2008.

RAFAEL GUARÍN

Medios de comunicación, ONGs y hasta gobiernos se apresuraron a condenar al ejército colombiano por la desaparición y muerte de nueve jóvenes en Ocaña y dos más en Cimitarra. Viajé a la región y a las ''comunas'' de Soacha para conocer de primera mano los acontecimientos. Aunque no puedo concluir si hubo o no irregularidades del ejército (tarea de la justicia), sí me quedó claro que mucho de lo afirmado está lejos de la realidad.

Ocaña tiene una ubicación estratégica y es corredor del narcotráfico hacia Venezuela. Según el alcalde, Yebrail Haddad Linero, existe una ''guerra en la región del Catatumbo entre bandas emergentes por el control territorial del narcotráfico''. Es el único lugar con FARC, ELN, EPL y bandas criminales, entre ellas ''los Rolos'' y las ''Aguilas Negras'', todas organizaciones que reclutan permanentemente. El personero de Ocaña, Jesús Antonio Sánchez, expresó que ''lo usual en la región es que se reclute gente de otras ciudades de manera voluntaria para delinquir'' y que es ``común que las autoridades de policía judicial hagan levantamientos en la región''.

Se dijo que los jóvenes eran desaparecidos. No es cierto. Para el personero de Soacha, Fernando Escobar, ''lo que ha venido ocurriendo es reclutamiento voluntario de jóvenes por parte de bandas armadas''. No secuestro, ni siquiera reclutamiento forzoso. La Defensoría del Pueblo alertó en diciembre sobre el peligro de reclutamientos.

Algunos aseveraron que fueron ''tiroteados'' y torturados. Los cuerpos no presentan evidencia de que los proyectiles se dispararan a corta distancia. En todos los casos el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó el levantamiento de los cadáveres y el Instituto de Medicina Legal las necropsias. De haber siquiera probabilidad de torturas, en su momento la Fiscalía debió, por lo menos, formular imputación y no la hay, en ningún caso, por ese delito. ¿Será entonces que la Fiscalía es cómplice de los militares? ¿O será, simplemente, que no hubo torturas?

La muerte de los jóvenes se da en 6 eventos que comprometen cuatro unidades: Batallón Francisco de Paula Santander, Batallón Reyes, Plan Meteoro y Brigada Móvil 15. Si era un plan sistemático, como se ha dicho, se requiere que todos los eventos y hombres que participaron estuvieran coordinados. No sería un pequeño y aislado grupo de soldados, pues involucra dos brigadas y, por tanto, al Estado Mayor de la II División. ¡Absurdo! Con certeza se descubriría. Es difícil pensar que una operación criminal de esta magnitud se hiciera con centenares de implicados, en momentos en que el gobierno, la ONU, organismos de control y las ONGs mantienen rigurosa vigilancia.

Se indicó que los cuerpos estaban en una fosa común a instancias del ejército. Tampoco es cierto. El alcalde contó que la inhumación la hizo el municipio dado el riesgo de una emergencia sanitaria. No fue clandestina sino en un humilde cementerio de la vereda de Liscas, un terreno de escasos 300 metros cuadrados. Ana del Carmen Díaz, vecina del camposanto, señaló que funciona hace más de 100 años. Al visitarlo confirmé que no existía espacio para sepulturas individuales.

También circuló la versión de que los jóvenes carecían de experiencia militar, pero al menos uno fue soldado profesional y otro regular, el primero retirado de manera discrecional por el ejército. Un cadáver tiene cicatrices de antiguas puñaladas. Como expuso el fiscal general, Mario Iguarán, ``se ha establecido que no fueron a recoger café sino que iban con propósitos delincuenciales''.

Hasta el argumento de la sospechosa proximidad de las fechas de las supuestas desapariciones y de las muertes tiene grandes inconsistencias: un padre reconoció en Ocaña que su hijo se había ido de la casa hacía cuatro meses. Otro, que su hijo con regularidad efectuaba viajes de 20 a 30 días. Algunas madres aceptaron en radio que sus hijos iban a hacer un negocio. Una me contó que su hijo decía que ''desde hace 2 años unos paracos venían al barrio y le ofrecían 10 millones, los llevaban, pero a los 3 meses los dejaban regresar''. ¡Es claro que alguien está mintiendo!

En Ocaña pude constatar que el ejército es valorado y apreciado, lo que no sucedería si masacrara a la población. Las Aguilas Negras están diezmadas en la zona gracias a que la gente denuncia ''porque tiene confianza en el ejército y la policía'' y ''hoy se siente protegida por las instituciones'', dice el obispo Jorge Enrique Lozano.

Nada de esto exculpa ninguna responsabilidad, tampoco exime que algún caso pueda ser muerte fuera de combate o falso positivo, pero evidencia que en Colombia y ante ciertos ojos, el ejército es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Si, en verdad, se trata de homicidios deben ser condenados con absoluta severidad.

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