Publicado el viernes 28 de deciembre del 2007
By RAFAEL GUARIN
Una vieja táctica contra el régimen democrático es hacer de los canales de participación política, las libertades y los derechos individuales armas para destrozar el Estado constitucional. La reciente sentencia de la Audiencia Nacional española referente al asunto EKIN desnuda esa conducta y cómo el terrorismo se camufla en la legalidad.
De acuerdo a la providencia, el inminente final de la dictadura franquista y el reconocimiento de los derechos de asociación, formación de partidos políticos y sindicatos produjo que a finales de 1974 ETA apostara a combinar la acción política legal con la armada.
La banda terrorista entonces decide lanzar sus frentes político, cultural y obrero a la legalidad. El objetivo de la ''teoría del desdoblamiento'' era desestabilizar el Estado democrático ''desde sus propias estructuras, aprovechando las fisuras y las anomalías que necesariamente presentaría''. De esa forma, construyó un entramado político, ideológico, internacional, económico y mediático que le servía de soporte. Mientras ETA se encargaba de la acción militar y era la ''vanguardia'' de la dirección política, la Koordinadora Abertzale Sozialista KAS, subordinada al aparato armado, ejercía la codirección política, adelantaba la lucha de masas y controlaba las restantes organizaciones de apoyo. A esto se agregó la ''lucha institucional'' de su brazo político, Herri Batasuna.
El mérito español es haberse dotado de herramientas jurídicas para enfrentar dicha amenaza con respeto absoluto del estado social y democrático de derecho. Otro ejemplo, además del fallo, es la ley orgánica de partidos de 2002 y la posibilidad de ilegalizar una organización política para evitar que atente contra el régimen democrático, justifique el racismo y la xenofobia o sea puntal político de un grupo terrorista. El caso de Batasuna.
Esta medida, coincidente con jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, existe también en Alemania. La ley fundamental la establece cuando el Tribunal Constitucional encuentre que por los ''fines y comportamiento'' de un partido se tiende a prescindir del ordenamiento constitucional liberal. Así sucedió en 1952 con el Sozialistiche Reichspartei y en 1956 con el Kommunistiche Partei Deutschaland.
En Francia la disolución de organizaciones políticas está a cargo del gobierno con base en facultades destinadas a luchar contra grupos de combate y milicias privadas. El evento más reciente es el de la organización ultraderechista y neonazi Unidad Radical.
Lo paradójico es que la democracia colombiana, amenazada por el narcoterrorismo, no cuente con mecanismos similares. En los años ochenta el proceso de paz con las FARC le permitió tener en la Unión Patriótica su brazo político. De acuerdo con la académica de izquierda Socorro Ramírez esa guerrilla no negociaba, ''al menos en principio, con la intención de desmontar el ejército popular, sino para darle una presencia política''. Jacobo Arenas, ideólogo fariano, reconoció que la táctica política de la guerrilla era la combinación de todas las formas de lucha de masas y las campañas electorales una de esas formas.
Igual táctica emplearon narcotraficantes para reformar la Constitución y prohibir la extradición. Pero los más avezados discípulos de las FARC fueron los narcoparamilitares. Partidos como Convergencia Ciudadana y Colombia Democrática, en que pululan parapolíticos, fueron canales para llegar al Congreso, gobernaciones y alcaldías. En cuanto a los partidos liberal y conservador la precariedad de sus controles internos y la complicidad con estructuras delincuenciales en las regiones sirvieron para que también consiguieran elegir parlamentarios y controlar porciones del aparato estatal.
A eso se adicionan los históricos vínculos de la izquierda comunista con las guerrillas. Las FARC, más que un fenómeno campesino surgido en medio de la violencia partidista, son un engendro del Partido Comunista. De este subsisten pedazos camuflados en el Polo Democrático y en reductos populistas del Partido Liberal que se resisten a condenar la ''lucha armada'', aún más, defienden su vigencia. Lo mismo ocurre con organizaciones no gubernamentales y empresas de comunicación vinculadas estrechamente o surgidas del seno de las guerrillas y cuya misión es la misma adjudicada al demolido entorno político de ETA.
En Colombia es apremiante trabajar en blindar las instituciones democráticas. Se necesitan normas que proscriban partidos políticos, estructuras disfrazadas de organizaciones sociales y medios de comunicación que hacen parte de la estratagema del narcotráfico y el terrorismo. Y segundo, está pendiente erradicar definitivamente la teoría general de la justificación del crimen, sólo así superaremos la barbarie de los siglos XIX y XX. En eso Europa va a la delantera.
