martes, junio 17, 2008

LA GUERRA DE GUERRILLAS PASÓ A LA HISTORIA

El Nuevo Herald, publicado el martes 17 de junio de 2008


Foto El Nuevo Herald
RAFAEL GUARÍN

Los gobiernos, medios de comunicación y analistas recibieron como un giro inesperado que Hugo Chávez dijera a las FARC que ''la guerra de guerrillas pasó a la historia''. En realidad no se trata de un cambio de criterio, es más bien un hábil movimiento táctico, que busca oxígeno político en medio de una creciente presión foránea y del deterioro interno de la favorabilidad ciudadana.

El propio Nicolás Maduro lo precisó: ''No es sino la ratificación de una posición histórica del gobierno de Chávez a favor del proceso de paz en el vecino país''. Mucho antes, el ''ideólogo'' de la revolución, Heinz Dieterich Steffan, había señalado que ''la guerrilla clásica ha dejado de ser un acceso estratégico a una sociedad no capitalista''. Eso sí, aclaró, que ``el uso de las armas sigue siendo legítimo en la defensa de los intereses de los pueblos''.

Lo cierto es que la expansión de la revolución bolivariana ha venido a través de las urnas y no de las armas, aunque en países en que temporalmente triunfa no faltó en la carrera al poder la aplicación del principio leninista de combinar las formas de lucha, efectuando actos desestabilizadores y violentos.

Dicha deformación leninista, en la que todo vale, es la que inspira al primer bolivariano del continente a ver en la guerrilla una aliada. A pesar de que sabe que la vía armada no es el camino al poder en Colombia, es consciente de que frente a un establecimiento político adverso la acción armada es útil si se combina adecuadamente con movilización social, injerencia externa, propaganda y participación electoral.

Por eso, en el plano político, la retórica humanitaria la acompaña con alusiones a un proceso de paz, en el que su propuesta de reconocer beligerancia a la guerrilla es sólo un paso en la ruta trazada, pero insuficiente. Se requiere una estrategia electoral que derrote la política de seguridad democrática en las urnas y permita iniciar una negociación con la guerrilla. Ahí entran en escena Piedad Córdoba y el Polo Democrático Alternativo. Todo culminaría, según los planes farchavistas, en una asamblea constituyente que siente las bases de la revolución bolivariana.

¿Qué explica, entonces, que Chávez apoye militar y financieramente a las FARC, si lo que busca es una negociación y no la victoria militar de la guerrilla? Por lo menos dos razones: la recomposición del escenario político y el consecuente cambio hacia los diálogos de paz es posible si se demuestra y se convence a los electores de que después de diez años de Plan Colombia y millones de dólares invertidos, la guerrilla se fortaleció y mantiene gran capacidad militar. Proporcionar misiles y armas antiaéreas al grupo ilegal tiene como objeto, como lo señala un email de alias Iván Márquez, ''de un solo golpe bajar unos 10 aparatos voladores'' y, con ello, modificar ''la concepción de los mandos militares'' y destruir la percepción que tienen los ciudadanos de la política de seguridad democrática.

La segunda motivación, obedece a que la principal hipótesis de guerra de Venezuela es una intervención militar de Estados Unidos desde territorio colombiano y a la utilidad que otorga a la guerrilla para enfrentar la ''agresión imperialista''. ''La contrapartida popular'', aprobada en el Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, consagra que junto a las fuerzas armadas bolivarianas de Venezuela ''cobran especial valor la existencia y el fortalecimiento de las FARC y otras fuerzas insurgentes''. En los países en que ''existen fuerzas insurgentes hay que potenciarlas y desarrollarlas'' y donde no ''procede crear esas fuerzas capaces de disuadir''. Como si fuera poco, el ministro del interior, Rodríguez Chacín, pidió entrenamiento en combate guerrillero a las FARC, consecuente con el planteamiento de guerra asimétrica adoptado por su gobierno.

Finalmente, teniendo claro que nada ha cambiado, ni cambiará en el corto plazo, lo dicho por Chávez son simples fuegos artificiales que buscan reducir el impacto de la información derivada de los computadores de Reyes, reducir la presión internacional por sus relaciones con el terrorismo y evitar probables consecuencias negativas en las elecciones venezolanas de noviembre. Pesa también que McCain y Obama hayan coincidido en exigirle claridad sobre sus nexos con la guerrilla.

En conclusión, fue un giro verbal de 360 grados y un intento de reacomodarse sobre los mismos rieles. Colombia sigue siendo la joya de la corona para la revolución bolivariana, las FARC sus aliados estratégicos y la retórica humanitaria y la paz, las herramienta para expandir el socialismo del siglo XXI. Empero, la comunidad internacional y el gobierno colombiano deben seguir el juego y aprovechar para reclamarle que sus aseveraciones se traduzcan en repudio a la guerrilla. El teniente coronel volverá a quedar en evidencia.

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lunes, junio 16, 2008

EL CAMUFLAJE DE LOS FARIANOS

Publicado en www.semana.com el 16 de junio de 2008


Caricatura de Matador. www.eltiempo.com

¿Por qué sorprenderse que existan personas en la política, medios de comunicación, universidades y otros menesteres, que estén orgánicamente articuladas a la guerrilla?

RAFAEL GUARÍN

Las graves revelaciones provenientes de los computadores de Raúl Reyes, que comprometerían a congresistas, académicos, periodistas y “personalidades” con las Farc, confirman la coincidencia ideológica de pequeños pero influyentes sectores de la sociedad con la guerrilla y que ésta cuenta con un entramado político que se camufla en la legalidad.

Entre las reacciones generadas sobresale el evidente doble rasero con el cual se trata a políticos descubiertos en andanzas con el crimen. Revistas, columnistas, programas de televisión y editoriales radiales que se explayan en condenas y excomulgan a todo aquel que se mencione en los procesos contra los paramilitares, sin esperar siquiera investigación o sentencia judicial, están a punto de desgañitarse tratando de desprestigiar los computadores y de crear un ambiente que favorezca la impunidad de los que profesan, desde la legalidad, como adalides del terrorismo fariano.

Durante las últimas semanas se han escuchado y leído las más inverosímiles versiones. “No es lo mismo que un político esté vinculado a los paramilitares que a la guerrilla”, “las Farc no son lo mismo que los paramilitares”, “sí; ambos cometen crímenes pero sus motivaciones son distintas”, “la farcpolítica no es más que una cortina de humo para tapar el régimen narcofacista”. El periódico Voz lanzó la siguiente perla: es una “patraña oficial” y una “escandalosa farsa”, para concluir que se “pretende judicializar la lucha por la paz y el intercambio humanitario”. Tales argumentos demuestran, según el autor, ingenuidad, ignorancia, antiuribismo irracional, propaganda y un intento por encubrir el delito.

Realmente, lo extraño sería que las guerrillas no tuvieran aliados en la legalidad. El senador del Polo Democrático Luis Carlos Avellaneda lo reconoce: “Las Farc y el Eln también han tratado de infiltrar el poder nacional, regional y local de Colombia”. Esto se explica por que el grupo armado visualiza la victoria como resultado de la confluencia entre acción armada e insurrección, esta última, en términos de Lenin, es “la respuesta más enérgica, más uniforme y más conveniente del pueblo entero ante el gobierno”.

Para lograrlo, se requiere que junto al aparato armado se teja un aparato político encargado de la movilización de masas y de promover el levantamiento popular. Uno y otro, muy temprano, se distribuyeron regionalmente. El primero tomó cuerpo en zonas en que la geografía obró como aliada, mientras la acción política se concentró en centros urbanos.

Gilberto Viera, sempiterno Secretario General del Partido Comunista, lo señaló así: “Cuando comienza la lucha armada en Colombia, del 50 en adelante, el Partido elabora su orientación táctica que hemos llamado la combinación de todas las formas de lucha”. “No se excluyen ninguna forma de lucha, sino que se trata de combinarlas todas adecuadamente”. Y cuando Viera decía “todas”, eran todas, es decir, guerrilla, acción de masas, marchas campesinas, brotes de violencia en las universidades, actividad sindical y representación parlamentaria y en los restantes cargos de elección popular, entre otras.

Eso no ha cambiado. El Manifiesto de las Farc y lo que se conoce de la IX Conferencia muestra que ese proceder sigue siendo el instrumento táctico y estratégico. La novedad es la creación del Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3) que opera en desarrollo del plan estratégico o de la llamada Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia. Entonces, ¿por qué sorprenderse que existan personas en la política, medios de comunicación, universidades y otros menesteres, que estén orgánicamente articuladas a la guerrilla?

Las Farc no buscan copar el Congreso a la manera narcoparamilitar, pero si un nuevo gobierno que surja de una alianza con organizaciones y sujetos afines. Más peligroso que el Mono Jojoy es un farcpolítico infiltrado en instancias de decisión estatal y que utiliza las instituciones democráticas para destruir la Constitución. Su capacidad de daño es mucho mayor que la de un cabecilla guerrillero en las profundidades del Vaupés.

Las laptops de Reyes desencadenaron una gran oportunidad de desmantelar ese entramado político aplicando el Estado de Derecho y no la barbarie, camino seguido, en los años ochenta y noventa, por criminales de lesa humanidad que se propusieron exterminar a los miembros de la Unión Patriótica que maniobraban en el marco de la combinación de todas las formas de lucha y también los que estaban ajenos a ella.

Es muy grave que se llegara a demostrar que el Partido Comunista continúa en esa estrategia, ya no como la vanguardia, sino como apéndice de las Farc. Igual si comprueba idéntica conducta en otras facciones del Polo Democrático y del Partido Liberal. Pero más grave sería que la administración de justicia no actúe. Por lo pronto, las declaraciones provenientes de la Corte Suprema de Justicia inquietan. No sea que la mano invisible de comunistas y farianos terminen escribiendo sentencias de impunidad.

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viernes, junio 06, 2008

UNIVERSIDADES O SANTUARIOS FARIANOS

Foto del Diario del Huila - Universidad Surcolombiana


RAFAEL GUARÍN
Revista Semana - edición on line. www.semana.com
Fecha: 06/03/2008 -

El 3 de abril estudiantes encapuchados de la Universidad del Valle quemaron una patrulla de policía. A final del mismo mes, jóvenes en la Universidad Surcolombiana de Neiva trataron de quemar vivos a miembros del Esmad. La semana pasada en la Universidad del Tolima un artefacto explosivo, lanzado por un estudiante, por poco degolla a otro y en la Universidad Pedagógica, atacaron con ácido a miembros de la fuerza pública. La cosa no para ahí. Al interior de la Universidad Nacional se presentan amenazas y se persigue a quienes reclaman regresar a las aulas. Docentes renunciaron a cátedras para evitar ser agredidos. Temen ser asesinados.

Los estudiantes de las universidades públicas están en todo su derecho a protestar, pero una cosa, muy distinta, es emplear la violencia e integrar grupos ilegales. Sería estúpido criminalizar a toda la comunidad universitaria, pero más estúpido es contemplar, con los brazos cruzados a los que imponen por la fuerza su voluntad.

Alumnos y profesores pueden opinar y tener la convicción política que les plazca. Hace parte de su ámbito de libertad e impone a las autoridades respetar y proteger ese derecho fundamental. El problema es que mientras algunos deciden manifestarse pacíficamente, otros buscan convertir los campus universitarios en escenarios de guerra.

Esto obedece a una forma torcida de leer la sociedad colombiana y al desprecio a los canales democráticos para tramitar reivindicaciones. Quienes atentan contra la vida de un policía lo hacen bajo la idea que éste encarna la represión y no el ejercicio legítimo de la fuerza del Estado. Creen que en Colombia hay un Estado terrorista y opresor, conclusión a la que llegan después de un cuidadoso lavado de cerebro.

En la galería de los recalcitrantes hay fanáticos, despistados, desadaptados y “estudiantes” de profesión. Es vieja la estrategia de la juventud comunista de infiltrar personas que pasan décadas estudiando (sin graduarse nunca) y saltando de universidad en universidad, haciendo una larga carrera de agitadores y reclutadores.

Otros mamertos, más exóticos, pero no menos bárbaros, son los autodenominados “Guardias Rojos”. A esas modalidades se agrega la presencia del Partido Comunista Clandestino Colombiano, maquina de penetración de las Farc, al que no sólo pertenecen “alumnos” sino apologistas de la violencia, disfrazados de profesores.

Los camuflados en la academia no actúan solos. Se articulan en una agenda coincidente con las guerrillas y aprovechan afinidades con facciones del Polo Democrático y del Partido Liberal. Hacen parte, también, de la Farcpolítica en la medida que operan dentro del célebre postulado de la “combinación de todas las formas de lucha”. ¡Ni más faltaba que los camaradas de las Farc y del Eln renunciaran a tratar de controlar las universidades!

Nada está improvisado. No hay que olvidar que Tirofijo, en “su última proclama”, de diciembre de 2007, recuerda que “es necesario utilizar las diversas formas de acción, movilizaciones con objetivos muy concretos” y que “los cuadros farianos están obligados a conducir las organizaciones de masas bajo su dirección”. El derecho legítimo a la protesta estudiantil está en riesgo cuando la guerrillera y ciertos sectores escondidos en la oposición pretenden interferirla y manipularla. Igual sucedió con las marchas campesinas de octubre del año pasado, la del 6 de marzo y la reciente de los cocaleros. El primer reto de cualquier protesta es mantener su plena independencia de los intereses terroristas.

El gobierno Uribe está demorado en cumplir con la obligación de liberar del miedo y la amenaza permanente a las universidades públicas. Debe ser contundente con los que delinquen para garantizar el derecho a la protesta de los demás. No se puede permitir que los planteles se conviertan en nuevos “caguanes”, en los que una minoría violenta amedranta a los ciudadanos, secuestra el debate y aniquila el imperio de la razón.

La autorización para entrar a las universidades no es suficiente. Se necesita su presencia permanente en las instalaciones. Para eso no se requieren mandatos judiciales, ni acuerdos con directivas. Ya comenzaron a teorizar y a decir que se desconoce la autonomía universitaria. ¡Falso! Quienes la violan son los grupúsculos que la someten mediante el terror. El ingreso de la fuerza pública a las universidades se hace para preservarla. La Policía tiene que respetar las libertades de pensamiento y expresión, al tiempo que protegerlas; debe impedir la violencia, salvaguardar la comunidad educativa y la Fiscalía judicializar a los que cometan crímenes escudándose en la protesta.

Es una excelente oportunidad para demostrar que se puede proveer de seguridad a los claustros, sin vulnerar los derechos, preservando el pluralismo y sin represión. Las bandas en las universidades necesitan héroes, justificaciones para el uso de la violencia y hechos que polaricen contra las directivas académicas y el gobierno. Sueñan con legitimarse, quisieran muertos en sus filas, aumentar simpatías y encontrar eco a la falacia del Estado terrorista, provocando excesos de la fuerza pública. ¡Ojo, en esa trampa no se puede caer!

Por otro lado, es absurdo que los revoltosos sean liberados horas después de su captura o que se mantengan como estudiantes. ¿Dónde está el problema? ¿En la ley? ¿En los reglamentos internos? ¿Se están efectuando detenciones indiscriminadas que se caen por falta de sustento probatorio? ¿Dónde están los organismos de inteligencia? La impunidad que cubre a los vándalos incentiva la repetición y convierte a las universidades en santuarios farianos. ¿Cómo es posible que las terroristas que quemaron un Transmilenio sigan estudiando en la Universidad Nacional? Las aulas no pueden ser canteras de violadores de derechos humanos. La seguridad nunca se conseguirá plenamente mientras en su seno sigan produciéndose criminales de lesa humanidad; para la muestra un botón: Alfonso Cano.

Nota: ¡Las cosas que hay que ver! Al parapolítico Salvador Arana le pareció que afectaba su dignidad que lo esposaran, pero no estar prófugo, acusado de asesinato.

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miércoles, mayo 28, 2008

LAS FARC DESPUÉS DE MARULANDA

EL NUEVO HERALD - Miami. Publicado el miércoles 28 de mayo del 2008

Foto: Archivo El Tiempo. En la Uribe. De derecha a izquierda: La vieja guardia: Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. El nuevo cabecilla: Alfonso Cano


La muerte de Manuel Marulanda, los duros golpes que las FARC han recibido de la fuerza pública, el repudio de la sociedad colombiana, el descubrimiento de sus aliados foráneos y el inicio del desmantelamiento del entramado político legal, plantean serios interrogantes sobre el futuro de esa organización.

La estructura de la guerrilla, los reglamentos de funcionamiento y la obtusa terquedad de sus líderes, les ayudará temporalmente a sobrellevar la adversidad y tratar de conservar la cohesión interna. La organización recompondrá el Secretariado, procurará continuar el desarrollo del ''plan estratégico'', la aplicación de las directrices de la IX Conferencia y la preparación de la ofensiva general ordenada por Tirofijo el pasado 1 de enero. La prioridad seguirá siendo salvaguardar el aparato bélico y la acción política en el exterior, enmarcada en la revolución chavista y la Coordinadora Continental Bolivariana. Tampoco renunciará a tener en la mira las elecciones presidenciales del 2010, no cederá un milímetro en reclamar la desmilitarización de Pradera y Florida, ni liberará a los secuestrados, pues saben que son su carta más importante. En síntesis, no cambiará nada en el corto plazo.

Pero el mantenimiento de la presión militar y la asfixia política amenaza con sacar a las FARC de ese círculo vicioso, que no las llevará a ninguna parte. Los desastres militares y el relevo de los últimos ''marquetalianos'' (fundadores) por una generación que incluye dirigentes formados en las ciudades, debería impactar su dinámica. En principio, es previsible que esto genere espacios de reflexión donde se contemple la posibilidad de comenzar un lento viraje hacia la negociación con el gobierno. A diferencia de los procesos de paz de 1982 y 1998, en este caso, deberán tener la voluntad de desmovilizarse y entregar las armas. Mientras subsista la política de seguridad democrática, la mesa de diálogo no puede repetirse como movimiento táctico dentro de una estrategia de guerra.

A favor de ese escenario está que el nuevo jefe, Alfonso Cano, integra la llamada línea política de la guerrilla; también, el proceso de fragmentación interna y la oportunidad que les ofrece un contexto político de izquierda en América Latina. No obstante ser el camino ideal parecería inviable en el corto plazo. A pesar de todo, las FARC creen que están aguantando con éxito la arremetida, alimentan su mito de resistencia y los asiste la esperanza de que al final la política gubernamental será insuficiente para derrotarlos.

En realidad, las cosas no son tan fáciles para los herederos de Tirofijo. La desaparición de quien oficiaba de bisagra entre el ala militarista y la política tenderá a exacerbar las contradicciones internas. Si Cano no es capaz de manejarlas adecuadamente, se agravarán las condiciones de la guerrilla, dado los tremendos problemas de comando, control y comunicaciones que enfrenta, el severo debilitamiento de las convicciones revolucionarias, la penetración del poder corruptor del narcotráfico y la comprobada eficacia de las recompensas.

Contra la unidad guerrillera conspiran, además, el desconcierto, los juicios de responsabilidad y las diferentes interpretaciones sobre lo que está ocurriendo: mientras algunos farianos piensan que todo es resultado de no emplearse a fondo militarmente y de no jugar duro con terrorismo urbano, otros creen que el énfasis debe ser la guerra política, aprovechando la coyuntura regional y el final del mandato de Alvaro Uribe. En ese contexto, no hay que descartar reyertas violentas durante el período de transición o que la línea militarista y los frentes dedicados por completo al narcotráfico ejerzan todo su peso, incluso, pretendiendo exterminar a dirigentes acusados de aceptar acuerdos con el Estado.

Si se agudiza la división, las FARC estarán al borde de su implosión definitiva. Una muy importante facción negociaría su desmovilización con el Estado, sometiéndose a la ley de justicia y paz; lo anunció Karina: ''prefiero la cárcel a la selva''. Otras estructuras se quitarán la máscara para concentrarse sin reatos en el narcotráfico, aliados con bandas emergentes y nuevos carteles de la droga. Sólo un pequeño número, seguramente, en aisladas zonas de influencia histórica, no renunciará a los fusiles. Es un salto de cincuenta años al pasado.

El gobierno debe obrar con audacia. Es necesario desempolvar la propuesta hecha por el presidente Uribe en agosto del 2006 de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para la paz, previa desmovilización y desarme de las FARC. Del mismo modo, acentuar las recompensas, desarrollar un agresivo programa de atención integral en zonas que son el último refugio de la organización criminal y replantear la relación con los campesinos cocaleros. Es importante no llamarse a engaños; aunque se derrumbó el mito de ''inderrotabilidad'' que le sirvió de cómplice a la guerrilla para cabalgar durante más de cuatro décadas en el lomo de la violencia, es prematuro afirmar que se encuentra en estado terminal y en una situación irreversible. Por lo pronto, esperamos el minuto de silencio que Chávez y Correa ofrezcan al camarada fallecido. Ortega se les adelantó.

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lunes, mayo 26, 2008

EL GOLPE DE GRACIA

Saúl Hernández.
Columnista de EL TIEMPO.
26 de marzo de 2008

La debacle de la guerrilla obligó a Marulanda a colgar la toalla.

El 2008 será recordado como un año histórico para Colombia. El otro 'secretariado', el de las autodefensas, está a buen recaudo en cárceles de verdad y enfrenta condenas que en nada se parecen al generoso castigo propuesto en la Ley de Justicia y Paz. Por su parte, el secretariado de las Farc tuvo su marzo negro -luminoso para Colombia-, que se llevó de un ramalazo a tres de sus miembros -incluyendo al principal de sus asesinos, 'Tirofijo'- y tal parece que hay otros con un pie en la tumba; el Ejército les respira en la nuca y ya no pueden confiar ni en su gente más cercana.

A ello se suman los narcos, que caen como moscas; los que se aliaron con 'paras' para cometer delitos y no simplemente para defenderse, que pasarán un buen tiempo en las cárceles; y los que apoyaron a las guerrillas con la mascarada de buscar la paz o de hacer acuerdos humanitarios mientras conspiraban contra el país entero, varios de los cuales terminarán en la sombra.

Pero, sin duda, dentro de esta cadena de sucesos, la muerte de 'Tirofijo' ocupará lugar preeminente porque con él se muere la horda que dirigía. En su epitafio habrá que escribir que "fundó y enterró a las Farc". Y las enterró a voluntad porque la suya es la historia de un fracaso que, al tenor de sus años, debió hacerle sentir una gran decepción y una frustración inmensa, que terminaron matándolo. En realidad, poco importa si lo mató un infarto o una bomba; la guerrilla siempre miente y el Gobierno ha demostrado hablar con la verdad, pero lo cierto es que las penas matan y 'Marulanda' debió sentir una honda pena moral viendo cómo se derrumbaba su delirio revolucionario.

Pena moral porque el grupo terrorista ya no es capaz de ejecutar ofensivas como la que él ordenó desatar por los días de año nuevo; pena moral por el incontenible repudio nacional expresado en la marcha del 4F; pena moral porque ya no pueden dormir tranquilos ni en refugios vecinos, como quedó claro con la muerte de su yerno, 'Raúl Reyes'; pena moral por la descomposición interna develada con la muerte de 'Iván Ríos'; pena moral por la incomunicación de sus bloques y las deserciones, como lo evidenció la sanguinaria 'Karina' -hoy autoproclamada 'santa'-; pena moral por la desnudez de muchos secretos contenidos en los computadores de 'Reyes'; pena moral por ser el mejor promotor de Álvaro Uribe y las políticas de su gobierno...

'Marulanda' murió con plena conciencia de que las Farc van por un despeñadero insalvable. Sabía que ya no es asunto de esperar en la retaguardia a que pase el chaparrón de este gobierno y que no basta con el oxígeno que les prestan poderosos amigos de la 'causa'. El viejo se creyó el cuento de que iba a hacer germinar la entelequia marxista en Colombia, donde hasta los pobres detestan esos desvaríos. Pudo hacer la paz muchas veces y terminar sus días como un prócer, pero en la perturbación de su mente no cabían términos medios, 'revolución o muerte', y aquella lo mató.

La debacle de la guerrilla lo mató de tristeza, lo obligó a tirar la toalla, no cabe duda. Y lo que hay detrás de esa debacle es la prueba palpable de que, ante la barbarie, lo que a un Estado legítimo corresponde es el uso de la fuerza y no los pactos con delincuentes. Esa confusión sembrada en las universidades públicas acerca de las causas objetivas del conflicto debe morir con 'Marulanda' y con las Farc. El comunismo no ha acabado con la pobreza y la 'injusticia' en ninguna parte; todo lo contrario, las ha exacerbado donde han caído en esa aventura.

Sin guerrillas, 'paras' y narcos, Colombia puede aspirar a ofrecerles un futuro honroso a sus ciudadanos siguiendo la senda del desarrollo y el progreso, como Chile o Irlanda, y no la del retroceso, como Venezuela o Cuba. Y se dirá algún día que el futuro empezó en el 2008, cuando el legendario 'Tirofijo', con su propia muerte, les dio a las Farc el golpe de gracia que faltaba.

domingo, mayo 25, 2008

ESPECIAL FARC - EL UNIVERSAL - Caracas


EL UNIVERSAL - Caracas. Domingo 25 de mayo de 2008


LA PRESIÓN MILITAR ASFIXIA A LAS FARC


En menos de un año, la guerrilla ha perdido cuatro de sus principales miembros.

Con la rendición de Nelly Ávila Moreno, alias "Karina", las FARC han sufrido su cuarto golpe en menos de un año.

La primera gran baja dentro de la guerrilla más antigua de América Latina se dio en septiembre de 2007 con la muerte del jefe rebelde Tomás Medina Caracas, alias "Negro Acacio".

Como si la guerra estuviera representada en un tablero de ajedrez, el segundo líder de las FARC, Raúl Reyes, cayó abatido el 1 de marzo, seguido tres días después por Iván Ríos, también miembro del Secretariado, que fue asesinado por su custodio.

Entre muertes, capturas, deserciones, pago de recompensas y ataques militares, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han entrado en un proceso de decadencia y fragmentación que las mantiene acorraladas y que se evidencia en su estrategia de encontrar apoyo y protagonismo en gobiernos extranjeros, según documentos del PC de Reyes.

Así lo sostiene el analista y consultor político Rafael Guarín, profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá, quien agrega: "La entrega de Karina representa el éxito de las estrategias militares de la política de seguridad democrática y el Plan Colombia del gobierno de Álvaro Uribe".

Hasta hace 10 años las FARC estaban en capacidad de realizar ataques hasta con mil hombres a su disposición, pero con el proceso de modernización del Ejército colombiano desde 1998 (con el ex presidente Andrés Pastrana), y que se consolidó en 2002 (con Uribe), el escenario cambió radicalmente.

Datos del Ministerio de la Defensa colombiano revelan que de las 15.407 personas que decidieron dejar las armas y reintegrarse a la sociedad desde agosto de 2002 hasta abril de 2008, 9.228 pertenecían a las FARC y 2.051 a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Colombia ha transformado su concepto de derrota de hace 30 años, porque antes se buscaba la rendición total de la guerrilla. Ahora lo que se busca es doblegar la voluntad de lucha de las FARC, de tal manera que no se excluya una mesa de diálogo, sino que ésta sea útil para no usarse como estrategia de ataque", dice Guarín.

Cuando Karina dice que "prefiere la cárcel a la selva. Ya no tiene sentido la lucha armada", esta mujer, con 27 años dentro de esa organización, encarna el resultado de las presiones militares; del discurso por una lucha fuera de la clandestinidad; la falta de comunicación desde el Secretariado y los problemas internos sobre el verdadero sentido que tienen hoy las FARC, asegura Guarín.

El Ejército sostiene que los rebeldes controlan 30% de los cultivos de droga que se producen en el país, convirtiéndose así en un grupo narcoguerrillero.

La regionalización

La desmovilización de mandos medios y el hecho de que las fuerzas militares puedan ejercer presión efectiva, "señala que las FARC se han regionalizado, pero no desintegrado", indica Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (Cerac).

"Donde los rebeldes están aislados, sus redes funcionan con mayor eficacia, pero hay zonas como el Cauca o Antioquia donde aún tienen mucha influencia y el Ejército no puede repelerlos del todo, así que aún es muy temprano para hablar del fin del conflicto", agrega el experto.

Restrepo coincide en que la presión militar ha funcionado, y sentencia: "Existe ahora el riesgo de que el conflicto se apueste en regiones marginales y es peligroso. Las FARC están centralizadas, pero aún hay mucha oportunidad de reducirlas".


LA GUERRILLA SE PREPARA PARA LAS ELECCIONES DE 2010

Colombia agitó la polémica sobre los documentos hallados en el computador de Raúl Reyes al anunciar que la Fiscalía abrirá investigaciones a varios políticos, entre ellos a la senadora Piedad Córdoba, por vínculos directos con las FARC.

Con este hecho se abre un nuevo capítulo en lo que se conoce ahora como la "farcpolítica" y que demuestra la vinculación que por años habrían podido tener las FARC con la clase política colombiana.

"Las FARC entienden, bajo su experiencia, que el Plan Colombia y la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe no serán derrotados por la vía militar sino por la política y por ello se están alistando para 2010", dice el analista Rafael Guarín.

Como las guerras no se libran sólo con fusiles, sino con las luchas políticas, la guerrilla tiene que derrotar las dos estrategias que se le anteponen de la misma forma en que nacieron: en campaña y por las urnas, dice.

"Para ello -asegura Guarín- se necesita que los ciudadanos y el próximo candidato presidencial apuesten en 2010 a la salida política negociada de la que tanto hablan los rebeldes, pero en sus términos y no los del Gobierno", es decir, devolver el Ejército a los cuarteles, el despeje de territorios y alimentar la falta de unidad nacional.

Por eso se entiende que el discurso de las FARC sea desde ahora el intercambio humanitario de rehenes por guerrilleros presos, más el despeje militar. Y sostiene el analista: "Para que ellos logren ganar tienen que jugar con los actores dentro de Colombia y con los internacionales, que es donde entra ayuda de Hugo Chávez y Rafael Correa".

A las FARC no les conviene un acuerdo humanitario ahora en esa lógica que ha planteado Uribe y avala la comunidad internacional, "pues su intención es ir demostrando para 2010 que la política de seguridad democrática no permite el acuerdo humanitario", enfatiza Guarín.

Ahora lo importante es continuar la presión militar que siga degradando a la guerrilla y generando desmovilizaciones que fortalezcan al Estado, pero también políticas de atención social a los campesinos pobres que se sienten aún indefensos. flb

miércoles, mayo 21, 2008

DESPUÉS DE INTERPOL

Foto: www.elperiodico.com
EL NUEVO HERALD - Publicado el martes 20 de mayo del 2008

El informe forense de INTERPOL sobre las computadoras incautadas en el campamento ecuatoriano de ''Raúl Reyes'' clarifica tres cosas: eran propiedad del cabecilla guerrillero, no fueron alteradas y son un medio probatorio. ¿Qué hacer con esa información?

En el plano judicial se podrán establecer los nexos de sectores de la sociedad colombiana con las FARC y avanzar en el desmantelamiento de su entramado legal, compuesto por políticos, jueces, fiscales, periodistas y ''personalidades''. La guerrilla mantiene la ''combinación de todas las formas de lucha'': al tiempo que efectúa acciones armadas, se camufla en la legalidad para conseguir sus objetivos criminales.

Por otro lado, si bien Alvaro Uribe dijo en la Cumbre de Río que no denunciaría ante la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente Hugo Chávez, la información servirá a las organizaciones no gubernamentales que decidan agotar la jurisdicción interna de Venezuela y cumplir con las formalidades requerida para acudir a La Haya.

Aunque Chávez públicamente se burle, íntimamente teme correr la suerte de Thomas Lubanga, comandante de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, o de militares de Uganda, respecto de los que la CPI dictó orden de detención. Los emails entre miembros del secretariado de las FARC, diversas declaraciones del propio Chávez y otros medios probatorios testimonian que la relación trasciende la simpatía ideológica y se extiende a la financiación de sus actividades terroristas, suministro de armas, cobertura política y concurso en la ejecución del plan estratégico de la guerrilla. Con ello, el teniente coronel contribuye a la comisión de crímenes de competencia de la Corte.

Por otro lado, la recepción por parte de la campaña electoral de Rafael Correa de dineros provenientes de actividades de narcotráfico y secuestro de las FARC, que embadurna con sangre y cocaína su presidencia, ocasionará las investigaciones judiciales reclamadas por la oposición en su país.

En el plano político habrá más agitación. El gobierno colombiano tiene la iniciativa y pasó de acusado a acusador. En sus manos está decidir qué hacer con la información que sindica a sus adversarios en la región. Podría buscar un compromiso de no divulgarla a cambio de que los gobiernos rompan sus relaciones con las FARC.

En realidad es poco factible. ¿Qué grado de confiabilidad se puede otorgar a quienes en la clandestinidad se asociaron con un grupo terrorista y narcotraficante? ¿Se puede creer en gobernantes que violan la legislación internacional que proscribe el apoyo o colaboración con organizaciones dedicadas a esas actividades?

Tal alternativa interpreta inadecuadamente lo que ocurre en América Latina y desconoce los fundamentos teóricos del proyecto bolivariano. Como lo recuerda el experto en seguridad, Román Ortiz, ''un gobierno revolucionario al interior es también un gobierno revisionista en el exterior''. Los vínculos y solidaridad con las FARC reflejan esa lógica y se enmarcan en la construcción del ''bloque regional de poder - (patria grande)'', indispensable para realizar el socialismo del siglo XXI. Según Heinz Dieterich Steffan el programa revolucionario sólo es posible si se consolida en el ámbito regional. ¿Es entonces sensato esperar que el chavismo renuncie voluntariamente a extender su mano sobre Colombia, cuando esto significa su fracaso?

Parece más apropiado estar dispuestos a acudir al Consejo Permanente de la OEA y al Consejo de Seguridad de la ONU, previa sensibilización de la opinión pública mundial. Es necesario organizar, clasificar y publicitar la información referida a los tratos de Chávez y Correa con las FARC y allegarla a todos los gobiernos. La presión internacional debería quebrar la confabulación farchavista o someterla al ostracismo. Si no fuera así, se legitimarán otro tipo de acciones.

Hay que colocar las cosas en su sitio. No estamos viviendo una situación común en que la confrontación armada desborda fronteras y afecta los países vecinos. Los gobiernos de Venezuela y Ecuador, más que sufrir el ''conflicto colombiano'', son aliados de las FARC. Precisamente eso es lo que amenaza la paz en la región, no la respuesta legítima del Estado al terrorismo y al narcotráfico. Tampoco se puede comparar con la pasividad de Francia frente a ETA. Francia no compartía los objetivos de la banda terrorista, no la armaba, ni la financiaba, ni ninguno de sus gobernantes recibió de ella aportes a sus campañas electorales.

Los gobiernos que integran la revolución bolivariana deben comprender que el terrorismo y los crímenes de lesa humanidad son inaceptables para el mundo y para sus pueblos. Omitirlo les puede llevar a recorrer el camino del general Manuel Antonio Noriega, ahogar su proyecto político y menoscabar el respaldo popular. Por eso, camaradas Chávez y Correa, lo mejor es romper con las FARC.

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domingo, mayo 18, 2008

Los email secretos de la alianza farchavista


El siguiente artículo de la Revista Semana ratifica nuestras denuncias hechas en las columnas de El Nuevo Herald y Semana.com, respecto a la alianza farchavista:

jueves, mayo 15, 2008

REVISAR LA EXTRADICIÓN

RAFAEL GUARÍN
Revista Semana on line.
15 de Mayo de 2008

La decisión de extraditar a la cúpula del paramilitarismo favorece al gobierno, pero erosiona gravemente el Estado de Derecho. Con habilidad, Uribe cambió el escenario y dejó en el aire a quienes decían que era incapaz de extraditar a los ex jefes paramilitares por físico miedo a que denunciaran sus presuntos vínculos con esas organizaciones. Resulta irónico que estos críticos ahora digan que los extraditó para que no hablaran.

El gobierno nunca dio la seguridad jurídica de no extradición; por el contrario, siempre condicionó la extradición a que Mancuso, Jorge 40, Don Berna y los demás narcotraficantes, acataran las obligaciones de la ley de justicia y paz. La Política de consolidación de la Seguridad Democrática, dentro de las medidas que combaten el resurgimiento de tales grupos, contempla “retirar todos los beneficios jurídicos, aplicar la legislación penal ordinaria y, cuando sea procedente, extraditar”.

Al comienzo del proceso con los paramilitares la extradición inmediata parecía lo conveniente. Suprimirla o suspenderla indefinidamente con ocasión de un “proceso de paz”, era un incentivo a nuevas bandas de narcotraficantes, dispuestas a disfrazarse de autodefensas o guerrillas con tal de obtener bajas penas en Colombia e impunidad en el exterior.

A pesar de eso, algunas cosas hacen pensar que la extradición debía hacerse luego de pagar las condenas en Colombia. La primera, el descubrimiento del famoso programa de ''Resocialización de Narcotraficantes” del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que a cambio de confesión de delitos, rutas de narcotráfico y dinero, ofrecía bajas penas y hasta la posibilidad de mantener parte de la riqueza ilícita. Esa es probablemente la razón por la que los hoy extraditados no delataron las vías de exportación de droga, ni entregaron bienes a la justicia colombiana. Prefirieron negociarlos con las cortes estadounidenses que reparar con ellos a las miles de víctimas, así diga el Alto Comisionado que tales bienes tendrán ese destino final.

La jugada de los paramilitares es pagar simultáneamente la pena que impongan las cortes estadounidenses por narcotráfico y la derivada por la comisión de crímenes de lesa humanidad, en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Un “articulito” de dicha ley establece que “la pena podrá cumplirse en el exterior”. El negocio es rentable para estos delincuentes: los 8 años que máximo pagarían en Colombia harían parte del tiempo que cumplirán en las cárceles estadounidenses.

Si se quería ser duro con los delincuentes (¡como debe ser!), se tenía que observar la regla de juego original: aplicarles la pena ordinaria que fácilmente ascendería a 40 años y, cumplida ésta, proceder a su extradición.

Lamentablemente, si no se hace algo desde la sociedad civil, la extradición terminará por ahogar en un mar de confusiones e impotencia a las víctimas y a quienes demandamos la verdad sobre los vínculos con políticos, empresarios, militares, magistrados, fiscales, multinacionales y las propias agencias de inteligencia norteamericanas.

Hay que exigir al gobierno impedir que se repita el incumplimiento de la Ley de Justicia y Paz en los 3.284 casos restantes. Es urgente fijar un término durante el cual se podrá cumplir con las obligaciones de verdad y reparación que tienen los sindicados, so pena de ser excluidos de los beneficios. Esta es la única forma de asegurar que los lugartenientes, que en realidad eran quienes movían la maquinaria asesina y también mantenían permanente relación con los diferentes estamentos de la sociedad, revelen la verdad.

Para despejar cualquier suspicacia de contribución a la impunidad, se debe excluir de Justicia y Paz a los extraditados. Con eso se elimina la posibilidad de cumplir la pena en el exterior, quedan cobijados por la justicia ordinaria y vigentes los procesos, en espera a que se verifique la pena en Estados Unidos y se requiera su repatriación a fin de que se condenen por crímenes de lesa humanidad. Finalmente, son imprescriptibles.

A esta altura, así parezca ingenuo, queda exigir al gobierno que haga equipo con las organizaciones de la sociedad civil con el propósito de mantener el reclamo de verdad, justicia y reparación y se establezcan mecanismos de seguimiento y observación rigurosa a los procesos que se adelanten en Estados Unidos.

En el futuro se necesita que un nuevo gobierno entienda que el tratado de extradición es de doble vía y tenga la valentía y el liderazgo de exigir el retorno de los narcoparamilitares, una vez cumplan las penas en Estados Unidos. Aún más, no se debe temer revisar el tratado y abrir un debate indispensable para evitar que un mecanismo de cooperación judicial se desnaturalice y que los criminales terminen gozando de las playas de Miami, mientras sus víctimas enfrentan en la soledad su propia desgracia.

Nota: ¿Por qué Sabas Pretelt no renuncia a la embajada en Roma y explica al país su papel en el escándalo Yidis?

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