¿Y LA OPOSICIÓN QUÉ?

www.votebien.com - marzo de 2006

Rafael Guarín explica por qué después de las elecciones del 12 de marzo los congresistas opositores al gobierno podrán dejar atrás sus intereses personales y hacer una verdadera oposición.

Por Rafael Guarín*

Varios analistas han manifestado su preocupación por la debilidad de la oposición luego de las elecciones del 12 de marzo. Contrariamente a lo que suele pensarse, la consolidación de la coalición gobernante en el Congreso no es negativa para quienes deben cumplir ese papel.

Desde la segunda mitad del siglo XX, además de la violencia, el fraude electoral y en algunos casos de políticas de seguridad que confundían a la oposición democrática con la subversión y la protesta social con actos de criminalidad, son tres los principales factores que no han permitido el ejercicio pleno de la oposición parlamentaria.

El primero tiene que ver con un diseño institucional que concentró el poder en los partidos tradicionales y excluyó a nuevas alternativas políticas. En esa línea están los principios de paridad y alternación del Frente Nacional, período paradójico en que la oposición tuvo que camuflarse en los partidos que constitucionalmente compartían la responsabilidad del gobierno, y el parágrafo del artículo 120 introducido en la reforma de 1968.

El segundo es el problema burocrático que la Constitución de 1991 no modificó sustancialmente y que configuró lo que Leal Buitrago y Dávila denominan “sistema político del clientelismo”, cuya regla es la dependencia del Estado para la reproducción electoral, al tiempo que es la raíz del “transfuguismo” que caracteriza a muchos congresistas.

Pero además, la falta de coincidencia del respaldo popular expresado en las elecciones presidenciales y legislativas ha sido un obstáculo para la oposición y un generador de inestabilidad política. No es cierto que una mayoría de oposición haya contribuido al control político eficaz, a un gobierno responsable y mucho menos a la armonía de las instituciones.

La historia enseña otra cosa. Dos casos en los que la oposición era mayoritaria en las cámaras, en contextos absolutamente diferentes, finalizaron con la tentativa o el rompimiento del orden democrático. El gobierno de Mariano Ospina Pérez, en 1949, cerró el Congreso en el afán de atajar a sus opositores.

Recientemente, en medio de la crisis del año 2000 por corrupción de miembros de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, Andrés Pastrana perdió la mayoría parlamentaria que había arrebatado al Liberalismo a punta de puestos y contratos. La salida fue intentar la revocatoria del Congreso y adelantar las elecciones, figuras que desbordan la Constitución.

Cuando las fuerzas que apoyaban al gobierno eran minoría, se optó por fomentar el transfuguismo repartiendo el aparato estatal y el presupuesto público entre congresistas de la oposición para dividirla, debilitarla y conseguir las mayorías que no habían alcanzado en las urnas. El epílogo de tal práctica no puede ser otro que la extensión de la corrupción.

En una democracia sin tradición de oposición parlamentaria organizada, disciplinada y coherente, la aplanadora uribista en el Congreso es una oportunidad para los partidos derrotados y el mejoramiento del sistema de pesos y contrapesos entre las ramas del poder público. En teoría, es previsible que el transfuguismo pierda vigor y la transparencia se beneficie. El gobierno no debería tener necesidad de comprar parlamentarios opositores y la ley de bancadas tendría un mejor ambiente para su aplicación.

La oposición debe asimilar las lecciones del actual proceso electoral y comprender que su éxito depende de una fuerte pero responsable fiscalización política, al igual de que cada crítica se acompañe de una propuesta que convenza de que es mejor opción de gobierno. Las nuevas reglas de juego favorecen la creación de un régimen de opinión pública que únicamente se puede aprovechar si los partidos opositores cumplen adecuadamente su función.

Por otro lado, aunque Laureano Gómez (“El Monstruo”) demostró que la oposición se hace sin necesidad de estatutos que la protejan y que, siendo Ministro de Gobierno, Fernando Cepeda planteó que no se requería, debido a que las garantías para su libre ejercicio se consagraban en la Constitución y la ley, no hay duda de que es indispensable que se expida un conjunto de normas que favorezcan su ejercicio y desarrollen el mandato señalado en el artículo 112 de la Carta. El largo e inconcluso camino del estatuto de la oposición incluye nueve proyectos de ley estatutaria a partir de 1993 y tres proyectos de acto legislativo. No ha existido voluntad de los gobiernos, ni de la oposición para su aprobación. El inicio del nuevo período de gobierno es la oportunidad para un acuerdo político que lo haga viable.

Finalmente, un efecto saludable de la reforma de 2003 y de la reelección presidencial, consiste en que la acción política de los partidos de oposición no puede seguir fundándose en el acceso al Estado. No es sabio insistir en la política clientelista y desconocer que el mensaje político y las propuestas son la única herramienta eficaz para ganar las elecciones. Así mismo, esas colectividades deben superar el caudillismo que las caracteriza y actuar colectivamente con base en un programa político claramente diferenciado del de la coalición de gobierno. Eso no implica que en temas tan importantes como el de la Seguridad Democrática, la lucha contra el narcotráfico, el combate al terrorismo y la política antisecuestro no pueda haber un acuerdo nacional que las convierta en políticas de Estado. En ese camino los intereses del país deben estar por encima de las motivaciones electorales.

Sobre el tema ver: Guarín, Rafael. “Colombia: Democracia Incompleta. Introducción a la oposición política”. Ed. ONU - DAE. 2005. Págs. 226. En: www.escuelavirtual.registraduria.gov.co/theme/registraduria/libroPNUD/Tomo_II/Tomo_II-TITULO_1.pdf

COLOMBIA DIBUJA UN NUEVO MAPA POLÍTICO

Published on June 4, 2006, Page PAGE: 29A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Foto tomada de www.semana.com

RAFAEL GUARIN
Especial para El Nuevo Herald

Los resultados electorales del 28 de mayo ratificaron las encuestas. El presidente Alvaro Uribe, al frente del Partido Social de Unidad Nacional, obtuvo una victoria indiscutible y eliminó las dudas que la oposición quiso generar sobre la transparencia de las elecciones.

Ganó también, y ampliamente, el Polo Democrático. Nunca antes la izquierda obtuvo una votación tan alta, ni había desplazado al Partido Liberal en las urnas. Sin duda, en estas elecciones se consolidó la transformación del mapa político que se inició después de promulgada la Constitución de 1991. He aquí algunas claves para interpretar lo ocurrido.

• La posibilidad de la reelección presidencial hace de la actividad gubernamental una campaña permanente. Lo mismo ocurre con la oposición. Este hecho convierte a las elecciones en una especie de sistema de rendición de cuentas. Los ciudadanos cotejan la gestión de gobierno con las propuestas de la oposición y sacan conclusiones. Las encuestas demostraban la satisfacción de la mayoría con la labor del presidente y su negativa a cambiar de gobierno. Por esta razón, Uribe casi no tuvo necesidad de hacer proselitismo.

• A pesar de la Ley de Garantías son evidentes los factores de desequilibrio en la competencia política. Es imposible diferenciar el presidente del presidente-candidato, lo cual le otorga mayor acceso a los medios de comunicación. Sin embargo, la inclusión de financiación pública y previa para las campañas presidenciales fue un acierto. Sin ella la oposición no hubiera podido participar en las elecciones.

• Los electores de hoy son más independientes, mejor informados y tienen más altos niveles de educación. El peso del voto urbano es abrumador. Una de las consecuencias de la mediatización de la sociedad es la personalización de la política y la pérdida de identidad partidaria. Importan para los ciudadanos más los candidatos que los partidos. Las organizaciones políticas y los aspectos ideológicos pasaron a un plano secundario.

• El clientelismo es cada vez menos importante en este tipo de elecciones. En zonas tradicionalmente liberales, como la Costa Atlántica, el Polo superó al liberalismo, con excepción de Córdoba y Sucre. Las colectividades tradicionales no lograron adecuarse al nuevo escenario de la democracia. Lo que les queda está anclado a los sectores rurales. Los electores de las grandes ciudades responden al mensaje político de los candidatos y no a las maquinarias que en el pasado hicieron grandes al liberalismo y al conservadurismo.

• Los resultados son la prueba reina del fin del bipartidismo. Durante más de 150 años la política y la emulación democrática o violenta fue entre liberales y conservadores. El Partido de Caro subsiste pegado al presidente y el de Benjamín Herrera no llega a ser ni la sombra de lo que fue. El país ya no es liberal ni conservador. Es independiente.

• La política se realizará alrededor de dos coaliciones: una de centro-derecha y otra de centro-izquierda. La primera opción de gobierno que tiene la oposición es el Polo y no el liberalismo. El viejo partido no tiene las credenciales suficientes para que los ciudadanos le crean su discurso de izquierda que a veces parece más radical que el del Polo. El Partido Liberal terminó compitiendo por los electores ideologizados de la tradicional izquierda democrática y descuidó el grueso de los electores.

• Los votos no se endosan. Una gran parte de quienes en el pasado votaban por el Liberalismo se dispersaron entre Alvaro Uribe y Carlos Gaviria. A pesar del compromiso de Rodrigo Rivera, Rafael Pardo y Andrés González, su votación no se reflejó en la de Serpa. El candidato liberal no representó nunca nada de lo que motivó a los electores a votar por sus competidores en la Consulta Liberal.

• La oposición jugó mal. Rechazó el respaldo ciudadano a la Seguridad Democrática. Con sus ataques terminó colocando el debate político en ese campo y jugando de visitante. Uribe, sin mayor esfuerzo, logró que los colombianos escogieran entre su política de seguridad y la de quienes manifestaban rechazarla, sin proponer nada convincente en la materia.

Como señala Dick Morris: ``Cuando un oponente tiene una clara zona de superioridad, lo mejor es pasarla por alto''.

• Hay más antiuribismo que Polo. Con la ayuda de Uribe, el Polo encarnó mucho mejor el antiuribismo que Horacio Serpa. Carlos Gaviria acabó con la candidatura liberal cuando recordó la embajada ante la OEA. La victoria del Polo frente al liberalismo no se circunscribe al 28 de mayo y, como dijo Antonio Navarro, es ''el primer paso hacia la Casa de Nariño''. El propio Uribe lo reconoció al graduarlo como su contradictor.

• El Partido Liberal nunca volverá a ser el mismo. Está en una encrucijada. Dejó de ser la columna vertebral del sistema político. Su histórica división interna entre centro-derecha y centro-izquierda lo conduce a una insalvable división. Para mantener su consistencia el ala de izquierda está abocada a sumarse a la coalición liderada por el Polo. Igual ocurre con el otro sector, pero respecto a la coalición gobernante.

Institucionalmente, el Partido Liberal tomará uno u otro camino dependiendo de quien gane el pulso interno. Por lo pronto, Uribe se apresuró a abrir la puerta para que el Liberalismo oficialista baje la guardia.

Nota: por equivocación en la edición se menciona al Partido de la U, realmente Uribe fue elegido por una coalición amplia.

LIBERALES: BIENVENIDOS AL PASADO

www.semana.com - Fecha: 03/18/2006 - Edición: 1246

Rafael Guarín analiza la debacle electoral de los liberales y predice que una segunda vuelta sería entre Carlos Gaviria y Uribe

Por Rafael Guarín*

No es gratuito que César Gaviria haya ofrecido la renuncia a la Dirección Nacional del Partido Liberal. Los resultados del domingo pasado son un absoluto desastre para esa colectividad, que desde 1934 no ostentaba la condición de minoría respecto al Partido Conservador. A pesar de los esfuerzos por presentar lo ocurrido como una prueba de su vigencia política, lo cierto es que el balance no puede ser peor.

En 1994, el Liberalismo eligió 59 senadores. Esa cifra descendió a 30 en 2002, y actualmente, a 17. En 1998, los votos liberales para elegir esa corporación superaron los tres millones. Hoy no llegan a la mitad. Es reflejo del distanciamiento de los electores de los grandes centros urbanos. Al igual que las Farc, el Partido quedó anclado en las zonas rurales y completamente desconectado de las nuevas generaciones de electores. En Bogotá, en el mismo período, pasó de tener seis representantes a la cámara, a dos. La tan anhelada renovación no sólo no se dio, sino que los escaños alcanzados por el Partido corresponden enteramente a maquinarias políticas, lo cual deja en duda que sea el mejor vehículo para el ingreso de nuevos liderazgos a la vida política.

El tiempo no ha pasado para el Partido Liberal. La acción política y su relación con los ciudadanos se mantienen pendulares entre la apelación al desteñido y remendado trapo rojo y sus cada vez más desgastadas maquinarias. La estrategia adoptada para enfrentar las elecciones parlamentarias se montó sobre esos dos elementos, marginando cualquier esfuerzo por conquistar el voto independiente. La misma conformación de las listas dio prelación al cálculo electorero sobre la importancia que tiene hoy el mensaje político, razón por la cual asistió a las elecciones parlamentarias sin programa, a pesar del mandato del anterior Congreso Liberal. La mentalidad tradicional de sumar y restar votos sirve para elegir una raquítica representación, pero no para ser opción de poder.

A eso se añade la insistencia en criticar y criticar y no proponer. Atacar la seguridad democrática sin presentar una política que la supere, y utilizar, por parte de algunos de sus líderes, las masacres y los actos terroristas de las Farc como banderas proselitistas, son una estrategia equivocada que ha puesto la campaña en el campo en que el Presidente es más fuerte.

Por otro lado, las urnas ratificaron que no existían partidos políticos, sino caudillos regionales agrupados bajo personerías jurídicas de las que entraban y salían a su antojo, apoyados en la fragmentación y la atomización partidista y en un nocivo diseño del marco legal y constitucional de los sistemas de partidos y electoral. Eso explica que la desbandada liberal hacia las filas uribistas no era únicamente de credenciales parlamentarias, sino de votos de carne y hueso.

Pero el resultado tiene también que ver con la dependencia de las clientelas liberales del aparato estatal. El ex presidente Turbay, experto en estos temas, señaló el año pasado que el Liberalismo no sobreviviría en las actuales condiciones sin gobierno. No le faltaba razón. La longevidad de los dos partidos tradicionales, desde la segunda mitad del siglo XX, se debe a la cuestión burocrática, no a la existencia de proyectos políticos. Esa característica de la política colombiana permite comprender los resultados favorables del partido de la U, Cambio Radical y el conservatismo. No es un apoyo repentino de cuatro meses, ni la resurrección milagrosa del partido de Caro. Es el reflejo del peso burocrático en el funcionamiento de las maquinarias políticas. El conservatismo lleva ocho años gobernando y los integrantes de las U y de Cambio Radical, mayoritariamente de origen liberal, han gozado de los privilegios de la cercanía con el poder.

La imagen del presidente Uribe santificó (no por Juan Manuel) listas plagadas de políticos tradicionales. Pero, aunque fue muy importante, no parece ser el elemento fundamental en los resultados de los partidos uribistas. Los votos no preferentes no alcanzaron en ningún caso el 25% del total obtenido por cada una de esas listas,siendo el resto prácticamente pura maquinaria. Los partidos tradicionales perdieron un activo histórico. La identidad partidaria, que era muy fuerte en Colombia, casi se desvaneció. La L obtuvo cerca de 270.000 votos, 10.000 más que el conservatismo y 200.000 menos que en las elecciones de 2003.

Finalmente, el Liberalismo quedó en la sin salida. La consulta arrojó como candidato a un hombre aguerrido y de convicciones, pero con los más altos porcentajes de resistencia ciudadana. Horacio Serpa representa menos de la mitad de los ciudadanos que participaron en la consulta. Su campaña demostró que su liderazgo es principalmente rural, al ser derrotado en las principales ciudades. El único ganador con esa decisión fue Álvaro Uribe, que sabe que su competidor más fuerte tiene la paradoja de ser, en principio, el hombre más capaz de agrupar la oposición, al tiempo que el más fácil derrotable.

Cerca de un millón de ciudadanos que votaron en la consulta no son liberales o por lo menos no se identifican con el Partido, de lo contrario, esa votación se reflejaría en los resultados de las listas al Congreso. Los electores de Rafael Pardo en un porcentaje importante se movilizaron por la publicidad antiserpista, y las propuestas de Rodrigo Rivera y Horacio Serpa son como el agua y el aceite, lo que dificulta enormemente la unidad, a pesar de las declaraciones protocolarias. Como si fuera poco, se rumora que un importante número de uribistas respaldaron al ganador de la consulta para allanar la reelección.

En ese escenario, la candidatura liberal a la Presidencia de la República arranca realmente con un millón de votos, el mismo número que tiene Carlos Gaviria. Es claro que los electores del Polo Democrático Alternativo tienen coincidencias mayores que las expresadas al interior del Liberalismo, fortaleza burocrática y mejores niveles de aceptación en la opinión independiente. No es extraño que, en caso de darse una segunda vuelta, veamos a Carlos Gaviria frente a Uribe y con ello un Partido Liberal colapsado.

La debacle liberal es ante todo la de un modelo de partido que no ha podido superar la política tradicional. El acceso a los puestos y a la contratación pública para mantener cautivas clientelas electorales está cada vez más fuera de lugar en la perspectiva de construir opciones de poder, mucho más con la introducción de la reelección presidencial. Si el Partido Liberal no permite una verdadera renovación de dirigentes y de su práctica política, en poco tiempo sus miembros tendrán que vivir exclusivamente del pasado.

ESTRATEGIA EQUIVOCADA

www.semana.com - Fecha: 02/19/2006 - Edición: 1242

foto tomada de www.semana.com

“Más allá del discurso ideológico, los cuestionamientos a la seguridad democrática son una estrategia equivocada para los candidatos opositores de Uribe”, opina Rafael Guarín.

Por Rafael Guarín*

Los escándalos de las dos últimas semanas marginaron el debate programático en las campañas. Las acusaciones provenientes de diestra y siniestra pesan más que el análisis de los principales problemas del país. Uno de ellos, que sin duda será escenario preferente de pugna, es la política de seguridad.

En este tema, como en la mayoría de los que se deben ventilar en las elecciones, los políticos están divididos. Por un lado, los defensores acérrimos de la seguridad democrática y, por otro, los que consideran que dicha política es un absoluto fracaso. Ambos puntos de vista pecan por exceso.

El conflicto colombiano supera las cuatro décadas y se ha complejizado enormemente con el narcotráfico y el paramilitarismo. Nuestra geografía, la precariedad en que se encontraban las Fuerzas Armadas hasta hace cerca de seis años, la vinculación a redes terroristas internacionales de los actores al margen de la ley, la inestabilidad regional y la simpatía de sectores políticos de naciones vecinas con esos grupos, dificultan la salida militar.

En este contexto, no se puede pretender seriamente que la guerra popular prolongada declarada por la subversión y el fenómeno de las autodefensas, se eliminen en poco tiempo.

Indudablemente, los resultados de la seguridad democrática son parciales, pero evidentes. Mayor seguridad se ha traducido en mayor confianza y en una visión más optimista del futuro. Este hecho, que la oposición atribuye al “embrujo mediático”, ha abierto las puertas a la inversión extranjera, mejorado la percepción que tienen los ciudadanos acerca de la misma y reactivado el turismo, lo que explica el deseo de la mayoría, expresado en las encuestas, de mantener ese esfuerzo. Tales logros obedecen a una estrategia que tiene claro que el ejercicio de la autoridad y de la fuerza, acorde con el Estado social de derecho, debe presidir cualquier iniciativa en ese sentido.

Si bien la Seguridad Democrática presenta fallas, se debe concebir como el punto de partida de cualquier esfuerzo que los colombianos realicemos para conseguir la convivencia pacífica y defender la democracia. No se puede pretender hacer tierra arrasada de esta política por el hecho de ser liderada por el oponente. Por el contrario, la difícil lucha que se adelanta contra los grupos armados ilegales requiere la solidaridad y la unidad nacional.

El país necesita mantener y profundizar la política de seguridad corrigiendo sus errores, descartando sus excesos y llenando sus vacíos. Por supuesto, no es una obra perfecta, como más de uno quiere mostrarlo, pero tampoco es el chasco que quieren vendernos. Tres son las principales debilidades que se deben resolver con urgencia.

La primera consiste en unir al esfuerzo militar, con la misma intensidad, la acción social del Estado. La segunda, articular un programa de seguridad ciudadana en los grandes centros urbanos. Y la tercera, convertirla en una política de Estado, esto es, que trascienda de una administración, de un liderazgo particular y cuente con el respaldo de las diversas fuerzas políticas comprometidas con la defensa de la institucionalidad democrática y la dignidad humana. Un buen ejemplo es el Pacto Antiterrorista propuesto por el PSOE, en la oposición, y acogido por el Partido Popular, en el gobierno de Aznar en España.

Más allá del discurso ideológico, los cuestionamientos a la seguridad democrática son una estrategia equivocada para la oposición. Desde el punto de vista electoral, concentra el debate en el campo en que Álvaro Uribe es más fuerte y donde sus competidores no tienen oportunidad, desconociendo enseñanzas básicas que para estos casos imparten conocidos consultores como Dick Morris (El Nuevo Príncipe – 2002). Esa actitud busca polarizar a la sociedad en respuesta a la personalización de la política de seguridad y al afán electoral, sin reparar en que pone en peligro los éxitos alcanzados.

En una democracia los ciudadanos tienen la última palabra. Es a ellos a quienes corresponde decidir en las urnas sobre los modelos de sociedad y los caminos de futuro que les presentan los candidatos y los partidos políticos. Esa controversia, que es esencia de cualquier régimen político basado en la libertad, pretende ser empleada por los grupos guerrilleros para interferir la voluntad ciudadana. No es difícil predecir que los ataques violentos de diciembre pasado se repetirán antes de las elecciones parlamentarias (marzo) y las presidenciales (mayo), en el marco de una estrategia de ablandamiento de la opinión pública.

No se trata de replicar el discurso sectario que incrimina de terroristas a la oposición democrática. Simplemente, es reconocer un principio básico de la guerra que enseña Clausewitz (De la Guerra - 1831). El centro de gravedad, esto es, “el centro de todo poder y movimiento, del cual depende todo”, para quienes estamos del lado de la Constitución, es el respaldo popular a la política de seguridad. Por eso, siguiendo a ese autor, las Farc concentrarán toda su energía, sus golpes y su determinación contra ese punto. Esa estrategia aprovecha las fracturas que sobre la seguridad democrática existen entre las diferentes fuerzas políticas, con el fin de utilizar las urnas para quebrar la política de seguridad. A eso nadie debe prestarse.

El camino que se debería seguir es el de un Gran Acuerdo entre todas las vertientes democráticas, con el fin de blindar esa política contra las acciones terroristas y convencer a la subversión de que su accionar violento no tendrá efecto alguno en las elecciones.