REVISTA DE PRENSA INTERNACIONAL

Presidencia del Gobierno de España

Registro de prensa de la columna "Estados Unidos: ¿más cerca o más lejos?"

Lealo en:

http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/BoletinPrensaInternacional/_2007/boli20070316.htm

REVISTA ITALIANA LEF

COLOMBIA - REINSERIMENTO PER I NARCOS

Registro de prensa, mayo de 2007.

http://www.avvenimentionline.it/pdf/17_27-04-2007.pdf

"Mentre la Colombia dichiara guerra al narcotrafico e ai paramilitari che hanno creato delle vere imprese dell`eroina e della cocaina, il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti sperimenta un programma di "risocializzazione" dei trafficanti di droga", scrive Rafael Guarin sule pagine di El Nuevo Herald. Guarin denuncia la doppia morale della politica internazionale contro il narcotraffico, che "impone misure di controllo ai Paesi produttori, rese però vane dagli accordi segreti che alcuni criminali raggiungono con le autorità statunitensi".

Guarin sostiene che le trattative con i trafficanti hanno portato alla liberazione di più di trecento colpevoli. "Non è possibile che i colombiani paghino la guerra alla droga con migliaia di morti, mentre ai paramilitari che commerciano cocaina è permesso emigrare a Miami". Il programma di reinserimento degli ex narcos promette un visto per entrare negli Stati Uniti e il mantenimiento del proprio patrimonio, in cambio di una confessione e del pagamento di una multa di milioni di dollari.

LAS TERRORISTAS FARC

LA ESTRATEGIA DE LAS FARC

Publicado el sábado 7 de julio de 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

RAFAEL GUARIN

Mientras algunos grupúsculos en el exterior pretenden convencer que las FARC luchan por la libertad y defienden a los oprimidos, el pasado jueves los colombianos nos movilizamos masivamente para rechazar el secuestro. Las calles se invadieron con pancartas que reclamaban la libertad inmediata de quienes están encadenados en las selvas a merced de las FARC, también apoyos al acuerdo humanitario o incluso rechazos a que el gobierno desmilitarice una zona del territorio nacional. A pesar de las diferencias políticas de quienes marcharon existió un común denominador: una severa descalificación a la guerrilla.

Esa actitud colectiva es respuesta al terrorismo y demostración de rechazo a una estructura criminal a la que no interesa la reconciliación y la paz. Por el contrario, el asesinato de los diputados del Valle del Cauca y el plan ideado que utiliza el secuestro como instrumento, dibujan una de las más grandes y largas estrategias terroristas que se hayan conocido.

Al examinar cuidadosamente esos hechos se evidencian los elementos del cálculo terrorista clásico. El primero de ellos es que tanto el secuestro de políticos y miembros de la fuerza pública como su fusilamiento son acciones planificadas. No hay que olvidar que las FARC amenazaron con asesinar a los plagiados ante un hipotético rescate. En este caso, ni siquiera existió una operación de las fuerzas militares como se reconoce en su comunicado. Segundo, con tales actos intentan provocar en la sociedad desconcierto y miedo y, por último, obtener una reacción que modifique el comportamiento del Estado y los ciudadanos.

Tampoco hay duda de que esos crímenes portan un mensaje que se ratifica con la ''oportuna'' aparición de un video en que víctimas objetan el rescate y piden un acuerdo humanitario. El propósito salta a la vista: generar presión nacional e internacional sobre el gobierno Uribe, restarle capacidad de maniobra, obligarlo a acceder a un arreglo bajo las condiciones de la guerrilla y ocasionarle el mayor desgaste posible.

A menos que se entreguen los cadáveres y se demuestre otra cosa, la lógica terrorista de las FARC no permite descartar que la matanza haya sido a sangre fría y sin que mediara acción militar alguna. Su justificación estaría en la utilidad para disuadir cualquier rescate, procurar manipular a los ciudadanos y empujarlos a favorecer el acuerdo humanitario y condenar el gobierno, manosear a éste afirmando que se trató de una acción coordinada con paramilitares o mercenarios y generar declaraciones en tonos poco diplomáticos como la de la protagónica Francia. Finalmente, como lo señala Peter Waldmann, el terrorismo tiene una dimensión política que se expresa en ''las intenciones y finalidades políticas'' de sus autores.

No sería extraño. Las FARC menosprecian la opinión pública favorable y deben pensar que no tienen nada que perder, al igual que no creen haber perdido con la bomba en el Club El Nogal, el asesinato de nueve concejales del municipio de Rivera o del grupo de secuestrados en que se encontraba el gobernador de Antioquia.

Paradójicamente, las terroristas FARC se explican, entre otras cosas, por el éxito de la ''política de seguridad democrática''. Ante la fortaleza del Estado optaron por el terrorismo como principal método para resistir y preservar fuerzas, lo que hizo depender su capacidad de perturbación enteramente de su práctica.

El perfil terrorista se vincula también con su derrota estratégica. El drama, del cual difícilmente podrán reponerse, es que si bien fueron capaces de construir una organización armada son cada vez más repudiadas, desconectadas de la sociedad y están políticamente a un paso de la aniquilación. El único salvavidas que se les ofrece es la candidez de gobiernos hábilmente enredados por la retórica fariana y de sectores políticos que pregonan el apaciguamiento y silenciosamente esperan terminar beneficiándose del terrorismo.

Si a las FARC les disgusta que los llamen terroristas, liberen sin condiciones a los secuestrados y no atenten contra los civiles. Si les incomoda el epíteto de narcoguerrilla, abandonen el narcotráfico. Si quieren una negociación, valídense primero ante los colombianos como actores políticos. Nada de eso ocurrirá, pues su inmersión en el negocio de la coca los convirtió en alumnos aventajados del terrorismo del Cartel de Medellín.

Nota: El presidente Uribe y los partidos de gobierno y oposición deben dejar de lado sus cálculos políticos y comprender que solamente su unidad podrá derrotar a los violentos.
http://www.rafaelguarin.blogspot.com/

LA PROTAGÓNICA FRANCIA

Publicado el domingo 24 de junio 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Sarkozi y Chirac. Foto de http://news.bbc.co.uk/hi

RAFAEL GUARIN


Un video filmado hace cerca de ocho años en algún lugar de las selvas de Colombia registra el momento en que el cabecilla de las FARC, Mono Jojoy, anuncia a un numeroso grupo de policías secuestrados que emprenderían ''una campaña nacional e internacional buscando gente, países, lo que sea'' y que ''las familias debían presionar es al Estado'' a efecto de lograr lo que denominó un ``canje de prisioneros''.

Desde tiempo atrás la guerrilla hizo del secuestro, la desmilitarización de territorios y el ''canje'' instrumentos centrales de su estrategia, mientras del narcotráfico su bastión para el fortalecimiento militar. Tales asuntos son parte de un meticuloso plan destinado a conseguir que se les reconozca el carácter de organización política alzada en armas y el estatus de beligerancia.

Las FARC se sirven de una férrea disciplina en el mensaje. Cada uno de sus pronunciamientos y principales acciones son notas de una partitura escrita con mucha antelación. No improvisan, ni se dejan provocar por el gobierno o la opinión pública, tampoco tentar por los países amigos del acuerdo humanitario o el discurso de ongs de derechos humanos. Son voluntariamente autistas y confían ciegamente en los planes de mediano y largo plazo orientados a erigir un ``Estado alternativo de nuevo tipo''.

Hábilmente elaboraron un lenguaje que procura manipular la percepción de los ciudadanos y de la comunidad internacional. Hablan de prisioneros de guerra cuando se refieren a víctimas del secuestro en su poder o a secuestradores, terroristas, asesinos, violadores, extorsionistas o narcotraficantes que engrosan sus filas y están recluidos en las cárceles, invocan una supuesta guerra civil cuando tienen más del 98% de rechazo de los colombianos, lo que no cohíbe su búsqueda de interlocución con gobiernos extranjeros.

En esa puesta en escena Francia ocupa un papel protagónico. En el afán de liberar a Ingrid Betancourt, Jacques Chirac se dejó enredar en la telaraña tejida por las FARC, aumentó la rentabilidad de su secuestro y la condenó a ser su ''activo'' más preciado. Raúl Reyes no se cansa de recordar que de su parte recibieron un emisario y de pedir nuevos encuentros. Eso sin comentar la reciente declaración del G8, impulsada por Francia, que califica de ''combatientes'' a los ''farianos'' e insta una ``solución humanitaria''.

Chirac parece que nunca se percató de que las presiones abiertas y veladas contra el gobierno de Uribe, lejos de viabilizar el acuerdo humanitario, fortalecían la intransigencia guerrillera ante las obvias ganancias. No inocentemente las FARC resaltaron positivamente sus gestiones y piden mantenerlas con el gobierno de Nicolás Sarkozy.

Todo eso ayudó a convencer a los secuestradores que el precio de la libertad de Ingrid y de los demás cautivos únicamente sería su reconocimiento como ''actor político'', lo que es posible a partir de uno de tres eventos, el quiebre de la Política de Seguridad Democrática en las urnas, su desmonte por Alvaro Uribe o la atribución de la calidad de beligerante que haga un tercer Estado. Lo primero otorgaría a las FARC, pero sólo hasta el 2010, una victoria al colocar las condiciones del acuerdo humanitario; lo segundo, es un absurdo suicidio político del presidente.

Pero si las FARC continúan avanzando en la pretensión de beligerancia en la comunidad internacional, previsión seguramente hecha por Uribe, la verdadera razón de Estado que explica la liberación de Rodrigo Granda estaría ligada a una serie de gestos humanitarios destinados a justificar como última opción, sin la oposición francesa y estadounidense, un rescate que prive a las FARC del instrumento con el cual pueden eliminar de un tajo los logros de la política de seguridad: los secuestrados.

No es una especulación. Es difícil creer que el gobierno observe impávido que la guerrilla logre en el exterior el reconocimiento político que se le niega en Colombia por las acciones terroristas, la inmersión en el negocio de las drogas y la falta de legitimidad. Tampoco es razonable descartar que Bush y Sarkozy avalen un rescate luego de la demostrada voluntad de Uribe, la reiterada negativa de las FARC y agotados todos los esfuerzos de acuerdo humanitario. Finalmente, después de nueve años de estar encadenado en la profundidad de la selva, hasta la acción militar resulta ser una ''solución más humanitaria'' que el sometimiento indefinido a esa indigna condición.

Nota: Presidente Uribe: ¿qué pasó con las interceptaciones telefónicas?

LA MANO DEL TENIENTE CORONEL

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Publicado el 07 de junio 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Foto AP

RAFAEL GUARIN

Es cada vez más evidente la injerencia de Venezuela en la política colombiana. En febrero el embajador Pavel Rondón asistió a un acto en que consignas a favor del Polo Democrático y del camarada Chávez le sirvieron de fondo para decretar la futura desaparición del Partido Liberal. Hace poco trascendieron sospechas de vínculos de militares activos con círculos bolivarianos y se descubrió que políticos de ese país intervienen en el proceso electoral que culminará en octubre próximo.

SOBRE LA LIBERACIÓN DE GUERRILLEROS

Registro de prensa:

Publicado el 26 de mayo 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Fragmento del artículo titulado "Uribe liberará a guerrilleros de las FARC" del corresponsal en Colombia Gonzalo Guillén:

"Para el catedrático colombiano y columnista de El Nuevo Herald, Rafael Guarín, ``el intercambio humanitario no es un fin, sino un medio para las FARC. Es un instrumento para desgastar al gobierno dentro del país y ante la comunidad internacional, al cual no renunciará, así el presidente Uribe excarcele unilateralmente centenares de guerrilleros.

Si bien deja la decisión en el campo de la guerrilla, ésta encontrará argumentos para no entregar a los secuestrados y mantener la exigencia de despejar dos municipios y conseguir su objetivo principal: reconocimiento como actor político''. Guarín sostiene que el anuncio de Uribe, ``hasta ahora sin condiciones, es un giro radical que en la actual coyuntura puede ser visto como debilidad y una dádiva inadmisible, que además de haber sido rechazada inmediatamente por alias Raúl Reyes (vocero de las FARC), con seguridad no es bien vista al interior de las fuerzas militares''.

"PARAPREGUNTANDO"

CONVULSIÓN EN COLOMBIA*
Publicado el 26 de mayo 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Foto tomada de www.semana.com

RAFAEL GUARIN

La coyuntura actual es de las más convulsionadas en los últimos años en Colombia. A las escandalosas revelaciones que vinculan al paramilitarismo a funcionarios del gobierno, generales, multinacionales y grupos económicos, se sumó la captura del gobernador del César y de políticos que pactaron con las AUC un acuerdo para ``refundar la república''.

También trascendió que paramilitares delinquen desde su lugar de reclusión y un plan de espionaje a líderes de oposición, funcionarios y periodistas que data de hace más de dos años. La confusión aumentó con la absurda propuesta del presidente Alvaro Uribe de liberar unilateralmente guerrilleros presos, rápidamente rechazada por las FARC, y la de conceder libertad a quienes digan la verdad sobre sus relaciones con los paramilitares.

El momento es propicio para plantear las siguientes preguntas:

¿Qué pensará el embajador en México, el exfiscal Luis Camilo Osorio, de haber precluido precipitadamente el proceso que se adelantaba al general Rito Alejo del Río y de su pasividad ante las denuncias de intervención de los paras en las elecciones del 2002? ¿Qué espera la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para presentar resultados en la investigación a Osorio? Existiendo nuevos hechos, ¿el fiscal Mario Iguarán no deberá investigar la conducta de su antecesor y de los funcionarios de esa administración?

¿Por qué si el procurador general, Edgardo Maya Villazón, niega enfáticamente haber tenido vinculación alguna con la campaña de Hernando Molina a la gobernación del César en el 2003, en esa oportunidad llamó entusiasmado a miembros de la Dirección Nacional del Partido Liberal para agradecer el apoyo recibido? ¿Existe alguna diferencia entre la situación que llevó a renunciar a la canciller Araujo de la que tiene el procurador respecto a sus hijastro y sobrino en la cárcel?

Si el presidente Uribe se muestra neutral frente a la actuación de la justicia contra los parapolíticos, no ha sido igual en el caso del exdirector del DAS Jorge Noguera. ¿Podrá abstenerse de intervenir cuando las acusaciones apuntan contra los primos Santos, vicepresidente y ministro de Defensa?

¿Será cierta la versión que el exgeneral Iván Ramírez, sindicado por Mancuso como promotor de la conformación de grupos paramilitares, tiene al día de hoy vínculos con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS? ¿Responderá su Director?

¿Mancuso contará si el gobierno estadounidense mantuvo relaciones con los paramilitares? ¿Es creíble que la embajada de Estados Unidos no tuviera información de los pagos de multinacionales a los paras? ¿Ha sido tan fútil la defensa de sus empresarios que tampoco se enteró de los problemas de Chiquita Brands y de su complicidad en el tráfico de 3,000 fusiles con destino a Carlos Castaño? ¿Es veraz lo dicho por Vicente Castaño sobre la participación de un miembro de la CIA en reuniones con la cúpula paramilitar? ¿En todo esto tuvo algún papel esa agencia?

Por otro lado, ¿es cierto que el gobierno colombiano no estaba enterado que inteligencia de la Policía realizaba interceptaciones telefónicas a los narcoparamilitares presos en Itagüí? ¿Lo prudente no era precisamente que se efectuaran dichas interceptaciones para evitar una nueva ''Catedral''? ¿Debe el gobierno hacer pública la lista de personas espiadas? ¿Quién tiene las grabaciones? ¿Si los mandos de la policía no conocían la operación, estaremos en un caso de infiltración paramilitar? ¿Qué opinará el coronel Mauricio Santoyo, antiguo secretario de seguridad de la Presidencia y experto en ''chuzar'' las comunicaciones de las ONG en Antioquia?

Más interrogantes surgirán de las confesiones paras mientras los involucrados tratan de evitar que la justicia toque a sus puertas. En esa línea, la extradición, contrario a lo que creíamos, puede terminar siendo una salida para todos los involucrados. Activarla da oportunidad de negociar una baja pena en Estados Unidos por narcotráfico, al tiempo que callar la verdad y proteger a sus socios en la política, economía y fuerzas militares.

De comprobarse que los narcoparamilitares delinquieron en prisión, lo que procede es aplicar las penas ordinarias, mucho más severas con sus delitos que la ''ley de justicia y paz'', y extraditarlos una vez se hayan cumplido. Es una nueva prueba para el liderazgo del presidente Uribe y un reto histórico para la sociedad colombiana.

Nota: Otorgar libertad a cómplices de las AUC a cambio que reconozcan sus delitos es impunidad. Y excarcelar gratuitamente guerrilleros, debilidad e impunidad.

*Título con el que apareció la columna en El Nuevo Herald.

DETRÁS DE LOS APRIETOS DE URIBE

Publicado el 11 de mayo de 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Casa de Nariño - Bogotá D. C.

RAFAEL GUARIN

Cuando faltan más de tres años del segundo período del gobierno de Alvaro Uribe, el ''desaire'' de Al Gore y los reclamos de congresistas demócratas durante su visita a Washington dejan claro que las cosas ya no serán como antes.

La penetración del paramilitarismo y el narcotráfico en las instituciones lesiona gravemente una relación calificada por ambos países como estratégica. No hay que olvidar que Colombia ha sido el principal aliado en América Latina de la administración Bush y punto de contención de la ''revolución'' chavista. Tampoco que los exitosos resultados en materia de seguridad se deben principalmente a la modernización de la fuerza pública, imposible sin el concurso estadounidense. Los acontecimientos recientes y el innegable ambiente propicio a las aspiraciones demócratas de reconquistar la Casa Blanca ponen esa alianza en entredicho.

Las acusaciones de confabulación de narcoparamilitares con oficiales del ejército, la coalición de gobierno y el propio Uribe no son nuevas. En el caso del presidente, aun antes de ser gobernador de Antioquía (1994) y durante su campaña en 2002 se le adjudicaron muchas de las críticas que se reciclan hoy, lo que no impidió el masivo respaldo en las urnas. Siguiendo El nuevo príncipe de Dick Morris, probablemente esto contribuye a que su liderazgo no se resienta en medio del escándalo y aumente 10 puntos en las encuestas, hasta llegar a 75% de favorabilidad.

Esa aparente inmunidad convierte los escenarios foráneos en el campo para los ataques de la oposición democrática y la guerra política de las guerrillas. Sin pretender sugerir complicidades, en ello coinciden, consciente e inconscientemente, unos y otros.

Desde el Polo Democrático y sectores populistas del Partido Liberal se considera que destruir la seguridad democrática es indispensable para sus tesis de apaciguamiento y abrir las puertas a lo que con las FARC denominan la ''solución política al conflicto social y armado''. Su cálculo les puede dar réditos en el corto y mediano plazo, pero a la larga, si obtuvieran su propósito, las consecuencias serían nefastas en el combate a los grupos armados ilegales.

Por su parte, para las FARC se trata de avanzar en el quiebre de la política de seguridad abonando un paulatino desmonte del Plan Colombia, a través de una lenta y persistente campaña que combina acciones políticas, propaganda y satanizaciones. En ese sentido, se mina la cooperación militar aprovechando hábilmente las contradicciones de republicanos y demócratas. En el fondo, hay un presupuesto similar al que anima a los terroristas en Irak, conseguir por la vía política lo que son incapaces en el terreno militar.

Esto permite comprender mejor el alcance de la campaña de desprestigio y la aparición de nuevas ONGs que replican en inglés el discurso subversivo. Todo hace parte de una estrategia que busca apalancarse en el exterior para obtener un viraje en la opinión ciudadana y en la actitud norteamericana, con la ambición de beneficiarse en el futuro cambio de ambos gobiernos o ganar el pulso militar.

De igual manera la parapolítica alcanza el TLC. La hipotética negativa del Congreso pulverizaría el carácter especial dado al vínculo que une a Washington y Bogotá. Pero puede ser peor. No es descartable que los demócratas quieran salvaguardar los lazos con Colombia, pero no con Uribe. En otras palabras, que se apruebe el TLC con la aclaración que no representa un respaldo al presidente. Su impacto sería muy negativo en un gobierno que metió todos los huevos en una sola canasta, dejó en plano secundario al resto del mundo y alineó su política exterior con la guerra contra el terrorismo.

Sin duda un deterioro de las relaciones arrojará un ganador, las FARC, y como lo señaló la analista Laura Gil, la posible reorganización de grupos paramilitares. Aún se puede evitar, si los demócratas entienden que su válida exigencia de justicia debe acompañarse de individualizar responsabilidades y no de medidas que afectaran indiscriminadamente a los colombianos. También, insistimos, si las bases de la política de seguridad democrática se despersonalizan y convierten en una política de Estado. En esto el Partido Liberal podría tomar la iniciativa.

Por lo pronto, lo que parece evidente es que si alguien pensó en algún momento en extender el gobierno Uribe hasta 2019, como lo sugirió Belisario Betancur, los demócratas ya hicieron saber su oposición.

PACTOS CON NARCOS

Published on Tue, april 18, 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Hernando Gómez - alias "Rasguño" - "decidí explorar el camino de la justicia norteamericana, pues ese sistema contempla la posibilidad legal de llegar a un sometimiento con acuerdo previo"

Foto www.semana.com - Febrer0 7 de 2007

RAFAEL GUARIN

Mientras Colombia libra una guerra contra las drogas, en que guerrillas y paramilitares se convirtieron en empresas dedicadas a la cocaína y heroína, en Estados Unidos el Departamento de Justicia implementa un programa de ''Resocialización de Narcotraficantes'' que fomenta la impunidad.

Desde el gobierno de Bill Clinton se decidió promover arreglos directos con los narcos. El libro Pacto en la sombra, de Jorge Lesmes y Edgar Téllez, relata dicha iniciativa que hasta ahora, supuestamente, estaba en secreto aun para las administraciones de Samper, Pastrana y Uribe.

Tales acuerdos, suscritos con más de 300 narcotraficantes, son posibles sobre la base de confesar delitos, desmantelar rutas de tráfico y entregar millones de dólares. A cambio los mafiosos obtienen libertad inmediata o una corta reclusión, visa múltiple que incluye la familia, legalizan su situación y mantienen parte de la inmensa riqueza, sin obligarse a delatar a sus cómplices. En síntesis, se les premia con impunidad y acceso al sueño americano.

Una fórmula similar se extiende a las multinacionales que patrocinaron el paramilitarismo. La multa de $25 millones fijada a Chiquita Brands es el típico ejemplo de cómo por esta vía quedan sin sanción conductas delictivas.

No es posible que los colombianos paguen el combate a las drogas con miles de muertos y desplazados, mientras muchos de los que comercializaron la cocaína de las FARC y de los paramilitares disfrutan de las playas y la vida nocturna de Miami. Son los mismos que participaron en la organización de bandas de sicarios y de ejércitos privados, autores de masacres, reclutamiento de niños, expansión de la corrupción y captura de las instituciones democráticas.

Estos hechos reflejan un inaceptable doble rasero de la política antidroga. Las medidas que se imponen a las naciones productoras son desvirtuadas por las negociaciones ocultas con las cortes federales estadounidenses. El resultado es petardear los esfuerzos de los demás países que enfrentan el comercio ilícito.

Según la ONU, durante el año 2005 más de las dos terceras partes de la oferta de cocaína provenía de Colombia y su cultivo aumentó en 8% respecto a 2004. Una de las explicaciones a esas cifras y a la tendencia descendente de los precios de la misma, a partir de 2002, puede estar en los perversos incentivos derivados de la política de ``resocialización''.

Los ''pactos'' fomentan indirectamente el tráfico de estupefacientes y generan un nuevo cálculo de costo-beneficio. Resulta rentable dedicarse al narcotráfico si se tiene certeza que todo se resuelve con una generosa suma de dinero. También la capacidad disuasoria de la extradición se reduce, pues ésta comienza a percibirse como un camino para conseguir ''perdón y olvido'' en Estados Unidos. Aunque se saca del escenario a un narcotraficante, se motiva a decenas para ocupar su lugar.

Por otro lado, la estrategia pareciera dar razón a quienes afirman que el problema de las drogas es meramente económico y no de salud pública. Da la impresión de que recuperar los millones de dólares que salen de las fronteras es más prioritario que erradicar el fenómeno. Hace dos décadas el cartel de Medellín ofreció pagar la deuda externa a cambio de análogos beneficios. El gobierno Betancur acertadamente se negó. ¿Qué pasaría si Colombia pretendiera adoptar esa política? ¿Al fin y al cabo, los millones de dólares entregados por los mafiosos no resultan de crímenes cometidos en Colombia? Si los Rodríguez Orejuela acordaron desembolsar bienes por 2,100 millones de dólares, ¿cuánto sumará lo pagado por los más de 300 narcos?

La pasividad de los funcionarios del gobierno, del propio presidente Alvaro Uribe y de la oposición es vergonzosa. Nadie ha dicho una sola palabra sobre una situación claramente negativa para el país. Hay que exigir a la administración Bush colocar las cartas sobre la mesa y que se adopte conjuntamente una sola política criminal en esta materia. La disparidad actual es el mejor aliado de la delincuencia.

Del mismo modo, es obvio que después de medio millar de extradiciones Colombia tiene derecho a pedir el retorno de los criminales con cuentas pendientes. De lo contrario, el lema de los narcos en los años ochenta, ''preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos'', deberá cambiarse por ``preferimos una visa norteamericana que una cárcel en Colombia''.

Escríbame a: rafaguarin@gmail.com

LOS RIESGOS DEL PLAN COLOMBIA

Published on Tue, april 5, 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:USCapitol.jpg

RAFAEL GUARIN

Los acontecimientos recientes demuestran que en el exterior el gobierno de Alvaro Uribe es vulnerable. Las revelaciones de vínculos de narcoparamilitares con políticos, mayoritariamente de la coalición gubernamental y algunos de la oposición, amenazan la ''política de seguridad democrática'' y enrarecen el ambiente, ad portas de la decisión del Congreso de Estados Unidos referente a la continuidad del Plan Colombia.

Nada generaría incertidumbre en su trámite si no fuera por las voces que comienzan a surgir con insistencia en los círculos políticos de Washington, relacionadas con la penetración paramilitar y la curiosa escalada de noticias de los últimos quince días, muy oportuna para los detractores del Plan. Veamos.

A pesar de la ratificación de confianza en Uribe, no deja de existir inquietud por la declaración del embajador saliente William Woods, en la que indica que si el ex director de la agencia de seguridad colombiana ``es culpable, ese sí es un problema''.

Por otro lado, la semana anterior comenzó con un informe no oficial filtrado por la CIA en la que se acusa al comandante del ejército, general Mario Montoya, de coordinar en 2002, bajo el actual gobierno, una operación militar en Medellín con las autodefensas al mando del narcotraficante alias Don Berna.

La lluvia de escándalos no para ahí. Hace unos días el ex embajador Myles Frechette recordó advertir sin éxito, al gobierno de Ernesto Samper y a la cúpula militar, el peligro que las cooperativas de seguridad CONVIVIR degeneraran en paramilitarismo y narcotráfico. Lo que desgraciadamente en ciertos casos ocurrió.

Independientemente de su veracidad, no cabe duda de que estos acontecimientos producen preocupación sobre el destino de los impuestos pagados por los ciudadanos estadounidenses. Sería tremendo comprobar que se han empleado ocasionalmente para acciones concertadas de la fuerza pública, los paramilitares y el narcotráfico; igual de grave resultaría que el Congreso actuara con precipitación y asumiera decisiones basadas en confundir con una política de Estado, la responsabilidad individual de criminales que se ocultan tras uniformes de las fuerzas armadas.

Los resultados del Plan Colombia son innegables. Hace cerca de una década se llegó a señalar que las FARC ganarían la guerra en 5 años y la Corporación RAND anunció un posible fraccionamiento territorial. La afirmación no parecía exagerada, si se tiene en cuenta que ese grupo propinó humillantes golpes al ejército y a la policía, expulsó a la fuerza pública de cerca de 200 municipios y controló amplias zonas del país.

La iniciativa de Clinton y Pastrana, complementada con la ''política de seguridad democrática'', puso freno a la más grande y exitosa ofensiva de las FARC, modificó radicalmente el escenario estratégico y fortaleció el poder coercitivo del Estado. En la medida que su componente militar, el Plan Patriota, avanzó en territorios de viejo dominio subversivo, la guerrilla se vio obligada a replegarse en regiones selváticas y a asumir las fronteras como refugio.

Gracias al Plan Colombia se crearon las condiciones para desmovilizar, según informes oficiales, a más de 30,000 miembros de las AUC y de 10,000 guerrilleros, iniciar diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y elevar substancialmente los niveles de seguridad en las ciudades y el campo.

Ante las críticas es válido preguntarse: ¿qué hubiera pasado en Colombia sin la cooperación norteamericana? ¿Las FARC hubiera conquistado el poder por las armas? ¿Enfrentaríamos una verdadera guerra civil? ¿Se habría disuelto el Estado?

De ninguna forma es admisible siquiera pensar que la asistencia militar pueda clandestinamente servir a organizaciones terroristas, pero la respuesta inteligente no debe ser reducir la ayuda o eliminarla. Lo procedente es elevar los niveles de exigencia al gobierno colombiano y a sus fuerzas militares en materia de respeto a los derechos humanos y vigencia del estado de derecho.

Demócratas y republicanos deben exigir transparencia y justicia frente a la complicidad política con grupos paramilitares y guerrilleros, profundizar la acción conjunta contra tales organizaciones y complementar la actual versión del Plan Colombia con ambiciosos programas de desarrollo económico y social. La opción de desmontarlo sería un injusto castigo para el país, aliciente para el terrorismo y un golpe a la política de seguridad. Sus consecuencias contribuirían a consolidar el narcotráfico y las bandas armadas emergentes. Por su parte, las FARC y el ELN dirían haber derrotado el mayor esfuerzo estatal en cuarenta años.

Escríbame a: rafaguarin@gmail.com