SÍ A LA JUSTICIA INTERNACIONAL

Publicado el martes 30 de octubre del 2007, EL NUEVO HERALD, Miami, Florida.

RAFAEL GUARIN

En noviembre del 2002 el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI) y consagra su competencia frente a crímenes de lesa humanidad, genocidio y agresión entró en vigor respecto a Colombia, pero no con relación a crímenes de guerra. Se pensó que no acoger la cláusula 124 del estatuto, que aplaza hasta el 2009 la investigación y juzgamiento de esos delitos, obstaculizaría los procesos de paz. Ahora el presidente Alvaro Uribe sorprende con la propuesta de retirar dicha reserva.


Las consecuencias son diversas. Si bien el campo de maniobra con las guerrillas se restringe, no es mayor su impacto si se tiene en cuenta la ausencia de voluntad de paz de las FARC y la inexistencia de avances con el ELN. Además, la historia colombiana demuestra que recurrentes episodios de violencia se resolvieron a través de amnistías e indultos que terminaron por alentar nuevas oleadas delictivas.


Eliminar esa posibilidad y otras que buscan la impunidad a través de referendos, plebiscitos o asambleas constituyentes fortalece la justicia y deja a las guerrillas dos escenarios. El primero, aceptar que lo que llaman eufemísticamente la ''salida negociada al conflicto armado'' implica la observancia del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo II de 1977, no realizar delitos de lesa humanidad y comparecer frente a tribunales nacionales y eventualmente ante la CPI.


En teoría el efecto disuasorio del Estatuto debe empujar a estos grupos a ese camino, pero a diferencia del ELN, que prácticamente está en una tregua no declarada, y de los paramilitares, hoy desmovilizados, que lo entendieron en su momento, los patrones de conducta de las FARC no permiten ser tan optimistas. Al comienzo de los diálogos con la administración Pastrana, Raúl Reyes señaló que ''mientras exista la confrontación es imposible humanizar la guerra'' y que ''cumplir el derecho internacional humanitario no sirve de mucho''. Eso no ha cambiado.


Una guerrilla que encerrada en sí misma no se siente derrotada, mantiene su retaguardia apoyada en el narcotráfico y confía en la combinación de todas las formas de lucha, es probable que prefiera arreciar la acción bélica, replicar masacres como la de los 11 diputados y asesinatos selectivos, similares a los cometidos recientemente contra cerca de treinta candidatos a cargos de elección popular.


Esa segunda opción es una ''salida sin salida''. De la corte ni siquiera un nuevo orden revolucionario los puede sustraer y exige una condición no factible: la derrota militar y política del Estado. Adicionalmente, arruinará su diplomacia, les representará aislamiento internacional y el merecido tratamiento de criminales en el exterior. Es el verdadero principio del fin.
Pareciera que a las guerrillas no les queda otra cosa que negociar tarde o temprano su sometimiento a la justicia, así se haga bajo el rótulo de un proceso político. Lamentablemente, esto exige una lógica diferente a la que tienen. Mientras tanto, su demencial acción impone mantener una política de firmeza que doblegue su voluntad de lucha y las obligue no sólo a desmovilizarse, sino a enfrentar la justicia.


Por otro lado, de la CPI no se excluyen los jefes de gobierno, congresistas, ministros, generales o comandantes de las fuerzas militares. Esto abre una ventana de oportunidad para que políticos vinculados con los narcoparamilitares, que hasta ahora sólo son acusados por concierto para delinquir y delitos electorales, respondan por complicidad en la ejecución de crímenes de lesa humanidad. No se debe olvidar que en varios casos las alianzas non sanctas coincidieron o estuvieron presididas de masacres en sus circunscripciones electorales.


La justicia colombiana no puede negarse a penalizar ejemplarmente a paramilitares y a sus colaboradores en las fuerzas armadas o en los sectores económicos. Tampoco al propio ex fiscal Luis Camilo Osorio, quien es investigado por el templo de la impunidad que es la Cámara de Representantes. Igual deberá suceder con los farcpolíticos y los cómplices del ELN. De lo contrario, bienvenida la justicia internacional.


Uribe sabe que la vigencia de la CPI y su decisión de acudir a esa instancia es en últimas un respaldo a su política de seguridad. También que el tiempo le dará la razón en que no se puede seguir justificando en nombre de supuestas causas políticas la barbarie y la violación masiva y sistemática de los derechos humanos.

CONCIERTO PARA DELINQUIR

Publicado el viernes 24 de agosto del 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

RAFAEL GUARIN

El gobierno y el Congreso estadounidenses deben preguntarse lo mismo que millones de colombianos. ¿Por qué el narcotráfico no disminuye después de siete años de Plan Colombia y de fortalecimiento de la fuerza pública? La respuesta comienza a conocerse con la orden de captura de 13 oficiales de las fuerzas militares por relaciones con el narcotráfico.

En mayo del año pasado con ocasión del asesinato del mejor grupo antinarcóticos de la policía a manos de soldados, en una columna encendimos las alarmas sobre el peligro de la corrupción para la política de seguridad democrática. Propusimos que, ''con una óptica de prevención'', se hiciera un estudio detenido de las vulnerabilidades de las fuerzas armadas en los enclaves regionales del narcotráfico y del paramilitarismo, se revisaran los mecanismos de seguimiento y control en el seno del ejército y se iniciara una purga integral.

Nada de eso se ha hecho y la crisis se torna estructural mientras el gobierno insiste en que se trata de casos aislados, a pesar de que son oficiales de alto rango quienes colocan a cientos de hombres bajo sus órdenes al servicio de la mafia, lo que explica, entre otras cosas, la inefectividad de las recompensas para encarcelar a los capos.

La realidad, por dura que sea, es que sectores de las fuerzas militares y de policía no sólo son infiltrados por la delincuencia, sino que son la delincuencia misma. De tratos esporádicos pasaron a socios de los carteles de drogas. Eso explica la conducta de coroneles involucrados en el Valle del Cauca con alias Don Diego, los bajos resultados en su área de operación y que las acciones en su contra se tuvieran que adelantar con policías provenientes de Bogotá.

Nada valdrá haber invertido (hasta 2005) en el Plan Colombia 10,732 millones de los cuales 3,782 fueron contribución de Estados Unidos, como tampoco servirá aumentar en 2008 el presupuesto militar en 163%, si no se depuran los cuerpos armados. ¿Cómo reducir el narcotráfico si los impuestos de los colombianos y la ayuda norteamericana termina financiando unidades militares sometidas a los narcos? ¿Será que a estos hombres les importa derrotar a las FARC y capturar a los traficantes cuando de ellos depende enriquecerse?

Es apremiante fortalecer el control civil sobre el aparato militar. Da la impresión de que el problema se dejó a la milicia, que tiende a tapar y tapar. El gobierno y el Congreso no ejercen rigurosa vigilancia. La comisión parlamentaria encargada del tema, lo recuerda el ex consejero presidencial de seguridad Armando Borrero, reacciona únicamente ante escándalos, no hace control permanente, se limita a aprobar ascensos, no examina el presupuesto militar ni su ejecución y carece de especialistas en la materia. Una buena idea es incorporar a inspectores civiles en las fuerzas con independencia de la línea de mando.

Conviene también replantear decisiones gubernamentales que pusieron a los militares al alcance del narcotráfico. Por ejemplo, al Consejo Nacional de Estupefacientes se le ocurrió en 2002 la genial idea de responsabilizar en los departamentos de mayor producción de cocaína a las fuerzas militares de la fiscalización de sustancias, como gasolina y querosén, que son utilizadas para la producción de alucinógenos.

Esto llevó a que tropas con años de entrenamiento, en vez de combatir las guerrillas se distraigan extorsionando a ciudadanos que comercian legalmente con tales productos. Así lo denunció FEDISPETROL, que no es de la oposición, en febrero de 2005, a los ministros del Interior y Defensa y al comandante del ejército. Nunca hubo respuesta.

Pero, al igual que en la ley de Murphy, todo puede empeorar. Ahora se dice, en voz baja, que en esas zonas los insumos siguen entrando y toneladas de coca salen con la complicidad de miembros de las fuerzas armadas. ¡Lo que nos faltaba! El cobro de peajes o ''gramaje'' que efectúan a narcotraficantes las guerrillas y los paramilitares parecen repetirse por parte de pútridos militares.

Y, finalmente, qué bueno sería que Estados Unidos comience a pedir en extradición a los militares socios de los narcos. No puede dudarse del heroísmo y la honestidad de miles de integrantes de las fuerzas armadas. Precisamente, para honrar su sacrificio y el de la sociedad, son necesarias las correcciones y evitar así que al final de este gobierno sea la corrupción interna la que derrote la política de seguridad democrática.

DISFRAZ PARAMILITAR

Publicado el sábado 4 de agosto de 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Foto Revista Cambio

RAFAEL GUARIN

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia que priva a los paramilitares de la calificación de sediciosos y la negativa de los cabecillas presos de continuar confesando sus delitos, abrió en Colombia un debate sobre la posibilidad de otorgarles el carácter de delincuentes políticos.

¿A qué se debe esta crisis? Entre otras cosas, al eventual riesgo de extradición y a una política que encubre en un proceso de paz a traficantes. La equivocación del gobierno fue aceptar el disfraz político y no asumir el asunto tal y como era: el sometimiento a la justicia de un grupo de mafiosos con un ejército superior a 30,000 hombres.

Si bien el origen del paramilitarismo se liga al narcotráfico, en su seno hubo auténticos contrainsurgentes cuya influencia cedió en la medida que la organización fue cooptada por narcos. Esa transición se facilitó por las exigencias económicas de la confrontación y su utilidad para el cultivo, procesamiento y comercio de alucinógenos. Además de garantizar seguridad, protección y control territorial a través de la fuerza y la captura de la política, en el mediano plazo los capos metidos a paramilitares pretendían evitar la extradición a Estados Unidos y conseguir benevolencia punitiva.

Lo de hoy no dista mucho del pasado. A final de los años ochenta Pablo Escobar quiso escapar de la extradición, obtener tratamiento político e indulto. Concibió la idea de vestirse de delincuente político para alcanzar los objetivos que se evidencian en los narcoparamilitares. El jefe del cartel de Medellín incluso pensó camuflarse en las guerrillas desmovilizadas bajo el gobierno Barco y relacionó la represión a las drogas con la lucha de clases. Escobar no logró el indulto, pero sí una legislación especial, la prohibición de la extradición y un ''exclusivo'' centro de reclusión.

La coyuntura actual refleja pactos hechos en la mesa de negociación pero a espaldas del país. Cosa muy grave, no sólo por la transparencia indisociable de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, sino porque la capacidad del gobierno de dialogar con estructuras criminales se debe sujetar rigurosamente al estado de derecho.

La asociación de Uribe del paramilitarismo a la sedición y la consecuente polémica con la Corte chocan con esa regla democrática. La obligación constitucional de contribuir armónicamente con las demás ramas del poder público a los fines del Estado, verbigracia, la paz, no puede interpretarse como una obligación de los tribunales para obviar la ley. Es innegable, a la luz del código penal, que no están incursos en el delito de sedición y, por tanto, que no son delincuentes políticos; la prueba es que el gobierno anunció un proyecto de ley que modifica el tipo penal para adecuarlo a esos criminales.

De aprobarse la iniciativa se allana el camino a la intención de los ''paras''. Orientados por la negativa a la extradición por delitos políticos buscan posicionar la sedición como su delito principal y dar al narcotráfico la categoría de conducta conexa. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. No es lo mismo haber sido primero autodefensa y después emplear el narcotráfico para financiar el aparato bélico, que ser narcotraficante y disfrazarse luego de autodefensa, situación, ésta última, que aparentemente predomina, convirtiendo al tráfico ilícito en la conducta delictiva primaria y a la supuesta sedición en un medio a su servicio. Lo ejemplifica el pago de $1,500,000 que hizo el reconocido narco el ''Tuso'' para su incorporación en la cúpula paramilitar.

Conviene eliminar cualquier diferencia respecto a los delitos comunes, disuadiendo de paso a los narcotraficantes de armar ejércitos y de cometer masacres que justifiquen la demanda de ser actores políticos. No es indispensable dicha característica para conversar con grupos armados, basta la decisión del gobierno. En España no se habla de conflicto armado interno y mucho menos que los integrantes de ETA sean románticos delincuentes políticos, no obstante, con ellos el PP y PSOE han procurado acuerdos.

La amnistía y el indulto serán entonces potestades más parecidas a la figura del perdón presidencial estadounidense, dentro del límite que la proscribe para crímenes contra la humanidad.

Salgámonos de esa discusión, suprimamos los beneficios de tales tipos penales y llamemos a las cosas por su nombre, en el caso de los paramilitares, son asesinos, descuartizadores, narcotraficantes, torturadores, hasta malos hijos, todo lo que se quiera, menos sediciosos.

PACTOS CON NARCOS

Published on Tue, april 18, 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Hernando Gómez - alias "Rasguño" - "decidí explorar el camino de la justicia norteamericana, pues ese sistema contempla la posibilidad legal de llegar a un sometimiento con acuerdo previo"

Foto www.semana.com - Febrer0 7 de 2007

RAFAEL GUARIN

Mientras Colombia libra una guerra contra las drogas, en que guerrillas y paramilitares se convirtieron en empresas dedicadas a la cocaína y heroína, en Estados Unidos el Departamento de Justicia implementa un programa de ''Resocialización de Narcotraficantes'' que fomenta la impunidad.

Desde el gobierno de Bill Clinton se decidió promover arreglos directos con los narcos. El libro Pacto en la sombra, de Jorge Lesmes y Edgar Téllez, relata dicha iniciativa que hasta ahora, supuestamente, estaba en secreto aun para las administraciones de Samper, Pastrana y Uribe.

Tales acuerdos, suscritos con más de 300 narcotraficantes, son posibles sobre la base de confesar delitos, desmantelar rutas de tráfico y entregar millones de dólares. A cambio los mafiosos obtienen libertad inmediata o una corta reclusión, visa múltiple que incluye la familia, legalizan su situación y mantienen parte de la inmensa riqueza, sin obligarse a delatar a sus cómplices. En síntesis, se les premia con impunidad y acceso al sueño americano.

Una fórmula similar se extiende a las multinacionales que patrocinaron el paramilitarismo. La multa de $25 millones fijada a Chiquita Brands es el típico ejemplo de cómo por esta vía quedan sin sanción conductas delictivas.

No es posible que los colombianos paguen el combate a las drogas con miles de muertos y desplazados, mientras muchos de los que comercializaron la cocaína de las FARC y de los paramilitares disfrutan de las playas y la vida nocturna de Miami. Son los mismos que participaron en la organización de bandas de sicarios y de ejércitos privados, autores de masacres, reclutamiento de niños, expansión de la corrupción y captura de las instituciones democráticas.

Estos hechos reflejan un inaceptable doble rasero de la política antidroga. Las medidas que se imponen a las naciones productoras son desvirtuadas por las negociaciones ocultas con las cortes federales estadounidenses. El resultado es petardear los esfuerzos de los demás países que enfrentan el comercio ilícito.

Según la ONU, durante el año 2005 más de las dos terceras partes de la oferta de cocaína provenía de Colombia y su cultivo aumentó en 8% respecto a 2004. Una de las explicaciones a esas cifras y a la tendencia descendente de los precios de la misma, a partir de 2002, puede estar en los perversos incentivos derivados de la política de ``resocialización''.

Los ''pactos'' fomentan indirectamente el tráfico de estupefacientes y generan un nuevo cálculo de costo-beneficio. Resulta rentable dedicarse al narcotráfico si se tiene certeza que todo se resuelve con una generosa suma de dinero. También la capacidad disuasoria de la extradición se reduce, pues ésta comienza a percibirse como un camino para conseguir ''perdón y olvido'' en Estados Unidos. Aunque se saca del escenario a un narcotraficante, se motiva a decenas para ocupar su lugar.

Por otro lado, la estrategia pareciera dar razón a quienes afirman que el problema de las drogas es meramente económico y no de salud pública. Da la impresión de que recuperar los millones de dólares que salen de las fronteras es más prioritario que erradicar el fenómeno. Hace dos décadas el cartel de Medellín ofreció pagar la deuda externa a cambio de análogos beneficios. El gobierno Betancur acertadamente se negó. ¿Qué pasaría si Colombia pretendiera adoptar esa política? ¿Al fin y al cabo, los millones de dólares entregados por los mafiosos no resultan de crímenes cometidos en Colombia? Si los Rodríguez Orejuela acordaron desembolsar bienes por 2,100 millones de dólares, ¿cuánto sumará lo pagado por los más de 300 narcos?

La pasividad de los funcionarios del gobierno, del propio presidente Alvaro Uribe y de la oposición es vergonzosa. Nadie ha dicho una sola palabra sobre una situación claramente negativa para el país. Hay que exigir a la administración Bush colocar las cartas sobre la mesa y que se adopte conjuntamente una sola política criminal en esta materia. La disparidad actual es el mejor aliado de la delincuencia.

Del mismo modo, es obvio que después de medio millar de extradiciones Colombia tiene derecho a pedir el retorno de los criminales con cuentas pendientes. De lo contrario, el lema de los narcos en los años ochenta, ''preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos'', deberá cambiarse por ``preferimos una visa norteamericana que una cárcel en Colombia''.

Escríbame a: rafaguarin@gmail.com

SIN EXTRADICIÓN NO HAY JUSTICIA

Published on August 25, 2006, Page PAGE: 21A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

www.semana.com - Fecha: 08/19/2006 - Edición: 1268

Rafael Guarín analiza las implicaciones para el país de que se hiciera realidad el propósito de paras y narcos de prohibir la extradición.

Por Rafael Guarín

En Bogotá aparecieron gigantescas vallas con la leyenda: “justicia si, extradición no”. Los avisos sirven a la estrategia de los paramilitares-narcotraficantes para evitar su envío a Estados Unidos, a través de una reforma a la Constitución. La suspensión actual de su extradición aplaza un problema al que tarde que temprano hay que hacer frente.

En la mesa de negociación con el gobierno, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) nunca efectuaron demandas políticas, económicas o sociales. Lo “único” que buscaron fue mantener su patrimonio, producto de la guerra y el narcotráfico, garantizar la impunidad de sus delitos y evadir la justicia estadounidense.

Sobre esto último el ministro del Interior saliente, Sabas Pretelt, dijo hace algunas semanas que “a las personas que son solicitadas en extradición y se comprometen en serio con un proceso de paz firmado con el gobierno, se les suspende la extradición. Y si cumplen todos los requisitos de la Ley de Justicia y Paz, la resolución pierde fuerza ejecutoria una vez salen de la cárcel”. En otras palabras, el gobierno colombiano no extraditará a los narcotraficantes vinculados al paramilitarismo una vez se desmovilicen y cumplan una pena simbólica que no será mayor a ocho años.

Pero el tema tiene otras aristas. Tal y como esta planteado la no extradición depende de la voluntad del presidente de turno. De hecho, un nuevo gobierno podrá realizar la extradición, pues la figura jurídica de pérdida de fuerza ejecutoria en estas materias no existe, en cambio sí la voluntad de la administración Bush de reclamar a dichos delincuentes. La situación es sumamente peligrosa, pues abre la puerta para que se repita la violencia y el terrorismo en el afán de frenar su futura implementación. Los colombianos lo saben porque vivieron la guerra del cartel de Medellín contra el Estado a finales de los años 80.

Eso explica que las AUC insistan en reformar la Constitución para garantizar que no se extraditarán sus líderes, cuando las condiciones políticas cambien. Hace unos meses, Rocío Arias, una de las parlamentarias más cercanas a esa organización, presentó un proyecto a la Cámara de Representantes y paralelamente se ambienta un referendo.

No se debe pasar por alto que la extradición es un mecanismo de cooperación judicial indispensable en un mundo donde el crimen se globalizó. No es un problema ideológico o imperialista. Es un instrumento de seguridad nacional ante la debilidad del Estado. Casos como el de Jamundí, en el que una patrulla del Ejército asesinó a 10 de los mejores policías antinarcóticos, demuestran la vulnerabilidad de la fuerza pública y el poder corruptor del narcotráfico. Su prohibición convertiría al país en un santuario de delincuentes y al narcotráfico en un negocio de bajo riesgo.

Asumir como regla general la eliminación de la extradición en procesos de paz es una invitación a que los narcotraficantes se disfracen de paramilitares o guerrilleros, conformen grupos armados y cometan masacres, para obligar al Estado a una negociación y obtener protección ante la justicia norteamericana.

Esa medida probablemente aumentaría la violencia y provocaría la aparición de nuevos grupos armados en diferentes regiones del país. Es un camino que puede llevar a Colombia a la fragmentación de facto de su territorio entre los “señores de la guerra”, tal como ocurre en Afganistán. Síntoma de que no se esta lejos de ese escenario es el reciente enfrentamiento del Ejército con miembros de la escolta personal de “Don Diego”, un poderoso narcotraficante del Valle del Cauca. Sus hombres vestían prendas militares y utilizaban morteros.

Desde esa perspectiva, la aplicación rigurosa de la extradición tiene dos caras. Por un lado, es un elemento disuasivo que evita la profundización y extensión de la guerra, al tiempo que golpea su principal fuente de recursos: el narcotráfico. Pero también complica la salida negociada al conflicto. Nadie va a entregar las armas si sabe que terminará sus días en un calabozo extranjero. Lo que implica que la paz debe involucrar necesariamente a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, y ligarse a la solución del problema de producción, procesamiento y tráfico de alucinógenos.

Una modificación a la extradición afectará gravemente las relaciones con Estados Unidos de las cuales depende gran parte de la financiación de la Política de Seguridad Democrática, sin mencionar los efectos negativos que en el comercio pueden ocasionarse. A pesar que Colombia es un país muy importante en América Latina, es vano creer que es un socio estratégico indispensable.

Finalmente, respecto a delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, las reformas a la Constitución no son oponibles a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Hay motivos en exceso para que paramilitares y guerrilleros sean reclamados por ese organismo.

A pesar de la complejidad del tema, esperemos que el gobierno colombiano decida de una vez por todas extraditar a los paramilitares-narcotraficantes y no ceda ante sus amenazas. O por lo menos, que no incluya en la reglamentación de la Ley de Justicia y Paz una cláusula que acabe, para estos casos, con la extradición o admita el trámite de un nuevo proyecto de ley o de una reforma constitucional que tengan el mismo efecto. El mensaje sería muy grave para la comunidad internacional y muy favorable a los violentos que tendrían la certidumbre de la impunidad total.