El blog de Rafael Guarín. En este espacio se compilan las columnas que publica en El Nuevo Herald de Miami, Semana.com y otros medios. También notas cortas, fotos y videos. A partir del 1 de abril migrará paulatinamente a www.qimporta.com
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martes, abril 09, 2013
jueves, octubre 18, 2012
EL FALSO DILEMA DE LA PAZ
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*RAFAEL
GUARÍN
Han corrido chorros de tinta de “analistas” de la
paz que reproducen el falso dilema instalado en la discusión pública por la
propaganda fariana, hace ya tres décadas. Me refiero a la idea de que existen
dos caminos para la paz: las llamadas “solución política” y la “solución
militar”. Que ambas son contradictorias y excluyentes.
Sobre ese falso dilema no han faltado las “agudas”
observaciones en el sentido de que si hay un Acuerdo de Paz es porque se impuso
la “salida política” civilizada sobre la “salida militar” de los reaccionarios
y guerreristas. Ignorancia supina en temas de guerra y paz. Ignorancia absoluta
en materia de guerra irregular.
lunes, octubre 01, 2012
Rafael Guarín: ¿QUÉ LAS FARC NO SON NARCOTRAFICANTES?
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Segmento en Programa 360 Grados con Hassan Nassar
Lo invito a hacer un recorrido por el blog y vea más notas, columnas, video, fotografías relacionadas con política y seguridad
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martes, septiembre 25, 2012
LA AGENDA INVISIBLE
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Publicado en Semana.com Septiembre 26 de 2012.
RAFAEL GUARÍN
La algarabía generada con los
anuncios del gobierno y de las FARC sobre una agenda de negociación que permita
la terminación del "conflicto armado", más la gigantesca campaña
mediática desplegada para que eso detuviera la caída en las encuestas del
Presidente Santos, ha ocultado lo que ha venido pasando en estos 20 días.
sábado, diciembre 26, 2009
HABLAR DE CANO EN EUROPA
Alfonso CanoPublicado el 26 de diciembre de 2009
RAFAEL GUARÍN
Exótica la propuesta del Cardenal Dario Castrillón de dialogar con Alfonso Cano en Europa, pero mucho más absurdo el supuesto "aval" del gobierno colombiano. ¿Se levantaran las ordenes de captura en ese continente y en Colombia? ¿El presidente Uribe le expedirá una especie de "salvoconducto"? ¿Lo llevaran en avión diplomático?
En la práctica es reconocerle a las Farc una legítima vocería política y hacerlo, nada más ni nada menos, que en la Unión Europea. Es muy difícil no recordar al periplo del gobierno Pastrana con Raúl Reyes de la mano por el viejo continente.
Uno de los pilares fundamentales de la Política de Seguridad Democrática es precisamente no conceder estatus político alguno a las Farc, entre otras cosas, debido a su vinculación con el natrcotráfico y su permanente acción contra la población civil.
Además, porque la guerra irregular es una lucha por la legitimidad. Reconocerlos como actores políticos es una ganancia enorme para ese grupo armado y un paso atrás inaceptable para la institucionalidad democrática. Es darle la razón a Hugo Chávez y una estupenda plataforma para quienes en Europa, como en América, reclaman la calificación de "fuerza beligerante" para la guerrilla.
Desde esa perspectiva el mensaje que envía la reunión es contraproducente y mina directamente las bases de la Política de Seguridad.
Mi impresión:
Álvaro Uribe sabe que no existen condiciones para adelantar un diálogo con las Farc hasta que esa guerrilla no manifieste su voluntad de abandonar la violencia, pero también conoce el esfuerzo de Cano y de sectores de la oposición por convertir el "diálogo y la negociación" en una bandera electoral, que en un momento dado pueda llevar a los colombianos a elegir un nuevo gobierno que apueste a ese camino.
Las consecuencias de ese escenario son las de reeditar las experiencias de Betancur y el Caguán, permitir de nuevo el fortalecimiento militar y político de las guerrillas, abrirles las puertas de la comunidad internacional y colocar en entredicho una política que sigue mereciendo el respaldo mayoritario de los ciudadanos.
El presidente puede pensar que la mejor manera de evitarlo es mostrando que con su gobierno sí se puede negociar; el problema es que el costo es demasiado alto y no se compensa con el objetivo electoral buscado.
Nota final: La facilidad de Alfonso Cano para llegar a Europa solo se explica porque estuviera en Venezuela. No es raro, pues el último video tuvo tecnologia imposible de acceder si se encontrara en el "Cañon de las Hermosas". ¿Será que el gobierno de Hugo Chávez lo llevaría en avión a Europa con pasaporte diplomático?
www.politicayseguridad.blogspot.com
Exótica la propuesta del Cardenal Dario Castrillón de dialogar con Alfonso Cano en Europa, pero mucho más absurdo el supuesto "aval" del gobierno colombiano. ¿Se levantaran las ordenes de captura en ese continente y en Colombia? ¿El presidente Uribe le expedirá una especie de "salvoconducto"? ¿Lo llevaran en avión diplomático?
En la práctica es reconocerle a las Farc una legítima vocería política y hacerlo, nada más ni nada menos, que en la Unión Europea. Es muy difícil no recordar al periplo del gobierno Pastrana con Raúl Reyes de la mano por el viejo continente.
Uno de los pilares fundamentales de la Política de Seguridad Democrática es precisamente no conceder estatus político alguno a las Farc, entre otras cosas, debido a su vinculación con el natrcotráfico y su permanente acción contra la población civil.
Además, porque la guerra irregular es una lucha por la legitimidad. Reconocerlos como actores políticos es una ganancia enorme para ese grupo armado y un paso atrás inaceptable para la institucionalidad democrática. Es darle la razón a Hugo Chávez y una estupenda plataforma para quienes en Europa, como en América, reclaman la calificación de "fuerza beligerante" para la guerrilla.
Desde esa perspectiva el mensaje que envía la reunión es contraproducente y mina directamente las bases de la Política de Seguridad.
Mi impresión:
Álvaro Uribe sabe que no existen condiciones para adelantar un diálogo con las Farc hasta que esa guerrilla no manifieste su voluntad de abandonar la violencia, pero también conoce el esfuerzo de Cano y de sectores de la oposición por convertir el "diálogo y la negociación" en una bandera electoral, que en un momento dado pueda llevar a los colombianos a elegir un nuevo gobierno que apueste a ese camino.
Las consecuencias de ese escenario son las de reeditar las experiencias de Betancur y el Caguán, permitir de nuevo el fortalecimiento militar y político de las guerrillas, abrirles las puertas de la comunidad internacional y colocar en entredicho una política que sigue mereciendo el respaldo mayoritario de los ciudadanos.
El presidente puede pensar que la mejor manera de evitarlo es mostrando que con su gobierno sí se puede negociar; el problema es que el costo es demasiado alto y no se compensa con el objetivo electoral buscado.
Nota final: La facilidad de Alfonso Cano para llegar a Europa solo se explica porque estuviera en Venezuela. No es raro, pues el último video tuvo tecnologia imposible de acceder si se encontrara en el "Cañon de las Hermosas". ¿Será que el gobierno de Hugo Chávez lo llevaría en avión a Europa con pasaporte diplomático?
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viernes, septiembre 25, 2009
LOS CAMINOS A LA PAZ - PARTE 1
Conferencia
LOS CAMINOS A LA PAZ - Parte 1
RAFAEL GUARÍN
Foro "LOS UNIVERSITARIOS TIENEN LA PALABRA" - Septiembre de 2009. Fundación Un Millón de Voces.
LOS CAMINOS A LA PAZ - Parte 1
RAFAEL GUARÍN
Foro "LOS UNIVERSITARIOS TIENEN LA PALABRA" - Septiembre de 2009. Fundación Un Millón de Voces.
sábado, septiembre 19, 2009
PRUEBAS DE INFAMIA
Foto: EL TIEMPO
Jorge Romero, Luis Alfonso Beltrán, Luis Alfredo Moreno, José Libardo Forero, Carlos José Duarte, Wilson Rojas, César Augusto Lasso, Róbinson Salcedo, Luis Arturo Arcia, Jorge Trujillo.
7 de Septiembre de 2009
ESPECIAL para la Fundación Un Millón de Voces y FACEBOOK
RAFAEL GUARÍN
Las pruebas de supervivencia de los secuestrados que los presentan encadenados en la selva, hacen parte del esfuerzo sistemático de las Farc orientado a crear un ambiente que favorezca en 2010 la elección de un gobierno que opte por la "negociación política", conceda el carácter de actor legítimo a la guerrilla y desmonte la Política de Seguridad Democrática.
La anterior afirmación no es ningún cuento, como algunos opositores al gobierno, ilustres mamertos y otros despistados salen siempre a decir. Un estudio juicioso de los documentos producidos por las Farc en los últimos cuatro años y una revisión histórica de sus tácticas y estrategia, demuestran que en ese grupo la apelación al diálogo de paz es una constante al servicio de una estrategia de guerra. El reclamo de un acuerdo humanitario para la liberación de los miembros de la fuerza pública secuestrados es la cuota inicial para reencauchar la bandera de la “negociación”.
El objetivo inmediato de las pruebas de infamia es manipular y someter a través del miedo y el terror a los ciudadanos, al punto de desafiar la lógica y trasladar la responsabilidad del secuestro al gobierno nacional. Solo basta recordar las palabras de Piedad Córdoba culpando del sufrimiento de las familias y de los secuestrados al presidente Álvaro Uribe.
El tema se entiende mejor si se revisa el Manifiesto de las Farc del 1 de octubre de 2007, en que se ratifica que la apuesta es construir las condiciones que favorezcan un quiebre en las urnas de la política de seguridad y la llegada del Socialismo del Siglo XXI a Colombia. La táctica: doblegar la voluntad de lucha del Estado y ratificar dos de los principales mitos farianos: la invencibilidad de la guerrilla y la “negociación política” como la única salida a otro mito: “el conflicto social y armado”.
Tal objetivo requiere que la opinión pública de un giro radical. Pase de reclamar mano firme contra el terrorismo a una postura comprensiva con los violentos. El reto de Alfonso Cano y de sus cómplices camuflados en la legalidad, es desarrollar operaciones psicológicas que impacten el imaginario colectivo, de tal forma que la sociedad que respalda hoy la Seguridad Democrática “entienda”, desde la perspectiva fariana, que el único camino para conseguir la paz es devolver las tropas a los cuarteles, reconocer como partido político en armas a la guerrilla, asumir, como lo hicieron Belisario Betancur y Andrés Pastrana, que el conflicto tiene causas estructurales de cuya solución depende la paz, en términos de Raúl Reyes. Toda una farsa.
Muy triste en esta historia es que el pisoteo de la dignidad humana de los secuestrados y sus familias esté asistido por organizaciones de la sociedad civil como "Colombianos y Colombianas por la Paz" y por facciones de partidos políticos que se prestan a ese macabro juego.
En esta materia la consigna debería ser unidad nacional para rechazar pruebas de infamia, exigir al grupo terrorista la liberación inmediata y sin condiciones de los secuestrados, al igual que la renuncia a que sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Todos debemos estar unidos en un solo mensaje: la paz no llegara claudicando y haciendo concesiones al terror y el crimen. Será la aplicación estricta de la Constitución y la ley, el respeto a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, la observancia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el sometimiento a la justicia, la que nos librara del terrorismo.
Aunque Iván Cepeda y los amigos de izquierda no lo acepten, a la paz se arribara cuando haya justicia, los guerrilleros digan la verdad sobre sus atrocidades y reparen a las víctimas. Si se hizo con los paramilitares, porqué no reclamarlo en el caso de las Farc y el Eln.
De este tema y otros, no menos polémicos, discutiremos el jueves próximo en el Foro convocado por la Fundación Un Millón de Voces.
jueves, septiembre 10, 2009
LAS OTRAS ARMAS DE CHÁVEZ
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Semana.com - 7 de septiembre de 2009
Rafael Guarín
La confrontación de Hugo Chávez contra Colombia tiene varias dimensiones. Además de las de índole bélica y diplomática, que combinan diversas formas de apoyo a la guerra irregular de las Farc, existe un frente, menos vistoso y espectacular, que puede llegar a ser muy eficaz: las jugadas políticas destinadas a crear un ambiente favorable a la “revolución bolivariana”.
La confrontación de Hugo Chávez contra Colombia tiene varias dimensiones. Además de las de índole bélica y diplomática, que combinan diversas formas de apoyo a la guerra irregular de las Farc, existe un frente, menos vistoso y espectacular, que puede llegar a ser muy eficaz: las jugadas políticas destinadas a crear un ambiente favorable a la “revolución bolivariana”.
miércoles, julio 29, 2009
QUIÉN AMENAZA A QUIÉN
By RAFAEL GUARIN
29 de Julio de 2009
EL NUEVO HERALD
Se asoma una nueva tormenta en América Latina por el acuerdo de cooperación bilateral para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos de carácter transnacional, que suscribirán los gobiernos de Barack Obama y Alvaro Uribe. El eje chavista, agrupado en el ALBA, pegó el grito en el cielo porque esa decisión permite a las tropas norteamericanas el uso de algunas bases militares colombianas. El argumento lo expuso el canciller Nicolás Maduro: ``El ejército de EEUU es una amenaza directa contra los gobiernos progresistas del continente y contra Venezuela''.
La principal hipótesis de guerra de Venezuela es una intervención estadounidense en su territorio, con el fin de controlar las riquezas energéticas y abortar el proceso revolucionario. Más que una amenaza cierta es una excusa con la cual Hugo Chávez pretende despertar sentimiento nacionalista, fortalecer su hegemonía, justificar una inusitada carrera armamentista e inclusive recibir el ofrecimiento de apoyo militar de las FARC, que nunca ha rechazado.
La alianza de Estados Unidos y Colombia es el principal obstáculo para la expansión de la ``revolución bolivariana'' y la construcción del ``bloque regional de poder'', que requiere el ``socialismo del siglo XXI''. Quebrar ese vínculo es un interés nacional vital para el actual gobierno de Miraflores. En esa lógica, así como se despedazó dicho nexo con Ecuador, debe romperse el que existe con Colombia, Perú y Honduras, entre otros. No gratuitamente, Chávez pide a Obama que retire a los miembros del ejército que están en ese último país, con el falaz razonamiento de que su presencia es un aval al gobierno de Micheletti.
Pero, en realidad, ¿quién amenaza a quién? Los acontecimientos de los últimos dos años demuestran que lo que perturba la paz y la seguridad del hemisferio no es la ``política de seguridad democrática'' implementada por Alvaro Uribe, tampoco el Pentágono, la CIA o el Comando Sur. Lo que desestabiliza y conspira contra las democracias en el hemisferio es el ánimo imperialista de Chávez.
La crisis generada en noviembre de 2007 con ocasión del retiro del presidente venezolano de las gestiones para la liberación de los secuestrados por las FARC, el reclamo que hizo de estatus de beligerancia para la guerrilla, la solicitud de excluirla de las listas de organizaciones terroristas, el respaldo a su proyecto revolucionario, la orden en marzo de 2008 de movilizar diez batallones a la frontera con Colombia y sus reiteradas advertencias de emplear los aviones rusos Sukhoy dejan claro de dónde provienen los atentados a la paz y la seguridad. La mano de la revolución bolivariana también está en los nexos del gobierno de Rafael Correa con el secretariado fariano, los anuncios de guerra contra Colombia de Daniel Ortega en el Caribe, los ataques de Evo Morales al gobierno de Alan García y el golpe de estado de Zelaya y el posterior contragolpe.
Es corriente que los países tengan hipótesis de guerra y estén preparados para actuar. Del mismo modo, es plausible que desplieguen políticas de disuasión y que denuncien lo que consideran amenazas a su seguridad. Empero, este no es el caso. Hace ya mucho tiempo que el poder de Estados Unidos tiene expresiones mucho más efectivas que los recursos militares. América Latina está en su órbita de influencia y esa nación no necesita de portaviones, ni de bases militares en Colombia, para hacer sentir su predominio en la región. Sólo obtusos militaristas pueden pensar lo contrario.
La utilización de las bases militares colombianas no tiene objetivos ofensivos contra nadie en el continente. La complementación de las operaciones antinarcóticos con acciones contra el terrorismo y el crimen organizado enfatiza que su objetivo es frenar el tráfico de estupefacientes, al tiempo que derrotar a las organizaciones armadas ilegales. A Chávez y compañía nada de esto debería preocuparles, si no fuera porque han hecho de la enemistad con Estados Unidos su bandera.
ara la administración Uribe la alianza con Estados Unidos es fundamental con el fin de disuadir una posible agresión en bloque de los gobiernos alineados con la revolución bolivariana. Si se examina con cabeza fría, ese escenario no es descabellado. De hecho, Chávez, Ortega, Evo y Correa al dar apoyo abierto y clandestino a las FARC ya le declararon una guerra irregular a la democracia colombiana. Así, pues, bienvenida la utilización de las bases militares del país sudamericano por los estadounidenses. Lejos de ser una amenaza es una garantía de seguridad en la región.
www.rafaelguarin.blogspot.com
29 de Julio de 2009
EL NUEVO HERALD
Se asoma una nueva tormenta en América Latina por el acuerdo de cooperación bilateral para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos de carácter transnacional, que suscribirán los gobiernos de Barack Obama y Alvaro Uribe. El eje chavista, agrupado en el ALBA, pegó el grito en el cielo porque esa decisión permite a las tropas norteamericanas el uso de algunas bases militares colombianas. El argumento lo expuso el canciller Nicolás Maduro: ``El ejército de EEUU es una amenaza directa contra los gobiernos progresistas del continente y contra Venezuela''.
La principal hipótesis de guerra de Venezuela es una intervención estadounidense en su territorio, con el fin de controlar las riquezas energéticas y abortar el proceso revolucionario. Más que una amenaza cierta es una excusa con la cual Hugo Chávez pretende despertar sentimiento nacionalista, fortalecer su hegemonía, justificar una inusitada carrera armamentista e inclusive recibir el ofrecimiento de apoyo militar de las FARC, que nunca ha rechazado.
La alianza de Estados Unidos y Colombia es el principal obstáculo para la expansión de la ``revolución bolivariana'' y la construcción del ``bloque regional de poder'', que requiere el ``socialismo del siglo XXI''. Quebrar ese vínculo es un interés nacional vital para el actual gobierno de Miraflores. En esa lógica, así como se despedazó dicho nexo con Ecuador, debe romperse el que existe con Colombia, Perú y Honduras, entre otros. No gratuitamente, Chávez pide a Obama que retire a los miembros del ejército que están en ese último país, con el falaz razonamiento de que su presencia es un aval al gobierno de Micheletti.
Pero, en realidad, ¿quién amenaza a quién? Los acontecimientos de los últimos dos años demuestran que lo que perturba la paz y la seguridad del hemisferio no es la ``política de seguridad democrática'' implementada por Alvaro Uribe, tampoco el Pentágono, la CIA o el Comando Sur. Lo que desestabiliza y conspira contra las democracias en el hemisferio es el ánimo imperialista de Chávez.
La crisis generada en noviembre de 2007 con ocasión del retiro del presidente venezolano de las gestiones para la liberación de los secuestrados por las FARC, el reclamo que hizo de estatus de beligerancia para la guerrilla, la solicitud de excluirla de las listas de organizaciones terroristas, el respaldo a su proyecto revolucionario, la orden en marzo de 2008 de movilizar diez batallones a la frontera con Colombia y sus reiteradas advertencias de emplear los aviones rusos Sukhoy dejan claro de dónde provienen los atentados a la paz y la seguridad. La mano de la revolución bolivariana también está en los nexos del gobierno de Rafael Correa con el secretariado fariano, los anuncios de guerra contra Colombia de Daniel Ortega en el Caribe, los ataques de Evo Morales al gobierno de Alan García y el golpe de estado de Zelaya y el posterior contragolpe.
Es corriente que los países tengan hipótesis de guerra y estén preparados para actuar. Del mismo modo, es plausible que desplieguen políticas de disuasión y que denuncien lo que consideran amenazas a su seguridad. Empero, este no es el caso. Hace ya mucho tiempo que el poder de Estados Unidos tiene expresiones mucho más efectivas que los recursos militares. América Latina está en su órbita de influencia y esa nación no necesita de portaviones, ni de bases militares en Colombia, para hacer sentir su predominio en la región. Sólo obtusos militaristas pueden pensar lo contrario.
La utilización de las bases militares colombianas no tiene objetivos ofensivos contra nadie en el continente. La complementación de las operaciones antinarcóticos con acciones contra el terrorismo y el crimen organizado enfatiza que su objetivo es frenar el tráfico de estupefacientes, al tiempo que derrotar a las organizaciones armadas ilegales. A Chávez y compañía nada de esto debería preocuparles, si no fuera porque han hecho de la enemistad con Estados Unidos su bandera.
ara la administración Uribe la alianza con Estados Unidos es fundamental con el fin de disuadir una posible agresión en bloque de los gobiernos alineados con la revolución bolivariana. Si se examina con cabeza fría, ese escenario no es descabellado. De hecho, Chávez, Ortega, Evo y Correa al dar apoyo abierto y clandestino a las FARC ya le declararon una guerra irregular a la democracia colombiana. Así, pues, bienvenida la utilización de las bases militares del país sudamericano por los estadounidenses. Lejos de ser una amenaza es una garantía de seguridad en la región.
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jueves, febrero 05, 2009
EL PECADO DE RIVERA
Foto de la Revista Cambio www.cambio.com.coLas directivas del Partido Liberal y “sesudos analistas” están tremendamente indignados por las reuniones de Rodrigo Rivera con el presidente Álvaro Uribe. Creen que por ser miembro del liberalismo no tiene derecho a hablar con el gobierno de temas económicos y de seguridad y que su papel debe estar al lado de su partido y enfrentando a como dé lugar a Uribe. Lo que ha hecho, piensan, merece la condena absoluta y por lo menos el repudio de los liberales.
El verdadero pecado de Rivera es colocar por encima de sus propias aspiraciones una decisión que definirá el futuro de Colombia. O repetimos el péndulo de la seguridad y la retorica de la paz, adoptado por la ineptitud de anteriores gobernantes y por la habilidad de las Farc, o mantenemos una política de firmeza que doblegue su voluntad de lucha y la lleve a un proceso de desarme, desmovilización y reintegración. La guerrilla lo ha dicho varias veces: quiere un gobierno que conduzca al “Socialismo del Siglo XXI” y “proscriba” la Política de Seguridad Democrática. Una determinación sensata es dejar abiertas todas las posibilidades para que ambos propósitos no se cumplan. Eso es lo que le reprochan a Rivera.
No es oportunismo político. Rivera tiene prácticamente asegurada la victoria en la consulta Liberal para escoger candidato presidencial. Pero el problema no es ese. Es de mucho mayor calado que las pequeñas maniobras a las cuales está dedicada la cúpula liberal. Hay que garantizar que la Política de Seguridad Democrática se convierta en una política de Estado y que la utilización de la falacia de nuevos diálogos de paz no haga de las elecciones de 2010 su punto de quiebre. El Partido Liberal no lo entiende. Es incapaz de ver su propia circunstancia, debatiéndose en medio de apologistas del terrorismo tipo Piedad Córdoba o de quienes eligieron a Uribe y después se hicieron sus enemigos políticos, el caso de Rafael Pardo.
Para Pardo su competidor es “muy inconsecuente”, olvidando que en el último congreso Liberal fue precisamente Rivera quien pidió respaldar la Política de Seguridad Democrática, al igual que lo hizo en la consulta liberal de 2006. Lo curioso es que Pardo, siendo un hombre preparado y competente, no es precisamente el mejor ejemplo de consistencia liberal. Fue uno de los principales líderes que eligió en 1998 a Andrés Pastrana en contra de Horacio Serpa. Luego fundó Cambio Radical, más adelante fungió de uribista, ofició de lugarteniente en su campaña presidencial y fue senador ponente de la reelección de Uribe. Al final pidió pista de aterrizaje en el Partido Liberal y ahora posa del más ortodoxo. Cuando Pardo respaldaba al gobierno que le entregó el Cagúan a las Farc, Rivera hacía en 1999 el primer debate parlamentario denunciando las atrocidades de la guerrilla en la zona de distensión.
Es la misma inconsistencia que demuestran cuando proponen una consulta entre partidos para escoger un solo candidato de oposición. Además del antiuribismo cerrero, ¿qué de común tiene el Liberalismo con el Polo Democrático o con el Partido Comunista? ¿Cómo pretenden meter en un mismo saco a Vargas Lleras y a Lucho Garzón? Es evidente que lo que menos hay en esas propuestas son convicciones.
Pero de todo esto lo más sorprendente es que mientras se persigue y recrimina a Rivera se admite la relación de Piedad Córdoba con el cartel de las Farc. La decisión del Fiscal General, Mario Iguarán, de enviar pruebas a la Corte Suprema de Justicia para que la investiguen por presuntos vínculos con esa organización terrorista no hecho pestañear a César Gaviria. En abril de 1995, cuando Piedad integraba la DLN, el fiscal Valdivieso hizo exactamente lo mismo que Iguarán respecto a los congresistas vinculados con el cartel de Cali. La respuesta fue cuestión de horas. Al día siguiente estaban suspendidos del Partido Liberal. En este caso no. Para Gaviria, Pardo y otros liderazgos menores es más cuestionable pretender que la Política de Seguridad Democrática sea una política de Estado que ser estafeta de las Farc.
Por otro lado, el liberalismo no es la DLN, tampoco los congresistas, mucho menos lo que queda de diputados, concejales, alcaldes y el reducido número de gobernadores. Esa es la destartalada estructura de la cual desconfían los ciudadanos. El Liberalismo está por fuera de esa máquina electoral. Si el ex presidente Gaviria reflexionara sobre las encuestas que la propia DLN contrata, se percataría que en 2005 era ya evidente que cerca del 60 por ciento de los ciudadanos que decían pertenecer al Partido Liberal respaldaban a Uribe. Esa cifra diez días antes de las elecciones presidenciales del año siguiente era de 70 por ciento. Eso no ha cambiado, entre otras cosas porque a Uribe lo identifican como liberal y están satisfechos con su gestión.
¿En esas condiciones para qué estar en el Partido Liberal? La mejor decisión que puede tomar Rivera es no ceder ante las presiones y chantajes, profundizar contra viento y marea su cruzada por la sostenibilidad de la Seguridad Democrática y dejar que el partido siga su curso, el cual puede incluir que Piedad Córdoba derrote a Rafael Pardo en la Consulta Popular. Al fin y al cabo, la inmensa mayoría de los liberales y el conjunto de la sociedad están por fuera del aparato partidista.
No es oportunismo político. Rivera tiene prácticamente asegurada la victoria en la consulta Liberal para escoger candidato presidencial. Pero el problema no es ese. Es de mucho mayor calado que las pequeñas maniobras a las cuales está dedicada la cúpula liberal. Hay que garantizar que la Política de Seguridad Democrática se convierta en una política de Estado y que la utilización de la falacia de nuevos diálogos de paz no haga de las elecciones de 2010 su punto de quiebre. El Partido Liberal no lo entiende. Es incapaz de ver su propia circunstancia, debatiéndose en medio de apologistas del terrorismo tipo Piedad Córdoba o de quienes eligieron a Uribe y después se hicieron sus enemigos políticos, el caso de Rafael Pardo.
Para Pardo su competidor es “muy inconsecuente”, olvidando que en el último congreso Liberal fue precisamente Rivera quien pidió respaldar la Política de Seguridad Democrática, al igual que lo hizo en la consulta liberal de 2006. Lo curioso es que Pardo, siendo un hombre preparado y competente, no es precisamente el mejor ejemplo de consistencia liberal. Fue uno de los principales líderes que eligió en 1998 a Andrés Pastrana en contra de Horacio Serpa. Luego fundó Cambio Radical, más adelante fungió de uribista, ofició de lugarteniente en su campaña presidencial y fue senador ponente de la reelección de Uribe. Al final pidió pista de aterrizaje en el Partido Liberal y ahora posa del más ortodoxo. Cuando Pardo respaldaba al gobierno que le entregó el Cagúan a las Farc, Rivera hacía en 1999 el primer debate parlamentario denunciando las atrocidades de la guerrilla en la zona de distensión.
Es la misma inconsistencia que demuestran cuando proponen una consulta entre partidos para escoger un solo candidato de oposición. Además del antiuribismo cerrero, ¿qué de común tiene el Liberalismo con el Polo Democrático o con el Partido Comunista? ¿Cómo pretenden meter en un mismo saco a Vargas Lleras y a Lucho Garzón? Es evidente que lo que menos hay en esas propuestas son convicciones.
Pero de todo esto lo más sorprendente es que mientras se persigue y recrimina a Rivera se admite la relación de Piedad Córdoba con el cartel de las Farc. La decisión del Fiscal General, Mario Iguarán, de enviar pruebas a la Corte Suprema de Justicia para que la investiguen por presuntos vínculos con esa organización terrorista no hecho pestañear a César Gaviria. En abril de 1995, cuando Piedad integraba la DLN, el fiscal Valdivieso hizo exactamente lo mismo que Iguarán respecto a los congresistas vinculados con el cartel de Cali. La respuesta fue cuestión de horas. Al día siguiente estaban suspendidos del Partido Liberal. En este caso no. Para Gaviria, Pardo y otros liderazgos menores es más cuestionable pretender que la Política de Seguridad Democrática sea una política de Estado que ser estafeta de las Farc.
Por otro lado, el liberalismo no es la DLN, tampoco los congresistas, mucho menos lo que queda de diputados, concejales, alcaldes y el reducido número de gobernadores. Esa es la destartalada estructura de la cual desconfían los ciudadanos. El Liberalismo está por fuera de esa máquina electoral. Si el ex presidente Gaviria reflexionara sobre las encuestas que la propia DLN contrata, se percataría que en 2005 era ya evidente que cerca del 60 por ciento de los ciudadanos que decían pertenecer al Partido Liberal respaldaban a Uribe. Esa cifra diez días antes de las elecciones presidenciales del año siguiente era de 70 por ciento. Eso no ha cambiado, entre otras cosas porque a Uribe lo identifican como liberal y están satisfechos con su gestión.
¿En esas condiciones para qué estar en el Partido Liberal? La mejor decisión que puede tomar Rivera es no ceder ante las presiones y chantajes, profundizar contra viento y marea su cruzada por la sostenibilidad de la Seguridad Democrática y dejar que el partido siga su curso, el cual puede incluir que Piedad Córdoba derrote a Rafael Pardo en la Consulta Popular. Al fin y al cabo, la inmensa mayoría de los liberales y el conjunto de la sociedad están por fuera del aparato partidista.
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lunes, noviembre 24, 2008
Publicado en El Nuevo Herald - Miami / lunes 24 de noviembre de 2008
RAFAEL GUARIN
La victoria de Barack Obama es una oportunidad para que Colombia continúe avanzando hacia la paz. Desde 2002 el trabajo conjunto de las administraciones Bush-Uribe permitió recuperar la seguridad en casi la totalidad del territorio. Este no es únicamente mérito de los republicanos, sino resultado de una estrategia bipartidista diseñada bajo el liderazgo demócrata de Bill Clinton.
Luego de diez años la estrategia resulta insuficiente y requiere ajustes. Continuar ese mismo esquema de cooperación posibilita seguir la reducción de guerrillas y bandas del narcotráfico, pero no garantiza la sostenibilidad de los logros a largo plazo. La guerra irregular puede nuevamente tomar impulso a menos que se construya el estado de derecho y legitimidad en las zonas donde están enquistados los grupos que la adelantan.
Además, no hay duda de que la penetración de la mafia en unidades militares y su alianza con sectores políticos desvía y desvirtúa la ayuda estadounidense. Tampoco que las violaciones de derechos humanos, por parte de corruptos miembros del ejército, son incompatibles con el fortalecimiento de la democracia que está en la justificación del Plan Colombia.
La llegada de Obama a la Oficina Oval despertó una ola de entusiasmo entre quienes rechazan el apoyo militar a Colombia. Muchos señalan que es el fin de la ''salida guerrista'' y de la política de seguridad democrática. La guerrilla aspira a que el nuevo gobierno demócrata elimine esa ayuda y presione a Uribe a negociar. Las FARC piensan que eso les da legitimidad política y les posibilita ser interlocutor de gobiernos y partidos, remover los obstáculos que le dificultan obtener el estatus de beligerancia y progresar en el proyecto farchavista. Algunas ONGs están en el mismo juego.
Probablemente el presidente Obama y su equipo asesor midieron las consecuencias de ese camino: incremento del tráfico de drogas, aumento de la violencia guerrillera, deterioro progresivo de la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad y de la propia maniobrabilidad política del gobierno colombiano y crecimiento de bandas emergentes, entre otras. En su conjunto, la debacle de las instituciones democráticas con la reedición de la táctica del diálogo al servicio de la estrategia de guerra, la misma que narra Fidel Castro aplicaron las FARC en el Caguán.
Las cosas no serán así. A pesar de sectores demócratas que propugnan por un giro radical en la relación con el gobierno Uribe, lo cierto es que Obama tiene decidido cómo actuar. En mayo pasado, en un discurso en Miami, indicó: ''Apoyaremos totalmente la lucha contra las FARC. Trabajaremos con el gobierno para acabar con el régimen del terror de los paramilitares. Respaldaremos el derecho de Colombia de atacar a los terroristas que buscan santuario en otros países y haremos que se aclare cualquier apoyo que otros vecinos estén dando a las FARC''. Y no puede ser de otra manera. Lo adecuado es mantener el apoyo militar y político, elevar las exigencias en materia de respeto a los derechos humanos y reclamar transparencia a gobiernos involucrados con esa organización.
Por otro lado, después de conseguir la seguridad en regiones que hace una década estaban bajo dominio guerrillero y paramilitar, el reto es lograr el respaldo ciudadano que en muchas de ellas es esquivo. Eso hace conveniente repensar el Plan Colombia y enfatizar la intervención económica y social para consolidar territorios, ganar legitimidad y construir instituciones, cuidando de no afectar la ayuda militar.
Al parecer, según palabras de Frank Sánchez, asesor para América Latina en su campaña, esa será la directriz: ''Bajo una administración de Barack Obama el Plan Colombia va a seguir''. Dice que el nuevo presidente quiere agregar más fondos, ''específicamente para reforzar instituciones que fortalecen la democracia, la justicia y el desarrollo económico''. Sánchez aclaró la posición del nuevo presidente al señalar que ''él ha apoyado fuertemente al presidente Uribe en su lucha contra las FARC, hasta fue uno de los únicos políticos en Estados Unidos que apoyó al gobierno de Colombia y a Uribe mismo'', refiriéndose al ataque del ejército colombiano a un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano. ''Ni Bush habló tan abiertamente apoyando a Uribe'', concluyó.
Si Obama concreta estos anuncios, lejos de debilitar la política de seguridad democrática avalará su sostenimiento, la mejor contribución que puede hacer a la paz de Colombia. También es oportuno que el apoyo de Estados Unidos a futuros diálogos se condicione a la decisión de las guerrillas, desde el principio y de forma irreversible, de entregar las armas y desmovilizarse. Y, segundo, a que se respeten los derechos de las víctimas de las FARC y el ELN a la verdad, la justicia y la reparación.
viernes, octubre 24, 2008
QUEBRAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
SEMANA.COM - Viernes 24 de Octubre de 2008RAFAEL GUARÍN
Los paros y movilizaciones de las últimas semanas son parte de una estrategia orientada a quebrar la Política de Seguridad Democrática en las urnas. El gobierno tiene razón cuando afirma que hay un plan para desestabilizarlo y en que la mano de la guerrilla está metida en el clima de “agitación social”, pero parece enredado en cómo enfrentarlo.
A pesar de los duros golpes recibidos, el Secretariado de las Farc sabe que tiene capacidad de maniobra. Aún más, confía en que ciertos hechos, manejados hábilmente, pueden ser la antesala a una coyuntura favorable a su resurgimiento. Le apuesta a demostrar que el grupo armado ilegal no está derrotado y que únicamente la negociación podrá desactivar el “conflicto social y armado”. Desde su perspectiva, la paz se logrará con un nuevo gobierno que desmonte la seguridad democrática y esté dispuesto a otro proceso de diálogo, eso sí, a partir de que les reconozca cierta legitimidad, le quite la calificación de terrorista y conceda trato de organización política.
En ese contexto, el objetivo fariano a corto plazo es favorecer la elección de un gobierno que tenga esa agenda. Creen que lo pueden conseguir con terrorismo y utilizando, manipulando e infiltrando las movilizaciones ciudadanas contra el gobierno. Los recientes atentados quieren demostrar que su capacidad de hacer daño es significativa y, sin duda, se intensificarán en un intento por cambiar la percepción y la actitud de una sociedad que mayoritariamente se muestra dura contra el terrorismo. También para ejemplificar que después de diez años de Plan Colombia y ocho de Política de Seguridad Democrática el derrotado ha sido el Estado, mientras ellos mantienen la médula de su aparato bélico.
El otro frente es la vieja fórmula de combinación de todas las formas de lucha. Fue la “última proclama” de Marulanda en diciembre pasado: “es necesario utilizar las diversas formas de acción, movilizaciones con objetivos muy concretos, demandas al Estado por la paz, defensa de los derechos humanos, paros cívicos, denuncias de masacres y atropellos oficiales ante organismos competentes nacionales e internacionales etc.”. En ejecución de ese plan la guerrilla ha participado en la marcha del 6 de marzo (lo hicieron públicamente en cerca de una decena de países), el paro campesino de octubre de 2007, revueltas estudiantiles y en los mítines indígenas de la semana anterior. El Manifiesto de las Farc señala que hay que conseguir "la movilización del pueblo en acciones de calle y bloqueo de carreteras que paralicen el país”. ¡Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia!
La directriz de Tirofijo fue clara. No sólo se trata de infiltrar, cooptar y aprovechar actos legítimos de protesta ciudadana, sino que “los cuadros farianos están obligados a conducir las organizaciones de masas bajo su dirección”. ¿A cuáles se refería? En sus términos, esto es “tan indispensable como las acciones armadas de Farc”.
No hay duda de la intención de la guerrilla de jugar un papel detrás de paros y protestas. Otra cosa es caer en el simplismo y creer que las Farc controlan todos los “movimientos sociales” y sindicar cualquier manifestación de descontento. Sería tan absurdo como negar que existen razones válidas para reclamos pacíficos o afirmar que la guerrilla tiene esa capacidad de convocatoria. ¡Si la tiene, apague y vámonos!
Quebrar la seguridad democrática le interesa igualmente a políticos y “dirigentes sociales” de la oposición, oportunistas unos, cómplices otros del terrorismo y muchos ingenuos, que no reparan en medios con tal de bajar a Uribe. Con la ilusión de beneficiarse electoralmente de esa tenebrosa estrategia contribuyen a la creación de un clima adverso que les permita llegar al poder en 2010, así sea sobre los hombros de la violencia fariana. El Polo, algunos sectores del Liberalismo y ciertos “movimientos sociales” están metidos de cabeza en esa lógica, a pesar que la inmensa mayoría de sus miembros desconocen lo que realmente sucede.
¿Cómo responder a ese desafío? Se debe trabajar en fortalecer la cohesión ciudadana frente al terrorismo. Es la única manera de no dejarse doblegar por las acciones violentas. Segundo, es indispensable mejorar la capacidad estatal de prevención de acciones terroristas y prepararse para gestionar situaciones de crisis generadas por futuros atentados. No se deben olvidar las mochilas bomba del 11 de marzo en Madrid y sus consecuencias en la decisión política del pueblo español. Del mismo modo, Colombia necesita urgentemente una legislación especial y un aparato judicial que permita desmantelar el entramado legal de las Farc, encubierto en facciones de partidos políticos, ongs, medios de comunicación y otro tipo de colectivos.
Pero lo más importante es que jamás haya exceso de fuerza y que las autoridades actúen con toda rigurosidad, siempre dentro del Estado de Derecho. Con mártires el terrorismo procura legitimar su existencia y los crímenes de lesa humanidad. Las Farc promueven acciones violentas en las manifestaciones con el fin de demostrar que hay un Estado terrorista ante el cual sólo se pueden tomar las armas y “resistir”. La lamentable muerte de indígenas, en enfrentamientos con la policía, lo único que hace es cumplir la agenda guerrillera, alimentar su falso discurso y darle oportunidad de confeccionar sofismas para la campaña de desprestigio y de guerra política que adelantan contra las instituciones democráticas.
www.rafaelguarin.blogspot.com
jueves, enero 24, 2008
RECOMENDADO
Gustavo DuncanMALAS NOTICIAS
Enero 24 de 2008
El País - Cali
El País - Cali
Ser portador de malas noticias siempre es una labor ingrata, porque se confunde al mensajero con la desgracia. A raíz de las victorias del Ejército y de la torpeza política con que las Farc han manejado la liberación de los secuestrados, se ha difundido un aire de optimismo sobre el final del conflicto colombiano. Se cree que es posible una victoria militar sobre la guerrilla y se habla ya de una iniciativa de las fuerzas armadas, conocida como 'el fin del fin'.
Si bien los avances militares han sido proverbiales en el gobierno Uribe y han puesto a las Farc en los bordes del territorio poblado, la salida definitiva al conflicto aún está lejana. En primer lugar, no hay señales de una desmoralización masiva en la guerrilla, que lleve a una deserción generalizada de la tropa y a una derrota definitiva o a una negociación ante la contundencia de los hechos. Es casi seguro que las Farc guardan una fuerza superior a los 10.000 hombres, capaces, en cualquier momento en que se 'afloje' la contención militar, de perturbar la estabilidad política, económica y social de las zonas desarrolladas de Colombia. De allí la importancia de continuar con una política de seguridad fuerte en materia antisubversiva, llámese Seguridad Democrática o como le quiera poner cualquier gobierno de oposición.
En segundo lugar, el problema de las Farc continuará mientras exista una base social de cocaleros en las periferias habitadas de Colombia. La solución del conflicto no es una cuestión dicotómica entre victoria militar o salida negociada. Creo que el conflicto va para más largo, porque su fin depende de una variable más contundente. Me refiero a la capacidad del Estado de transformar los órdenes sociales en muchas partes del territorio que son dependientes de las economías de la droga y de la regulación por actores armados no estatales.
El día que el Estado sea capaz de incluir la población cocalera en zonas donde primen las economías lícitas y las relaciones sociales propias de una sociedad moderna, las Farc se quedarán sin cimientos. En una columna previa advertí que la transformación del orden social favorable a las Farc pasa por dos estrategias. O se reubican los colonos y campesinos de frontera en zonas internas o se desarrollan las sociedades de frontera. La primera opción es más costosa en recursos y en decisiones políticas, pero toma tiempos mucho más extensos. Hasta ahora la decisión de la sociedad colombiana ha sido la segunda: la de postergar en el tiempo la inclusión de la población de frontera a través del desarrollo de esos territorios y por eso tendremos Farc y conflicto para rato.
La prueba de que la modernización de zonas dependientes del narcotráfico es un proceso complejo es que aun en municipios cercanos a grandes centros poblados como Pereira, el narcotráfico continúa siendo el principal factor de poder local. Conozco un caso en que el capo del pueblo fue capturado y está en camino de extradición. Al día de hoy, no hay nadie que sea capaz de controlar la delincuencia que surgió a partir de la ausencia de la principal figura de poder. También es sensible el deterioro de la situación económica y el desplazamiento de la base trabajadora hacia Pereira. Si eso es así en zonas del interior desarrollado del país, cómo será donde el orden social no tiene opción diferente a los mercados de la hoja de coca y al control de las Farc.
domingo, enero 20, 2008
CHÁVEZ: LAS ARMAS DEL CHANTAJE INJERENCISTA
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La realización del socialismo del siglo XXI depende de la capacidad de la revolución bolivariana de construir un mercado y ''un bloque regional de poder''. Para lograrlo, Hugo Chávez parece estar dispuesto a todo, desde la financiación clandestina de campañas electorales y movimientos sociales, hasta el empleo de su aparato militar dentro y fuera de sus fronteras. Su obsesión por edificar la ''Patria Grande'', la misma a que se refieren las FARC, lo convirtió en una grave amenaza para la seguridad nacional de Colombia y la paz en la región.
EL NUEVO HERALD - Séptimo Día
Publicado el domingo 20 de enero del 2008
Publicado el domingo 20 de enero del 2008
"EL DESNUDO DE LA ALIANZA CHÁVEZ - FARC"
www.semana.com
22 de enero de 2008
RAFAEL GUARINwww.semana.com
22 de enero de 2008
La realización del socialismo del siglo XXI depende de la capacidad de la revolución bolivariana de construir un mercado y ''un bloque regional de poder''. Para lograrlo, Hugo Chávez parece estar dispuesto a todo, desde la financiación clandestina de campañas electorales y movimientos sociales, hasta el empleo de su aparato militar dentro y fuera de sus fronteras. Su obsesión por edificar la ''Patria Grande'', la misma a que se refieren las FARC, lo convirtió en una grave amenaza para la seguridad nacional de Colombia y la paz en la región.
sábado, diciembre 15, 2007
Publicado el sábado 15 de diciembre del 2007, El Nuevo Herald, Miami
RAFAEL GUARIN
El alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, el más conocido líder de izquierda, afirmó al rechazar a las FARC que no se ''puede seguir legitimando ese verde oliva''. Esa actitud, junto a la de otros de sus competidores que desde la oposición aspiran suceder a Uribe, puede ser el camino hacia un acuerdo nacional que prive a las FARC de uno de sus instrumentos más ventajosos: el aprovechamiento de las contradicciones en el debate democrático.
En éste reside una de las claves que explican su existencia durante más de cuatro décadas. Mientras esa guerrilla tiene un plan estratégico de largo plazo para la toma del poder, al que circunscribe cada uno de sus movimientos tácticos, no ha existido una política de seguridad de Estado que trascienda gobiernos, partidos y liderazgos individuales, sino bandazos y bandazos.
La habilidad guerrillera para utilizar las contradicciones llegó a su cima en 1998 al lograr que el despeje militar de una zona en el sur del país fuera eje de la campaña presidencial y que los candidatos concursaran por ofrecer más a las FARC. El resultado fue el desastre de desmilitarizar 42,000 kilómetros cuadrados y someter a la población de cinco municipios a la dictadura del terrorismo. Al igual que en el gobierno Betancur (1982-1986) se empleó el diálogo como táctica para obtener espacio político, sin renunciar a la ejecución del plan estratégico.
Aunque la seguridad democrática ha golpeado duramente a las FARC, su sostenibilidad política no está garantizada. La personalización de la política, que ha sido su fortaleza, es ahora su principal debilidad y lejos de ser un factor de aglutinación divide a los partidos políticos. Las FARC lo saben, como también que agudizar las contradicciones entre gobierno y oposición empleando los secuestrados, constreñimiento internacional y campañas de propaganda, puede llevar a un giro en las elecciones presidenciales de 2010. Se trata de construir un nuevo escenario que les permita respiro militar, avanzar en el reconocimiento de beligerancia y reivindicar la supuesta derrota de la seguridad democrática y el Plan Colombia. Todo sin abandonar la táctica del diálogo.
Por eso los planteamientos del senador Gustavo Petro y de Garzón, miembros del Polo Democrático, sin ser nuevos son importantes. Petro propuso una hoja de ruta a manera de ''plan de salida a la guerra'', un pacto democrático que termine ''definitivamente el uso de la combinación de las formas de lucha'', una política de seguridad de Estado e incluso, acercándose más a Uribe, reconoce en las fuerzas militares un rol indispensable.
El alcalde admite éxitos de la política de seguridad, niega carácter de izquierda a las FARC y critica a quienes desde esa orilla, léase el candidato Carlos Gaviria, con ''consideraciones teóricas'', terminan legitimando el escenario guerrillero. No hay que olvidar que Gaviria anunció estar dispuesto a reconocer beligerancia a las FARC si es elegido presidente.
Algo similar sucede en el Partido Liberal. El expresidente César Gaviria ha dicho que se debe ''impulsar una política de seguridad firme y eficaz que preserve los logros alcanzados de este gobierno''. Para Rodrigo Rivera, el más comprometido con una propuesta de unidad contra la violencia y quien lideró en 2003 el acuerdo antiterrorista suscrito por los principales partidos políticos y que fracasó por desinterés del gobierno, ''nunca es tarde para corregir el error de habernos polarizado en asuntos de orden público'' y ``el acuerdo nacional en materia de seguridad debe hacerse ahora o en últimas para la elección de 2010''.
No obstante, Rafael Pardo cree que ''la política de orden público es de la esencia de la competencia política'', es decir, discrecional de la agenda de los partidos y de cada gobierno, pero enfatiza en la necesidad de un acuerdo sobre la liberación de los secuestrados y el desmonte del paramilitarismo.
Mi conclusión: Es urgente el consenso para fenecer lo que queda de las FARC y blindar tanto de afanes electorales como de guerra política los resultados alcanzados. Estas posturas de algunos candidatos de la oposición son una oportunidad para un acuerdo nacional que junto a la política de seguridad cobije una solución humanitaria al secuestro, fortalecimiento de la justicia y desmantelamiento definitivo del paramilitarismo. El acuerdo liquidaría los planes en el corto plazo de las FARC y con presión militar podría contribuir a doblegar su voluntad de lucha. Sería un paso más hacia la paz.
Foto:
martes, octubre 30, 2007
Publicado el martes 30 de octubre del 2007, EL NUEVO HERALD, Miami, Florida.
RAFAEL GUARIN
En noviembre del 2002 el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI) y consagra su competencia frente a crímenes de lesa humanidad, genocidio y agresión entró en vigor respecto a Colombia, pero no con relación a crímenes de guerra. Se pensó que no acoger la cláusula 124 del estatuto, que aplaza hasta el 2009 la investigación y juzgamiento de esos delitos, obstaculizaría los procesos de paz. Ahora el presidente Alvaro Uribe sorprende con la propuesta de retirar dicha reserva.
Las consecuencias son diversas. Si bien el campo de maniobra con las guerrillas se restringe, no es mayor su impacto si se tiene en cuenta la ausencia de voluntad de paz de las FARC y la inexistencia de avances con el ELN. Además, la historia colombiana demuestra que recurrentes episodios de violencia se resolvieron a través de amnistías e indultos que terminaron por alentar nuevas oleadas delictivas.
Eliminar esa posibilidad y otras que buscan la impunidad a través de referendos, plebiscitos o asambleas constituyentes fortalece la justicia y deja a las guerrillas dos escenarios. El primero, aceptar que lo que llaman eufemísticamente la ''salida negociada al conflicto armado'' implica la observancia del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo II de 1977, no realizar delitos de lesa humanidad y comparecer frente a tribunales nacionales y eventualmente ante la CPI.
En teoría el efecto disuasorio del Estatuto debe empujar a estos grupos a ese camino, pero a diferencia del ELN, que prácticamente está en una tregua no declarada, y de los paramilitares, hoy desmovilizados, que lo entendieron en su momento, los patrones de conducta de las FARC no permiten ser tan optimistas. Al comienzo de los diálogos con la administración Pastrana, Raúl Reyes señaló que ''mientras exista la confrontación es imposible humanizar la guerra'' y que ''cumplir el derecho internacional humanitario no sirve de mucho''. Eso no ha cambiado.
Una guerrilla que encerrada en sí misma no se siente derrotada, mantiene su retaguardia apoyada en el narcotráfico y confía en la combinación de todas las formas de lucha, es probable que prefiera arreciar la acción bélica, replicar masacres como la de los 11 diputados y asesinatos selectivos, similares a los cometidos recientemente contra cerca de treinta candidatos a cargos de elección popular.
Esa segunda opción es una ''salida sin salida''. De la corte ni siquiera un nuevo orden revolucionario los puede sustraer y exige una condición no factible: la derrota militar y política del Estado. Adicionalmente, arruinará su diplomacia, les representará aislamiento internacional y el merecido tratamiento de criminales en el exterior. Es el verdadero principio del fin.
Pareciera que a las guerrillas no les queda otra cosa que negociar tarde o temprano su sometimiento a la justicia, así se haga bajo el rótulo de un proceso político. Lamentablemente, esto exige una lógica diferente a la que tienen. Mientras tanto, su demencial acción impone mantener una política de firmeza que doblegue su voluntad de lucha y las obligue no sólo a desmovilizarse, sino a enfrentar la justicia.
Por otro lado, de la CPI no se excluyen los jefes de gobierno, congresistas, ministros, generales o comandantes de las fuerzas militares. Esto abre una ventana de oportunidad para que políticos vinculados con los narcoparamilitares, que hasta ahora sólo son acusados por concierto para delinquir y delitos electorales, respondan por complicidad en la ejecución de crímenes de lesa humanidad. No se debe olvidar que en varios casos las alianzas non sanctas coincidieron o estuvieron presididas de masacres en sus circunscripciones electorales.
La justicia colombiana no puede negarse a penalizar ejemplarmente a paramilitares y a sus colaboradores en las fuerzas armadas o en los sectores económicos. Tampoco al propio ex fiscal Luis Camilo Osorio, quien es investigado por el templo de la impunidad que es la Cámara de Representantes. Igual deberá suceder con los farcpolíticos y los cómplices del ELN. De lo contrario, bienvenida la justicia internacional.
Uribe sabe que la vigencia de la CPI y su decisión de acudir a esa instancia es en últimas un respaldo a su política de seguridad. También que el tiempo le dará la razón en que no se puede seguir justificando en nombre de supuestas causas políticas la barbarie y la violación masiva y sistemática de los derechos humanos.
En noviembre del 2002 el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI) y consagra su competencia frente a crímenes de lesa humanidad, genocidio y agresión entró en vigor respecto a Colombia, pero no con relación a crímenes de guerra. Se pensó que no acoger la cláusula 124 del estatuto, que aplaza hasta el 2009 la investigación y juzgamiento de esos delitos, obstaculizaría los procesos de paz. Ahora el presidente Alvaro Uribe sorprende con la propuesta de retirar dicha reserva.
Las consecuencias son diversas. Si bien el campo de maniobra con las guerrillas se restringe, no es mayor su impacto si se tiene en cuenta la ausencia de voluntad de paz de las FARC y la inexistencia de avances con el ELN. Además, la historia colombiana demuestra que recurrentes episodios de violencia se resolvieron a través de amnistías e indultos que terminaron por alentar nuevas oleadas delictivas.
Eliminar esa posibilidad y otras que buscan la impunidad a través de referendos, plebiscitos o asambleas constituyentes fortalece la justicia y deja a las guerrillas dos escenarios. El primero, aceptar que lo que llaman eufemísticamente la ''salida negociada al conflicto armado'' implica la observancia del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo II de 1977, no realizar delitos de lesa humanidad y comparecer frente a tribunales nacionales y eventualmente ante la CPI.
En teoría el efecto disuasorio del Estatuto debe empujar a estos grupos a ese camino, pero a diferencia del ELN, que prácticamente está en una tregua no declarada, y de los paramilitares, hoy desmovilizados, que lo entendieron en su momento, los patrones de conducta de las FARC no permiten ser tan optimistas. Al comienzo de los diálogos con la administración Pastrana, Raúl Reyes señaló que ''mientras exista la confrontación es imposible humanizar la guerra'' y que ''cumplir el derecho internacional humanitario no sirve de mucho''. Eso no ha cambiado.
Una guerrilla que encerrada en sí misma no se siente derrotada, mantiene su retaguardia apoyada en el narcotráfico y confía en la combinación de todas las formas de lucha, es probable que prefiera arreciar la acción bélica, replicar masacres como la de los 11 diputados y asesinatos selectivos, similares a los cometidos recientemente contra cerca de treinta candidatos a cargos de elección popular.
Esa segunda opción es una ''salida sin salida''. De la corte ni siquiera un nuevo orden revolucionario los puede sustraer y exige una condición no factible: la derrota militar y política del Estado. Adicionalmente, arruinará su diplomacia, les representará aislamiento internacional y el merecido tratamiento de criminales en el exterior. Es el verdadero principio del fin.
Pareciera que a las guerrillas no les queda otra cosa que negociar tarde o temprano su sometimiento a la justicia, así se haga bajo el rótulo de un proceso político. Lamentablemente, esto exige una lógica diferente a la que tienen. Mientras tanto, su demencial acción impone mantener una política de firmeza que doblegue su voluntad de lucha y las obligue no sólo a desmovilizarse, sino a enfrentar la justicia.
Por otro lado, de la CPI no se excluyen los jefes de gobierno, congresistas, ministros, generales o comandantes de las fuerzas militares. Esto abre una ventana de oportunidad para que políticos vinculados con los narcoparamilitares, que hasta ahora sólo son acusados por concierto para delinquir y delitos electorales, respondan por complicidad en la ejecución de crímenes de lesa humanidad. No se debe olvidar que en varios casos las alianzas non sanctas coincidieron o estuvieron presididas de masacres en sus circunscripciones electorales.
La justicia colombiana no puede negarse a penalizar ejemplarmente a paramilitares y a sus colaboradores en las fuerzas armadas o en los sectores económicos. Tampoco al propio ex fiscal Luis Camilo Osorio, quien es investigado por el templo de la impunidad que es la Cámara de Representantes. Igual deberá suceder con los farcpolíticos y los cómplices del ELN. De lo contrario, bienvenida la justicia internacional.
Uribe sabe que la vigencia de la CPI y su decisión de acudir a esa instancia es en últimas un respaldo a su política de seguridad. También que el tiempo le dará la razón en que no se puede seguir justificando en nombre de supuestas causas políticas la barbarie y la violación masiva y sistemática de los derechos humanos.
sábado, octubre 13, 2007
Publicado el sábado 13 de octubre del 2007. EL NUEVO HERALD, Miami, Florida.
RAFAEL GUARIN
La acusación del expresidente Andrés Pastrana de pactos secretos del gobierno de Alvaro Uribe con los paramilitares no cae en el vacío. Así de éstos no haya prueba, se tiene que ser ciego, cómplice o cínico para negar la existencia de compromisos de políticos de la coalición gubernamental con el narcoparamilitarismo. Son ya cerca de cuarenta los congresistas procesados judicialmente por dichos vínculos y que participaron en la aprobación de penas simbólicas para sus amigos en armas.
Los involucrados jugaron del lado de las autodefensas al tiempo que pretendieron usufructuar la coyuntura. Hasta ahora ninguno ha sido capaz de defender su actuación, ni siquiera de argumentar que obedeció a una convicción antisubversiva, lo que deja claro que se trató y sigue tratándose en la mayoría de los casos de un burdo pacto delincuencial. ¡No hay duda! Resultaron peores los políticos que quieren pasar de víctimas que los autores de decenas de masacres.
No obstante, llama la atención que Pastrana olvide el pacto de su campaña con las FARC para ser elegido presidente en 1998. Clandestinamente su campaña concertó el encuentro de uno de sus miembros con Manuel Marulanda y el Mono Jojoy. Incluso trascendió que previamente representantes de esa guerrilla asistieron a la presentación de su política de paz y que el propio discurso leído por el candidato consultaba las expectativas farianas. También se tiene que ser ciego, cómplice o cínico para pensar que la foto tomada a Tirofijo con publicidad electoral de Pastrana y las declaraciones favorables de Raúl Reyes no fueron consecuencia de una oscura maniobra, con su debida contraprestación.
Ese episodio no fue el punto de partida de los diálogos de paz, sino el primer resultado de un arreglo que pasaba por la derrota del Partido Liberal. ¿Qué fue lo que negoció previamente Pastrana y su campaña con las FARC? ¿Acaso la desmilitarización sin condiciones de 42,000 kilómetros cuadrados como efectivamente se hizo? ¿Tal vez el abandono del Estado a miles de ciudadanos que vivían en la zona? ¿O el establecimiento de un refugio del crimen bajo la fachada de un proceso de paz?
Aunque son casos diferentes, las alianzas non sanctas de uribistas y pastranistas demuestran, entre otras cosas, que cuando la paz y la seguridad se convierten en bandera electoral y no en propósito nacional, nos alejamos de ellas cada vez más. Las FARC afirmaron sentirse traicionadas por el gobierno de Pastrana y los paramilitares por el de Uribe. ¿A qué se refieren? ¿En qué les faltaron los gobiernos?
Someter al escrutinio público las cuestiones más sensibles en las negociaciones con grupos ilegales beneficia la paz. Ventilarlas públicamente les otorga sostenibilidad política a los acuerdos y rodea de legitimidad las decisiones. Parece olvidarse que de la transparencia en temas delicados como las penas, la extradición, el indulto, la amnistía, la verdad y la reparación a las víctimas, depende la confianza y el apoyo nacional e internacional.
La historia lo ratifica. Los exitosos procesos de paz celebrados por las administraciones de Virgilio Barco y César Gaviria con el M19, PRT, EPL, Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista, a comienzo de la década pasada, se concretaron de frente al país. Respecto a los primeros la participación ciudadana fue decisiva y desembocó en una Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, las guerrillas entendieron que las negociaciones necesitaban amplio respaldo y que era un error despreciar la opinión pública, cosa que no tienen suficientemente claro el ELN y mucho menos las FARC.
Finalmente, es interesante advertir que mientras los parapolíticos son investigados y encarcelados, los miembros de la campaña pastranista gozaron de las mieles del poder y ni siquiera se les reclamó responsabilidad política por los pactos secretos, tampoco por sus deplorables resultados.
De esto hay que sacar lecciones. Ni siquiera con la excusa de la paz o de la seguridad los partidos y los políticos pueden consentir contactos ocultos con organizaciones al margen de la ley. Su búsqueda debe ser objeto de una agenda nacional que incorpore a todos las colectividades políticas y no instrumento de ventajismo electoral. Y tercero, los procesos de paz y de sometimiento de la delincuencia a la justicia se deben hacer con las cartas sobre la mesa.
Nota al margen: gravísimo para la libertad de prensa en Colombia el exilio de Gonzalo Guillén, corresponsal de El Nuevo Herald.
sábado, septiembre 22, 2007
Publicado el sábado 22 de septiembre del 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
Foto http://www.semana.com/ RAFAEL GUARIN
La masacre de once diputados secuestrados por las FARC produjo que los colombianos se movilizaran masivamente, mientras el Polo Democrático Alternativo omitió condenar a la guerrilla y preso de un absurdo extremismo no participó en la marcha ciudadana. Su argumento: era impulsada por el gobierno de Alvaro Uribe.
En plena campaña presidencial las FARC y el ELN propusieron una coalición de oposición para enfrentar a Uribe, sin que se escuchara objeción de los candidatos del Polo y del Partido Liberal. Y hace unas semanas Raúl Reyes insistió en el mismo planteamiento con el fin de llevar al Polo al gobierno.
La guerrilla quiere instrumentalizar esa organización para quebrar la política de seguridad democrática en las urnas y construir un escenario del cual puedan obtener ventaja política y militar. Ese propósito encuentra eco en sectores del Polo que siguiendo el manifiesto de Marx y Engels (1848) creen que sus objetivos sólo se alcanzaran si derrocan ''por la violencia todo el orden social existente''. También en declaraciones como las del senador Jaime Dussan que señalan que ''no son amigos ni enemigos de las FARC'', como si frente a ella existieran puntos intermedios. ¡Hay que ser claro! ¡O se está con ella o contra ella!
Lo que se espera de un partido que se apellida ''democrático'' es el contundente repudio a la tentativa ''fariana'' de combinar las formas de lucha, no ambigüedad, ni que prime el cálculo sobre la reprobación a las guerrillas. Mucho menos que pese más el antiuribismo que el terrorismo. La situación interna ha sido tan delicada que el senador del Polo, Gustavo Petro, admitió que la sociedad colombiana ``no encuentra definidos totalmente los hechos que nos separan de las FARC''.
Los extremistas riñen con la democracia y el estado de derecho. Emplean los canales destinados a tramitar pacíficamente los conflictos, al tiempo que no censuran la violencia o lo hacen retóricamente. El extremismo suele acompañarse de excusas sobre el uso de las armas, al punto de elevar el crimen a la categoría de acción política. Lo ejemplifica la afirmación de Patricia Lara, excandidata a la vicepresidencia por el Polo: las FARC ''cometen crímenes, pero no son criminales''. ¡Hágame el favor!
Paradójicamente, quien encabeza el extremismo en el Polo fue presidente de la Corte Constitucional. El ex magistrado Carlos Gaviria, senador en 2002 apoyado por el Partido Comunista, no sólo no reconoce el terrorismo de las FARC, sino que macartiza a quienes dentro de su partido osan reclamar verticalidad contra las guerrillas. Esa intolerancia, casi stalinista, evidencia que el problema no se soluciona con comunicados de prensa y que es más grave que simples brotes de simpatía con los grupos ilegales, así se diga, siguiendo al gobierno ante los escándalos militares, que son casos aislados.
Tal conducta agrieta la unidad nacional contra el narcoterrorismo, mina la legitimidad democrática de la izquierda y fortalece la pretensión de legitimidad política de las guerrillas. Y lo más grave para el Polo, cuando rotula de ''uribista'' a todo crítico de las FARC se aleja de la victoria electoral.
Afortunadamente, la presión de la opinión pública y la posibilidad de afectarse en las elecciones de octubre obligaron por fin al Polo a tachar el secuestro y los crímenes guerrilleros. En el papel se impuso el sector moderado sobre los extremistas. Ahora lo que se requiere son hechos que ratifiquen lo dicho, por ejemplo, retirar los candidatos en el Valle del Cauca que con su silencio aceptan que las FARC les hagan campaña electoral.
No hay duda de que Colombia necesita un partido de izquierda y que la consolidación del Polo es benéfica para la democracia, además de una oportunidad para un proyecto político alternativo al establecimiento tradicional. Pero de la misma manera que los partidos de la coalición de gobierno deben continuar depurándose de parapolíticos, el Polo debe iniciar la purga de sus filas de farcpolíticos y no justificar la barbarie guerrillera. Es importante que los ciudadanos tengan la certeza que en su seno sí es posible estar en contra de las FARC.
Nota al margen: Ojalá Piedad Córdoba entienda que para ayudar al acuerdo humanitario no se requiere ser parlante de las Farc.
sábado, agosto 04, 2007
Publicado el sábado 4 de agosto de 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
Foto Revista CambioRAFAEL GUARIN
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia que priva a los paramilitares de la calificación de sediciosos y la negativa de los cabecillas presos de continuar confesando sus delitos, abrió en Colombia un debate sobre la posibilidad de otorgarles el carácter de delincuentes políticos.
¿A qué se debe esta crisis? Entre otras cosas, al eventual riesgo de extradición y a una política que encubre en un proceso de paz a traficantes. La equivocación del gobierno fue aceptar el disfraz político y no asumir el asunto tal y como era: el sometimiento a la justicia de un grupo de mafiosos con un ejército superior a 30,000 hombres.
Si bien el origen del paramilitarismo se liga al narcotráfico, en su seno hubo auténticos contrainsurgentes cuya influencia cedió en la medida que la organización fue cooptada por narcos. Esa transición se facilitó por las exigencias económicas de la confrontación y su utilidad para el cultivo, procesamiento y comercio de alucinógenos. Además de garantizar seguridad, protección y control territorial a través de la fuerza y la captura de la política, en el mediano plazo los capos metidos a paramilitares pretendían evitar la extradición a Estados Unidos y conseguir benevolencia punitiva.
Lo de hoy no dista mucho del pasado. A final de los años ochenta Pablo Escobar quiso escapar de la extradición, obtener tratamiento político e indulto. Concibió la idea de vestirse de delincuente político para alcanzar los objetivos que se evidencian en los narcoparamilitares. El jefe del cartel de Medellín incluso pensó camuflarse en las guerrillas desmovilizadas bajo el gobierno Barco y relacionó la represión a las drogas con la lucha de clases. Escobar no logró el indulto, pero sí una legislación especial, la prohibición de la extradición y un ''exclusivo'' centro de reclusión.
La coyuntura actual refleja pactos hechos en la mesa de negociación pero a espaldas del país. Cosa muy grave, no sólo por la transparencia indisociable de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, sino porque la capacidad del gobierno de dialogar con estructuras criminales se debe sujetar rigurosamente al estado de derecho.
La asociación de Uribe del paramilitarismo a la sedición y la consecuente polémica con la Corte chocan con esa regla democrática. La obligación constitucional de contribuir armónicamente con las demás ramas del poder público a los fines del Estado, verbigracia, la paz, no puede interpretarse como una obligación de los tribunales para obviar la ley. Es innegable, a la luz del código penal, que no están incursos en el delito de sedición y, por tanto, que no son delincuentes políticos; la prueba es que el gobierno anunció un proyecto de ley que modifica el tipo penal para adecuarlo a esos criminales.
De aprobarse la iniciativa se allana el camino a la intención de los ''paras''. Orientados por la negativa a la extradición por delitos políticos buscan posicionar la sedición como su delito principal y dar al narcotráfico la categoría de conducta conexa. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. No es lo mismo haber sido primero autodefensa y después emplear el narcotráfico para financiar el aparato bélico, que ser narcotraficante y disfrazarse luego de autodefensa, situación, ésta última, que aparentemente predomina, convirtiendo al tráfico ilícito en la conducta delictiva primaria y a la supuesta sedición en un medio a su servicio. Lo ejemplifica el pago de $1,500,000 que hizo el reconocido narco el ''Tuso'' para su incorporación en la cúpula paramilitar.
Conviene eliminar cualquier diferencia respecto a los delitos comunes, disuadiendo de paso a los narcotraficantes de armar ejércitos y de cometer masacres que justifiquen la demanda de ser actores políticos. No es indispensable dicha característica para conversar con grupos armados, basta la decisión del gobierno. En España no se habla de conflicto armado interno y mucho menos que los integrantes de ETA sean románticos delincuentes políticos, no obstante, con ellos el PP y PSOE han procurado acuerdos.
La amnistía y el indulto serán entonces potestades más parecidas a la figura del perdón presidencial estadounidense, dentro del límite que la proscribe para crímenes contra la humanidad.
Salgámonos de esa discusión, suprimamos los beneficios de tales tipos penales y llamemos a las cosas por su nombre, en el caso de los paramilitares, son asesinos, descuartizadores, narcotraficantes, torturadores, hasta malos hijos, todo lo que se quiera, menos sediciosos.
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