EMPUJON DEMOCRATA

Publicado el sábado 17 de noviembre del 2007,

EL NUEVO HERALD, Miami, Florida.

AP La Prensa

RAFAEL GUARIN

¿Alguien imagina una estrecha alianza entre Alvaro Uribe y Hugo Chávez? Al comentar esa posibilidad a un reconocido dirigente de la oposición venezolana la calificó de impensable, pero cuando repliqué que una fuente muy cercana a la Casa de Nariño me informó que ''existían voces que sugerían que se evaluara por intereses de Estado y estabilidad del país'', no pudo disimular el desconcierto. No es para menos. A mí me pasó exactamente lo mismo.

Es difícil concebirla. Uribe desprecia los debates ideologizados, reconoce las ventajas del libre mercado y pretende profundizar los vínculos con Estados Unidos, mientras el teniente coronel se empeña en edificar un bloque regional de poder sustentado en el ''socialismo del siglo XXI'', una integración latinoamericana ''antiyanqui'' y la eliminación de las bases de la democracia liberal. Pero por sorprendente que sea, lo cierto, como lo asevera Rubén Sánchez David, profesor de relaciones internacionales, es que ``es un escenario no totalmente descartable si se piensa en términos estratégicos''.

Quienes lo plantean coinciden con un reciente artículo titulado La agonía de Alvaro Uribe, publicado por la revista Foreign Affairs, que señala que ''la política de Estados Unidos hacia Colombia ha llegado a su punto de inflexión''. En otras palabras, creen que el deterioro de la relación amenaza con agudizarse en un gobierno demócrata. Finalmente, así parece indicarlo el rechazo de Hillary Clinton, Barack Obama y John Edwards a un Tratado de Libre Comercio con Colombia y las reiteradas críticas de su bancada, encabezadas por Nancy Pelosi.

Hillary, por ejemplo, dice estar ''muy preocupada por la historia de violencia contra los líderes sindicales'', a lo que otros suman reclamos por derechos humanos, garantías laborales y lazos del paramilitarismo con políticos próximos al gobierno. Todas cuestiones que deben observarse en su contexto.

A pesar de persistentes problemas los avances durante los últimos cinco años son enormes. La ayuda estadounidense contribuyó a revertir la adversa situación militar, retomar el control de territorios dominados por grupos armados ilegales y defender la población del terrorismo. Se desmovilizaron más de 30,000 paramilitares y cerca de 40 congresistas están presos o ad portas de serlo por complicidad con estas organizaciones.

La lucha contra el narcotráfico está dando resultados. Se extraditaron 567 traficantes y de acuerdo con Karen Tandy, directora de la DEA, la cocaína escasea en las calles de 37 ciudades, su pureza se redujo en 15% y su costo es 44% superior al de comienzo de año.

Por otro lado, en el 2002 murieron asesinados 123 sindicalistas y 6 únicamente de enero a octubre del 2007, sin ser clara la causa de tales crímenes. Actualmente hay 1,630 sindicalistas beneficiados directamente con medidas de protección por parte del gobierno. Los homicidios anuales disminuyeron en 11,358 entre el 2002 y el 2006 y los secuestros de 2,883 a 394 en este año. Estos logros explican por qué Uribe califica la situación como ``una imperdonable incomprensión con Colombia''.

Esa incomprensión obvia que Colombia es fundamental para construir la ''patria grande'' y Uribe su principal obstáculo. Una alianza le permitiría a Chávez jugar en un tablero al cual no tiene suficiente acceso, además de serle útil en su principal hipótesis de guerra consistente en una intervención estadounidense que involucre territorio colombiano.

De la orilla de Uribe semejante alternativa en principio resulta improbable, rompe la coalición de gobierno, convierte en detractores a sectores del establecimiento, afecta la cooperación norteamericana y favorece las pretensiones totalitaristas de Chávez y las FARC. Empero, no hay que olvidar su pragmatismo y el amplio margen de maniobra que le da la fuerza de su liderazgo y el sólido respaldo ciudadano.

En todo caso, la equivocación demócrata empuja a Colombia a manos de Chávez. Sin el TLC Uribe se obliga a aprovechar el creciente comercio con Venezuela, lo que no implica un alineamiento con la revolución bolivariana pero sí una creciente dependencia. ¿Qué podría hacer Colombia si Miraflores reconoce beligerancia a las FARC cuando su economía está su-
bordinada al mercado venezolano?

Y segundo, los demócratas terminan acogiendo el discurso del chavismo enquistado en el Polo Democrático y en facciones populistas del Partido Liberal que buscan en el 2010, bajo un nuevo gobierno, unirse al proyecto revolucionario, desmontar la política de seguridad democrática y reconocer beligerancia a las FARC, propósitos en que concuerdan, consciente o inconscientemente, con la guerra política de las narcoguerrillas. ¡El camarada Chávez debe estar feliz!

¿POR QUÉ NO TE CALLAS?

DISFRUTE el video de la "mandada" a callar del Rey Juan Carlos a Hugo Chávez:

http://www.tu.tv/videos/el-rey-de-espana-se-molesta

¿Cuándo se callará?

PRECISIÓN IMPORTANTE

SOLICITUD ENVIADA A JUAN GOSSAIN DE RCN radio:

Estimado señor Juan Gossain:

Reciba mi cordial saludo.

El martes pasado en la emisión de noticias de su prestigiosa cadena radial se mencionó que una columna mía publicada en El Nuevo Herald de Miami había sido reproducida en la página web del señor Salvatore Mancuso.

Quiero expresarle mi total rechazo a que mis análisis y columnas de opinión sean tomadas por medios de comunicación electrónicos o impresos o agencias de noticias afines a grupos armados ilegales, sean estos paramilitares o guerrilleros.

Tengo una posición de absoluta condena al crimen y al terrorismo que representan tales organizaciones. No quiero que el silencio pueda ser interpretado como complaciente.

Por esta razón le ruego, por favor, hacer pública mi posición en un corto comentario que sirva para hacer esta precisión.

Aprovecho para enviarle una columna del 25 de agosto de 2006 en la que pido la extradición a Estados Unidos de los paramilitares. No puede ser más clara mi posición:

"Sin Extradición no hay justicia"

http://rafaelguarin.blogspot.com/2006/12/sin-extradicin-no-hay-justicia.html

Le manifiesto mi respeto y admiración. Rafael Guarín.

SÍ A LA JUSTICIA INTERNACIONAL

Publicado el martes 30 de octubre del 2007, EL NUEVO HERALD, Miami, Florida.

RAFAEL GUARIN

En noviembre del 2002 el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI) y consagra su competencia frente a crímenes de lesa humanidad, genocidio y agresión entró en vigor respecto a Colombia, pero no con relación a crímenes de guerra. Se pensó que no acoger la cláusula 124 del estatuto, que aplaza hasta el 2009 la investigación y juzgamiento de esos delitos, obstaculizaría los procesos de paz. Ahora el presidente Alvaro Uribe sorprende con la propuesta de retirar dicha reserva.


Las consecuencias son diversas. Si bien el campo de maniobra con las guerrillas se restringe, no es mayor su impacto si se tiene en cuenta la ausencia de voluntad de paz de las FARC y la inexistencia de avances con el ELN. Además, la historia colombiana demuestra que recurrentes episodios de violencia se resolvieron a través de amnistías e indultos que terminaron por alentar nuevas oleadas delictivas.


Eliminar esa posibilidad y otras que buscan la impunidad a través de referendos, plebiscitos o asambleas constituyentes fortalece la justicia y deja a las guerrillas dos escenarios. El primero, aceptar que lo que llaman eufemísticamente la ''salida negociada al conflicto armado'' implica la observancia del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo II de 1977, no realizar delitos de lesa humanidad y comparecer frente a tribunales nacionales y eventualmente ante la CPI.


En teoría el efecto disuasorio del Estatuto debe empujar a estos grupos a ese camino, pero a diferencia del ELN, que prácticamente está en una tregua no declarada, y de los paramilitares, hoy desmovilizados, que lo entendieron en su momento, los patrones de conducta de las FARC no permiten ser tan optimistas. Al comienzo de los diálogos con la administración Pastrana, Raúl Reyes señaló que ''mientras exista la confrontación es imposible humanizar la guerra'' y que ''cumplir el derecho internacional humanitario no sirve de mucho''. Eso no ha cambiado.


Una guerrilla que encerrada en sí misma no se siente derrotada, mantiene su retaguardia apoyada en el narcotráfico y confía en la combinación de todas las formas de lucha, es probable que prefiera arreciar la acción bélica, replicar masacres como la de los 11 diputados y asesinatos selectivos, similares a los cometidos recientemente contra cerca de treinta candidatos a cargos de elección popular.


Esa segunda opción es una ''salida sin salida''. De la corte ni siquiera un nuevo orden revolucionario los puede sustraer y exige una condición no factible: la derrota militar y política del Estado. Adicionalmente, arruinará su diplomacia, les representará aislamiento internacional y el merecido tratamiento de criminales en el exterior. Es el verdadero principio del fin.
Pareciera que a las guerrillas no les queda otra cosa que negociar tarde o temprano su sometimiento a la justicia, así se haga bajo el rótulo de un proceso político. Lamentablemente, esto exige una lógica diferente a la que tienen. Mientras tanto, su demencial acción impone mantener una política de firmeza que doblegue su voluntad de lucha y las obligue no sólo a desmovilizarse, sino a enfrentar la justicia.


Por otro lado, de la CPI no se excluyen los jefes de gobierno, congresistas, ministros, generales o comandantes de las fuerzas militares. Esto abre una ventana de oportunidad para que políticos vinculados con los narcoparamilitares, que hasta ahora sólo son acusados por concierto para delinquir y delitos electorales, respondan por complicidad en la ejecución de crímenes de lesa humanidad. No se debe olvidar que en varios casos las alianzas non sanctas coincidieron o estuvieron presididas de masacres en sus circunscripciones electorales.


La justicia colombiana no puede negarse a penalizar ejemplarmente a paramilitares y a sus colaboradores en las fuerzas armadas o en los sectores económicos. Tampoco al propio ex fiscal Luis Camilo Osorio, quien es investigado por el templo de la impunidad que es la Cámara de Representantes. Igual deberá suceder con los farcpolíticos y los cómplices del ELN. De lo contrario, bienvenida la justicia internacional.


Uribe sabe que la vigencia de la CPI y su decisión de acudir a esa instancia es en últimas un respaldo a su política de seguridad. También que el tiempo le dará la razón en que no se puede seguir justificando en nombre de supuestas causas políticas la barbarie y la violación masiva y sistemática de los derechos humanos.

CORTE PENAL INTERNACIONAL

Que bueno que el gobierno esté considerando que la Corte Penal Internacional conozca desde ya crímenes de guerra cometidos en Colombia. Al respecto habíamos escrito en una columna de diciembre de 2006 lo siguiente:

"LA NAVIDAD DE LOS NIÑOS DE LA GUERRA"

"Ahora que estamos hablando de la impunidad en que la muerte de Pinochet sumió sus delitos, qué bueno sería que el gobierno de Álvaro Uribe renunciara a la reserva de la cláusula 124 del Estatuto de Roma, que impide hasta 2009 que estos casos sean de competencia de la Corte Penal Internacional. El reclutamiento de niños menores de 15 años y su utilización para participar activamente en hostilidades es un crimen de guerra que no puede quedar impune".

http://rafaelguarin.blogspot.com/2006/12/la-navidad-de-los-nios-de-la-guerra-www.html

ALIANZAS NON SANCTAS

Publicado el sábado 13 de octubre del 2007. EL NUEVO HERALD, Miami, Florida.

RAFAEL GUARIN

La acusación del expresidente Andrés Pastrana de pactos secretos del gobierno de Alvaro Uribe con los paramilitares no cae en el vacío. Así de éstos no haya prueba, se tiene que ser ciego, cómplice o cínico para negar la existencia de compromisos de políticos de la coalición gubernamental con el narcoparamilitarismo. Son ya cerca de cuarenta los congresistas procesados judicialmente por dichos vínculos y que participaron en la aprobación de penas simbólicas para sus amigos en armas.

Los involucrados jugaron del lado de las autodefensas al tiempo que pretendieron usufructuar la coyuntura. Hasta ahora ninguno ha sido capaz de defender su actuación, ni siquiera de argumentar que obedeció a una convicción antisubversiva, lo que deja claro que se trató y sigue tratándose en la mayoría de los casos de un burdo pacto delincuencial. ¡No hay duda! Resultaron peores los políticos que quieren pasar de víctimas que los autores de decenas de masacres.

No obstante, llama la atención que Pastrana olvide el pacto de su campaña con las FARC para ser elegido presidente en 1998. Clandestinamente su campaña concertó el encuentro de uno de sus miembros con Manuel Marulanda y el Mono Jojoy. Incluso trascendió que previamente representantes de esa guerrilla asistieron a la presentación de su política de paz y que el propio discurso leído por el candidato consultaba las expectativas farianas. También se tiene que ser ciego, cómplice o cínico para pensar que la foto tomada a Tirofijo con publicidad electoral de Pastrana y las declaraciones favorables de Raúl Reyes no fueron consecuencia de una oscura maniobra, con su debida contraprestación.

Ese episodio no fue el punto de partida de los diálogos de paz, sino el primer resultado de un arreglo que pasaba por la derrota del Partido Liberal. ¿Qué fue lo que negoció previamente Pastrana y su campaña con las FARC? ¿Acaso la desmilitarización sin condiciones de 42,000 kilómetros cuadrados como efectivamente se hizo? ¿Tal vez el abandono del Estado a miles de ciudadanos que vivían en la zona? ¿O el establecimiento de un refugio del crimen bajo la fachada de un proceso de paz?

Aunque son casos diferentes, las alianzas non sanctas de uribistas y pastranistas demuestran, entre otras cosas, que cuando la paz y la seguridad se convierten en bandera electoral y no en propósito nacional, nos alejamos de ellas cada vez más. Las FARC afirmaron sentirse traicionadas por el gobierno de Pastrana y los paramilitares por el de Uribe. ¿A qué se refieren? ¿En qué les faltaron los gobiernos?

Someter al escrutinio público las cuestiones más sensibles en las negociaciones con grupos ilegales beneficia la paz. Ventilarlas públicamente les otorga sostenibilidad política a los acuerdos y rodea de legitimidad las decisiones. Parece olvidarse que de la transparencia en temas delicados como las penas, la extradición, el indulto, la amnistía, la verdad y la reparación a las víctimas, depende la confianza y el apoyo nacional e internacional.

La historia lo ratifica. Los exitosos procesos de paz celebrados por las administraciones de Virgilio Barco y César Gaviria con el M19, PRT, EPL, Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista, a comienzo de la década pasada, se concretaron de frente al país. Respecto a los primeros la participación ciudadana fue decisiva y desembocó en una Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, las guerrillas entendieron que las negociaciones necesitaban amplio respaldo y que era un error despreciar la opinión pública, cosa que no tienen suficientemente claro el ELN y mucho menos las FARC.

Finalmente, es interesante advertir que mientras los parapolíticos son investigados y encarcelados, los miembros de la campaña pastranista gozaron de las mieles del poder y ni siquiera se les reclamó responsabilidad política por los pactos secretos, tampoco por sus deplorables resultados.

De esto hay que sacar lecciones. Ni siquiera con la excusa de la paz o de la seguridad los partidos y los políticos pueden consentir contactos ocultos con organizaciones al margen de la ley. Su búsqueda debe ser objeto de una agenda nacional que incorpore a todos las colectividades políticas y no instrumento de ventajismo electoral. Y tercero, los procesos de paz y de sometimiento de la delincuencia a la justicia se deben hacer con las cartas sobre la mesa.

Nota al margen: gravísimo para la libertad de prensa en Colombia el exilio de Gonzalo Guillén, corresponsal de El Nuevo Herald.

AL POLO DEL POLO

Publicado el sábado 22 de septiembre del 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Foto http://www.semana.com/

RAFAEL GUARIN

La masacre de once diputados secuestrados por las FARC produjo que los colombianos se movilizaran masivamente, mientras el Polo Democrático Alternativo omitió condenar a la guerrilla y preso de un absurdo extremismo no participó en la marcha ciudadana. Su argumento: era impulsada por el gobierno de Alvaro Uribe.

En plena campaña presidencial las FARC y el ELN propusieron una coalición de oposición para enfrentar a Uribe, sin que se escuchara objeción de los candidatos del Polo y del Partido Liberal. Y hace unas semanas Raúl Reyes insistió en el mismo planteamiento con el fin de llevar al Polo al gobierno.

La guerrilla quiere instrumentalizar esa organización para quebrar la política de seguridad democrática en las urnas y construir un escenario del cual puedan obtener ventaja política y militar. Ese propósito encuentra eco en sectores del Polo que siguiendo el manifiesto de Marx y Engels (1848) creen que sus objetivos sólo se alcanzaran si derrocan ''por la violencia todo el orden social existente''. También en declaraciones como las del senador Jaime Dussan que señalan que ''no son amigos ni enemigos de las FARC'', como si frente a ella existieran puntos intermedios. ¡Hay que ser claro! ¡O se está con ella o contra ella!

Lo que se espera de un partido que se apellida ''democrático'' es el contundente repudio a la tentativa ''fariana'' de combinar las formas de lucha, no ambigüedad, ni que prime el cálculo sobre la reprobación a las guerrillas. Mucho menos que pese más el antiuribismo que el terrorismo. La situación interna ha sido tan delicada que el senador del Polo, Gustavo Petro, admitió que la sociedad colombiana ``no encuentra definidos totalmente los hechos que nos separan de las FARC''.

Los extremistas riñen con la democracia y el estado de derecho. Emplean los canales destinados a tramitar pacíficamente los conflictos, al tiempo que no censuran la violencia o lo hacen retóricamente. El extremismo suele acompañarse de excusas sobre el uso de las armas, al punto de elevar el crimen a la categoría de acción política. Lo ejemplifica la afirmación de Patricia Lara, excandidata a la vicepresidencia por el Polo: las FARC ''cometen crímenes, pero no son criminales''. ¡Hágame el favor!

Paradójicamente, quien encabeza el extremismo en el Polo fue presidente de la Corte Constitucional. El ex magistrado Carlos Gaviria, senador en 2002 apoyado por el Partido Comunista, no sólo no reconoce el terrorismo de las FARC, sino que macartiza a quienes dentro de su partido osan reclamar verticalidad contra las guerrillas. Esa intolerancia, casi stalinista, evidencia que el problema no se soluciona con comunicados de prensa y que es más grave que simples brotes de simpatía con los grupos ilegales, así se diga, siguiendo al gobierno ante los escándalos militares, que son casos aislados.

Tal conducta agrieta la unidad nacional contra el narcoterrorismo, mina la legitimidad democrática de la izquierda y fortalece la pretensión de legitimidad política de las guerrillas. Y lo más grave para el Polo, cuando rotula de ''uribista'' a todo crítico de las FARC se aleja de la victoria electoral.

Afortunadamente, la presión de la opinión pública y la posibilidad de afectarse en las elecciones de octubre obligaron por fin al Polo a tachar el secuestro y los crímenes guerrilleros. En el papel se impuso el sector moderado sobre los extremistas. Ahora lo que se requiere son hechos que ratifiquen lo dicho, por ejemplo, retirar los candidatos en el Valle del Cauca que con su silencio aceptan que las FARC les hagan campaña electoral.

No hay duda de que Colombia necesita un partido de izquierda y que la consolidación del Polo es benéfica para la democracia, además de una oportunidad para un proyecto político alternativo al establecimiento tradicional. Pero de la misma manera que los partidos de la coalición de gobierno deben continuar depurándose de parapolíticos, el Polo debe iniciar la purga de sus filas de farcpolíticos y no justificar la barbarie guerrillera. Es importante que los ciudadanos tengan la certeza que en su seno sí es posible estar en contra de las FARC.

Nota al margen: Ojalá Piedad Córdoba entienda que para ayudar al acuerdo humanitario no se requiere ser parlante de las Farc.

CHÁVEZ Y LA LLAVE DE LA PAZ

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Esta columna fue escrita en 2007. El concepto básico sobre cómo conseguir el objetivo apalancando acción política en ejercicio de la violencia está vigente, con los obvios cambios del contexto que incluyen la actual inutilidad del Polo Democrático como vehículo.

La ambición de expandir la revolución bolivariana a Colombia enfatiza ahora en los medios políticos aprovechando la debilidad del Gobierno Santos y el desmonte de la Seguridad Democrática. Ni las FARC ni Chávez han abandonado esa pretensión.

El Nuevo Herald, 7 de septiembre de 2007Caricaturas de Osuna - http://www.elespectador.com/
25 de agosto de 2007

RAFAEL GUARIN

Inexplicablemente, el gobierno Uribe convirtió a Hugo Chávez en la vedette de la paz, arrojó cinco años de aislamiento internacional impuesto a las FARC y aceptó de facto que se le reconociera carácter político. El teniente coronel es consciente de que en sus manos puede estar la libertad de los secuestrados, pero sobre todo el triunfo de su revolución en Colombia y, con ello, la consolidación del ``bloque regional de poder''.

El anunciado reencuentro con las FARC, esta vez público, debe tener a Raúl Reyes preguntándose: si nos reciben en el Palacio de Miraflores, ¿por qué no lo harán Correa, Ortega, Lula, Kirschner, Castro, Evo o el propio Sarkozy? ¿Acaso la paz no lo justifica? Y, ¡coincidencia! Chávez acaba de ampliar el club de amigos con el exguerrillero Daniel Ortega y el apoyo de Lula. Uribe, que gruñía porque los vecinos no llamaban terrorista a las FARC, deberá ahora soportar que abiertamente les den tratamiento político.

Aunque es posible que se dé la liberación total de los secuestrados, en realidad es poco factible. Las FARC no cederán en el despeje de Florida y Pradera y en reintegrar a sus filas los guerrilleros presos, puntos en los que afortunadamente Uribe es aún ``inamovible''.

Esa situación conduciría más bien a un fracaso que Uribe utilizaría para legitimar el rescate militar y Chávez para desvirtuar vínculos con la guerrilla. No obstante, eso no comulga con el tratamiento que deben dar las FARC a quien consideran su principal y potencial socio estratégico. Tampoco con el expansionismo chavista.

Se abre entonces un escenario intermedio. Es más probable que liberen uno o varios secuestrados, pues la lógica terrorista y su experiencia les indica que son los cautivos quienes les permiten obtener réditos políticos. Preferirá soltarlos a cuentagotas, a medida que sus planes avancen, sin descartar una nueva masacre, como la de los once diputados, para mantener la agenda y disuadir operaciones de rescate.

Chávez aparecerá en esa escena como el hombre que tiene la llave para la paz y Uribe como el obstáculo. Se reiterará que no habrá paz mientras no haya un gobierno que privilegie la negociación, desmilitarice territorios y confine a las fuerzas armadas a los cuarteles. Para ambientarlo las FARC habrán aprendido que cada acción militar fortalece la línea dura del gobierno y quizás enfaticen en generar hechos políticos y hacer propaganda. Ya debieron percatarse que en las coyunturas en que su discurso se posiciona, como la marcha de Moncayo, Uribe queda a la defensiva.

Los ''farianos'' son expertos maniobreros. En 1998 condujeron a los candidatos presidenciales a emular en ofrecimientos sobre la zona de despeje. Y en 2006, como lo dijo en su momento el analista Vicente Torrijos, buscaron ''una segunda vuelta electoral'' y que se pudiera ``concertar con el candidato opositor algún tipo de preacuerdo sobre una eventual negociación basada en un despeje militar''.

Como lo enseñó Mao, la guerrilla juega a que la movilización popular produzca ''un vasto mar para ahogar al enemigo''. Los documentos de su IX Conferencia confirman que se propone, con una renovada combinación de todas las formas de lucha, aprovechar los espacios legales y las contradicciones entre las fuerzas democráticas para doblegar en las urnas la voluntad de combate del Estado.

En ese contexto, el Polo Democrático sabe que es la opción ante el uribismo. Chávez comprendió que el Polo es el vehículo más apropiado para su revolución y las FARC que no accederán al poder por las armas. En 2010 convergen todos esos intereses. El ascenso al gobierno del Polo sería el desmonte de la seguridad democrática, el estatus de beligerancia a las FARC y un proceso de paz que con Chávez en la sombra puede culminar en una Asamblea Nacional Constituyente que instaure el socialismo del siglo XXI. No será el ''vasto mar'' de Mao sino un verdadero cataclismo.

Chávez puede tener la llave de la paz. Pero una paz que es la victoria de las guerrillas. Cualquiera diría que todo se justifica en nombre de la paz. No creo. Creo que la libertad y la democracia no se pueden sacrificar. El reto es construir escenarios de paz sin arrasar los principios básicos de la democracia liberal. Por fortuna, son más los colombianos que se opondrán a tamaño despropósito.

CONCIERTO PARA DELINQUIR

Publicado el viernes 24 de agosto del 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

RAFAEL GUARIN

El gobierno y el Congreso estadounidenses deben preguntarse lo mismo que millones de colombianos. ¿Por qué el narcotráfico no disminuye después de siete años de Plan Colombia y de fortalecimiento de la fuerza pública? La respuesta comienza a conocerse con la orden de captura de 13 oficiales de las fuerzas militares por relaciones con el narcotráfico.

En mayo del año pasado con ocasión del asesinato del mejor grupo antinarcóticos de la policía a manos de soldados, en una columna encendimos las alarmas sobre el peligro de la corrupción para la política de seguridad democrática. Propusimos que, ''con una óptica de prevención'', se hiciera un estudio detenido de las vulnerabilidades de las fuerzas armadas en los enclaves regionales del narcotráfico y del paramilitarismo, se revisaran los mecanismos de seguimiento y control en el seno del ejército y se iniciara una purga integral.

Nada de eso se ha hecho y la crisis se torna estructural mientras el gobierno insiste en que se trata de casos aislados, a pesar de que son oficiales de alto rango quienes colocan a cientos de hombres bajo sus órdenes al servicio de la mafia, lo que explica, entre otras cosas, la inefectividad de las recompensas para encarcelar a los capos.

La realidad, por dura que sea, es que sectores de las fuerzas militares y de policía no sólo son infiltrados por la delincuencia, sino que son la delincuencia misma. De tratos esporádicos pasaron a socios de los carteles de drogas. Eso explica la conducta de coroneles involucrados en el Valle del Cauca con alias Don Diego, los bajos resultados en su área de operación y que las acciones en su contra se tuvieran que adelantar con policías provenientes de Bogotá.

Nada valdrá haber invertido (hasta 2005) en el Plan Colombia 10,732 millones de los cuales 3,782 fueron contribución de Estados Unidos, como tampoco servirá aumentar en 2008 el presupuesto militar en 163%, si no se depuran los cuerpos armados. ¿Cómo reducir el narcotráfico si los impuestos de los colombianos y la ayuda norteamericana termina financiando unidades militares sometidas a los narcos? ¿Será que a estos hombres les importa derrotar a las FARC y capturar a los traficantes cuando de ellos depende enriquecerse?

Es apremiante fortalecer el control civil sobre el aparato militar. Da la impresión de que el problema se dejó a la milicia, que tiende a tapar y tapar. El gobierno y el Congreso no ejercen rigurosa vigilancia. La comisión parlamentaria encargada del tema, lo recuerda el ex consejero presidencial de seguridad Armando Borrero, reacciona únicamente ante escándalos, no hace control permanente, se limita a aprobar ascensos, no examina el presupuesto militar ni su ejecución y carece de especialistas en la materia. Una buena idea es incorporar a inspectores civiles en las fuerzas con independencia de la línea de mando.

Conviene también replantear decisiones gubernamentales que pusieron a los militares al alcance del narcotráfico. Por ejemplo, al Consejo Nacional de Estupefacientes se le ocurrió en 2002 la genial idea de responsabilizar en los departamentos de mayor producción de cocaína a las fuerzas militares de la fiscalización de sustancias, como gasolina y querosén, que son utilizadas para la producción de alucinógenos.

Esto llevó a que tropas con años de entrenamiento, en vez de combatir las guerrillas se distraigan extorsionando a ciudadanos que comercian legalmente con tales productos. Así lo denunció FEDISPETROL, que no es de la oposición, en febrero de 2005, a los ministros del Interior y Defensa y al comandante del ejército. Nunca hubo respuesta.

Pero, al igual que en la ley de Murphy, todo puede empeorar. Ahora se dice, en voz baja, que en esas zonas los insumos siguen entrando y toneladas de coca salen con la complicidad de miembros de las fuerzas armadas. ¡Lo que nos faltaba! El cobro de peajes o ''gramaje'' que efectúan a narcotraficantes las guerrillas y los paramilitares parecen repetirse por parte de pútridos militares.

Y, finalmente, qué bueno sería que Estados Unidos comience a pedir en extradición a los militares socios de los narcos. No puede dudarse del heroísmo y la honestidad de miles de integrantes de las fuerzas armadas. Precisamente, para honrar su sacrificio y el de la sociedad, son necesarias las correcciones y evitar así que al final de este gobierno sea la corrupción interna la que derrote la política de seguridad democrática.

DISFRAZ PARAMILITAR

Publicado el sábado 4 de agosto de 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Foto Revista Cambio

RAFAEL GUARIN

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia que priva a los paramilitares de la calificación de sediciosos y la negativa de los cabecillas presos de continuar confesando sus delitos, abrió en Colombia un debate sobre la posibilidad de otorgarles el carácter de delincuentes políticos.

¿A qué se debe esta crisis? Entre otras cosas, al eventual riesgo de extradición y a una política que encubre en un proceso de paz a traficantes. La equivocación del gobierno fue aceptar el disfraz político y no asumir el asunto tal y como era: el sometimiento a la justicia de un grupo de mafiosos con un ejército superior a 30,000 hombres.

Si bien el origen del paramilitarismo se liga al narcotráfico, en su seno hubo auténticos contrainsurgentes cuya influencia cedió en la medida que la organización fue cooptada por narcos. Esa transición se facilitó por las exigencias económicas de la confrontación y su utilidad para el cultivo, procesamiento y comercio de alucinógenos. Además de garantizar seguridad, protección y control territorial a través de la fuerza y la captura de la política, en el mediano plazo los capos metidos a paramilitares pretendían evitar la extradición a Estados Unidos y conseguir benevolencia punitiva.

Lo de hoy no dista mucho del pasado. A final de los años ochenta Pablo Escobar quiso escapar de la extradición, obtener tratamiento político e indulto. Concibió la idea de vestirse de delincuente político para alcanzar los objetivos que se evidencian en los narcoparamilitares. El jefe del cartel de Medellín incluso pensó camuflarse en las guerrillas desmovilizadas bajo el gobierno Barco y relacionó la represión a las drogas con la lucha de clases. Escobar no logró el indulto, pero sí una legislación especial, la prohibición de la extradición y un ''exclusivo'' centro de reclusión.

La coyuntura actual refleja pactos hechos en la mesa de negociación pero a espaldas del país. Cosa muy grave, no sólo por la transparencia indisociable de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, sino porque la capacidad del gobierno de dialogar con estructuras criminales se debe sujetar rigurosamente al estado de derecho.

La asociación de Uribe del paramilitarismo a la sedición y la consecuente polémica con la Corte chocan con esa regla democrática. La obligación constitucional de contribuir armónicamente con las demás ramas del poder público a los fines del Estado, verbigracia, la paz, no puede interpretarse como una obligación de los tribunales para obviar la ley. Es innegable, a la luz del código penal, que no están incursos en el delito de sedición y, por tanto, que no son delincuentes políticos; la prueba es que el gobierno anunció un proyecto de ley que modifica el tipo penal para adecuarlo a esos criminales.

De aprobarse la iniciativa se allana el camino a la intención de los ''paras''. Orientados por la negativa a la extradición por delitos políticos buscan posicionar la sedición como su delito principal y dar al narcotráfico la categoría de conducta conexa. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. No es lo mismo haber sido primero autodefensa y después emplear el narcotráfico para financiar el aparato bélico, que ser narcotraficante y disfrazarse luego de autodefensa, situación, ésta última, que aparentemente predomina, convirtiendo al tráfico ilícito en la conducta delictiva primaria y a la supuesta sedición en un medio a su servicio. Lo ejemplifica el pago de $1,500,000 que hizo el reconocido narco el ''Tuso'' para su incorporación en la cúpula paramilitar.

Conviene eliminar cualquier diferencia respecto a los delitos comunes, disuadiendo de paso a los narcotraficantes de armar ejércitos y de cometer masacres que justifiquen la demanda de ser actores políticos. No es indispensable dicha característica para conversar con grupos armados, basta la decisión del gobierno. En España no se habla de conflicto armado interno y mucho menos que los integrantes de ETA sean románticos delincuentes políticos, no obstante, con ellos el PP y PSOE han procurado acuerdos.

La amnistía y el indulto serán entonces potestades más parecidas a la figura del perdón presidencial estadounidense, dentro del límite que la proscribe para crímenes contra la humanidad.

Salgámonos de esa discusión, suprimamos los beneficios de tales tipos penales y llamemos a las cosas por su nombre, en el caso de los paramilitares, son asesinos, descuartizadores, narcotraficantes, torturadores, hasta malos hijos, todo lo que se quiera, menos sediciosos.