VÍCTIMAS DE LA POLITIQUERÍA

Semana.com - 2 de junio de 2009
Grafica: Tomada de imágenes google

RAFAEL GUARÍN

Lo que evidenció el debate sobre la hundida Ley de Víctimas es que la protección de sus derechos se convirtió en una bandera de politiquería, un ejemplo de irresponsabilidad y un instrumento para deslegitimar el Estado y la Política de Seguridad Democrática.

No hay duda que el Estado debe reparar a las víctimas, sin discriminar el victimario. Es una obligación reconocida internacionalmente. Aún así, la forma de verificar esa obligación debe ser consecuente con los medios disponibles y, en particular, con el contexto colombiano. Por más que se quiera insistir en el carácter universal de la reparación de las víctimas no es razonable pretender aplicar un modelo como si se tratara de Francia, Suiza o Dinamarca.

En realidad, la solicitud de Álvaro Uribe de votar negativamente el proyecto de ley fue una estrepitosa derrota del gobierno y un triunfo de la oposición y de las organizaciones de víctimas que preferían su desplome a aceptar una iniciativa diferente a la propia. Victoria pírrica que afectó a cientos de miles de víctimas. Importaba más poder señalar al gobierno de negligente, inhumano y enemigo de las víctimas que construir consensos que permitieran la reparación efectiva.

La cuestión no es solamente disponer en una norma que se repare económicamente a las víctimas, sino garantizar que ciertamente se pueda cumplir. Jamás habrá dinero suficiente para reparar el daño causado por el terrorismo y las violaciones de derechos humanos, pero con los recursos disponibles el Estado debe hacer el mayor esfuerzo posible, cosa que no entendieron o, mejor, no quisieron entender, quienes decidieron hacer del proyecto una bandera demagógica.

Según un estudio del Ministerio de Hacienda, lo aprobado por la Comisión de Conciliación elevó de 22.1 billones de pesos (¡sí, leyó bien, billones!) a 76 billones el monto que debía desembolsar el Estado para cumplir con lo estipulado en el proyecto de ley. El problema no es reparar a las víctimas, el problema es que no hay con qué cubrir la diferencia de $53,8 billones adicionales, además de su perverso efecto en las finanzas públicas y de mermar directamente el presupuesto que debe dedicarse a salud, educación, infraestructura, seguridad o justicia.

Por otro lado, resulta razonable exigir una sentencia que condene a un miembro de la Fuerza Pública por el delito que da origen a la obligación de reparar a la víctima. Así se diga que el proceso penal no se afecta con la reparación administrativa (cosa cierta), se tiene que ser ciego para no darse cuenta que la consecuencia en la práctica de la sentencia condenatoria y de la mencionada reparación es la misma: reconocer que un agente estatal violó los derechos humanos.

Tal y como estaba el proyecto, se le entregaba un morrocotudo instrumento a las Farc para su campaña de propaganda y de guerra jurídica. La omisión de sentencia coloca a terroristas y militares en el mismo plano. No es cualquier cosa. El centro de gravedad al que apunta la guerra irregular es la legitimidad y ésta se afecta con la violación de los derechos humanos. Por supuesto, el camino no es negar las violaciones sino que estas no ocurran, pero tampoco eso nos puede llevar a la ingenuidad de no reconocer los montajes que las guerrillas realizan contra las fuerzas militares y que, con base en el proyecto de ley, serían validados por vía administrativa.

De ahí, la resistencia a que se iguale a los terroristas de las Farc, Eln y Auc con los miembros de la fuerza pública. Mientras en los grupos armados ilegales los crímenes de lesa humanidad son una práctica diaria y un aceptado “medio de lucha”, cuando éstos se presentan en las fuerzas militares, se trata de acciones individuales y no institucionales, como se desprende del informe preliminar del Relator de la ONU, Philip Alston.

La forma de evitar caer en esa trampa es que la justicia funcione y se determine la existencia del delito y la autoría por parte de un agente estatal. La larga duración de los procesos judiciales es una preocupación válida, pero la salida no era rechazar la necesidad de una sentencia y en consecuencia hundir el proyecto, sino plantear un procedimiento especial y rápido, de la misma forma que adoptar medidas que fortalezcan la capacidad de la Fiscalía y los jueces.

Finalmente, lo ocurrido es una muestra más de la incapacidad del gobierno y la oposición por construir consensos en los temas fundamentales. Los obstáculos fiscales y la necesidad de una sentencia podían resolverse si en vez de consumirse en la politiquería y la demagogia, se actuara con responsabilidad y con afán de generar respuestas. Por desgracia, al Partido Liberal y al Polo les interesaba más que naufragara el proyecto que permitir que la Seguridad Democrática se fortaleciera con una política de reparación a las víctimas. Las víctimas deben ser objeto de una política de Estado, no de partido.

"LAS COSAS NO SON COMO PARECEN"

El Nuevo Herald - Miami / Publicado el 2 de enero de 2009

RAFAEL GUARIN

Madrid -- El ''intercambio epistolar'', en el cual han involucrado a más de un ingenuo de buena voluntad, no es más que una nueva operación psicológica y política concebida de acuerdo a los intereses y estrategia de las FARC. La liberación de la ignominia del secuestro de cuatro miembros de la fuerza pública y de dos políticos por parte de la guerrilla debe celebrarse, no así la forma en que ésta se producirá.

Al igual que hace un año, el anuncio de liberaciones no es un acto humanitario, ni un éxito de quienes posan de intermediarios. Las cosas no son como parecen y mucho menos cuando se trata con maestros de la simulación y la mentira. Detrás hay una perversa maniobra orientada a crear un clima favorable a las pretensiones de las FARC y que hace parte de la calculada respuesta política a los duros golpes recibidos.

Lo confirman las propias FARC en comunicación de octubre pasado al autodenominado grupo de ''intelectuales'', que Cano bautiza ahora con la consigna de ''Colombianos por la Paz''. En el texto aparece el verdadero objetivo de las viejas y nuevas liberaciones: ''crear condiciones y ambientes propicios'', ¿para qué? No sólo para el ''canje de prisioneros en poder de las partes contendientes'' (en su lenguaje), sino para avanzar en el objetivo que expresan en la carta de la semana pasada: ``Ver florecer un nuevo gobierno que convoque al diálogo de paz''.

A partir del secuestro, el espanto que genera la deplorable situación de las víctimas, el empleo de la propaganda y la ayuda de políticos nacionales y extranjeros, las FARC pretenden modificar la conducta de una sociedad que masivamente las condena. Es la aplicación de las enseñanzas de los terroristas anarquistas del siglo XIX. Joseph Conrad lo describe en boca de Osiipon: ''Lo único que importa es el estado emocional de las masas. Sin emoción no hay acción'' y esa acción, en este momento, es conseguir que los ciudadanos cambien el respaldo a una política de firmeza estatal por un gobierno que les reconozca el carácter de ''actores políticos'' y promueva la negociación. Es un esfuerzo por regresar al ``dialoguismo''.

El intercambio epistolar no es más que una renovada y más fina versión de la película que montaron Hugo Chávez, Piedad Córdoba y las FARC el año pasado. Los mismos actores y la excusa humanitaria sirviendo de treta. ¿Por qué insisten? Porque además de lo anterior la guerrilla para sobrevivir requiere con urgencia recuperar legitimidad política, paliar los efectos negativos del secuestro, dividir una sociedad unida contra el terrorismo y posibilitar la actuación de gobiernos amigos en la región. Cano lo reconoce sutilmente al recomendar ``tener en cuenta la manifiesta disposición de la gran mayoría de presidentes latinoamericanos para contribuir con sus esfuerzos en el proceso de intercambio humanitario y paz''.

Tan preparada está la actuación que a la primera carta de los supuestos ''intelectuales'' las FARC respondieron presurosamente, luego se promovió que todo el que quisiera escribirle a la guerrilla pidiéndole que cese los secuestros pudiera hacerlo. ¿Quién se negaría a pedirle que termine los crímenes de lesa humanidad? El portal de internet del Movimiento Bolivariano y el de las FARC inmediatamente se unieron, al igual que los integrantes del Partido Comunista Clandestino y la Coordinadora Continental Bolivariana. Era previsible. La guerrilla concibió hace más de una década el ''intercambio humanitario'' como un instrumento de agitación y movilización de masas.

Esta trampa lo que busca es allanar los obstáculos para avanzar en el reconocimiento de beligerancia. También legitimar el secuestro con el argumento de un conflicto armado no internacional. Los medios de comunicación no informaron que el Secretariado ratificó a los ''intelectuales'' que seguirán secuestrando. ¡Eso sí, para las FARC, los ''intelectuales'', un sector del Liberalismo y el Polo Democrático Alternativo los secuestrados no son secuestrados! Los policías y militares son ''prisioneros de guerra''. Otros son deudores morosos de las FARC porque no pagan las extorsiones, que tampoco son extorsiones sino impuestos revolucionarios. Y los políticos son retenidos por el reclamo del pueblo y por defender la Constitución de 1991. ¡Bonita forma de acabar con el secuestro disfrazándolo y optando por su legalización! En conclusión, el ''intercambio epistolar'' no sólo es un salvavidas para los farianos sino uno de los medios con los que buscan recuperar lo perdido en el terreno militar y político, al tiempo que contribuir a que escale la violencia y el secuestro. Evidentemente, las cosas no son como parecen.

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DISOLVER EL URIBISMO

Capitolio Nacional. Sede del Congreso de Colombia.

Foto tomada de http://www.elturbion.modep.org/

Publicado en Semana.com - 2 de mayo de 2008

RAFAEL GUARÍN

El problema no es Uribe, es el uribismo. Así parece que lo perciben los ciudadanos. El creciente repudio a los miembros de la coalición de gobierno comprometidos con los narcoparamilitares, contrasta con la favorabilidad del Presidente. Después de la crisis internacional de marzo pasado ascendió a 84% y se acaba de revelar una encuesta, en que el 68% dice que votaría por él, si se presentara en las próximas elecciones presidenciales.

La verdad es que los congresistas y los partidos denominados “uribistas” siempre han sido más una carga que otra cosa. En 2002, fue mayor el beneficio que obtuvieron los que a última hora apoyaron a Uribe, que el conseguido por la campaña presidencial. En 2006 se repitió la historia. El Partido Conservador, la U, Cambio Radical y pequeñas colectividades como Convergencia Ciudadana, Colombia Democrática, Colombia Viva y Alas Equipo Colombia, han servido más para mantener y profundizar viejos vicios de la política, que para respaldar la gestión gubernamental.

Es increíble que un gobierno con esos niveles de apoyo ciudadano esté en una inmensa soledad. En el Congreso son contados quienes son capaces de defender medianamente una tesis del gobierno, en cambio, son más los que levantan argumentos desde la oposición. Junto a los vínculos con el paramilitarismo, campea la mediocridad en las toldas parlamentarias uribistas.

En los partidos de la coalición no existen liderazgos políticos que orienten la actividad legislativa. La bancada uribista es una ficción burocrática, pero no una fuerza política. A las evidentes limitaciones conceptuales de muchos de sus integrantes, se suma la ausencia de inquietudes programáticas y el consabido afán individualista. Pareciera que el “sálvese quien pueda” fuera el único factor dominante en la coalición. Quienes suelen proponer, lo hacen preferentemente buscando registro mediático y no pensando en sus propios partidos o en un proyecto político.

Da grima ver los debates de control político. La mayoría de los que se dicen uribistas se destacan por su falta de preparación y compenetración con las políticas de la administración que respaldan. Ni siquiera ante la amenaza farchavista, el acuerdo humanitario o la implementación de la política de seguridad democrática, surgen planteamientos o sugerencias de esos partidos.

Para colmo de males, la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, de Cambio Radical, y el presidente del Partido de la U, Carlos García, justa o injustamente, están en capilla con destino al Buen Pastor o la cárcel la Picota. Vargas Lleras no aparece. Los otros jefes de los partidos de la coalición están investigados: Habib Merheg, Mario Uribe, Álvaro Araujo, Ciro Ramírez y Alberto Gil.

Pero la indiscutible crisis de legitimidad de los partidos políticos, que afecta la credibilidad del Congreso, no llega a la Casa de Nariño. La razón de un apoyo tan alto al Presidente probablemente obedece a la combinación de una legitimidad de tipo carismático y una basada en el rendimiento. En términos de Max Weber, los ciudadanos reconocen en Uribe cualidades extraordinarias o excepcionales, lo que no es extraño, si se compara con Andrés Pastrana o Ernesto Samper. Al igual, siguiendo al profesor Joseph Valles, es consecuencia de que “funda su legitimidad en el resultado de sus propias actuaciones”.

Lo evidente es que el gobierno está solo y en el gobierno mismo Uribe también. No hay quien lidere la bancada si no es Uribe, prácticamente no hay quien responda los ataques externos que no sea Uribe, tampoco, a la oposición. El gobierno es Uribe y eso, que tantas emociones despierta, resultará fatal cuando no esté.

En parte, es responsabilidad de un liderazgo muy fuerte en cabeza del Presidente, pero ante todo, de la incapacidad de los partidos de la coalición, igual que de la ineptitud del Partido Liberal y el Polo Democrático para generar nuevos liderazgos. Durante la crisis desatada con la muerte de Raúl Reyes, nadie, absolutamente ninguno de los que aspiran a sucederlo y se encuentran fuera del gobierno, respaldaron al Presidente. Muchos quieren aprovechar su popularidad sin hacer gasto alguno.

Por el lado del Partido Liberal la situación no es muy distinta. Finalmente, se disputa con el Partido Conservador la paternidad de los parapolíticos, hoy declarados uribistas. El Liberalismo tiene once parlamentarios y cuatro de sus gobernadores, elegidos en 2003, judicializados por relaciones con las AUC. Del Polo Democrático, con seguridad, pronto sabremos, apenas la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía comiencen a investigar políticos y “personalidades” cómplices de las FARC.

Así las cosas, ¿para qué sirve tener las mayorías en el Congreso? ¿A cuento de qué el Presidente asume el desgaste político de los miembros de su coalición de gobierno? ¿Más que aliados, los partidos uribistas son un obstáculo para que el gobierno pueda derrotar el crimen, la pobreza y la corrupción? ¿No será mejor adelantar las elecciones de Congreso? ¿Avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente?

Uribe debería proclamar la disolución del uribismo parlamentario. El uribismo ciudadano sigue existiendo y siente que los parapolíticos, que usufructúan la imagen del Presidente, no sólo no los representan sino que lo afectan gravemente. Si el Presidente quiere salvaguardar su legado y que se reelija la seguridad democrática, debe promover que en las próximas elecciones no haya más partidos, aliados del crimen, asaltando su popularidad. El mejor camino es que desaparezcan, de una vez por todas, las corruptas colectividades uribistas y que surjan nuevas alternativas políticas, con capacidad de defender transparentemente una política de firmeza frente al terrorismo y de realización del estado social de derecho.

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ESTADOS UNIDOS EN LA MESA

Published on August 25, 2006, Page PAGE: 21A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

www.semana.com - Fecha: 09/09/2006 - Edición: 1271

Rafael Guarín analiza las consecuencias de la fuerte influencia del país del norte en el proceso de paz con los paramilitares.

Por Rafael Guarín

El presidente Uribe se la jugó toda en el proceso de paz con las AUC y es posible que pierda. Con desbordado pragmatismo convirtió el proceso en un plan de sometimiento de narcotraficantes a la justicia, pero cometió el error de comprometerse en no extraditarlos sin contar con la voluntad del gobierno estadounidense.

La tensión entre presión internacional y pactos por debajo de la mesa está enredando al gobierno. Para Estados Unidos los paramilitares ante todo son narcotraficantes y como tal se les debe tratar. La verdad es que entre sus líderes y cualquiera de las decenas de mafiosos extraditados no hay ninguna diferencia. Para los paramilitares, por el contrario, el desmonte de su aparato de guerra y narcotráfico sólo es posible si tienen la certeza que no les espera una cárcel extranjera.

La reciente crisis del proceso tiene que ver con esa disyuntiva. La visita hace unos días de la directora de la DEA y de una comisión de congresistas dejó claro que el proceso perdió credibilidad internacional y que se requieren ajustes inmediatos. También que el gobierno Bush no cede en la pretensión de que se extraditen por lo menos nueve de los principales cabecillas de las AUC.

Por su parte los paramilitares aplican una combinación de garrote y zanahoria. Poco antes de someterse dócilmente a la orden presidencial de internarse en un centro de reclusión, afirmaron que “se acuerda un marco constitucional diferente o el conflicto armado se transformará en una guerra civil de incalculables proporciones”, reiterando que su principal objetivo es evadir la justicia norteamericana a través de una reforma a la Constitución.

El camino se parece cada vez más a un oscuro túnel de incertidumbre. Si se acepta proscribir la extradición el país se expone a sanciones políticas y económicas de Estados Unidos y a convertirse en un santuario del narcotráfico. Pulularán nuevos grupos armados ilegales y la mafia que disimulan sabrá que tarde que temprano será abrazada por la impunidad, lo que sin duda es un estímulo para el crimen y un aliciente para continuar la violencia.

Como parte de ese escenario debe interpretarse la propuesta de los paramilitares de un ‘Gran Acuerdo Nacional’. Con habilidad aprovechan la coincidencia con las Farc y sectores democráticos de estar en contra de la extradición para proponer una Asamblea Constituyente. Curiosamente, voceros del gobierno manifestaron hace poco que el proceso con esa guerrilla podría incluir la convocatoria a una Asamblea. Lo que no parece probable es que el grupo subversivo cambie su plan estratégico, ni que se logren iniciar negociaciones de paz.

Desde otra perspectiva, si se rechazan sus peticiones probablemente el proceso colapse definitivamente y nos encontremos frente a una guerrilla mafiosa de derecha o de un actor armado antiestatal. El propio Alto Comisionado de Paz dijo en una entrevista, a final del año pasado, que los jefes desmovilizados le han dicho que si el proceso fracasa “aquí va a aparecer una cosa muy rara, que no sabemos si es guerrilla o autodefensa”.

Retomar los fusiles es muy fácil. De los más de 30.000 desmovilizados solo un centenar se encuentran bajo control del Estado y que se sepa no han delatado rutas, redes, ni la infraestructura que montaron durante años para el narcotráfico. Es apenas evidente que tampoco entregaron la totalidad de las armas y material de guerra, como que mantienen el anclaje social, político y económico que les permitió acrecentar su poder en varias regiones. En síntesis, conservan gran parte de su capacidad militar y de narcotráfico.

Por otro lado, la influencia de Estados Unidos es un hecho derivado de su propio poder e inevitable debido a que paramilitares y guerrilleros se convirtieron en enormes carteles de la droga. La búsqueda de la paz dejó de ser una cuestión estrictamente doméstica para ser un problema internacional.

Quedan dos lecciones. No se puede adelantar un proceso de paz exitoso si no se reconoce de cara al país y la comunidad internacional que el narcotráfico es un problema central del conflicto armado. Y nos guste o no, siendo la lucha antidrogas preocupación central de Estados Unidos, la paz duradera debe contar con su aval. Invitarlo a la mesa de negociación más que un acto de cortesía es un imperativo político.

COLOMBIA: DIFÍCIL EQUILIBRIO

Published on August 12, 2006, Page PAGE: 19A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Por Rafael Guarín*

Precedido de ataques terroristas contra la fuerza pública comenzó el segundo período de gobierno de Álvaro Uribe. Entre los propósitos expuestos en el discurso de posesión está el de conseguir “equilibrio entre seguridad y paz”.

En Colombia el tema se ha debatido desde perspectivas que convergen con las corrientes idealista y realista. Para los primeros, la salida política implica que el Estado abandone la idea de derrotar a la guerrilla y concentre su actividad en reformas sociales, económicas y políticas necesarias para la paz. Dicho discurso reconoce causas objetivas de la violencia y tiende, en últimas, a justificar la insurrección.

Para los segundos, el ejercicio de la fuerza es fundamental para alcanzar la paz. Este punto de vista evolucionó, a finales de los años noventa, de la aniquilación de los grupos guerrilleros a doblegar su voluntad de lucha. Aunque la retórica gubernamental lo encubre, ese replanteamiento implica tres cosas: reconocer que no es posible vencer militarmente de forma completa a los grupos ilegales, concederles carácter político y destinar las acciones bélicas a obligarlos a sentarse en la mesa de negociación.
El idealismo marcó los esfuerzos de los gobiernos de Belisario Betancur y Andrés Pastrana.

En ambos casos, el grupo guerrillero empleó los diálogos para su fortalecimiento militar y político. Desde la época de Jacobo Arenas aprendieron a sacar provecho de la “combinación de las formas de lucha” y a utilizar como propaganda los procesos de paz. En otras palabras, la historia enseña que la negociación ha sido una táctica en una estrategia de guerra.

Con la llegada de Uribe en 2002 se definió por primera vez un camino con claridad. Independiente de los excesos, vacíos y errores de la Política de Seguridad Democrática su diseño responde al desafío de los alzados en armas y a los fracasos de los gobiernos anteriores. Desde el realismo se planteó una respuesta militar firme que tiene el respaldo mayoritario de los electores y que se combinó pragmáticamente con la voluntad de iniciar un proceso de paz.

La firmeza en la lucha contra la subversión no es sólo un mandato constitucional, sino una imposición de las acciones presentes y pasadas de las FARC. A pesar de su retórica de diálogo esa guerrilla cree únicamente en la fuerza en relación con el Estado. Su disciplinada ejecución del Plan Estratégico y la inmersión en el narcotráfico para aumentar su capacidad financiera y sostener la guerra popular prolongada, en la que lleva más de cuatro décadas, ratifica su vocación militarista y la voluntad de acceder al poder por las armas.

Con esos antecedentes el equilibrio entre seguridad y paz que busca el Presidente difícilmente encontrará oportunidad. Los ataques de las últimas semanas demuestran que el grupo guerrillero mantiene capacidad ofensiva y que se adaptó a la estrategia de las Fuerzas Militares, mediante el repliegue y la preferencia por la utilización de explosivos. También, que lejos de buscar genuinamente acuerdos de paz emplea el transcurso del tiempo a su favor, dentro de una lógica que asimila el segundo mandato de Uribe a la gran oportunidad para ganar el pulso final al Estado, derrumbando el mayor esfuerzo hecho por gobierno alguno para combatirlos.

Por otro lado, la exigencia presidencial de “hechos irreversibles de paz” es apenas razonable, pero improbable, a menos que con audacia Tirofijo libere los secuestrados y coloque el balón en manos del gobierno. En todo caso, otras opciones como el cese unilateral de hostilidades o el abandono del narcotráfico no parecen posibles a corto plazo.

En la otra orilla, la condición de despejar amplios territorios en el sur del país e intercambiar guerrilleros presos por secuestrados, para su reincorporación a la lucha “revolucionaria”, es inaceptable, so pena de quebrar el apoyo ciudadano y abrir un boquete que arrasaría con los resultados positivos.

En conclusión, teniendo en cuenta que el propio gobierno señala el 2015 para lograr la normalidad y la paz en el país (Colombia – Visión 2019), al finalizar su gobierno Uribe podría no haber doblegado la voluntad de lucha de las FARC, ni comenzado un proceso de negociación política. Esperemos equivocarnos y que mucho antes se acabe el círculo vicioso de la guerra.

SIN EXTRADICIÓN NO HAY JUSTICIA

Published on August 25, 2006, Page PAGE: 21A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

www.semana.com - Fecha: 08/19/2006 - Edición: 1268

Rafael Guarín analiza las implicaciones para el país de que se hiciera realidad el propósito de paras y narcos de prohibir la extradición.

Por Rafael Guarín

En Bogotá aparecieron gigantescas vallas con la leyenda: “justicia si, extradición no”. Los avisos sirven a la estrategia de los paramilitares-narcotraficantes para evitar su envío a Estados Unidos, a través de una reforma a la Constitución. La suspensión actual de su extradición aplaza un problema al que tarde que temprano hay que hacer frente.

En la mesa de negociación con el gobierno, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) nunca efectuaron demandas políticas, económicas o sociales. Lo “único” que buscaron fue mantener su patrimonio, producto de la guerra y el narcotráfico, garantizar la impunidad de sus delitos y evadir la justicia estadounidense.

Sobre esto último el ministro del Interior saliente, Sabas Pretelt, dijo hace algunas semanas que “a las personas que son solicitadas en extradición y se comprometen en serio con un proceso de paz firmado con el gobierno, se les suspende la extradición. Y si cumplen todos los requisitos de la Ley de Justicia y Paz, la resolución pierde fuerza ejecutoria una vez salen de la cárcel”. En otras palabras, el gobierno colombiano no extraditará a los narcotraficantes vinculados al paramilitarismo una vez se desmovilicen y cumplan una pena simbólica que no será mayor a ocho años.

Pero el tema tiene otras aristas. Tal y como esta planteado la no extradición depende de la voluntad del presidente de turno. De hecho, un nuevo gobierno podrá realizar la extradición, pues la figura jurídica de pérdida de fuerza ejecutoria en estas materias no existe, en cambio sí la voluntad de la administración Bush de reclamar a dichos delincuentes. La situación es sumamente peligrosa, pues abre la puerta para que se repita la violencia y el terrorismo en el afán de frenar su futura implementación. Los colombianos lo saben porque vivieron la guerra del cartel de Medellín contra el Estado a finales de los años 80.

Eso explica que las AUC insistan en reformar la Constitución para garantizar que no se extraditarán sus líderes, cuando las condiciones políticas cambien. Hace unos meses, Rocío Arias, una de las parlamentarias más cercanas a esa organización, presentó un proyecto a la Cámara de Representantes y paralelamente se ambienta un referendo.

No se debe pasar por alto que la extradición es un mecanismo de cooperación judicial indispensable en un mundo donde el crimen se globalizó. No es un problema ideológico o imperialista. Es un instrumento de seguridad nacional ante la debilidad del Estado. Casos como el de Jamundí, en el que una patrulla del Ejército asesinó a 10 de los mejores policías antinarcóticos, demuestran la vulnerabilidad de la fuerza pública y el poder corruptor del narcotráfico. Su prohibición convertiría al país en un santuario de delincuentes y al narcotráfico en un negocio de bajo riesgo.

Asumir como regla general la eliminación de la extradición en procesos de paz es una invitación a que los narcotraficantes se disfracen de paramilitares o guerrilleros, conformen grupos armados y cometan masacres, para obligar al Estado a una negociación y obtener protección ante la justicia norteamericana.

Esa medida probablemente aumentaría la violencia y provocaría la aparición de nuevos grupos armados en diferentes regiones del país. Es un camino que puede llevar a Colombia a la fragmentación de facto de su territorio entre los “señores de la guerra”, tal como ocurre en Afganistán. Síntoma de que no se esta lejos de ese escenario es el reciente enfrentamiento del Ejército con miembros de la escolta personal de “Don Diego”, un poderoso narcotraficante del Valle del Cauca. Sus hombres vestían prendas militares y utilizaban morteros.

Desde esa perspectiva, la aplicación rigurosa de la extradición tiene dos caras. Por un lado, es un elemento disuasivo que evita la profundización y extensión de la guerra, al tiempo que golpea su principal fuente de recursos: el narcotráfico. Pero también complica la salida negociada al conflicto. Nadie va a entregar las armas si sabe que terminará sus días en un calabozo extranjero. Lo que implica que la paz debe involucrar necesariamente a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, y ligarse a la solución del problema de producción, procesamiento y tráfico de alucinógenos.

Una modificación a la extradición afectará gravemente las relaciones con Estados Unidos de las cuales depende gran parte de la financiación de la Política de Seguridad Democrática, sin mencionar los efectos negativos que en el comercio pueden ocasionarse. A pesar que Colombia es un país muy importante en América Latina, es vano creer que es un socio estratégico indispensable.

Finalmente, respecto a delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, las reformas a la Constitución no son oponibles a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Hay motivos en exceso para que paramilitares y guerrilleros sean reclamados por ese organismo.

A pesar de la complejidad del tema, esperemos que el gobierno colombiano decida de una vez por todas extraditar a los paramilitares-narcotraficantes y no ceda ante sus amenazas. O por lo menos, que no incluya en la reglamentación de la Ley de Justicia y Paz una cláusula que acabe, para estos casos, con la extradición o admita el trámite de un nuevo proyecto de ley o de una reforma constitucional que tengan el mismo efecto. El mensaje sería muy grave para la comunidad internacional y muy favorable a los violentos que tendrían la certidumbre de la impunidad total.