MI VOTO POR PETRO

Foto tomada de www.elespectador.com

Rafael Guarín
SEMANA.COM

23 de septiembre de 2009

Pensé votar el próximo domingo por Gustavo Petro en la Consulta del Polo Democrático Alternativo por las siguientes razones:

Petro decidió quedarse en el Polo para dar la batalla. En las condiciones más adversas se enfrenta a la maquinaria política y clientelista de Jaime Dussan y al control del aparato que tiene el Partido Comunista Colombiano y el Moir.

Petro ha sido el único líder del Polo que ha denunciado la complacencia de algunos sectores de izquierda con el principio leninista de la combinación de todas las formas de lucha, esto es, con el empleo de la violencia. En septiembre de 2008 dijo que las Farc lo querían sacar del Polo: “Hay una campaña soterrada de las Farc por sacar a Petro y a Lucho del Partido”. Reconoció que esa guerrilla contaba con elementos dentro del Polo, tan influyentes y poderosos, que podían excluirlo de la lucha democrática. ¿Quiénes son? ¿A quién respaldan en la Consulta?

Petro, en 2007, propuso una hoja de ruta que incluía un pacto democrático que termine “definitivamente el uso de la combinación de las formas de lucha” y una política de seguridad de Estado, resaltando el rol definitivo que tienen las fuerzas militares.

Petro desafió a quienes en su partido decidieron no marchar el histórico 4 de febrero y a quienes se resistieron a apoyar las movilizaciones ciudadanas que condenaron la masacre de los once diputados del Valle del Cauca. Rechazó la falta de contundencia de las directivas del Polo frente a la masacre, al punto de señalar que “la sociedad colombiana no encuentra definidos totalmente los hechos que nos separan de las Farc".
Le cayeron rayos y centellas, no sólo de copartidarios sino de Raúl Reyes.

Petro, en febrero pasado, repudió la misiva que el Secretariado de las Farc envío al Congreso del Polo, en la que le proponen a ese Partido “acuerdos políticos”. El senador denunció que las Farc tenían la “intención integral de incidir en la política del Polo Democrático”, mientras el Congreso del partido se hizo el de la vista gorda.

Petro, entre otras cosas, es un símbolo de la lucha contra el narcoparamilitarismo que devastó a Colombia. No hay duda de su verticalidad para denunciar este fenómeno y amparar los derechos de las víctimas de masacres, torturas y desplazamientos. Propósito que compartimos.

Petro, también ha dicho que la izquierda debe abandonar “el sectarismo político y cierta enfermedad muy infantil de extremo-izquierdismo que la viene penetrando”, lo cual demuestra al afirmar la semana pasada que “agredir al presidente Álvaro Uribe es agredir a Colombia”, claro, tal afirmación hizo que cundieran ataques cardiacos masivos y simultáneos al interior del Polo.

La otra opción, Carlos Gaviria, es todo lo contrario. Mientras menciona el rechazo a la combinación de las formas de lucha y niega su existencia al interior de la colectividad, en 2002 fue candidato al Senado del Partido Comunista, partido que creó ese esperpento, y ha hecho de esa agrupación la quinta columna con la cual domina la estructura del Polo. Es el protagonista de todos los titubeos frente al terrorismo, objeta calificar de esa forma a las Farc y de participar en las marchas ciudadanas que la condenan. Y para colmo de males, en el proceso electoral de 2006 señaló estar dispuesto a reconocer beligerancia a las Farc.

Ahora bien, hay cosas muy graves que me llevan a recapacitar sobre la posibilidad de mi voto por Petro. Nunca cumplió con el deber de denunciar quiénes son los farianos dentro del Polo y a quién apoyan, tampoco ha renegado del pacto que suscribió con Hugo Chávez, en la Quinta de San Pedro Alejandrino el 18 de Diciembre de 1994, que todo indica que éste sigue vigente, a pesar de su animadversión reciente a la injerencia venezolana en los asuntos colombianos.

En esto hay dudas. Mientras habla de Socialismo del Siglo XXI en Caracas y Quito, al igual que en eventos del Polo, ante la opinión pública colombiana estratégicamente omite ese discurso. ¿Cuál es su verdadera posición ante al Socialismo del Siglo XXI? ¿Sigue apoyándolo pero se disfraza de moderado? ¿Mantiene su relación privilegiada con Chávez? ¿Es un lobo con piel oveja?

Tampoco ha contado lo que conoce sobre los autores intelectuales de la toma del Palacio de Justicia y que puede cobijar a ex guerrilleros del M19 que pelechan hoy en cargos públicos. Ahora que la Corte Suprema de Justicia dijo que procesará por crímenes de lesa humanidad a los parapolíticos, muy bueno sería hacer lo mismo con los ideólogos de esa guerrilla, responsables de esa y otras matanzas.

Pensándolo bien, esas razones son suficientes para que no pueda votar por Petro.

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EL REFERENDO Y EL DERECHO A DECIDIR

RAFAEL GUARÍN

Eduardo Posada Carbó en su columna de El Tiempo señaló: “¿Puede el Congreso rechazar un proyecto de referendo originado en la iniciativa ciudadana? Claro que sí. En caso de tal rechazo, ¿se estarían vulnerando los derechos ciudadanos? Claro que no”. Parece contundente, pero es en exceso simplista e insuficiente para un análisis serio del tema.

Por supuesto que el Congreso puede rechazar la iniciativa presentada por los ciudadanos. ¡Ni más faltaba! Sugerir lo contrario es un flagrante desconocimiento de la Constitución. No tendría sentido la intervención del legislativo, además de ser una peligrosa forma de aniquilar la democracia representativa, los partidos políticos y el propio Congreso. Estaríamos, ahí sí, no ante un mecanismo de profundización de la democracia, sino frente a un instrumento ideal para una dictadura plebiscitaria.

Pero también hay que considerar que los ciudadanos al estampar su firma en señal de respaldo a una iniciativa de referendo, lo que hacen es ejercer un derecho fundamental, cuya observancia depende de que los diferentes órganos del Estado que deben intervenir en su trámite cumplan su función de acuerdo al ordenamiento constitucional y legal.

¿Qué pasa si observado todo el procedimiento la Organización Nacional Electoral decide arbitrariamente no cumplir con su rol e impedir la realización de un referendo? ¿O si recolectadas las firmas, se niega a revisarlas o lo hace de forma equivocada? ¿Qué implicación tiene que por presión criminal a la Corte Constitucional, ésta declare inconstitucional la ley de referendo, a pesar de haber sido adoptada conforme a la carta política y las normas legales. ¿Acaso en dichos eventos no se violenta el derecho fundamental a la participación de quienes lo respaldaron con su firma?

Lo mismo sucede si un Presidente de la República, por razones ideológicas, rechaza expedir el decreto de convocatoria de un referendo, como el referido al agua o uno que busque adoptar el matrimonio de parejas del mismo sexo, casos en los cuales se afecta la “posibilidad” de los ciudadanos de participar” y decidir, posibilidad que “tiene naturaleza de derecho político fundamental de origen constitucional”, según sentencia C 180 de 1994 de la Corte Constitucional.
Cuando se trata de referendos de iniciativa popular, el derecho a participar no desaparece con la firma de los ciudadanos y reaparece por arte de magia el día de la votación. Ese derecho permea todos los pasos que se deben surtir, al punto que su eficacia depende del cumplimiento del trámite constitucional y legal del referendo, lo que implica, ciertamente, que la Registraduría podría establecer la no obtención de las firmas requeridas, el Congreso no aprobar el proyecto de ley o la Corte encontrar que contraviene la constitución.

Siendo lo anterior claro, salta a la vista que el planteamiento del articulista es incompleto. No obstante que el Congreso puede rechazar el referendo, esa decisión debe ser el resultado del debate parlamentario y adoptarse de manera libre, sin apremio y bajo ninguna coacción que rompa el estado de derecho.

No hay que olvidar que respecto al trámite del proyecto de referendo, el Congreso perdió por completo su libertad, consecuencia de una estrategia de terror implementada por el Polo Democrático y el Partido Liberal, con ayuda del Registrador Nacional y de la sala penal de la Corte Suprema. El objetivo político: maniatar a los parlamentarios para que rechacen el referendo, bajo la amenaza de cárcel. Ese pequeño detalle, que olvida Posada Carbó, coloca su razonamiento completamente fuera de contexto.

Por esa razón, la segunda pregunta del columnista no tiene la respuesta tan obvia, simple y contundente que ofrece. Lo riguroso sería que cambiara “claro”, por “depende”. Si bien, en principio, en el marco de la Constitución el rechazo del Congreso de un proyecto de referendo no conlleva vulneración de los derechos, cuando ese rechazo es producto del rompimiento del orden constitucional y de una coerción suficientemente capaz de anular la libertad del legislativo para votarlo, no se puede llegar a la misma conclusión. Ese el motivo por el que la actuación de la Corte Suprema de Justicia, al someter por miedo al Congreso, no solo acaba con el equilibrio de poderes sino que pisotea el derecho a la participación de quienes firmaron la iniciativa de referendo.

Finalmente, equivocado y absurdo es condenar el reclamo, la fiscalización y la presión que pueden y deben ejercer los ciudadanos ante sus representantes en las corporaciones de elección popular. Esto, a diferencia de lo que opina Posada Carbó, sí lo autoriza la Constitución, no choca con el sistema democrático y mucho menos es “un escenario de hechos políticos indeseables para el orden y la seguridad institucionales”, como él lo describe. En realidad, es de la esencia del modelo político adoptado por la Asamblea Constituyente de 1991. Aquí y en cualquier democracia, los comicios son oportunidades en que los partidos y los políticos rinden cuentas y el pueblo los premia o castiga.

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VÍCTIMAS DE LA POLITIQUERÍA

Semana.com - 2 de junio de 2009
Grafica: Tomada de imágenes google

RAFAEL GUARÍN

Lo que evidenció el debate sobre la hundida Ley de Víctimas es que la protección de sus derechos se convirtió en una bandera de politiquería, un ejemplo de irresponsabilidad y un instrumento para deslegitimar el Estado y la Política de Seguridad Democrática.

No hay duda que el Estado debe reparar a las víctimas, sin discriminar el victimario. Es una obligación reconocida internacionalmente. Aún así, la forma de verificar esa obligación debe ser consecuente con los medios disponibles y, en particular, con el contexto colombiano. Por más que se quiera insistir en el carácter universal de la reparación de las víctimas no es razonable pretender aplicar un modelo como si se tratara de Francia, Suiza o Dinamarca.

En realidad, la solicitud de Álvaro Uribe de votar negativamente el proyecto de ley fue una estrepitosa derrota del gobierno y un triunfo de la oposición y de las organizaciones de víctimas que preferían su desplome a aceptar una iniciativa diferente a la propia. Victoria pírrica que afectó a cientos de miles de víctimas. Importaba más poder señalar al gobierno de negligente, inhumano y enemigo de las víctimas que construir consensos que permitieran la reparación efectiva.

La cuestión no es solamente disponer en una norma que se repare económicamente a las víctimas, sino garantizar que ciertamente se pueda cumplir. Jamás habrá dinero suficiente para reparar el daño causado por el terrorismo y las violaciones de derechos humanos, pero con los recursos disponibles el Estado debe hacer el mayor esfuerzo posible, cosa que no entendieron o, mejor, no quisieron entender, quienes decidieron hacer del proyecto una bandera demagógica.

Según un estudio del Ministerio de Hacienda, lo aprobado por la Comisión de Conciliación elevó de 22.1 billones de pesos (¡sí, leyó bien, billones!) a 76 billones el monto que debía desembolsar el Estado para cumplir con lo estipulado en el proyecto de ley. El problema no es reparar a las víctimas, el problema es que no hay con qué cubrir la diferencia de $53,8 billones adicionales, además de su perverso efecto en las finanzas públicas y de mermar directamente el presupuesto que debe dedicarse a salud, educación, infraestructura, seguridad o justicia.

Por otro lado, resulta razonable exigir una sentencia que condene a un miembro de la Fuerza Pública por el delito que da origen a la obligación de reparar a la víctima. Así se diga que el proceso penal no se afecta con la reparación administrativa (cosa cierta), se tiene que ser ciego para no darse cuenta que la consecuencia en la práctica de la sentencia condenatoria y de la mencionada reparación es la misma: reconocer que un agente estatal violó los derechos humanos.

Tal y como estaba el proyecto, se le entregaba un morrocotudo instrumento a las Farc para su campaña de propaganda y de guerra jurídica. La omisión de sentencia coloca a terroristas y militares en el mismo plano. No es cualquier cosa. El centro de gravedad al que apunta la guerra irregular es la legitimidad y ésta se afecta con la violación de los derechos humanos. Por supuesto, el camino no es negar las violaciones sino que estas no ocurran, pero tampoco eso nos puede llevar a la ingenuidad de no reconocer los montajes que las guerrillas realizan contra las fuerzas militares y que, con base en el proyecto de ley, serían validados por vía administrativa.

De ahí, la resistencia a que se iguale a los terroristas de las Farc, Eln y Auc con los miembros de la fuerza pública. Mientras en los grupos armados ilegales los crímenes de lesa humanidad son una práctica diaria y un aceptado “medio de lucha”, cuando éstos se presentan en las fuerzas militares, se trata de acciones individuales y no institucionales, como se desprende del informe preliminar del Relator de la ONU, Philip Alston.

La forma de evitar caer en esa trampa es que la justicia funcione y se determine la existencia del delito y la autoría por parte de un agente estatal. La larga duración de los procesos judiciales es una preocupación válida, pero la salida no era rechazar la necesidad de una sentencia y en consecuencia hundir el proyecto, sino plantear un procedimiento especial y rápido, de la misma forma que adoptar medidas que fortalezcan la capacidad de la Fiscalía y los jueces.

Finalmente, lo ocurrido es una muestra más de la incapacidad del gobierno y la oposición por construir consensos en los temas fundamentales. Los obstáculos fiscales y la necesidad de una sentencia podían resolverse si en vez de consumirse en la politiquería y la demagogia, se actuara con responsabilidad y con afán de generar respuestas. Por desgracia, al Partido Liberal y al Polo les interesaba más que naufragara el proyecto que permitir que la Seguridad Democrática se fortaleciera con una política de reparación a las víctimas. Las víctimas deben ser objeto de una política de Estado, no de partido.