Publicado el sábado 4 de agosto de 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
Foto Revista CambioRAFAEL GUARIN
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia que priva a los paramilitares de la calificación de sediciosos y la negativa de los cabecillas presos de continuar confesando sus delitos, abrió en Colombia un debate sobre la posibilidad de otorgarles el carácter de delincuentes políticos.
¿A qué se debe esta crisis? Entre otras cosas, al eventual riesgo de extradición y a una política que encubre en un proceso de paz a traficantes. La equivocación del gobierno fue aceptar el disfraz político y no asumir el asunto tal y como era: el sometimiento a la justicia de un grupo de mafiosos con un ejército superior a 30,000 hombres.
Si bien el origen del paramilitarismo se liga al narcotráfico, en su seno hubo auténticos contrainsurgentes cuya influencia cedió en la medida que la organización fue cooptada por narcos. Esa transición se facilitó por las exigencias económicas de la confrontación y su utilidad para el cultivo, procesamiento y comercio de alucinógenos. Además de garantizar seguridad, protección y control territorial a través de la fuerza y la captura de la política, en el mediano plazo los capos metidos a paramilitares pretendían evitar la extradición a Estados Unidos y conseguir benevolencia punitiva.
Lo de hoy no dista mucho del pasado. A final de los años ochenta Pablo Escobar quiso escapar de la extradición, obtener tratamiento político e indulto. Concibió la idea de vestirse de delincuente político para alcanzar los objetivos que se evidencian en los narcoparamilitares. El jefe del cartel de Medellín incluso pensó camuflarse en las guerrillas desmovilizadas bajo el gobierno Barco y relacionó la represión a las drogas con la lucha de clases. Escobar no logró el indulto, pero sí una legislación especial, la prohibición de la extradición y un ''exclusivo'' centro de reclusión.
La coyuntura actual refleja pactos hechos en la mesa de negociación pero a espaldas del país. Cosa muy grave, no sólo por la transparencia indisociable de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, sino porque la capacidad del gobierno de dialogar con estructuras criminales se debe sujetar rigurosamente al estado de derecho.
La asociación de Uribe del paramilitarismo a la sedición y la consecuente polémica con la Corte chocan con esa regla democrática. La obligación constitucional de contribuir armónicamente con las demás ramas del poder público a los fines del Estado, verbigracia, la paz, no puede interpretarse como una obligación de los tribunales para obviar la ley. Es innegable, a la luz del código penal, que no están incursos en el delito de sedición y, por tanto, que no son delincuentes políticos; la prueba es que el gobierno anunció un proyecto de ley que modifica el tipo penal para adecuarlo a esos criminales.
De aprobarse la iniciativa se allana el camino a la intención de los ''paras''. Orientados por la negativa a la extradición por delitos políticos buscan posicionar la sedición como su delito principal y dar al narcotráfico la categoría de conducta conexa. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. No es lo mismo haber sido primero autodefensa y después emplear el narcotráfico para financiar el aparato bélico, que ser narcotraficante y disfrazarse luego de autodefensa, situación, ésta última, que aparentemente predomina, convirtiendo al tráfico ilícito en la conducta delictiva primaria y a la supuesta sedición en un medio a su servicio. Lo ejemplifica el pago de $1,500,000 que hizo el reconocido narco el ''Tuso'' para su incorporación en la cúpula paramilitar.
Conviene eliminar cualquier diferencia respecto a los delitos comunes, disuadiendo de paso a los narcotraficantes de armar ejércitos y de cometer masacres que justifiquen la demanda de ser actores políticos. No es indispensable dicha característica para conversar con grupos armados, basta la decisión del gobierno. En España no se habla de conflicto armado interno y mucho menos que los integrantes de ETA sean románticos delincuentes políticos, no obstante, con ellos el PP y PSOE han procurado acuerdos.
La amnistía y el indulto serán entonces potestades más parecidas a la figura del perdón presidencial estadounidense, dentro del límite que la proscribe para crímenes contra la humanidad.
Salgámonos de esa discusión, suprimamos los beneficios de tales tipos penales y llamemos a las cosas por su nombre, en el caso de los paramilitares, son asesinos, descuartizadores, narcotraficantes, torturadores, hasta malos hijos, todo lo que se quiera, menos sediciosos.
