LA CRIMINALIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN ¿FUNCIONA?

Publicado en Conexión Colombia - 18 de marzo de 2009

SILVIA TRUJILLO

La mayoría de las sociedades se han construido históricamente a partir de la diversidad de etnias y culturas. Las ciudades se han caracterizado desde su nacimiento por la heterogeneidad y la complejidad cultural y económica.

Las migraciones han sido vitales en estos procesos de construcción. Hace algunas décadas, la migración, además de proceso natural, empezó a convertirse en una opción de supervivencia. Las brechas económicas y sociales, propias del capitalismo y la globalización, convirtieron al desplazamiento entre estados (principalmente del Sur al Norte) en una alternativa de vida para miles de personas.

En muy poco tiempo el fenómeno se tornó masivo. La rapidez y la cantidad de personas en movimiento se convirtieron en un tema prioritario en las agendas gubernamentales. Y con razón. Los flujos migratorios evidenciaron una multiplicidad de problemas reales (fuga de cerebros, escasez de mano de obra, satisfacción de necesidades básicas) a la vez que se convirtieron en excusas electorales y de discriminación.

Los puntos en común de las medidas que los países receptores han tomado en el último tiempo son, que han abordado a la migración desde una perspectiva negativa y que la han tratado de evitar a toda costa. En cierto sentido se ha “criminalizado” al inmigrante.

Un claro ejemplo de lo anterior es lo ocurrido en Italia hace pocos días. El senado aprobó dos enmiendas a la Ley de Inmigración, con el fin de endurecer la norma. La primera autoriza a los médicos a denunciar a los inmigrantes irregulares que acudan a utilizar sus servicios; y la segunda, establece penas de hasta 4 años de cárcel para personas que después de haber sido deportadas, regresen a territorio italiano. Estas son las últimas medidas de una serie que se ha venido dando en los países de la Unión Europea, desde la aprobación en junio de 2008 de la “Directiva de Retorno”

Al parecer, los gobernantes europeos no han entendido que las sanciones de este tipo no han sido exitosas para frenar la llegada de inmigrantes, y que por el contrario, lo que hacen es profundizar la segregación.

Basta con analizar la decisión de quien decide emigrar. Las personas abandonan sus países de origen por múltiples razones, pero una fácilmente generalizable es la de mejorar sus condiciones de vida. Los emigrantes se trasladan siendo concientes de que al hacerlo están arriesgando su propia vida, ya sea hacinándose en una “patera”, pasando meses en el mar, o poniéndose en manos de traficantes que vulneran sus derechos. El punto es, si estas personas están dispuestas a dar su vida en el trayecto, ¿las desmotivará la posibilidad de pasar algunos años en la cárcel?

En ese sentido, la medida no será efectiva. Lo único que ocurrirá es que ahora el drama de la migración tendrá un nuevo capítulo: la vulneración del derecho a la vida, ya que no dudo que si los “ilegales” decidieron arriesgar su vida por llegar al país de destino, no vayan a hacerlo nuevamente una vez hayan alcanzado su objetivo. Es decir, no acudirán a una consulta médica por temor a ser denunciados.

Así mismo, ante esta situación se abre la posibilidad de que se violen múltiples derechos, no sólo de los inmigrantes, sino de los médicos también. ¿Se estará facilitando una nueva forma de corrupción? ¿Se incentivará la prestación de servicios médicos clandestinos y sin garantías de salubridad? Estas son solo algunas de las repercusiones que este tipo de medidas pueden tener en el corto plazo.

La inmigración es una realidad indiscutible, y lo ha sido desde los orígenes de la humanidad. En lugar de seguir imponiendo medidas sancionatorias, que por demás han demostrado ser inefectivas, debería empezar a analizarse la problemática migratoria desde una nueva perspectiva.

Si bien es cierto que la migración y la heterogeneidad generan conflictos y problemas, también lo es que suponen ventajas considerables. Los inmigrantes son agentes de cambio social. Pero si no existen posibilidades de integración en y con la sociedad receptora, los costos serán siempre mayores que los posibles beneficios.

Se debe cambiar la perspectiva para enfrentar la cuestión migratoria y pasar de la sanción a la aceptación. Lo anterior implica que los gobiernos realicen una formulación de políticas públicas en materia de: qué tipo de mano de obra requieren, qué número de inmigrantes necesitan para fortalecer la economía local y para equilibrar las curvas demográficas, y qué número están en capacidad de recibir para dotarles de las coberturas en educación y salubridad básicas, entre otras.

Estas definiciones necesitan de la concertación entre los sectores público y privado empresarial. Si los estados receptores fortalecen el desarrollo económico local y lo traducen en la generación de políticas públicas de inmigración, la conflictividad de las migraciones podrá reducirse.

Las migraciones no van a desaparecer, y el cierre de fronteras y la criminalización de los inmigrantes no han dado resultados positivos. Seguir generando políticas con el fin de que cesen los movimientos es utópico y ha demostrado ser inefectivo. Hay que reconocer que las personas seguirán en continuo movimiento, y ni las amenazas de sanción o delación, lograrán imponerse sobre factores de atracción como la ilusión de tener una mejor calidad de vida para sí mismos y para sus familias.

* Silvia María Trujillo Ordóñez es politóloga internacionalista, master en Acción Política y Participación Ciudadana y directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Escuela de Política de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.

SÍ FUE LEGÍTIMA DEFENSA

Fotos tomadas de: http://www.latinamericanstudies.org

Publicado en Revista SEMANA. Edición On Line. 18 de marzo de 2008.

RAFAEL GUARÍN

Un año después de que la Operación Fénix eliminó a Raúl Reyes en un “campamento madre” de las Farc, en territorio ecuatoriano, vuelven a la carga los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa. Desde la muerte del terrorista, al que Chávez le dedicó un minuto de silencio, la actitud de ambos mandatarios ha sido la de acusar a Colombia de amenazar la paz y la seguridad regional. En este caso, la nueva andanada se produce por que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo que se trató de “un acto de legítima defensa”.

Hay que recordar que la información certificada por Interpol, proveniente del computador de Raúl Reyes, develó la existencia de una clandestina alianza entre los gobiernos que impulsan la revolución bolivariana y las Farc, en lo que se puede definir como una guerra irregular contra el Estado colombiano. A algunos lectores les parecerá extremista, pero no es extraño que en contextos de expansión de revoluciones los grupos terroristas y los estados patrocinadores terminen realizando ese tipo de maniobras.

Durante la guerra fría fueron características tales interferencias en forma de apoyo de potencias a bandas terroristas.

Es lo que Carl Schmitt en la “Teoría del Partisano”, citando a Rolf Schroers, define como “tercer interesado”: “El poderoso tercero no sólo provee armas y municiones, dinero, ayuda material y medicamentos de todo tipo; también procura esa clase de reconocimiento político que el guerrillero necesita para no hundirse en lo apolítico – es decir: en lo criminal – como el pirata o el bandolero”. Basta recordar el rechazo de Correa y Chávez a calificar a las Farc de terroristas, el tratamiento de Estado que le otorgaron y los acuerdos hechos en Miraflores con Iván Márquez para conformar el “grupo contadora”, reconocer beligerancia a las Farc y lanzar la candidatura de Piedad Córdoba a la Presidencia de la República.

En ese contexto, es evidente que la Operación Fenix fue un acto de legítima defensa que permitió acabar con quien era realmente el número uno de la organización, descubrir el entramado continental que soporta a las Farc, conocer su concertada agenda con los gobiernos vecinos, establecer el grado de compenetración de la guerrilla con los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Brasil, visibilizar ante el mundo esos vínculos, promover la vigilancia y la presión internacional para disuadir a estos de continuar esa alianza y, sobre todo, abortar parte del complot que se gestaba contra Colombia.

A pesar que con pragmatismo y para facilitar la superación de la crisis el presidente Uribe se comprometió a no repetir ese tipo de operación (esperando la corresponsabilidad de los demás estados en la lucha contra el terrorismo), es irracional una renuncia absoluta. Una nueva acción fuera de las fronteras depende de los países vecinos, no del gobierno colombiano. En otras palabras, atacar enclaves terroristas y llevar a cabo capturas en territorio extranjero es la última opción cuando no existe cooperación efectiva para perseguir a esas organizaciones e individuos.

No obstante que hay que enfatizar el carácter multilateralista de la lucha contra el terrorismo, cuando éste no funciona el Estado mantiene la obligación de defenderse y defender a sus ciudadanos, situación en que obligatoriamente debe acudir, como último recurso válido, a la “legítima defensa”. No puede ser de otra manera cuando en vez de cooperación de gobiernos foráneos lo que existe es complicidad con las organizaciones terroristas.

La creación del Consejo de Defensa Suramericano es un escenario que debe aprovechar el gobierno de Colombia para construir esa cooperación de cara a la opinión pública internacional o, en su defecto, emplearse para dejar constancia de las solicitudes de cooperación insatisfechas y de las relaciones que tengan gobiernos con las Farc.

No hay que ser muy optimista. Quienes integran esa instancia hacen parte de la OEA, organismo que además de no contribuir eficazmente a resolver la crisis se negó a adelantar investigaciones respecto a los vínculos de gobiernos con la guerrilla.

Cediendo a las presiones, el Secretario José Miguel Insulza prefirió desconocer que las graves conductas descubiertas violan la Convención Interamericana contra el Terrorismo y las obligaciones que tienen los estados conforme la resolución 1373 de las Naciones Unidas. Esa actitud, lejos de favorecer la paz y la seguridad de la región puede terminar colocándola en riesgo, pues le verdadera amenaza no es el combate al narcotráfico y a las FARC, sino el contubernio de dichos gobiernos y la organización terrorista.

Nota al margen: ¿Qué tal el flamante Fiscal Mario Iguarán? Pasó la semana pasada de denunciante de Piedad Córdoba ante la Corte Suprema de Justicia a ser uno de los que le rinde homenaje. ¡Vergonzoso!

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LA RAZÓN DE LA VIOLENCIA

FERNANDO SAVATER
El País.
6 de marzo de 2009


En cierta ocasión lord Chesterfield asistió a una celebrada representación de Otelo y cuando le preguntaron si había obtenido alguna lección de la tragedia, repuso: "En efecto, que las señoras deben tener cuidado con dónde guardan sus pañuelos". Bastantes de las lecturas y conclusiones proclamadas a partir de las recientes elecciones en Euskadi me recuerdan por su enjundia e irrefutable tino a la humorada de milord. ¡Qué facilidad para pintar usando rosas o negros, no según la realidad sino a partir de los apremios del corazoncito político de cada cual! Eso sí que es impresionismo y no lo de Renoir... Visto lo cual, poco daño podrá hacer que yo colabore en este concurso urgente de frescos.

A mi juicio, lo primero que resulta evidente otra vez es la razón de fondo para que siga habiendo violencia terrorista: muy sencillo, porque sin el terrorismo y el mundillo que apoya, jalea o excusa el terrorismo... los planteamientos nacionalistas se quedan en minoría. En cuanto ETA y adláteres son puestos al margen (en la medida muy relativa en que tal cosa puede hacerse) del juego político, las veleidades más declaradamente separatistas se muestran minoritarias y los partidos que pretenden ganar votos tienen que disimularlas todo lo posible para obtener buenos resultados. Y eso sigue igual después de 30 años de gobierno nacionalista, de educación nacionalista, de radio y televisión públicas nacionalistas, etcétera.

En la resaca electoral, los nacionalistas y sus madrazos han denunciado que el mapa político obtenido está falseado por la ilegalización de quienes apoyan la ilegalidad, debida a un astuto cálculo del Gobierno socialista. Silencian el otro cálculo electoral que se ha frustrado, el de los que cuentan siempre con quienes no quieren renunciar ni a las armas ni a los votos, ni al refrendo en las urnas ni a la coacción antes de llegar a ellas, el del útil extremismo de quienes favorecen que las opciones similares pero no sanguinarias se convierta en resignado refugio de pecadores asustados, el de quienes se las han arreglado para silenciar o forzar al exilio a los vascos que no querían serlo more nacionalista. El momento más pintoresco del rígido y soporífero debate que mantuvieron en Euskaltelebista todos los candidatos a lehendakari fue cuando Patxi López le pidió a Ibarretxe que especificara una sola idea política que estuviera ilegalizada en Euskadi. Ibarretxe no supo más que mencionar las transferencias supuesta o realmente pendientes del vigente Estatuto, que no parecen precisamente el meollo de la ideología reivindicativa de Batasuna. Una salida de pata de banco, claro, pero ¿qué quieren ustedes que dijera el hombre? No iba a declarar que lo único ilegalizado era la ventaja que ellos obtenían de una violencia tan repudiable como... rentable.

Bien, dejando fuera a quienes aún no se deciden entre la lucha armada y el Parlamento, la mayoría de los ciudadanos de Euskadi es electoralmente constitucionalista. Ahora parece posible conseguir que eso se refleje en la lehendakaritza y el gobierno, tras tres décadas de hegemonía nacionalista... que algunos han llegado a considerar derecho natural y voluntad divina. Y para conseguirlo no queda otro camino que juntar en la sesión de investidura los votos de socialistas, populares y quizá UPyD. No se trata de ningún "frentismo" sino de pura matemática parlamentaria... exactamente igual que lo fue un intento semejante en las elecciones de 2001. Produce cierto melancólico regocijo las contorsiones intelectuales que vemos hacer a tantos chocantes desmemoriados para demostrar que, contra toda evidencia, lo de ahora no tiene nada que ver con aquello. Incluso se nos pretende convencer de que aquel intento de unir a socialistas y populares para conseguir un lehendakari no nacionalista fue una estrategia equivocada, contraproducente y con malos resultados electorales.

Nada más lejos de la verdad. En 2001 la suma de votos constitucionalistas fue la más alta de la historia democrática, cien mil y pico votos por encima de la obtenida en los pasados comicios por las mismas fuerzas. Los nacionalistas ganaron porque desde Batasuna, presente en la oferta electoral, se transfirieron 70.000 votos al PNV para cerrar el paso al constitucionalismo: algo parecido a lo que ha pasado ahora en menor medida con Aralar y que en cualquier caso tuvo el mérito de conseguir que muchos pro-violentos aceptaran por primera vez votar a un partido que condenaba el terrorismo. Y después PNV-EA gobernó gracias al apoyo de Esker Batua (cuyo descalabro ha sido la mejor noticia de estas elecciones) y a préstamos puntuales y mefistofélicos de los proetarras instalados en el Parlamento. En cuanto a los mensajes lanzados en aquella campaña electoral en la que ambos partidos constitucionales tantos recelos mutuos guardaban, poco difieren de lo que ahora hemos oído: desalojar al nacionalismo del poder que patrimonializa, demostrar que nada trágico ocurre si Euskadi es gobernado por no nacionalistas, etcétera. De modo que tiene poco caso asegurar (como Aizpiolea, "Las cosas van a ser distintas en Euskadi"): "Puede decirse que ayer se enterró la política frentista antinacionalista de Mayor-Redondo y la posterior de María San Gil. UPyD queda ahora como residuo de esa época". Gracias, muy honrados. Pero quedan bastantes más "residuos" de entonces, afortunadamente. Por ejemplo, sin Mayor Oreja, Redondo Terreros, María San Gil y, sobre todo, sin los movimientos cívicos que a comienzos de siglo movilizaron a la ciudadanía a favor del Estatuto, la Constitución y contra el nacionalismo obligatorio, Patxi López tendría hoy las mismas posibilidades de llegar a lehendakari que yo de ser nombrado vicario general castrense. Quizá a eso se refiere López cuando menciona el "abismo" que le separa de UPyD: es el que separa recordar de dónde venimos y fingir haberlo olvidado.

No hacer "frentismo" es cosa buena: para eso precisamente sirven la Constitución y el Estatuto apoyado en ella. El socialismo de Patxi López tiene ahora la posibilidad de darle a la España constitucional la oportunidad de la que ha carecido hasta hoy en el País Vasco, gobernado siempre desde el guiño de quienes aprovechaban la legalidad vigente pero no pierde ocasión de proclamar que no se sienten comprometidos con ella. Por supuesto, no se trata de excluir por principio ni a los nacionalistas ni a nadie, salvo a los violentos. Pero sí de erradicar la manipulación partidista de la Ertzaintza o de los medios públicos de comunicación, así como combatir el clientelismo incrustado en la sociedad (más debido a la hegemonía ininterrumpida sin alternancia que a la ideología nacionalista, porque en Andalucía, por ejemplo, existe igual). Una vez disipado el clientelismo y la convicción de que sin poner cara de nacionalista no se llega a nada, ya veremos si hay tanto nacionalismo popular en Euskadi como nos cuentan los mamporreros del régimen. Llega la hora de cambiar de verdad y no de seguir fingiendo que hay que tener cuidado con dónde deja uno el pañuelo...

Fernando Savater es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense.

¿ACASO EL 11M NO SE FIJÓ EN BRUSELAS?

FERNANDO REINARES
11/03/2009
EL PAIS - Madrid.


Los atentados de Madrid no fueron obra de una célula local de inmigrantes magrebíes radicalizados. Hay múltiples evidencias de que detrás hubo una trama 'yihadista' internacional vinculada a Al Qaeda

En Bruselas, sí. No en el barrio de Lavapiés ni en Morata de Tajuña. Fue cuando, casi cinco meses antes de que se produjeran los atentados de 2004 en Madrid, alguien adquirió una tarjeta prepago y facilitó para ello una serie de datos falsos, entre los que figuraba como fecha de nacimiento la del 11 de marzo de 1921.

Es significativo que en la azora 21 del Corán pueda leerse: "Si los infieles conocieran el momento en que no podrán apartar el fuego de sus rostros, ni de sus espaldas...". Además, dicha compra, y por tanto la fijación del 11-M, tuvo lugar el 19 de octubre de 2003. Al día siguiente -ni uno antes, ni uno después- de que un canal qatarí de televisión emitiese un vídeo en el que Osama Bin Laden amenazaba a varios países occidentales, mencionando de manera expresa a España. Una circunstancia asimismo muy reveladora.

Importa aclarar que la aludida tarjeta prepago estaba inserta en el terminal de telefonía móvil encontrado en el dormitorio de la vivienda en que residía -insisto, en Bruselas- Youssef Belhadj, actualmente condenado a 12 años de prisión.

Constato de manera habitual que la inmensa mayoría de los asistentes a conferencias y seminarios en los que se habla del tema desconoce tanto ésas como otras evidencias fundamentales acerca de los terroristas que intervinieron en la planificación y ejecución del 11-M. Quizá por haber estado durante largo tiempo enredados en un debate excéntrico, elucidando si ETA estaba o no implicada en esos trágicos hechos, ha pasado desapercibido lo que los atentados de Madrid indican sobre la configuración del terrorismo global tras los del 11-S en Nueva York y Washington, o sobre la evolución de la amenaza que continuamos afrontando.

Cinco años después, mi impresión es que gran parte de los españoles sigue pensando que lo sucedido aquel infame día en los trenes de cercanías que circulaban hacia la estación de Atocha fue obra de una pequeña célula, constituida de manera espontánea y formada por inmigrantes magrebíes mal adaptados a nuestra sociedad, radicalizados a sí mismos y sin conexiones internacionales de importancia. Pero las cosas no son así.

En primer lugar, entre los implicados en los atentados del 11-M hay varios individuos, como Jamal Zougam y Serhane Ben Abdelmajid Fhaket, El Tunecino, o el huido Said Berraj, que estuvieron integrados en la célula de Al Qaeda establecida en España a inicios de los noventa o mantenían estrechos vínculos con su dirigente, hoy en prisión, Abu Dahdah. Éste quedó al frente de la célula cuando el más notorio de sus fundadores, Abu Musab al Suri, dejó Madrid para trasladarse primero a Londres, donde desarrolló labores doctrinales junto a Abu Qutada, y luego a Afganistán, donde en 1996 era ya miembro del círculo inmediato de Osama Bin Laden.

Esa célula fue sustancialmente desmantelada por la policía en el otoño de 2001, al constatarse su trabazón con la de Hamburgo, la de los suicidas del 11-S, alguno de los cuales estuvo poco antes en nuestro país. Ni aquellos tres individuos ni otros cercanos a ellos encajan en el perfil propio de unos terroristas que constituyen su propia célula local e independiente de manera espontánea, una vez radicalizados a sí mismos.

Al aproximarnos a la identidad de los condenados en sumarios abiertos por los atentados de Madrid se distinguen, en segundo lugar, dos destacados miembros del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), formado hacia 1993 en Peshawar, Pakistán, y afiliado con Al Qaeda. En su campo de adiestramiento de Jalalabad, Afganistán, se enseñaba a utilizar móviles en explosiones simultáneas. A inicios de 2002, esa organización terrorista y otras dos norteafricanas de la misma orientación -como el Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL), alguno de cuyos notables entró en contacto con uno de los terroristas de Madrid- acordaron atentar en los países de donde procedían sus integrantes o en los que residieran.

Los atentados de Casablanca se produjeron en mayo de 2003 y los del 11-M en Madrid, diez meses después. Las redes terroristas de ambos casos se solapan parcialmente. Hassan el Haski, condenado aquí a 14 años, lo ha sido a 10 por lo ocurrido en aquella ciudad marroquí. Ningún miembro del GICM es, por definición, componente de una célula local surgida espontáneamente y carente de conexiones internacionales.

En tercer lugar, envuelto en el 11-M encontramos a un antiguo militante de la Yihad Islámica Egipcia (YIE), que en 2001, siendo su líder Ayman al Zawahiri, el actual lugarteniente de Osama Bin Laden, se fusionó con Al Qaeda. Hablo de Rabei Osman Es Sayed Ahmed, Mohamed el Egipcio, un notorio emprendedor de iniciativas a favor de Al Qaeda y el terrorismo global desde 1999 en Alemania, Francia, Italia, Bélgica y España, donde están acreditados sus ligámenes con algunos de quienes cometieron los atentados de Madrid. Por estos hechos fue condenado en Italia a ocho años de prisión.

Una investigación del Federal Bureau of Investigation (FBI) estadounidense, solicitada por las autoridades italianas, puso de manifiesto que, el 4 de febrero de 2004, es decir, cinco semanas antes del 11-M, El Egipcio activó por primera vez la dirección de correo electrónico que utilizaba normalmente, introduciendo en el formulario de registro un nombre imaginario, con domicilio ficticio y supuestamente nacido el 11 de marzo de 1970. Ocurrió en Milán. No en el barrio de Lavapiés ni en Morata de Tajuña.

Ciertamente, si repasamos el listado de cuantos han sido condenados por los atentados del 11-M o se suicidaron en Leganés el 3 de abril de 2004, hallamos unos cuantos marroquíes, originarios de ciudades como Tánger y Tetuán, inmersos en la delincuencia común y el narcotráfico, liderados por Jamal Ahmidan, El Chino.

Pero fueron expresamente movilizados para participar en los atentados y no constituyeron célula alguna de manera espontánea ni se radicalizaron solos. En cualquier caso, los rasgos comunes a estas personas son relativamente distintivos respecto al conjunto de quienes participaron en los atentados de Madrid y no debe tomarse esta parte por un todo más diverso. A la hora de explicar el amalgamiento de esos individuos caracterizados por su previa trayectoria delictiva con otros inmersos desde hacía mucho tiempo en grupos y organizaciones terroristas afines a Al Qaeda, dentro y fuera del territorio español, es preciso aludir a ligámenes afectivos de amistad, vecindad o parentesco que vinculaban entre sí a no pocos de estos terroristas.

A todo ello debe añadirse que Al Qaeda se hizo responsable de los atentados mediante un comunicado enviado el mismo día por las Brigadas de Abu Hafs al Masri al periódico en lengua árabe que es su destinatario habitual desde hace más de una década, donde fue validado.

Los escondidos en el piso de Leganés siguieron las directrices transmitidas posteriormente con esa rúbrica. Sin olvidar que, según todo indica, los terroristas del 11-M huidos recibieron ayuda no sólo del GICM, sino de Ansar al Islam y el entramado de Al Qaeda en Irak. Alguno de ellos cometió un atentado suicida en este país.

En suma, no parece que los atentados de Madrid fuesen obra de una célula local surgida espontáneamente y formada por un puñado de inmigrantes musulmanes radicalizados a sí mismos. Incluso que el 11-M ocurriese exactamente 911 días después del 9-11 -es decir, el 11-S- resultaría en exceso sofisticado para una camada así. Evidencias como las reseñadas y numerosas otras sugieren una realidad más compleja, que lo es también para una amenaza que persiste.

Fernando Reinares es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador principal de terrorismo internacional en el Real Instituto Elcano. Actualmente prepara un libro sobre el 11-M titulado Operación Trenes de la Muerte.

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DE LAS FARC AL POLO

Foto: www.elpais.com.co
Publicado el miércoles 4 Marzo 2009 en SEMANA.COM

RAFAEL GUARÍN

Imaginemos un momento que Carlos Castaño y Salvatore Mancuso hubieran enviado un mensaje público al Congreso de uno de los partidos de la coalición de gobierno o al Partido Liberal. ¿Cuál sería la reacción si además propusieran un acuerdo para cambiar el “régimen” y dicho partido no rechazara la amable invitación? ¿No sería una modalidad similar al Pacto de Ralito entre paramilitares y un grupo de políticos para “refundar el país”?

Pues fue exactamente eso lo que ocurrió la semana pasada con un mensaje del Secretariado de las Farc al Congreso del Polo Democrático Alternativo PDA. Luego de lanzar el infundio de que la Política de Seguridad Democrática es el obstáculo para la “convivencia”, la organización terrorista le señala a ese partido la necesidad de “acuerdos políticos que abran las puertas a un nuevo régimen con capacidad de cimentar la paz democrática”. En otras palabras, le proponen un “pacto” para derrotar la estrategia de seguridad en las urnas y abrirle paso a un gobierno que comparta los criterios farianos.

A pesar que los senadores Iván Moreno, Luis Carlos Avellaneda y Parmenio Cuéllar descalificaron tajantemente la carta de Alfonso Cano, el Congreso del PDA se abstuvo de pronunciarse. En realidad esas declaraciones sirvieron para ocultar que los delegados al Congreso evitaban abordar la propuesta fariana para no introducir un elemento que ahondara la fracturada unidad.

El secretario del Polo, Carlos Bula, sacó la versión que el tema estaba resuelto. Según él, era una “posición de principios” que no admite duda respecto a que ese partido está en contra del secuestro, el terrorismo y la combinación de todas las formas de lucha. Lo que no dijo Bula, es que para el Polo los soldados y policías no son secuestrados sino prisioneros de guerra, por tanto, que los miembros de la fuerza pública pueden seguir siendo raptados por la guerrilla conforme al derecho internacional, lo que no es otra cosa que la legalización del secuestro.

Se le olvidó también decir que desde el punto de vista del PDA las Farc no son terroristas sino un actor político con el cual se debe negociar y conseguir una “salida pacífica”, lo que implica que rechazar al terrorismo no es rechazar a las Farc. Y omitió reconocer que aunque en la retorica repudian la combinación de las formas de lucha, en la práctica el Partido Comunista Colombiano, que controla gran parte del Polo, defiende la “validez de la lucha armada”.

La razón del silencio institucional ante la carta de Cano es la misma que está detrás de los vientos de división que enmarcaron el Congreso del Polo. Los análisis redujeron la actitud de Lucho Garzón y Gustavo Petro a una derrota en el número de delegados, otros lo registraron como resultado de su afán de contemporizar con el “establecimiento”, pero más que esas razones lo que está en el fondo es la influencia que ejerce cada vez más las Farc en el PDA.

En septiembre pasado Petro dijo: “Hay una campaña soterrada de las Farc por sacar a Petro y a Lucho del Partido. Sería conveniente que todos los militantes del Polo no cayeran en esa trampa”. Nadie dijo nada. El repudio que ambos despiertan en sectores extremistas obedece a que descalifican la acción violenta y se niegan a concederle legitimidad a la guerrilla, mientras que los legitimadores de las Farc los acusan de uribistas, escudándose en los mitos farianos, la teoría de las causas objetivas de la violencia y la existencia de un supuesto “conflicto social y armado”.

Los agentes farianos, camuflados de dirigentes políticos y sociales, se mueven al interior del Polo y del Partido Liberal para ejecutar la estrategia planteada en diversos documentos internos. No hay que esforzarse mucho para saber la filiación política de Fensuagro y de Efraín Mendoza Gamba, “dirigente social” capturado en el campamento guerrillero del ‘Negro Antonio’. Según el Manifiesto de las Farc del 1 de octubre de 2007 el objetivo táctico es la “creación de una alternativa para el cambio, surgida de un Gran Acuerdo Nacional por la Paz” y un gobierno que “tome la decisión de regresar las tropas a sus cuarteles”.

Como lo señaló Petro, en la carta del Secretariado hay una “intención integral de incidir en la política del Polo Democrático”. Ante esa situación lo que se espera es un profundo y contundente rechazo del Partido como tal, no declaraciones aisladas de sus miembros. Si la izquierda no se blinda y deslinda sin ambigüedades del acecho terrorista y se depura de farcpolíticos, nunca llegará al poder. En ese propósito hay que estar del lado de Petro y de Lucho.

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MUERTE DE REYES DEJÓ EN EVIDENCIA VÍNCULOS POLÍTICOS DE LAS FARC

EL UNIVERSAL
Caracas - Venezuela
1 de marzo de 2009


Corre un año de la muerte del segundo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, en un bombardeo en territorio ecuatoriano. Más allá de ese hecho que dividió la historia de la mayor guerrilla de América Latina en un "es posible y no imposible" aniquilarlas, los computadores que se hallaron en el campamento rebelde evidenciaron hasta qué punto gobiernos extranjeros han colaborado con este grupo armado para obtener réditos.

Las evidencias descubiertas en el computador de Reyes mostraron que las FARC buscaban, con ayuda externa, desacreditar al presidente colombiano Álvaro Uribe, armarse y reforzarse, estableciendo nexos con gobiernos como el de Hugo Chávez (Venezuela) y el de Rafael Correa (Ecuador).

Rafael Guarín, experto en materia terrorista y académico de la Universidad del Rosario en Colombia, indica que "aunque debe haber mucho más información, la revelada fue suficiente para visibilizar ante la comunidad internacional la relación FARC-revolución bolivariana y, con ello, hacer más difícil el trabajo que venían desarrollando; lo que no significa que dicha relación se haya terminado".

Pero si Uribe, e incluso la prensa colombiana, guardan silencio con la información de los computadores, es porque el Gobierno está consciente de que Venezuela es fundamental para la economía colombiana.

A pesar de esto, Uribe consiguió lo que deseaba. "El objetivo era evitar que Chávez dispusiera de un grupo irregular en territorio colombiano, asegura Guarín, para construir el bloque regional por el socialismo del siglo XXI".

Y más que eso, los secretos de Reyes "abortaron el reconocimiento de beligerancia a las FARC solicitado por el presidente venezolano y el quiebre de facto de la política de seguridad democrática que ese hecho implicaría", agrega el académico colombiano.

MOVILIZACIÓN CONTRA EL SECUESTRO TUVO EFECTOS

Miércoles 4 Febrero 2009
REVISTA SEMANA

“Las liberaciones unilaterales de secuestrados de comienzos de 2009 son resultado de la movilización nacional contra las Farc del 4 de febrero de 2008”, dijo el senador Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, en el Foro SEMANA realizado este miércoles 4 de febrero para conmemorar el aniversario de “la más grande movilización política de la historia de Colombia”, como la calificó el analista Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia.

Ex secuestrados, líderes políticos y académicos coincidieron en que el 4F marcó la irrupción del poder de la ciudadanía, que “se autoconvocó”, en palabras del dirigente liberal Rafael Pardo, en la lucha del Estado contra las guerrillas. “El día que los colombianos le perdimos el miedo a las Farc”. “El día que comenzó la insurrección de la juventud y del país contra el terrorismo”. “El día que despertó la sociedad”. Sin duda, el 4F se ganó un sólido lugar en la conciencia y el imaginario nacional.

Según el columnista Rafael Guarín, “el 4F cerró la etapa del movimiento ciudadano pacifista, que tenía consignas abstractas contra la guerra y por la paz, y abrió una nueva etapa de movimiento civil anti-terrorista, que se pone claramente del lado del Estado”. A este contenido político se refería Alfredo Rangel. Para la senadora Martha Lucía Ramírez lo que sigue es “pulir el diamante en bruto de una sociedad civil activa para evitar que sus manifestaciones se vuelvan episódicas”.

Aunque se reconoció que el nivel de participación en las marchas ha bajado desde la del 4F, Clara Rojas, ex secuestrada, propuso convocar una marcha para dentro de unos meses, pasada la semana santa. Alejandro Santos, director de revista SEMANA, recordó que más allá del poder de las redes sociales en internet y de los medios de comunicación, lo que explica el 4F fue el momento histórico preciso de la rabia de los colombianos con los engaños de las Farc, especialmente en relación con el niño Emmanuel.

De este modo matizó Santos las interpretaciones más entusiastas de la marcha del 4F, y añadió que la ciudadanía parecía haber dado inicio a una “política líquida”, donde las personas se juntas y se disgregan muy fácilmente. Y que, por otro lado, la cultura política maniquea, que sataniza al adversario, seguía impidiendo acuerdos del gobierno y la oposición contra el terrorismo, como el que había propuesto Rafael Pardo, en sintonía con el impacto de la marcha del 4F.

El Foro, organizado por las fundaciones ‘Un millón de voces’ y ‘Unidad Nacional’, creadas por integrantes del grupo de facebook convocante del 4F, en asocio con revista SEMANA, dejó en claro un consenso general sobre la necesidad de doblegar a las Farc para llevarlas a un proceso de negociación política, con el apoyo activo de la ciudadanía: “Ni es viable el exterminio de las guerrillas ni otro proceso como el Caguán”.

AHMADINEJAD Y AMÉRICA LATINA

Publicado el domingo 08 de febrero del 2009
RAFAEL GUARIN

Madrid -- Mientras la Unión Europea hace unas semanas advirtió a Irán que es ''una amenaza inaceptable'' que adquiera capacidad nuclear militar, en América Latina su presidente es recibido con los brazos abiertos y respaldo a su programa atómico. Mahmud Ahmadinejad ha visitado la zona y con la ayuda de Hugo Chávez convirtió Teherán en un lugar de peregrinación para mandatarios de izquierda. La nueva alianza no es episódica, sino un plan de larga duración con condiciones propicias para ser ejecutado, a pesar de los efectos adversos de la caída de los precios del petróleo.

No obstante que los encuentros del presidente iraní y sus homólogos latinoamericanos concluyen con acuerdos en diversas aéreas, la razón de esos acercamientos es estrictamente política y militar. Chávez lo ilustró al decir en julio de 2006 que ''la revolución bolivariana es hermana de la revolución islámica''. No hay duda de que trabajan en la creación de una coalición sobre supuestos que comparten: la retórica antiimperialista y el sentimiento antinorteamericano. Ahmadinejad y Chávez se las arreglaron para imponer esas coincidencias sobre los antagonismos de la izquierda y del conservadurismo islámico. ¿Qué coherencia tiene un proyecto político de impíos imbuidos de marxismo y un estado que pretende sustentarse en el Corán? En todo caso, lo que en principio se observó como una extravagancia ''bolivariana'' es hoy punto central en la agenda.

Ambos presidentes emplean sus recursos de poder nacional para expandir su influencia y discurso ''revolucionario''. En enero de 2007 acordaron en Caracas crear un fondo de 2,000 millones de dólares para financiar iniciativas que cobijarían otros países latinoamericanos y africanos. Esta sumatoria de voluntades se profundizará y será de largo aliento con la eventual reelección que a cualquier costo busca Chávez.

Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua asumen con igual sentido estratégico que Venezuela el mismo compromiso, finalmente, hacen parte del ''bloque regional de poder'' que lidera Chávez. Rafael Correa regresó a Quito en diciembre pasado después de cinco días en Irán y de dialogar sobre compra de equipos de comunicación, aviones no tripulados, radares y misiles, no sin antes respaldar el programa nuclear que tanta inquietud genera en la Casa Blanca y en Bruselas. Según Correa ''la estrecha colaboración y cooperación entre Irán y Ecuador es irreversible''. En este caso, la nueva Constitución abre el camino para que Correa extienda su mandato y consolidé el lazo con Irán.

Igual periplo cumplió Evo Morales en septiembre. Un año antes Ahmadinejad estuvo en Bolivia y se comprometió con un ''plan de cooperación industrial'' por valor de 1,000 millones de dólares, esta vez el presidente boliviano resaltó que se trata de ''dos países revolucionarios y amigos''. Y fue más allá: ''los esfuerzos de Irán por proveer soporte económico y político ayudarían a la clase trabajadora de América Latina''. La reciente aprobación de la Constitución impulsada por Evo y el comienzo de la transformación de Bolivia en dirección al ''socialismo del siglo XXI'' augura que la relación con Irán se fortalecerá.

Daniel Ortega ha repetido a su manera el discurso de Chávez: las ''revoluciones de Irán y Nicaragua son casi gemelas'' y Cuba le ha ratificado a Irán su oposición a lo que califica como ''presiones y chantajes'' contra el pueblo iraní. Pero Ahmadinejad no se detiene. El 1 de noviembre recibió al canciller brasileño Celso Amorin como primer paso para estrechar vínculos con el gobierno de Lula Da Silva.

Es un error creer que para Irán sólo se trata de romper el aislamiento o para Chávez y sus amigos de mostrar los dientes a Washington. No. Todo esto demuestra la voluntad de construir un bloque antinorteamericano capaz de enfrentar también a Europa. Para el proyecto chavista la UE es también imperialista y para el fundamentalismo islamista no es muy diferente del Satán que ven en EEUU.

La Casa Blanca y los gobiernos democráticos de la región deben darse cuenta de esa realidad geopolítica. Obama quiere un renovado entendimiento con el mundo islámico, pero eso no es suficiente. Es indispensable que supere la indiferencia de su antecesor respecto a los vecinos del sur, que sea capaz de reconocer sus aliados y potenciar las relaciones con los gobiernos que coinciden en la defensa de la democracia liberal. La Unión Europea debe también tener una actitud activa frente a lo que amenaza sus intereses económicos en el hemisferio. La equivocación histórica sería dejar que Chávez goce de una década más de pasividad y que Ahmadinejad, con su apoyo a organizaciones terroristas de Medio Oriente y sus ambiciones nucleares, se convierta en un factor de decisión política en América Latina.

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RECOMENDADO: EL CUENTICO DE LA PAZ

PLINIO APULEYO MENDOZA

A un perro, según el dicho popular, no lo capan dos veces. Pero mucho me temo que esa desventura sí le pueda ocurrir a Colombia por cuenta de las seráficas ilusiones de paz que han vuelto a girar en torno al turbante de Piedad Córdoba y a la reciente entrega de secuestrados.

Semejante fábula tiene como sustento la idea equivocada de que las Farc, duramente golpeadas en el último año y ante la inminencia de una total derrota, no tienen más camino que el diálogo. La verdad, sin embargo, es otra. El diálogo que proponen sus eternos compañeros de ruta y los incorregibles ilusos que abundan en nuestro entorno mediático es, por lo pronto, una coartada de 'Alfonso Cano' para recobrar fuerzas, abastecerse, evadir cercos militares y tal vez disponer de un santuario semejante al del Caguán para proseguir su guerra en condiciones más favorables. Jamás ha pensado en desmovilizarse y abandonar su llamado proyecto revolucionario.

Eso en lo inmediato. En una perspectiva más amplia, 'Cano' busca poner en marcha una estrategia política, muy oportuna en tiempos electorales, encaminada a sustituir la mano dura de Uribe por un sucesor que muerda el anzuelo de otro proceso de paz.

¿Qué hilos mueve esa estrategia? Muchos. El más importante de todos es la guerra jurídica. Con ella se busca, por intermedio de agentes o amigos de las Farc infiltrados en la Fiscalía, la Procuraduría y las altas Cortes, abrir procesos contra civiles y militares sin más soportes que endebles y manipulados testimonios, dictar medidas de aseguramiento y dejar, de esta manera, suspendida sobre oficiales de las Fuerzas Armadas la amenaza de una inculpación, si es que deciden adelantar operaciones frontales contra la guerrilla.

El otro hilo, aún más sutil, es el llamado por 'Cano' trabajo de masas, que consiste en movilizar juntas de acción comunal, marchas indígenas y campesinas, paros sindicales, paros judiciales y movimientos de protesta en las universidades, con el fin de crear un clima de agitación y desorden capaz de debilitar al Estado.

Por último, en busca de favorecer alternativas de diálogo opuestas a la política de seguridad democrática, las Farc manejan de manera simultánea dos formas de acción aparentemente opuestas: el terrorismo (bombas en centros urbanos) y supuestos gestos humanitarios con la entrega de secuestrados. Es el viejo truco del garrote y la zanahoria para obtener que una población atemorizada dé una respuesta favorable a lo que engañosamente denominan acuerdo humanitario o conversaciones de paz.

En este contexto, una izquierda, que abarca desde los mamertos de toda la vida hasta aquellos intelectuales que la lucen como una elegante flor en el ojal, sin olvidar a los periodistas internacionales amigos del terrorismo y los infortunados que salen del cautiverio con síndrome de Estocolmo, acaba por ver a Uribe como un Presidente empecinado en la guerra y opuesto a toda tentativa de negociación. Esa engañosa visión la extienden hábilmente los agentes políticos de las Farc a las cancillerías, centros académicos y medios de comunicación de Europa y aun de Estados Unidos.

Quienes vemos con lucidez este nuevo ardid vamos a ser calificados, por supuesto, como derechistas, militaristas y enemigos de la concordia.

El "buenismo" -como se le llama en España- es una enfermedad recurrente de quienes consideran el terrorismo como un desvarío corregible y no como una alienación ideológica que no admite treguas ni apaciguamientos. Por influencia del "buenismo", enquistado en el PSOE, el gobierno español intentó en cierto momento un diálogo con Eta y acabó por comprender su error. ¿Nos ocurrirá lo mismo? ¿Volveremos al cuento de hadas del Caguán? Esperemos que no. Como sea, necesitamos vacunarnos contra ese mal endémico, tan propagado a veces en Colombia, que es simplemente la tontería.

Plinio Apuleyo Mendoza

EL PECADO DE RIVERA

Foto de la Revista Cambio www.cambio.com.co

Las directivas del Partido Liberal y “sesudos analistas” están tremendamente indignados por las reuniones de Rodrigo Rivera con el presidente Álvaro Uribe. Creen que por ser miembro del liberalismo no tiene derecho a hablar con el gobierno de temas económicos y de seguridad y que su papel debe estar al lado de su partido y enfrentando a como dé lugar a Uribe. Lo que ha hecho, piensan, merece la condena absoluta y por lo menos el repudio de los liberales.

El verdadero pecado de Rivera es colocar por encima de sus propias aspiraciones una decisión que definirá el futuro de Colombia. O repetimos el péndulo de la seguridad y la retorica de la paz, adoptado por la ineptitud de anteriores gobernantes y por la habilidad de las Farc, o mantenemos una política de firmeza que doblegue su voluntad de lucha y la lleve a un proceso de desarme, desmovilización y reintegración. La guerrilla lo ha dicho varias veces: quiere un gobierno que conduzca al “Socialismo del Siglo XXI” y “proscriba” la Política de Seguridad Democrática. Una determinación sensata es dejar abiertas todas las posibilidades para que ambos propósitos no se cumplan. Eso es lo que le reprochan a Rivera.

No es oportunismo político. Rivera tiene prácticamente asegurada la victoria en la consulta Liberal para escoger candidato presidencial. Pero el problema no es ese. Es de mucho mayor calado que las pequeñas maniobras a las cuales está dedicada la cúpula liberal. Hay que garantizar que la Política de Seguridad Democrática se convierta en una política de Estado y que la utilización de la falacia de nuevos diálogos de paz no haga de las elecciones de 2010 su punto de quiebre. El Partido Liberal no lo entiende. Es incapaz de ver su propia circunstancia, debatiéndose en medio de apologistas del terrorismo tipo Piedad Córdoba o de quienes eligieron a Uribe y después se hicieron sus enemigos políticos, el caso de Rafael Pardo.

Para Pardo su competidor es “muy inconsecuente”, olvidando que en el último congreso Liberal fue precisamente Rivera quien pidió respaldar la Política de Seguridad Democrática, al igual que lo hizo en la consulta liberal de 2006. Lo curioso es que Pardo, siendo un hombre preparado y competente, no es precisamente el mejor ejemplo de consistencia liberal. Fue uno de los principales líderes que eligió en 1998 a Andrés Pastrana en contra de Horacio Serpa. Luego fundó Cambio Radical, más adelante fungió de uribista, ofició de lugarteniente en su campaña presidencial y fue senador ponente de la reelección de Uribe. Al final pidió pista de aterrizaje en el Partido Liberal y ahora posa del más ortodoxo. Cuando Pardo respaldaba al gobierno que le entregó el Cagúan a las Farc, Rivera hacía en 1999 el primer debate parlamentario denunciando las atrocidades de la guerrilla en la zona de distensión.

Es la misma inconsistencia que demuestran cuando proponen una consulta entre partidos para escoger un solo candidato de oposición. Además del antiuribismo cerrero, ¿qué de común tiene el Liberalismo con el Polo Democrático o con el Partido Comunista? ¿Cómo pretenden meter en un mismo saco a Vargas Lleras y a Lucho Garzón? Es evidente que lo que menos hay en esas propuestas son convicciones.

Pero de todo esto lo más sorprendente es que mientras se persigue y recrimina a Rivera se admite la relación de Piedad Córdoba con el cartel de las Farc. La decisión del Fiscal General, Mario Iguarán, de enviar pruebas a la Corte Suprema de Justicia para que la investiguen por presuntos vínculos con esa organización terrorista no hecho pestañear a César Gaviria. En abril de 1995, cuando Piedad integraba la DLN, el fiscal Valdivieso hizo exactamente lo mismo que Iguarán respecto a los congresistas vinculados con el cartel de Cali. La respuesta fue cuestión de horas. Al día siguiente estaban suspendidos del Partido Liberal. En este caso no. Para Gaviria, Pardo y otros liderazgos menores es más cuestionable pretender que la Política de Seguridad Democrática sea una política de Estado que ser estafeta de las Farc.

Por otro lado, el liberalismo no es la DLN, tampoco los congresistas, mucho menos lo que queda de diputados, concejales, alcaldes y el reducido número de gobernadores. Esa es la destartalada estructura de la cual desconfían los ciudadanos. El Liberalismo está por fuera de esa máquina electoral. Si el ex presidente Gaviria reflexionara sobre las encuestas que la propia DLN contrata, se percataría que en 2005 era ya evidente que cerca del 60 por ciento de los ciudadanos que decían pertenecer al Partido Liberal respaldaban a Uribe. Esa cifra diez días antes de las elecciones presidenciales del año siguiente era de 70 por ciento. Eso no ha cambiado, entre otras cosas porque a Uribe lo identifican como liberal y están satisfechos con su gestión.

¿En esas condiciones para qué estar en el Partido Liberal? La mejor decisión que puede tomar Rivera es no ceder ante las presiones y chantajes, profundizar contra viento y marea su cruzada por la sostenibilidad de la Seguridad Democrática y dejar que el partido siga su curso, el cual puede incluir que Piedad Córdoba derrote a Rafael Pardo en la Consulta Popular. Al fin y al cabo, la inmensa mayoría de los liberales y el conjunto de la sociedad están por fuera del aparato partidista.

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