DETRÁS DE LOS APRIETOS DE URIBE

Publicado el 11 de mayo de 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Casa de Nariño - Bogotá D. C.

RAFAEL GUARIN

Cuando faltan más de tres años del segundo período del gobierno de Alvaro Uribe, el ''desaire'' de Al Gore y los reclamos de congresistas demócratas durante su visita a Washington dejan claro que las cosas ya no serán como antes.

La penetración del paramilitarismo y el narcotráfico en las instituciones lesiona gravemente una relación calificada por ambos países como estratégica. No hay que olvidar que Colombia ha sido el principal aliado en América Latina de la administración Bush y punto de contención de la ''revolución'' chavista. Tampoco que los exitosos resultados en materia de seguridad se deben principalmente a la modernización de la fuerza pública, imposible sin el concurso estadounidense. Los acontecimientos recientes y el innegable ambiente propicio a las aspiraciones demócratas de reconquistar la Casa Blanca ponen esa alianza en entredicho.

Las acusaciones de confabulación de narcoparamilitares con oficiales del ejército, la coalición de gobierno y el propio Uribe no son nuevas. En el caso del presidente, aun antes de ser gobernador de Antioquía (1994) y durante su campaña en 2002 se le adjudicaron muchas de las críticas que se reciclan hoy, lo que no impidió el masivo respaldo en las urnas. Siguiendo El nuevo príncipe de Dick Morris, probablemente esto contribuye a que su liderazgo no se resienta en medio del escándalo y aumente 10 puntos en las encuestas, hasta llegar a 75% de favorabilidad.

Esa aparente inmunidad convierte los escenarios foráneos en el campo para los ataques de la oposición democrática y la guerra política de las guerrillas. Sin pretender sugerir complicidades, en ello coinciden, consciente e inconscientemente, unos y otros.

Desde el Polo Democrático y sectores populistas del Partido Liberal se considera que destruir la seguridad democrática es indispensable para sus tesis de apaciguamiento y abrir las puertas a lo que con las FARC denominan la ''solución política al conflicto social y armado''. Su cálculo les puede dar réditos en el corto y mediano plazo, pero a la larga, si obtuvieran su propósito, las consecuencias serían nefastas en el combate a los grupos armados ilegales.

Por su parte, para las FARC se trata de avanzar en el quiebre de la política de seguridad abonando un paulatino desmonte del Plan Colombia, a través de una lenta y persistente campaña que combina acciones políticas, propaganda y satanizaciones. En ese sentido, se mina la cooperación militar aprovechando hábilmente las contradicciones de republicanos y demócratas. En el fondo, hay un presupuesto similar al que anima a los terroristas en Irak, conseguir por la vía política lo que son incapaces en el terreno militar.

Esto permite comprender mejor el alcance de la campaña de desprestigio y la aparición de nuevas ONGs que replican en inglés el discurso subversivo. Todo hace parte de una estrategia que busca apalancarse en el exterior para obtener un viraje en la opinión ciudadana y en la actitud norteamericana, con la ambición de beneficiarse en el futuro cambio de ambos gobiernos o ganar el pulso militar.

De igual manera la parapolítica alcanza el TLC. La hipotética negativa del Congreso pulverizaría el carácter especial dado al vínculo que une a Washington y Bogotá. Pero puede ser peor. No es descartable que los demócratas quieran salvaguardar los lazos con Colombia, pero no con Uribe. En otras palabras, que se apruebe el TLC con la aclaración que no representa un respaldo al presidente. Su impacto sería muy negativo en un gobierno que metió todos los huevos en una sola canasta, dejó en plano secundario al resto del mundo y alineó su política exterior con la guerra contra el terrorismo.

Sin duda un deterioro de las relaciones arrojará un ganador, las FARC, y como lo señaló la analista Laura Gil, la posible reorganización de grupos paramilitares. Aún se puede evitar, si los demócratas entienden que su válida exigencia de justicia debe acompañarse de individualizar responsabilidades y no de medidas que afectaran indiscriminadamente a los colombianos. También, insistimos, si las bases de la política de seguridad democrática se despersonalizan y convierten en una política de Estado. En esto el Partido Liberal podría tomar la iniciativa.

Por lo pronto, lo que parece evidente es que si alguien pensó en algún momento en extender el gobierno Uribe hasta 2019, como lo sugirió Belisario Betancur, los demócratas ya hicieron saber su oposición.

PACTOS CON NARCOS

Published on Tue, april 18, 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Hernando Gómez - alias "Rasguño" - "decidí explorar el camino de la justicia norteamericana, pues ese sistema contempla la posibilidad legal de llegar a un sometimiento con acuerdo previo"

Foto www.semana.com - Febrer0 7 de 2007

RAFAEL GUARIN

Mientras Colombia libra una guerra contra las drogas, en que guerrillas y paramilitares se convirtieron en empresas dedicadas a la cocaína y heroína, en Estados Unidos el Departamento de Justicia implementa un programa de ''Resocialización de Narcotraficantes'' que fomenta la impunidad.

Desde el gobierno de Bill Clinton se decidió promover arreglos directos con los narcos. El libro Pacto en la sombra, de Jorge Lesmes y Edgar Téllez, relata dicha iniciativa que hasta ahora, supuestamente, estaba en secreto aun para las administraciones de Samper, Pastrana y Uribe.

Tales acuerdos, suscritos con más de 300 narcotraficantes, son posibles sobre la base de confesar delitos, desmantelar rutas de tráfico y entregar millones de dólares. A cambio los mafiosos obtienen libertad inmediata o una corta reclusión, visa múltiple que incluye la familia, legalizan su situación y mantienen parte de la inmensa riqueza, sin obligarse a delatar a sus cómplices. En síntesis, se les premia con impunidad y acceso al sueño americano.

Una fórmula similar se extiende a las multinacionales que patrocinaron el paramilitarismo. La multa de $25 millones fijada a Chiquita Brands es el típico ejemplo de cómo por esta vía quedan sin sanción conductas delictivas.

No es posible que los colombianos paguen el combate a las drogas con miles de muertos y desplazados, mientras muchos de los que comercializaron la cocaína de las FARC y de los paramilitares disfrutan de las playas y la vida nocturna de Miami. Son los mismos que participaron en la organización de bandas de sicarios y de ejércitos privados, autores de masacres, reclutamiento de niños, expansión de la corrupción y captura de las instituciones democráticas.

Estos hechos reflejan un inaceptable doble rasero de la política antidroga. Las medidas que se imponen a las naciones productoras son desvirtuadas por las negociaciones ocultas con las cortes federales estadounidenses. El resultado es petardear los esfuerzos de los demás países que enfrentan el comercio ilícito.

Según la ONU, durante el año 2005 más de las dos terceras partes de la oferta de cocaína provenía de Colombia y su cultivo aumentó en 8% respecto a 2004. Una de las explicaciones a esas cifras y a la tendencia descendente de los precios de la misma, a partir de 2002, puede estar en los perversos incentivos derivados de la política de ``resocialización''.

Los ''pactos'' fomentan indirectamente el tráfico de estupefacientes y generan un nuevo cálculo de costo-beneficio. Resulta rentable dedicarse al narcotráfico si se tiene certeza que todo se resuelve con una generosa suma de dinero. También la capacidad disuasoria de la extradición se reduce, pues ésta comienza a percibirse como un camino para conseguir ''perdón y olvido'' en Estados Unidos. Aunque se saca del escenario a un narcotraficante, se motiva a decenas para ocupar su lugar.

Por otro lado, la estrategia pareciera dar razón a quienes afirman que el problema de las drogas es meramente económico y no de salud pública. Da la impresión de que recuperar los millones de dólares que salen de las fronteras es más prioritario que erradicar el fenómeno. Hace dos décadas el cartel de Medellín ofreció pagar la deuda externa a cambio de análogos beneficios. El gobierno Betancur acertadamente se negó. ¿Qué pasaría si Colombia pretendiera adoptar esa política? ¿Al fin y al cabo, los millones de dólares entregados por los mafiosos no resultan de crímenes cometidos en Colombia? Si los Rodríguez Orejuela acordaron desembolsar bienes por 2,100 millones de dólares, ¿cuánto sumará lo pagado por los más de 300 narcos?

La pasividad de los funcionarios del gobierno, del propio presidente Alvaro Uribe y de la oposición es vergonzosa. Nadie ha dicho una sola palabra sobre una situación claramente negativa para el país. Hay que exigir a la administración Bush colocar las cartas sobre la mesa y que se adopte conjuntamente una sola política criminal en esta materia. La disparidad actual es el mejor aliado de la delincuencia.

Del mismo modo, es obvio que después de medio millar de extradiciones Colombia tiene derecho a pedir el retorno de los criminales con cuentas pendientes. De lo contrario, el lema de los narcos en los años ochenta, ''preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos'', deberá cambiarse por ``preferimos una visa norteamericana que una cárcel en Colombia''.

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LOS RIESGOS DEL PLAN COLOMBIA

Published on Tue, april 5, 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:USCapitol.jpg

RAFAEL GUARIN

Los acontecimientos recientes demuestran que en el exterior el gobierno de Alvaro Uribe es vulnerable. Las revelaciones de vínculos de narcoparamilitares con políticos, mayoritariamente de la coalición gubernamental y algunos de la oposición, amenazan la ''política de seguridad democrática'' y enrarecen el ambiente, ad portas de la decisión del Congreso de Estados Unidos referente a la continuidad del Plan Colombia.

Nada generaría incertidumbre en su trámite si no fuera por las voces que comienzan a surgir con insistencia en los círculos políticos de Washington, relacionadas con la penetración paramilitar y la curiosa escalada de noticias de los últimos quince días, muy oportuna para los detractores del Plan. Veamos.

A pesar de la ratificación de confianza en Uribe, no deja de existir inquietud por la declaración del embajador saliente William Woods, en la que indica que si el ex director de la agencia de seguridad colombiana ``es culpable, ese sí es un problema''.

Por otro lado, la semana anterior comenzó con un informe no oficial filtrado por la CIA en la que se acusa al comandante del ejército, general Mario Montoya, de coordinar en 2002, bajo el actual gobierno, una operación militar en Medellín con las autodefensas al mando del narcotraficante alias Don Berna.

La lluvia de escándalos no para ahí. Hace unos días el ex embajador Myles Frechette recordó advertir sin éxito, al gobierno de Ernesto Samper y a la cúpula militar, el peligro que las cooperativas de seguridad CONVIVIR degeneraran en paramilitarismo y narcotráfico. Lo que desgraciadamente en ciertos casos ocurrió.

Independientemente de su veracidad, no cabe duda de que estos acontecimientos producen preocupación sobre el destino de los impuestos pagados por los ciudadanos estadounidenses. Sería tremendo comprobar que se han empleado ocasionalmente para acciones concertadas de la fuerza pública, los paramilitares y el narcotráfico; igual de grave resultaría que el Congreso actuara con precipitación y asumiera decisiones basadas en confundir con una política de Estado, la responsabilidad individual de criminales que se ocultan tras uniformes de las fuerzas armadas.

Los resultados del Plan Colombia son innegables. Hace cerca de una década se llegó a señalar que las FARC ganarían la guerra en 5 años y la Corporación RAND anunció un posible fraccionamiento territorial. La afirmación no parecía exagerada, si se tiene en cuenta que ese grupo propinó humillantes golpes al ejército y a la policía, expulsó a la fuerza pública de cerca de 200 municipios y controló amplias zonas del país.

La iniciativa de Clinton y Pastrana, complementada con la ''política de seguridad democrática'', puso freno a la más grande y exitosa ofensiva de las FARC, modificó radicalmente el escenario estratégico y fortaleció el poder coercitivo del Estado. En la medida que su componente militar, el Plan Patriota, avanzó en territorios de viejo dominio subversivo, la guerrilla se vio obligada a replegarse en regiones selváticas y a asumir las fronteras como refugio.

Gracias al Plan Colombia se crearon las condiciones para desmovilizar, según informes oficiales, a más de 30,000 miembros de las AUC y de 10,000 guerrilleros, iniciar diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y elevar substancialmente los niveles de seguridad en las ciudades y el campo.

Ante las críticas es válido preguntarse: ¿qué hubiera pasado en Colombia sin la cooperación norteamericana? ¿Las FARC hubiera conquistado el poder por las armas? ¿Enfrentaríamos una verdadera guerra civil? ¿Se habría disuelto el Estado?

De ninguna forma es admisible siquiera pensar que la asistencia militar pueda clandestinamente servir a organizaciones terroristas, pero la respuesta inteligente no debe ser reducir la ayuda o eliminarla. Lo procedente es elevar los niveles de exigencia al gobierno colombiano y a sus fuerzas militares en materia de respeto a los derechos humanos y vigencia del estado de derecho.

Demócratas y republicanos deben exigir transparencia y justicia frente a la complicidad política con grupos paramilitares y guerrilleros, profundizar la acción conjunta contra tales organizaciones y complementar la actual versión del Plan Colombia con ambiciosos programas de desarrollo económico y social. La opción de desmontarlo sería un injusto castigo para el país, aliciente para el terrorismo y un golpe a la política de seguridad. Sus consecuencias contribuirían a consolidar el narcotráfico y las bandas armadas emergentes. Por su parte, las FARC y el ELN dirían haber derrotado el mayor esfuerzo estatal en cuarenta años.

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EEUU:¿MÁS CERCA O MÁS LEJOS?

Published on Tue, march 16, 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

RAFAEL GUARIN

Si fuera por las imágenes de televisión que registraron la gira del presidente George W. Bush, cualquiera diría que América Latina es chavista. Los brotes de violencia, los actos de vandalismo y las manifestaciones de rechazo ocuparon más a los medios de comunicación que los resultados de las entrevistas entre los mandatarios.

Aunque protagonizadas por pequeños grupos, las protestas reflejan el intenso odio de sectores de la población contra Estados Unidos. Tal aversión puede tener condiciones propicias para generalizarse pues avanza con los planes de expansión de la izquierda más radical. Eso explica que políticos busquen ganancias electorales con la incineración de la bandera estadounidense, hagan de la hostilidad su lenguaje cotidiano y no duden en explotar las frustraciones colectivas.

El populismo sabe que es muy fácil endilgar a otros la culpa de los males propios y lo hace hasta la saciedad. Por eso Chávez hábilmente se coló en el periplo de Bush para compartir escenario y transmitir su tradicional mensaje antiimperialista. A pesar de que acusa a los medios de comunicación de ser la punta de lanza del ''imperio'' ha convertido a las grandes cadenas de televisión del ''capitalismo salvaje'' en su mejor aliado en la promoción del resentimiento.

La comparación entre ambos, hecha por los medios, le otorga al presidente venezolano un protagonismo desmedido. Nada más rentable que lo posicionen al mismo nivel de Bush y aprovechar el desgate de su imagen dentro y fuera de su país. El efecto es la percepción de que el teniente coronel es una alternativa para la región y que los gobiernos se dividen entre amigos y enemigos de Estados Unidos.

Pero la visita evidenció lo contrario. Lula hizo de Brasil el aliado más importante y estratégico en Suramérica y Tabaré demostró que los intereses nacionales de Uruguay están por encima de sus vecinos. Con realismo los gobiernos de izquierda reconocieron que el país del norte es un socio de inestimable valor y que el comercio no tiene signo ideológico, al tiempo que dejaron claro a los bolivarianos que no creen en su revolución.

Del mismo modo, quedó patente que el avance de la izquierda y de la unidad latinoamericana es más retórico que real. No obstante que el chavismo no es la izquierda, su extremismo impide construir una alternativa de ese corte en el continente, al igual que el proceso de integración. En esos dos casos, el odio a Norteamérica es el error.

Ahora bien, la animosidad tampoco es gratuita. Durante los seis años de la administración Bush la guerra contra el terrorismo en el Medio Oriente dejó de lado el hemisferio. Ni siquiera en la campaña de reelección tuvo un papel importante. Esa circunstancia, su debilidad interna y los cuestionables resultados de las políticas de ajuste promovidas por el Consenso de Washington e impuestas desde los años noventa por el Banco Mundial y el FMI favorecen el clima adverso.

No hay duda de que la resonancia del discurso chavista obedece a una que otra verdad a medias. Difícilmente se puede controvertir la inexistencia de un compromiso serio con la eliminación de la pobreza o desconocer que los pueblos que la sufren son atendidos con exiguos recursos destinados a promover su desarrollo económico y social, cuando lo que se requiere son cambios de fondo en la relación norte-sur.

Lamentablemente, faltaron anuncios en esa dirección. Desactivar el resentimiento y la amenaza del odio exige mirar del Río Bravo a la Patagonia con un nuevo lente. Si no se hace un replanteamiento, los extremistas y demagogos seguirán a toda marcha ganando terreno y reclutarán cada vez más simpatías, hasta terminar por colocar la democracia en riesgo.

Acercarse a América Latina, verla como un aliado estratégico y tejer con sus gobiernos un escenario de cooperación y solidaridad debería ser el reto futuro del Congreso norteamericano y de los candidatos presidenciales. Problemas tan delicados como la construcción del muro en la frontera con México, la ausencia de una política migratoria, el proteccionismo perjudicial a los países en vía de desarrollo, la miseria y la desigualdad merecen ser aspectos centrales de la agenda política de la Casa Blanca y no excusas para que los azuzadores del odio aumenten su audiencia.

QUE COLOMBIA DESPIERTE

Published on Tue, Feb. 23, 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Gráfica tomada de http://www.33ff.com/flags/banderasmundo/bandera_Colombia.html

RAFAEL GUARIN

Las revelaciones del ex ministro Fernando Botero sobre dineros del Cartel de Cali en la campaña liberal de 1994, las acciones concertadas de algunos militares con las AUC, la orden de detención contra nueve congresistas (el número aumentará) y la citación a indagatoria de dos gobernadores por vínculos con los paramilitares no han sido suficientes para que los colombianos reaccionen.

Los acontecimientos demuestran el grado de penetración de intereses ilícitos en la política. No son circunstancias coyunturales o hechos aislados, sino expresión de un complejo proceso de captura del Estado por parte de la delincuencia, ante la mirada indiferente o la complicidad de gran parte de la clase dirigente y de la sociedad.

El escándalo afecta gravemente al actual Congreso y con la renuncia de la canciller llegó a los corredores de la Casa de Nariño. En un escenario de exacerbada pugnacidad, algunos proponen el cierre del legislativo, otros la adopción de una ley de punto final o una reforma política. Todas propuestas en las que los ciudadanos no cuentan.

Los ofrecimientos de cerrar el Congreso suelen ser populares. Aun así, esa vía pisotea la Constitución y agravaría la crisis, pues, como es característico de los sistemas presidenciales, en Colombia no existe la disolución del parlamento o el anticipo de elecciones.

Además, la cuestión no se resuelve precipitando la escogencia de un nuevo Congreso o aplazando las votaciones locales. Eso no corregirá nada sin la previa y rigurosa aplicación de la justicia y el desmonte de las estructuras políticas sustentadas en el crimen. Mientras perdure el ascendiente de narcotraficantes, paramilitares, guerrillas y corrupción, las elecciones serán inevitablemente contaminadas por hilos siniestros. Los resultados de esa propuesta generarán frustración: otras figuras aparecerán con fuerzas ocultas en la trastienda.

La segunda ruta, la ley de punto final, tranquiliza a sectores políticos y económicos involucrados, pero es sinónimo de impunidad. Deniega justicia y desconoce los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Las leyes de perdón y olvido del Cono Sur no son garantía para nadie. La experiencia enseña que contribuyen a generar sosiego transitorio sin otorgar seguridad jurídica y burlan el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Una decisión en ese sentido no impide a la postre sentencias judiciales de tribunales nacionales y foráneos por delitos imprescriptibles como los de lesa humanidad. Como si fuera poco, deja heridas abiertas, promueve la fragmentación de la sociedad y da eco al pretendido discurso político de fachada de las antiguas guerrillas, hoy convertidas en multinacionales de la droga.

Por otro lado, es equivocado pensar que es suficiente modificar la Constitución e ingenuo creer que el actual Congreso facilitará reformas de fondo. Aunque es apremiante revisar las reglas de juego, es más lo que se debe reclamar de la conducta de los políticos que de las instituciones mismas.

Las alternativas mencionadas parecen destinadas a enredar y distraer. Los esfuerzos deben apuntar a derribar las telarañas tejidas por los poderes de facto, para lo cual es indispensable que los ciudadanos rodeen a la Corte Suprema de Justicia y coloquen una lupa a la Fiscalía General de la Nación. Ese organismo tiene la obligación de investigar hasta la saciedad los aparatos electorales de los congresistas presos. Los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales militantes de esas organizaciones políticas tienen mucho que decir sobre las relaciones de sus jefes y las propias con los paramilitares. También las directivas de los partidos que los candidatizaron deben esclarecer su responsabilidad.

Pero lo más importante es no esperar a que el protagonismo provenga de los políticos. Es a los ciudadanos a quienes corresponde reaccionar, movilizarse y exorcizar los males colectivos. Se necesita un movimiento de resistencia civil frente a la impunidad y el delito, capaz de reconstruir una cultura que delimite la frontera entre la decencia y la ilegalidad.

Negarse a reconocer que el fondo del problema es la pasividad de la sociedad, su conciencia dormida y la indiferencia o complacencia con la fechoría, nos llevará un día a elegir en las urnas a Mancuso o a Jojoy. Para evitarlo Colombia debe despertar, apoyar la aplicación severa de la ley a los parapolíticos y, con idéntica firmeza, a los políticos relacionados con las guerrillas.

BENEFICIARIOS DEL TERROR

Published on Tue, Feb. 09, 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Congreso de Colombia - Foto tomada de www.semana.com

RAFAEL GUARIN


Hasta ahora las investigaciones judiciales contra más de una decena de parlamentarios por relaciones con las autodefensas y el relato de Salvatore Mancuso sobre connivencia con militares, son las primeras verdades históricas producidas con la aplicación de la ley de justicia y paz. Las revelaciones comprueban la simpatía de la extrema derecha con el paramilitarismo y describen el respaldo de parte de la elite nacional y regional a la violencia.

En el marco de la ''combinación de todas las formas de lucha'', vínculos similares se dieron entre políticos y dirigentes de izquierda con grupos subversivos. En ésta se inscriben los eventos electorales como ''lucha de masas'' (Cese el Fuego - Jacobo Arenas), los esfuerzos por capturar instancias estatales e incidir en la elección de políticos adeptos. También el montaje de aparatos propagandísticos y la utilización de movimientos sociales.

Esto lo corroboran miembros de la izquierda democrática. Recientemente, León Valencia, analista y exguerrillero, señaló que ''en los años ochenta, la mayoría de la izquierda compartía los postulados de la guerrilla, hacía reuniones con ella, concertaba acciones sociales y políticas con su dirigencia, celebraba sus victorias militares en la confrontación con el Estado y no reparaba en los atropellos que en muchas ocasiones se cometían contra la población civil''. Y en uno de sus libros el académico de izquierda, Alejo Vargas, indicó que en años precedentes ''las relaciones de la guerrilla con los movimientos sociales'' se caracterizaron por ``la interdependencia''.

Esa sutil treta entre lo legal y lo ilegal se mantiene. Según las FARC, algunas de las multitudinarias marchas de protesta durante el gobierno de Pastrana tienen su rúbrica. Pero más interesante es que en mayo del 2006 el grupo armado confesara tener trabajando a ''personalidades'' en la conformación de un nuevo gobierno clandestino, ``integrado por 12 colombianos representantes de todas las regiones del país y de todos los sectores''.

Fue la época en que las FARC y el ELN convocaron a las fuerzas políticas contrarias a Alvaro Uribe a hacer un frente común. Ningún político de la oposición condenó el origen de la propuesta. El mismo silencio se presentó en noviembre pasado cuando las FARC calificaron de ''compañeros'' a los miembros de la dirección nacional del Polo Democrático Alternativo, dieron explicaciones sobre muertes ocurridas en Norte de Santander e hicieron saber su voluntad de reunirse con delegados de esa organización política para aclarar cualquier situación.

Aunque no se puede generalizar, ni señalar un partido político en particular, los ataques a la población civil de farianos y elenos, las masacres, secuestros, el reclutamiento de niños, el asesinato de policías y soldados, los atentados terroristas, el narcotráfico y el desplazamiento forzado, han contado con la complicidad de algunos políticos y personalidades de izquierda.

A menos de que se piense que por ser individuos camuflados en la izquierda democrática tales relaciones no son criminales, o que obedecen a propósitos altruistas, caben muchos interrogantes: ¿Quiénes son las personalidades amigas de las FARC y los 12 que hacen parte del pretendido gobierno clandestino? ¿Qué hubiera pasado si explicaciones semejantes fueran otorgadas por las AUC a los partidos tradicionales? ¿Por qué el Polo no rechaza el amistoso trato de las FARC? ¿O es que en realidad hay algún ''compañero'' en su dirección?

Se dice que exigir la verdad sobre las relaciones entre políticos y guerrillas es caer en el juego de extender la culpabilidad a todos, para concluir que cuando todos son culpables nadie es culpable. Parece que ese argumento replica hábilmente la maniobra que critica para evadir responsabilidades o tapar que en los partidos de oposición hay serios cuestionamientos por amancebamientos con el crimen.

Siguiendo al columnista Fernando Garavito: Tirofijo es igual que Castaño y Mancuso igual que Jojoy. Hay que añadir: tampoco existe diferencia entre políticos socios de los paramilitares y de los guerrilleros. Ambos son beneficiarios del terror.

Una verdad a medias no es verdad. La verdad que se reclama es sobre todos los que han participado de una u otra forma en la confrontación armada. Así como se demanda que políticos y militares corruptos, socios del narcotráfico y el paramilitarismo, se condenen, de idéntica manera los políticos involucrados con las guerrillas deben responder ante la justicia. Finalmente, son el mismo mal.

COLOMBIA: DEMOCRACIA INCOMPLETA

Haga click en el título de color naranja para bajar el texto de Rafael Guarín sobre oposición política en Colombia.

El índice lo encontrará en:

http://www.escuelavirtual.registraduria.gov.co/theme/registraduria/libroPNUD/Tomo_II/Tomo_II-INICIO.pdf

PATRIA, TOTALITARISMO O MUERTE

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Published on Tue, Jan. 24, 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Foto tomada de www.semana.com

Por: RAFAEL GUARIN

La consolidación de un bloque de países liderado por Hugo Chávez y su afán exportador de la “revolución”, deben alertarnos sobre la posible propagación de gobiernos populistas y del paulatino menoscabo de la democracia en la región. Hasta ahora, la ruta venezolana dibuja mas que un camino al socialismo una verdadera autopista al totalitarismo.

PROTEGER EL PLURALISMO INFORMATIVO ES PROTEGER LA DEMOCRACIA

RAFAEL GUARIN

Hace unos instantes conocimos la lamentable decisión del periódico Portafolio de eliminar la columna del periodista Vladdo.

Si bien toda publicación tiene la libertad de tomar decisiones relacionadas con las columnas, no se debe dejar de lado que dicha prerrogativa tiene que ajustarse en un todo a la responsabilidad social de la prensa en un sistema democrático.

Los medios de comunicación tienen derecho y deber de informar, pero también es deseable que reflejen el pluralismo que caracteriza la democracia.

Colombia está enfrentando una etapa de crisis política resultado del destape de la relación entre dirigentes y grupos narcoparamilitares. En este momento, la mejor contribución que se puede hacer es velar por la libertad de prensa, la libertad de opinión y el pluralismo informativo.

Escríbame a rafaguarin@gmail.com

ESPAÑA Y COLOMBIA, LA RESPUESTA TERRORISTA

Published on Tue, Jan. 09, 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Foto de manifestación en Pamplona. EFE - tomada de www.elpais.es

RAFAEL GUARIN
La banda terrorista ETA dio la bienvenida al 2007 con un coche bomba en las instalaciones del aeropuerto de Barajas en Madrid. El atentado causó la muerte de dos inmigrantes ecuatorianos y la destrucción total del área T4. Por su parte, antes de finalizar el año, las FARC asesinaron a cerca de veinte soldados al sur de Colombia.

Ambos grupos tienen similitudes. Atentan contra la población civil, asesinan selectivamente políticos y emplean el terror. Su ideología se vincula estrechamente al marxismo-leninismo, condimentada con aditivos maoístas, castristas y guevaristas, esto les da un método de análisis y acción incompatibles con la convivencia democrática y el estado constitucional.

Las recientes actuaciones no deben sorprender a nadie. En el caso español, la respuesta al PSOE es la misma dada al gobierno anterior del Partido Popular. El deseo de diálogo de Aznar, tan loable pero irrealista, igual al de Zapatero, se estrelló con el terrorismo. Basta recordar los esfuerzos del gobierno y la oposición para sacar adelante un proceso de paz, a finales de la década pasada, en medio de una absurda escalada violenta que culminó con la renuncia a la tregua de ETA.

Las FARC operan con la misma lógica. Con feroz arremetida contestaron la decisión del gobierno de concertar las condiciones de una zona de encuentro para el acuerdo humanitario y el inicio de un proceso de paz. Saliéndose de su guión y arriesgando su tradicional discurso, Uribe había ofrecido la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Esa conducta es típica. La tregua suscrita con el gobierno Betancur la rompieron en el siguiente, con emboscadas a miembros de la fuerza pública en 1987. Años después, las FARC le dieron un portazo a la paz, luego de convertir la zona de distensión en un refugio de terrorismo, narcotráfico y secuestro.

A las FARC y a ETA los gobiernos les han otorgado innumerables pruebas de su compromiso con la paz. Aznar excarceló a más de 200 presos ''etarras'', permitió el retorno de más de trescientos que se encontraban fuera de España y replanteó la política penitenciaria. Su ministro del interior llegó al extremo de afirmar que el gobierno estaba dispuesto a ''hacer lo que sea necesario, sin exigencias previas, sin negociar la entrega de armas''. En Colombia, durante 1,565 días se concedió a esa guerrilla 42,000 kilómetros cuadrados, se hizo reconocimiento temporal de su carácter político y se paseo a sus voceros por toda Europa.

Se pensó incluso que el problema era también de sensibilidad semántica. Los gobiernos moderaron su discurso y cambiaron los calificativos. Aznar llamó a ETA ''Movimiento Vasco de Liberación'' y Pastrana coincidió parcialmente con el mensaje subversivo, entretanto que sus interlocutores afilaban su retórica falaz y deslegitimadora de las instituciones democráticas.

La cuestión está en que los terroristas equívocamente asimilan como debilidad, los gestos y la generosidad del Estado y de la sociedad. Sólo comprenden en su relación con los ''otros'' el lenguaje de la violencia y creen que sólo ella permitirá cumplir sus objetivos. Parodiando a Lenin, ''la enfermedad infantil'' de los autoproclamados ''revolucionarios'' es hacer del proceder violento el único medio para imponerse y concebir el diálogo desde una perspectiva utilitaria a sus propósitos.

Estos antecedentes dejan lecciones. En las actuales circunstancias, en España y en Colombia, no es posible aspirar a la paz a través de la negociación. Hacerlo es pensar con el deseo. Pretenderlo es conferir réditos políticos a aparatos bélicos que en el mundo carecen de justificación. Es brindar una nueva ocasión para que la buena fe de una de las partes se emplee en la estrategia de fortalecimiento de la otra.

En el estado de derecho la fuerza se enfrenta con la fuerza legítima y no con sermones, ni vigilias rebosantes de buenas intenciones.

Mientras ''etarras'' y ''farianos'' mantengan su credo en los fusiles y cedan a la tentación terrorista, no existirá gobierno capaz de negociar su desmovilización. Mientras la sociedad no los enfrente unida, el establecimiento político no los condene en una sola voz y no se doblegue su voluntad de lucha, los violentos tendrán siempre oportunidad de continuar su accionar. El único camino es la firmeza en el ejercicio de la autoridad del Estado democrático y la plena vigencia de la Constitución.

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