Publicado el el viernes 20 de julio de 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
RAFAEL GUARIN
Se retomaron las conversaciones en La Habana entre el gobierno de Alvaro Uribe y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De la ronda de diálogos se esperan hechos concretos que allanen el camino hacia la paz.
En 1988, por encima de las FARC se decía que ELN era la guerrilla de mayor preeminencia en Colombia, al punto que la revista Semana indicó que competía con Pablo Escobar en la calificación de ``enemigo número uno del país''.
Hoy el escenario es distinto. El punto de inflexión lo alcanzó a mediados de los años noventa cuando su adhesión a la teología de la liberación la inhibió de adaptarse a la acelerada degradación del conflicto y de convertirse, siguiendo a las FARC y las AUC, en un cartel del narcotráfico. El resultado fue una guerrilla empobrecida y marginal en lo militar que apuesta a la política. Ese camino comenzó, recuerda el analista Luis Eduardo Celis, con su propuesta de una ''convención nacional'' surgida en 1996 ante la crisis del gobierno Samper.
Pero la paz con ese grupo debe superar muchos obstáculos. El más significativo, posiblemente, es su opuesta interpretación. Mientras para Antonio García ''la negociación se eternizará tanto como se eternice la solución de los problemas del país'', que es igual a decir que sus acciones criminales no tendrán fin, el gobierno cree en una desmovilización y entrega de armas, sin mayores reconocimientos.
Conviene un punto intermedio. No se trata de legitimar la lucha armada, pero sí, con pragmatismo, estar dispuestos a reformas institucionales que además se requieren para frenar la influencia del paramilitarismo, la guerrilla y la mafia. Al ELN se le debe otorgar una justificación para que dé el paso definitivo a la paz.
Eso no implica quebrar la seguridad democrática. El propio Uribe ofreció el año pasado a las FARC una Asamblea Nacional Constituyente, lo que es coherente, pues su política busca doblegar la voluntad de lucha de las guerrillas y conducirlas a una negociación que él sabe que implica concesiones.
Se requieren decisiones urgentes: la primera, retirar el señalamiento de organización terrorista al ELN y concederle estatus político sólo si previamente libera los secuestrados, entrega los niños en sus filas, proscribe la utilización de minas antipersonales, renuncia a los atentados terroristas y se inicia y mantiene un cese de hostilidades.
Segundo, el proceso debe blindarse. Las negociaciones son con el Estado colombiano y para garantizar su resultado se requiere el consenso de todas las fuerzas políticas. Cumplido lo anterior es necesario concitar un gran acuerdo que comprometa al gobierno, los partidos con representación en el Congreso y al ELN en una agenda que parta de la Convención Nacional y termine, previo desarme y desmovilización, con la incorporación de sus iniciativas al ordenamiento constitucional. En esto el Partido Liberal (en la oposición) orientado por el expresidente César Gaviria podría tomar el liderazgo. Aunque el gobierno prefiera no compartir el éxito del proceso, quizás dentro del ELN existen reticencias a darle exclusivamente ese ''triunfo'', lo que eventualmente alargaría hasta una nueva administración la firma de la paz.
Tercero, deben observarse la verdad, justicia y reparación de las víctimas con el cuidado de no cobijar los parapolíticos y asesinos de las AUC con iniciativas legislativas destinadas a la guerrilla, a las que ha hecho referencia el mismo Uribe. Los colombianos estaremos atentos a la verdad de las relaciones de políticos con el ELN.
Cuarto, el anuncio estadounidense de posibles solicitudes de extradición de miembros del ELN muestra su atención al proceso. Como lo fue con los paramilitares, la presión de la extradición constituye un garrote para el gobierno y un incentivo para esa guerrilla. Pero esto no es suficiente. Estados Unidos y la comunidad internacional deben jugar un papel más importante y aprovechar la oportunidad para examinar salidas al narcotráfico, debate colocado en la mesa por los ``elenos''.
El reloj corre en contra. Al gobierno le queda en la práctica algo más de dos años, un poco menos que el tiempo con que cuenta el ELN para participar en las elecciones del 2010. Por esa razón, en esta ronda deben acordar el desarrollo de las etapas posteriores y convencer al país que luego de 17 años tiene al frente lo más parecido a la última guerrilla de América Latina, con real voluntad de paz.
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