QUEBRAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

SEMANA.COM - Viernes 24 de Octubre de 2008

RAFAEL GUARÍN

Los paros y movilizaciones de las últimas semanas son parte de una estrategia orientada a quebrar la Política de Seguridad Democrática en las urnas. El gobierno tiene razón cuando afirma que hay un plan para desestabilizarlo y en que la mano de la guerrilla está metida en el clima de “agitación social”, pero parece enredado en cómo enfrentarlo.

A pesar de los duros golpes recibidos, el Secretariado de las Farc sabe que tiene capacidad de maniobra. Aún más, confía en que ciertos hechos, manejados hábilmente, pueden ser la antesala a una coyuntura favorable a su resurgimiento. Le apuesta a demostrar que el grupo armado ilegal no está derrotado y que únicamente la negociación podrá desactivar el “conflicto social y armado”. Desde su perspectiva, la paz se logrará con un nuevo gobierno que desmonte la seguridad democrática y esté dispuesto a otro proceso de diálogo, eso sí, a partir de que les reconozca cierta legitimidad, le quite la calificación de terrorista y conceda trato de organización política.

En ese contexto, el objetivo fariano a corto plazo es favorecer la elección de un gobierno que tenga esa agenda. Creen que lo pueden conseguir con terrorismo y utilizando, manipulando e infiltrando las movilizaciones ciudadanas contra el gobierno. Los recientes atentados quieren demostrar que su capacidad de hacer daño es significativa y, sin duda, se intensificarán en un intento por cambiar la percepción y la actitud de una sociedad que mayoritariamente se muestra dura contra el terrorismo. También para ejemplificar que después de diez años de Plan Colombia y ocho de Política de Seguridad Democrática el derrotado ha sido el Estado, mientras ellos mantienen la médula de su aparato bélico.

El otro frente es la vieja fórmula de combinación de todas las formas de lucha. Fue la “última proclama” de Marulanda en diciembre pasado: “es necesario utilizar las diversas formas de acción, movilizaciones con objetivos muy concretos, demandas al Estado por la paz, defensa de los derechos humanos, paros cívicos, denuncias de masacres y atropellos oficiales ante organismos competentes nacionales e internacionales etc.”. En ejecución de ese plan la guerrilla ha participado en la marcha del 6 de marzo (lo hicieron públicamente en cerca de una decena de países), el paro campesino de octubre de 2007, revueltas estudiantiles y en los mítines indígenas de la semana anterior. El Manifiesto de las Farc señala que hay que conseguir "la movilización del pueblo en acciones de calle y bloqueo de carreteras que paralicen el país”. ¡Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia!

La directriz de Tirofijo fue clara. No sólo se trata de infiltrar, cooptar y aprovechar actos legítimos de protesta ciudadana, sino que “los cuadros farianos están obligados a conducir las organizaciones de masas bajo su dirección”. ¿A cuáles se refería? En sus términos, esto es “tan indispensable como las acciones armadas de Farc”.

No hay duda de la intención de la guerrilla de jugar un papel detrás de paros y protestas. Otra cosa es caer en el simplismo y creer que las Farc controlan todos los “movimientos sociales” y sindicar cualquier manifestación de descontento. Sería tan absurdo como negar que existen razones válidas para reclamos pacíficos o afirmar que la guerrilla tiene esa capacidad de convocatoria. ¡Si la tiene, apague y vámonos!

Quebrar la seguridad democrática le interesa igualmente a políticos y “dirigentes sociales” de la oposición, oportunistas unos, cómplices otros del terrorismo y muchos ingenuos, que no reparan en medios con tal de bajar a Uribe. Con la ilusión de beneficiarse electoralmente de esa tenebrosa estrategia contribuyen a la creación de un clima adverso que les permita llegar al poder en 2010, así sea sobre los hombros de la violencia fariana. El Polo, algunos sectores del Liberalismo y ciertos “movimientos sociales” están metidos de cabeza en esa lógica, a pesar que la inmensa mayoría de sus miembros desconocen lo que realmente sucede.

¿Cómo responder a ese desafío? Se debe trabajar en fortalecer la cohesión ciudadana frente al terrorismo. Es la única manera de no dejarse doblegar por las acciones violentas. Segundo, es indispensable mejorar la capacidad estatal de prevención de acciones terroristas y prepararse para gestionar situaciones de crisis generadas por futuros atentados. No se deben olvidar las mochilas bomba del 11 de marzo en Madrid y sus consecuencias en la decisión política del pueblo español. Del mismo modo, Colombia necesita urgentemente una legislación especial y un aparato judicial que permita desmantelar el entramado legal de las Farc, encubierto en facciones de partidos políticos, ongs, medios de comunicación y otro tipo de colectivos.

Pero lo más importante es que jamás haya exceso de fuerza y que las autoridades actúen con toda rigurosidad, siempre dentro del Estado de Derecho. Con mártires el terrorismo procura legitimar su existencia y los crímenes de lesa humanidad. Las Farc promueven acciones violentas en las manifestaciones con el fin de demostrar que hay un Estado terrorista ante el cual sólo se pueden tomar las armas y “resistir”. La lamentable muerte de indígenas, en enfrentamientos con la policía, lo único que hace es cumplir la agenda guerrillera, alimentar su falso discurso y darle oportunidad de confeccionar sofismas para la campaña de desprestigio y de guerra política que adelantan contra las instituciones democráticas.

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"LAS MUERTES DE OCAÑA"

Visita al Cementerio veredal de Liscas el miércoles 1 de octubre de 2008.

RAFAEL GUARÍN

Medios de comunicación, ONGs y hasta gobiernos se apresuraron a condenar al ejército colombiano por la desaparición y muerte de nueve jóvenes en Ocaña y dos más en Cimitarra. Viajé a la región y a las ''comunas'' de Soacha para conocer de primera mano los acontecimientos. Aunque no puedo concluir si hubo o no irregularidades del ejército (tarea de la justicia), sí me quedó claro que mucho de lo afirmado está lejos de la realidad.

Ocaña tiene una ubicación estratégica y es corredor del narcotráfico hacia Venezuela. Según el alcalde, Yebrail Haddad Linero, existe una ''guerra en la región del Catatumbo entre bandas emergentes por el control territorial del narcotráfico''. Es el único lugar con FARC, ELN, EPL y bandas criminales, entre ellas ''los Rolos'' y las ''Aguilas Negras'', todas organizaciones que reclutan permanentemente. El personero de Ocaña, Jesús Antonio Sánchez, expresó que ''lo usual en la región es que se reclute gente de otras ciudades de manera voluntaria para delinquir'' y que es ``común que las autoridades de policía judicial hagan levantamientos en la región''.

Se dijo que los jóvenes eran desaparecidos. No es cierto. Para el personero de Soacha, Fernando Escobar, ''lo que ha venido ocurriendo es reclutamiento voluntario de jóvenes por parte de bandas armadas''. No secuestro, ni siquiera reclutamiento forzoso. La Defensoría del Pueblo alertó en diciembre sobre el peligro de reclutamientos.

Algunos aseveraron que fueron ''tiroteados'' y torturados. Los cuerpos no presentan evidencia de que los proyectiles se dispararan a corta distancia. En todos los casos el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó el levantamiento de los cadáveres y el Instituto de Medicina Legal las necropsias. De haber siquiera probabilidad de torturas, en su momento la Fiscalía debió, por lo menos, formular imputación y no la hay, en ningún caso, por ese delito. ¿Será entonces que la Fiscalía es cómplice de los militares? ¿O será, simplemente, que no hubo torturas?

La muerte de los jóvenes se da en 6 eventos que comprometen cuatro unidades: Batallón Francisco de Paula Santander, Batallón Reyes, Plan Meteoro y Brigada Móvil 15. Si era un plan sistemático, como se ha dicho, se requiere que todos los eventos y hombres que participaron estuvieran coordinados. No sería un pequeño y aislado grupo de soldados, pues involucra dos brigadas y, por tanto, al Estado Mayor de la II División. ¡Absurdo! Con certeza se descubriría. Es difícil pensar que una operación criminal de esta magnitud se hiciera con centenares de implicados, en momentos en que el gobierno, la ONU, organismos de control y las ONGs mantienen rigurosa vigilancia.

Se indicó que los cuerpos estaban en una fosa común a instancias del ejército. Tampoco es cierto. El alcalde contó que la inhumación la hizo el municipio dado el riesgo de una emergencia sanitaria. No fue clandestina sino en un humilde cementerio de la vereda de Liscas, un terreno de escasos 300 metros cuadrados. Ana del Carmen Díaz, vecina del camposanto, señaló que funciona hace más de 100 años. Al visitarlo confirmé que no existía espacio para sepulturas individuales.

También circuló la versión de que los jóvenes carecían de experiencia militar, pero al menos uno fue soldado profesional y otro regular, el primero retirado de manera discrecional por el ejército. Un cadáver tiene cicatrices de antiguas puñaladas. Como expuso el fiscal general, Mario Iguarán, ``se ha establecido que no fueron a recoger café sino que iban con propósitos delincuenciales''.

Hasta el argumento de la sospechosa proximidad de las fechas de las supuestas desapariciones y de las muertes tiene grandes inconsistencias: un padre reconoció en Ocaña que su hijo se había ido de la casa hacía cuatro meses. Otro, que su hijo con regularidad efectuaba viajes de 20 a 30 días. Algunas madres aceptaron en radio que sus hijos iban a hacer un negocio. Una me contó que su hijo decía que ''desde hace 2 años unos paracos venían al barrio y le ofrecían 10 millones, los llevaban, pero a los 3 meses los dejaban regresar''. ¡Es claro que alguien está mintiendo!

En Ocaña pude constatar que el ejército es valorado y apreciado, lo que no sucedería si masacrara a la población. Las Aguilas Negras están diezmadas en la zona gracias a que la gente denuncia ''porque tiene confianza en el ejército y la policía'' y ''hoy se siente protegida por las instituciones'', dice el obispo Jorge Enrique Lozano.

Nada de esto exculpa ninguna responsabilidad, tampoco exime que algún caso pueda ser muerte fuera de combate o falso positivo, pero evidencia que en Colombia y ante ciertos ojos, el ejército es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Si, en verdad, se trata de homicidios deben ser condenados con absoluta severidad.

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"A CIEN DÍAS DE LA OPERACIÓN JAQUE"

Escenarios y tendencias de las Farc

Por LUIS EDUARDO CELIS*

La operación Jaque, brillante y pulcra acción de la inteligencia militar contra las Farc, significó el punto de inflexión en la confrontación que adelanta la fuerza pública contra la guerrilla más antigua del continente. De allí en adelante se hablará de un antes y un después, en el que las Farc perdieron a sus más cotizados rehenes, utilizados como principal “mercancía de presión”, encabezados por Ingrid Betancourt y los tres contratistas estadounidenses, todos rescatados de manera pulcra junto a un significativo grupo de integrantes de la Fuerzas Militares, que llevaban hasta diez años en las selvas colombianas.

Pero la derrota de las Farc como proyecto de poder global no es de ahora, sino que viene de muy atrás. La sociedad Colombiana optó por un camino de reformas institucionales y amplió un pacto de convivencia, con la formulación de la Constitución de 1991. En ese momento se dio comienzo a la derrota política de los proyectos guerrilleros en Colombia, que si bien nunca estuvieron ad portas del poder, sí fueron un factor de perturbación en la década de los ochenta. Pero con nueva Constitución y un ánimo de reordenamientos sociales y políticos, la guerra ganó nuevos territorios y vio como los paramilitares de las AUC y las Farc dejaban en los campos nacionales un triste balance de desplazamiento y muerte.

Las Farc arreciaron la guerra luego del genocidio contra la UP, para lo cual echaron mano de los cuantiosos recursos de la economía cocalera, logrando volverse un ejército de más de 12 mil efectivos. Esto les permitió tomar la iniciativa militar entre los años de 1995 y 1998, cuando le propinaron duras derrotas a las Fuerzas Militares, logrando concentrar hasta 400 efectivos en cada operación, para luego desconcentrarlos. Así hicieron tomas como las de las Delicias, cerro Patascoy, Puerres o El Billar, para mencionar sólo algunas. Este empuje militar, junto con un anhelo ciudadano de buscar un camino de entendimiento y superación de la guerra, le facilitó el triunfo a Andrés Pastrana en 1998.

El Caguán fue la mejor oportunidad que tuvieron las Farc para dejar el camino de la guerra y ganarse un espacio en el escenario social y político de una Colombia que manera mayoritaria le apostaba a reformas, a las inclusiones y al juego democrático, por lo que estuvo dispuesta a apoyar una negociación. Pero el Secretariado de esa agrupación desarrolló estrategia de tensionar, pedir y pedir y no mostrar ningún gesto que la acercara a una ciudadanía urbana cada vez más agotada con tanta violencia. Fue así como a punta de cilindros-bomba y destrucción de pequeños pueblos –entre el año 98 y el 2000 se tomaron 150 cabeceras municipales- empujaron el péndulo de la mano extendida y el ánimo de concertación hacia el pulso firme y la confrontación militar a fondo.

El presidente Álvaro Uribe ofertó mano dura y derrota de la guerrilla, y conquistó un amplio respaldo ciudadano, refrendado en el 2006. Y si se vuelve a presentar a un eventual tercer periodo, es casi seguro que mantendrá ese apoyo, por una sencilla razón: hay cansancio y hastío generalizados con una violencia de nunca acabar. Sin importar las razones, motivaciones o las raíces del conflicto, el Gobierno Nacional ha perseverado en argumentar el carácter terrorista y narcotraficante de las Farc, y este mensaje ha calado hondo, en una Colombia urbana que no conoce y le importa muy poco la suerte de la Colombia rural, donde se vive y se libra la confrontación armada.

Desde la llegada del presidente Uribe, las Farc no tuvieron otro camino que asumir el repliegue y defenderse día y noche. Cuando esto parecía no hacerles mayor mella y se hablaba de que habían logrado mantener en lo fundamental el poder de su fuerza y se cuestionaba la eficacia de la política de seguridad democrática, vino la caída –uno tras otro- de importantes dirigentes de la guerrilla, en una debacle que se inició con la muerte del “negro Acacio”, continuó con Martín Caballero, se profundizó con la muerte de Raúl Reyes y el asesinato de Iván Ríos por su propio cuerpo de seguridad, para rematar con la muerte de Manuel Marulanda, que si bien se asume como de causa ‘natural’, se suma a la pérdida de connotados dirigentes. Coincidente con esta racha de descalabros aparece la operación Jaque, del pasado 2 de julio, donde las Farc perdieron su aureola de indestructibles, y fueron golpeados en su dignidad y en lo profundo de sus zonas de alto control. Derrota pulcra y estratégica, difícil de remontar.

Alfonso Cano es ahora el máximo comandante de unas Farc que han perdido iniciativa, ya no cuentan con los rehenes como mecanismo de presión, no tienen iniciativa militar y su operatividad se centra en campos minados y francotiradores. Esto produce bajas y heridos en la población civil y en la fuerza pública, pero no los coloca en un escenario de avances militares, en la medida en que están en una acción defensiva y de desgaste que el Ejército Nacional puede asumir, así sea con un costo humanitario alto. Además, este grupo guerrillero han sentido en carne propia la eficacia del control aéreo y la gran ventaja que esto le otorga al Estado, el cual, aunado a una inteligencia militar cualificada, han logrado mantener la iniciativa y sumar valiosos puntos.

Debilitadas y disminuidas, las Farc han pasado de 20.000 efectivos en el 2002, a la mitad en la actualidad. Siguen siendo una fuerza experimentada, con amplio conocimiento territorial, que se esfuerza por ligarse a las poblaciones cocaleras necesitadas de su protección ante la acción estatal de erradicación de la coca, pero están en una política de preservación de sus dirigentes y, si logran llegar con ellos vivos al 2010, tendrán una nueva oportunidad para buscarle una salida a la guerra.

En el escenario actual, podrían optar por modalidades terroristas en las ciudades, con lo cual ahondarían su desprestigio y reforzarían la voluntad de combatirlas. O pueden intentar una negociación seria y acotada, desde sus zonas de presencia histórica. Esto es posible en una Colombia rural donde hay una amplia agenda de reformas posibles, en las cuales podrían participar unas Farc reconvertidas si se quiere en fuerza civil sin armas, empezando por aportar a una lucha contra el narcotráfico en la que podrían ser aliadas, por mencionar sólo un tema delicado y espinoso.

La lucha contra las Farc continúa sin contemplaciones por parte del Gobierno. Está por verse si se siguen debilitando como organización centralizada, si los recursos del narcotráfico y su amplia gama de alianzas con bandas y grupos dedicados al negocio de la droga los corrompe como organización, o si por el contrario mantienen su esencia de fuerza política en armas, si preservan a su dirigencia y levantan unas propuestas en el debate presidencial del 2010, viables y acotadas, o si se mantienen en un maximalismo que no se corresponde con su poder actual y el muy precario respaldo ciudadano.

Las Farc están ahí, debilitadas, con un escaso 2 por ciento de opinión favorable, pero incidiendo de manera enorme en la política Colombiana, en una ecuación paradójica, pues es una organización sin mayor legitimidad, debilitada y a la defensiva, pero que sigue marcando todos los días la acción política y el debate sobre el presente y futuro de Colombia.

Las Farc han dejado de ser determinantes en lo militar, y pueden incluso ir en camino en volverse irrelevantes en lo político y social. Todo depende de su comportamiento en los próximos meses, de la capacidad del Estado colombiano para confrontarlas en el marco estricto de la legalidad, y de la salida que esté dispuesta a brindarles una sociedad que desea dejar atrás la pagina de la violencia como recurso para la acción política.

lcelis@nuevoarcoiris.org.co

Luis Eduardo Celis es coordinador del programa de Política Pública de Paz de la Corporación Nuevo Arco Iris.

"LA EXPLOSIÓN DE SOACHA"

Altos de Cazucá

Laguna de Terreros.

Corintos

Publicado en www.semana.com el Viernes 10 de octubre de 2008
Fotos de Rafael Guarín 04/10/2008

RAFAEL GUARÍN

El reclutamiento de jóvenes de Soacha por grupos armados ilegales y la aparición de sus cadáveres en un cementerio veredal en Ocaña, muestran los graves problemas que padece esa comunidad y el poder criminal de quienes pretenden ocupar a sangre y fuego el espacio dejado por las AUC. A pesar que muchas de sus calles se confunden con las de Bogotá, la indiferencia del Estado, la corrupción, la incompetencia de funcionarios y la politiquería agravan la dramática situación.

Los acontecimientos que generaron el escándalo no son nuevos. Aún más, estaban cantados. Fernando Escobar, el personero municipal, desde comienzo de este año advirtió de la presencia de personas dedicadas a enrolar jóvenes en actividades al margen de la ley, sin que ninguna instancia estatal se inmutara. Igual ocurrió con la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo a finales del año anterior.

Soacha es el terreno ideal para seducir personas con destino a estructuras delincuenciales. La mayoría de la población son jóvenes con muy pocas oportunidades de estudio, una buena parte está marginada del mercado laboral y otra doblegada por las drogas. Muchos viven en estrato 1 y 2 y en la miseria absoluta. Precisamente, las comunas de Altos de Cazuca y Ciudadela Sucre y el Sector de Compartir – Santa Ana, en las que habitaban los muchachos muertos en Norte de Santander, experimentan pobreza extrema. Eso sin hablar de las dificultades que azotan a los desplazados, que corresponden al 8 por ciento del total de la población.

No es lo único. Cifras oficiales señalan que en 2008 van cerca de 60 desplazamientos interurbanos (sin contar las denuncias efectuadas en Bogotá) por acción de pandillas, guerrillas, pero especialmente de bandas emergentes. Hay quienes llegaron a Soacha en busca de refugio y al poco tiempo fueron nuevamente amenazados, debiendo cambiar de domicilio, no solo una, sino varias veces. Es el caso de una familia, proveniente de una región de Cundinamarca dominada por alias “El Águila”, que llegó a Soacha huyendo hace media década para evitar el reclutamiento de su hijo de apenas 12 años. Luego de escabullirse por diferentes barrios los ubicaron hace tres semanas y asesinaron al adolescente en su propia casa.

Otras expresiones de delincuencia organizada también campean. En el sector de Altos de Cazucá alias “Tomasito” lideró a los “Gatilleros”, un grupo que quiso disfrazarse autodefensa. “Tomasito” esta preso desde 2007 y en la comunidad se le asocia con el asesinato y desaparición de más de 100 personas. Se denuncia que algunas de sus víctimas fueron “picadas” y botadas a la laguna de Terreros en Ciudadela Sucre. Además de causar desplazamiento interurbano sometió al terror a la población y conformó una red de extorsionistas que cobraban vacuna desde 2000 pesos en adelante, lo que para muchos, que se ahogan en la miseria, es bastante dinero. Al parecer, este patibulario continúa sus acciones detrás de las rejas.

Paralelamente delinquen los “Robles”, “Chuquines”, “Pankokis” y otros grupos más. Han actuado homicidas de la peor especie como el “coleccionista de orejas” y la gente recuerda varios casos de descuartizamiento. “El Escondite de José” y otros lugares urbanizados ilegalmente refugian a criminales en la absoluta impunidad. En las noches la Policía no patrulla algunos barrios pero si lo hacen bandas emergentes.

Como si esto no bastara, la corrupción se tragó a sectores de la Policía de Soacha que están inmersos hasta el cuello en el comercio de la droga. Es evidente que tales delincuentes uniformados no combaten los expendios de alucinógenos y en cambio los protegen, al fin y al cabo, se benefician del tráfico de estupefacientes a través de “impuestos” a las “ollas”. ¡Gravísimo! Tal ineficacia es responsable de la reproducción del delito y de que la principal preocupación de los soachunos sea la inseguridad.

Soacha parece demostrar que mientras la Política de Seguridad Democrática combate con éxito a las Farc y a las bandas emergentes en zonas rurales, la criminalidad amenaza con tomarse por completo sectores de las ciudades. La pasividad e incapacidad de los gobiernos locales para implementar políticas de seguridad ciudadana y convivencia son sus mejores cómplices. Por ejemplo, las recurrentes y polémicas declaraciones de la secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López, son la forma de distraer la atención de su propia ineptitud para proteger a la población y eliminar la delincuencia organizada.

Por otro lado, no se trata solamente de la existencia de bandas emergentes y guerrillas. La inseguridad tiene que ver con un acelerado proceso de descomposición social sumado a la pobreza, la exclusión y los circuitos económicos del delito, que hay que romper.

Es indispensable un inmediato, radical y contundente proceso de depuración de la Policía que permita contar con un aparato transparente y eficiente. No es posible, con un escenario de inseguridad tan deplorable, que se presente como gran resultado positivo la captura de una banda y un cabecilla después de haber asesinado más de 100 personas. ¿Por qué no los capturaron antes? Que pase con Jojoy o con Cano, vaya y venga. Están en la selva. ¿Pero en Soacha? ¡Por favor!

Hay que volcarse a este municipio. El gobernador Andrés González pregonó en campaña la lucha contra la pobreza, ahora tiene la oportunidad de aplicarla. Uribe, por su parte, debe asumir que el objetivo de consolidar el control del territorio comienza por las ciudades. Insistir en la desidia y el desprecio del Estado multiplicará indefinidamente las muertes de jóvenes, la violencia y la anomia social.

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"EL CARTEL DEL SECUESTRO"

EL NUEVO HERALD, Publicado el martes 30 de septiembre del 2008

RAFAEL GUARIN

El informe de Pax Christi Holanda sobre el secuestro es una oportunidad para colocar el tema en la agenda pública mundial. A pesar de ser un crimen de lesa humanidad que inflige tratos crueles e inhumanos a sus víctimas y acaba con la libertad individual, carece de atención suficiente por parte de la comunidad internacional.

El título de esta columna no es original. La Revista Semana lo empleó en 1996 para mostrar la gravedad del secuestro en Colombia. Un año antes se reportaron 1,158 casos y se pagaron cerca de 530 millones de dólares por rescates y extorsiones. La cifra era superior a las ganancias del grupo Santo Domingo, el mayor conglomerado económico del país. Tales ingresos se convirtieron en una de las principales fuentes de financiación de las FARC, el ELN y la delincuencia común.

La enorme rentabilidad del negocio y la incapacidad del Estado para proteger a los ciudadanos y sancionar a los criminales, llevó a la industrialización del secuestro y a la creación de grupos especializados en cada una de sus fases. Surgieron bandas ''profesionales'' capaces de efectuar complejas operaciones de inteligencia, seguimiento y rapto en las ciudades, en algunos eventos con la complicidad de miembros de la fuerza pública. En las selvas, las guerrillas construyeron lugares de confinamiento que denominan ''bodegas'', protegidas por unidades armadas dedicadas exclusivamente a esa labor. Estos grupos llegaron al extremo de ejecutar secuestros colectivos e indiscriminados en carreteras, a treinta minutos de Bogotá.

Doce años después los indicadores demuestran que el fenómeno se redujo sustancialmente, a pesar de que las principales noticias relacionadas con Colombia tienen que ver con ese delito. Los datos oficiales registran en el año 2000, en pleno ''diálogo de paz'', que se presentaron 3,572 secuestros. En el 2007 bajaron a 521. Pero no se puede cantar victoria. Las víctimas totales de ese delito en los últimos ocho años han sido 14,940 mientras que entre 1976 y 1996 fueron 10,442. De acuerdo con Fondelibertad 2,801 personas siguen secuestradas desde 1996. Pax Christi considera que son muchas más: 3,235. Las FARC tendrían 783, el ELN 240, las AUC 279 y otras organizaciones de delincuencia 296, del resto no hay certeza sobre la autoría.

Este último punto es espinoso. Probablemente un alto porcentaje de quienes engrosan esa estadística tuvieron la suerte de los abuelos Angulo, asesinados por las FARC debido a los problemas de salud que tuvieron durante el plagio. Lo cierto es que el acoso de las fuerzas militares a las guerrillas no les permite el mismo ritmo criminal y les impide mantener en cautiverio a un número tan grande de personas. Una fuente gubernamental lo describió: ''Estos grupos realizaron una especie de control de calidad''. Sí, así como suena. ¡Absurdo y brutal! Al estilo de cualquier ''capitalista salvaje'' decidieron desechar a quienes no reportaban ganancias.

El caso de las AUC es igual de aberrante. No obstante la desmovilización de más de 30,000 paramilitares no se devolvió ni a un secuestrado, tampoco lo hicieron con los niños reclutados por la fuerza. A esta altura, la tenebrosa conclusión es que los primeros fueron masacrados y que no hay mucha esperanza de conocer siquiera dónde reposan sus restos, si no fueron desmembrados y arrojados a los ríos.

No es sólo un problema colombiano. El analista Rodrigo Rojas, que contribuyó al estudio de Pax Christi, tiene razón al afirmar que ''a nivel mundial el secuestro es una epidemia''. Según esa ONG, en 2006 ``fueron cometidos al menos 25,000 secuestros", sin incluir a China (que no da información). El siguiente dato del informe es más aterrador: ``resulta verosímil pensar que el número real de casos haya sobrepasado los 100,000''.

La dramática situación mexicana lo ilustra. En 2006 ocupó el primer lugar en secuestros por encima de Irak, Brasil, Ecuador, Venezuela y Colombia. El ICESI, a partir de las Encuestas Nacionales sobre Inseguridad, calcula que durante 2007 se presentaron 6,500 secuestros tradicionales y exprés, es decir ''más de 17 secuestros al día''. El Instituto afirma que los que terminaron en homicidio se incrementaron en un 80% en los últimos años y que ``son cada vez más aquellos que terminan en mutilaciones de las víctimas''.

Ante este crimen no caben distinciones. No hay porqué calificar unos de políticos y otros de económicos. Frente a la dignidad humana y los derechos ciudadanos el secuestro no es válido como herramienta política. En el caso de las FARC y del ELN la decisión debería ser la liberación inmediata de todos los secuestrados y la renuncia definitiva a esta práctica.

El desafío del secuestro sólo puede enfrentarse si existe cooperación. Funciona a nivel transnacional y requiere una respuesta global. En México esa actividad se vincula con el narcotráfico y éste con las FARC. Esa guerrilla también estuvo detrás del rapto y asesinato de Cecilia Cubas en Paraguay y secuestra en las fronteras con Venezuela y Ecuador. El tema mundialmente tiene tal vez más trascendencia que la ''guerra contra el terrorismo'' y debiera exigir por lo menos semejante atención de la OEA y de las Naciones Unidas.

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"EN DEFENSA DE LA IZQUIERDA DEMOCRÁTICA"

Fecha: 09/12/2008 - SEMANA.COM

Por: Rafael Guarín

El peor enemigo de la izquierda democrática en Colombia no es la extrema derecha, el narcotráfico o las llamadas bandas emergentes, tampoco el fantasma del “imperialismo”. Son las Farc. Y no porque se hayan convertido, como piensan algunos, entre ellos Hugo Chávez, en una “excusa” para mantener el modelo económico o dar continuidad a la Política de Seguridad Democrática, sino debido a que la estrategia insurgente se basa en la “combinación de todas las formas de lucha” y en desplegar e infiltrar guerrilleros en las instituciones y en los partidos políticos, especialmente en aquellos que enfrentan al establecimiento.

Recientemente, Iván Márquez se lamentaba de que a finales de los años noventa las Farc tenían fortaleza militar, pero se carecía de los elementos subjetivos que se requieren para la insurrección popular.

Tales condiciones no se construyen en el monte, ni con emboscadas, ni minas quiebra-patas. Es el trabajo político con las masas en las ciudades, la captura de instancias estatales, la propaganda, las operaciones psicológicas y el uso hábil del camuflaje en la legalidad las que permitirán que el ambiente insurreccional se crezca. Ninguna novedad. Es la vieja fórmula leninista al estilo de Jacobo Arenas.

En esa lógica se entiende que los farianos actúen en sindicatos, ongs, medios de comunicación y, obviamente, al interior de organizaciones políticas en las que su discurso tenga acogida. El mejor ejemplo es lo que está ocurriendo con el Polo Democrático Alternativo. Hoy es un campo de batalla en que se enfrentan sectores demócratas de izquierda con una facción de las Farc y que, seguramente, tiene asiento en el Comité Ejecutivo y en otros órganos de dirección. En este punto de la lectura no faltará quien me haya acusado de fascista. Pero no. ¡Tranquilos camaradas! La fuente de lo que estoy diciendo es Gustavo Petro.

Hace exactamente un año el senador señaló que no iba “a pedir permiso para condenar la combinación de todas las formas de lucha de las Farc”, en respuesta a la censura recibida de Carlos Gaviria por cuestionar la endeble reacción del Polo respecto al asesinato de los 11 diputados y por haberse atrevido a pedir una condena contundente a la guerrilla.

Pero la denuncia del martes pasado, que pasó inadvertida, va mucho más allá: “hay una campaña soterrada de las Farc por sacar a Petro y a Lucho del Partido. Sería conveniente que todos los militantes del Polo no cayeran en esa trampa”. Petro confirma que al interior del Polo están las Farc. ¡Casi nada! Señala que están persiguiendo a quienes se oponen a sus intereses o las critican abiertamente. ¡Y eso no es de poca monta! Luis Eduardo Garzón, Petro y otros se convirtieron en una piedra en el zapato en los planes farianos de copamiento del Polo. Es muy delicado. Para quienes están al margen de la Constitución, los obstáculos se superan o se eliminan. Cuando la conspiración política no funciona sobreviene la violencia.

Por su parte, Garzón, sin querer queriendo, le colocó nombre a la cosa. Dijo el domingo que Carlos Gaviria “terminó dirigiendo al sector más radical de la izquierda” y que la actual dirección del Polo “lo quiere sacar”. En realidad, más que Gaviria el problema es el viejo Partido Comunista (PCC) y los miembros del Partido Comunista Clandestino. No hay que olvidar que los dos congresistas elegidos por el PCC, utilizando al Polo, fueron denunciados por el Fiscal General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia por supuestos vínculos con las Farc, al igual que al “humanitario” director del Periódico Voz. El propio Gaviria fue elegido senador en 2002 en representación del Frente Social y Político, fachada en ese momento del Partido Comunista.

En todo caso, a quien le corresponde aclarar quiénes son los miembros de las Farc que están en el Polo es al senador Petro. Él tiene que saber, como víctima que es de tal persecución, y está obligado a denunciarlo ante la justicia, dada su calidad de servidor público. El Fiscal General debe actuar y comenzar las investigaciones. Además de tratarse de una conducta abiertamente delictiva hay que proteger los derechos de los líderes de izquierda democrática que están siendo vapuleados por esa organización criminal.

El Polo es mucho más que la facción fariana que procura controlarlo. Los dirigentes de la auténtica izquierda democrática deben expulsar a ese sector. Aceptarlo o tolerarlo es hacer el juego a la combinación de las formas de lucha de las que habló Petro. No se puede tener un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad. Una cosa que explica (no justifica) el execrable asesinato de líderes de la UP fue precisamente esa.

Generalizar sería equivocado. El grupo de farcpolíticos que está ubicado en puestos estratégicos de la estructura del Polo y con la capacidad de orquestar una campaña para excluir a dos de sus más importantes dirigentes, no puede ocultarnos que los electores de ese partido y la mayoría de sus líderes son ciudadanos con ansias de cambio y legítimas aspiraciones políticas. Lo que no se puede permitir es que terminen manipulados por una organización al margen de la ley y que se empleen los mecanismos de participación política y las garantías ciudadanas para destruir el sistema democrático. En defensa de la izquierda democrática ante las Farc debemos estar todos, comenzando por los uribistas.

Senador Petro, usted tiene la palabra.

Nota al margen:

No es de extrañar que el adoctrinamiento fariano en la Universidad Distrital le parezca inofensivo al rector Carlos Ossa, candidato fracasado al Senado por el Polo. Cuando era Contralor dijo que convergía “con las Farc en la necesidad de construir una nueva sociedad, un nuevo país. No creo en la paz por adhesión (…)”. Y al parecer no había consumido su dosis personal.

Sobre el tema ver mi columna de semana.com “Universidades o santuarios farianos".

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"BIENVENIDA LA CORTE PENAL INTERNACIONAL"

Instalación de la CPI. Foto AP

Publicado el jueves 28 de agosto de 2008 - http://www.semana.com/

RAFAEL GUARÍN

En hora buena el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) realiza un análisis preliminar sobre el funcionamiento de la justicia en el caso de crímenes de lesa humanidad, cometidos por las AUC, y en los que puede existir complicidad de políticos e integrantes de las fuerzas militares. Se trata de un paso definitivo para asegurar que no queden en la impunidad.

No basta con que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía investiguen y condenen a los parapolíticos por concierto para delinquir, omitiendo su posible participación directa o indirecta en decenas de masacres y desplazamientos forzados. Se debe establecer en qué casos la relación de políticos con las AUC no fue sólo una alianza electoral sino expresión de proyectos cuyo progreso se hizo a punta de conductas tipificadas en el Estatuto de Roma. Igual debe ocurrir con los farcpolíticos.

Hay quienes opinan que el Fiscal y la CPI son una espada de Damocles sobre el gobierno. Equivocación. La actual etapa del proceso con las AUC, precisamente sobre la cual recae el examen de Moreno Ocampo, es responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia. ¡Vaya Paradoja! Al parecer el magistrado Francisco Ricaurte, presidente de ésta última, no sabe que la jurisdicción internacional adquiere competencia en caso que tales organismos no adelanten las investigaciones y el juzgamiento que corresponde o que lo aparenten para favorecer a los sindicados, ambas situaciones en las que no tiene nada que ver el ejecutivo en virtud del principio de separación de poderes.

Otra de las pintorescas reacciones ha sido la de quienes olímpicamente le restan importancia a la CPI, entre ellos Alfredo Rangel. Tratan de mostrarla como un tigre de papel. Se les olvida que la jurisdicción internacional sí funciona. Hace un mes y luego de 12 años de estar prófugo fue capturado Radovan Karadzic. Lo juzga el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia por una larga lista de crímenes de guerra efectuados en el ataque a Sarajevo que produjo 10.000 víctimas y el genocidio en Srebenica, en que murieron más de 7.000 musulmanes. Por las mismas celdas pasó Sloboban Milosevich. Las matanzas perpetradas por las FARC, el ELN y las AUC superan de lejos esas aterradoras cifras.

A pesar de las dificultades la CPI avanza rápidamente. Tiene preso a Thomas Lubanga quien encabezó un movimiento rebelde en el Congo. El crimen: reclutamiento de niños para la guerra. En turno estarán Cano y Jojoy, verdaderos campeones de esta infamia. A Lubanga lo acompañan Germain Katanga, alias Simba, Matthew Ngudjolo y el dirigente político Jean-Pierre Bemba.

También la CPI procesa a Joseph Kony del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) de Uganda. Un fanático que mutila campesinos, enlista niños y viola mujeres en nombre de la biblia y de los “diez mandamientos”. Su forma de operar es similar a la empleada por Mancuso, Jorge 40, Don Berna y sus socios, que hoy mantienen las FARC y los nuevos brazos armados del narcotráfico.

Y, recientemente, la Corte expidió una orden de captura contra el presidente de Sudán, Omar Al – Bashir por estar implicado en genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur.

Antes que ser un golpe a la Política de Seguridad Democrática, la intervención de la CPI la complementa y fortalece, en la medida que concreta y globaliza una posición de firmeza contra el crimen, además de ser una debacle para quienes defienden el delito político y hacen apología de la violencia.

Su intervención puede ser decisiva para romper la diplomacia fariana. Moreno Ocampo señaló que esta chequeando “si hay grupos que están trabajando en proyectos delictivos de las FARC en otros países y si hay investigaciones nacionales sobre eso". Dice que la CPI tiene "denuncias de existencia de redes de apoyo internacional a grupos armados responsables de cometer en Colombia crímenes que pueden ser de la competencia de la Corte". A Hugo Chávez le debe pasar un escalofrío, así no lo admita, por su comprobado apoyo político, militar y económico a las FARC.

Ante crímenes de conocimiento de la jurisdicción penal internacional no cabe la apelación a “acuerdos de paz” basados en la impunidad. Que Colombia ocupe un lugar preponderante en su agenda significa que se acabó el eufemismo de la “salida negociada” o de “la solución política al conflicto social y armado”, como decía, “alma bendita”, Raúl Reyes. Ese discurso parte de una premisa inaceptable: la impunidad absoluta para los cabecillas guerrilleros y los farcpolíticos. Se quedaran ensayados aquellos que soñaban con ver un gobierno compartido con esos forajidos. ¡Eso ya no es posible!

Las FARC y el ELN deben comprender que el tiempo se les acabó y que cada día que pasa enfrentan un ambiente más hostil. Su proyecto político y militar esta derrotado, la “comprensión” en el exterior sobre su existencia desaparece y las afrentas contra la humanidad no quedaran sin castigo. La cúpula y sus militantes camuflados en la legalidad no tienen otro destino que terminar como Simón Trinidad, Ríos o Reyes. O, como lo escribimos en esta columna el año pasado, negociar su sometimiento a la justicia, así se disfrace de un proceso político.

Por lo pronto, Uribe debería tomar algunas decisiones: llevar a cabo su propuesta de hace varios meses de levantar la reserva que excluye hasta 2009 la competencia de la Corte Penal Internacional respecto a crímenes de guerra. Debería buscar que a los paramilitares extraditados a Estados Unidos se les aplique la jurisdicción ordinaria excluyéndolos de la ley de justicia y paz. Y condicionar la realización de nuevas extradiciones a que los paramilitares enviados ante las Cortes norteamericanas, una vez cumplan allí la pena impuesta, retornen a Colombia a pagar las condenas por crímenes de lesa humanidad.

¡Bienvenida la CPI!

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"LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DE LAS FARC"

Publicado el sábado 23 de agosto del 2008

EL NUEVO HERALD - Miami

RAFAEL GUARIN

Reyes fue un mago para tejer redes de apoyo, penetrar gobiernos y desarrollar campañas de propaganda. Por eso estaba a cargo de la Comisión Internacional de las FARC, movía los hilos del secretariado y determinaba las acciones tácticas de la organización. La revelación de sus correos electrónicos respecto a los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Brasil y Francia corroboran el parcial éxito de sus planes.

Rotos los ''diálogos de paz'' (2002) la guerrilla comprendió que debía resistir la ofensiva militar y trabajar en la construcción de otro escenario de ''negociación política''. Esto es factible si demostraban que Uribe no las derrotó, se sacudían del señalamiento de terroristas y recuperaban el carácter político que les otorgaron durante años. Para eso, careciendo de legitimidad interna, deciden volcar sus esfuerzos al exterior.

En ese contexto, Chávez y Lula se convirtieron en piezas clave. El secretariado sabía que la interlocución con ambos gobiernos constituía el pasaporte a los restantes, un avance al estatus de beligerancia y al inicio de ''relaciones diplomáticas'' con la instalación de ''oficinas'' de las FARC en varios países. Al fin y al cabo, siguen diciendo, son un Estado en ``formación''.

La mediación por razones humanitarias era la coartada ideal y la mejor consigna movilizadora. Finalmente, los gobiernos que sostenían una relación clandestina con las FARC no estaban frente a extraños, sino profundizando vínculos con quienes tienen afinidad ideológica, consideran hermanos de una larga lucha o aliados en la expansión de la revolución bolivariana.

La situación llegó al absurdo. Hasta el delegado del gobierno suizo encargado de facilitar el acuerdo humanitario terminó de mandadero de los secuestradores. Mientras aparentaba servir a una misión humanitaria cumplía una delicadísima tarea: sensibilizar a Europa para presionar a Uribe y doblegarlo a las demandas terroristas. Como si fuera poco, el despistado Sarkozy reaccionó positivamente ante la solicitud de Chávez y Piedad Córdoba de excluir a las FARC de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. ¡Reyes debió llegar al paroxismo!

Chávez les abría puertas con sus aliados y ofrecía apoyo económico, militar y político. Ortega los alentaba, las administraciones de Lula y Correa le decían una cosa a Uribe y concertaban con ellas por debajo de la mesa. Los gobiernos de la región se negaron a calificarlas de terroristas y la mayoritaria elección de presidentes de izquierda les coronaba un ambiente favorable. Era cuestión de tiempo y de calcular hábilmente cada jugada. El gobierno Uribe no percibía la gravedad de los acontecimientos.

La apoteosis sobrevino con la facilitación de Chávez para la liberación de los secuestrados. Esa torpe decisión de Uribe puso en riesgo los éxitos de su política de seguridad y a las FARC al borde de un salto espectacular. Pero no duró. El punto de inflexión de la estratagema llegó con el fracaso de la ''Operación Emmanuel'' y de la misión internacional encabezada por Néstor Kirchner. Fue, nada más y nada menos, que el primer paso orientado a conformar el llamado ''Grupo Contadora'' que daría a las FARC el estatus de beligerancia. El gobierno colombiano estaba contra las cuerdas; si el niño Emmanuel no aparece las mentiras no habrían quedado expuestas.

Empero, la estantería se derrumbó. El mito de la ''resistencia'' comenzó a caerse a pedazos con el aumento de las deserciones, capturas y muerte de cabecillas. Y en el plano político, los ciudadanos se apropiaron de una posición de firmeza contra el terrorismo y sus cómplices foráneos se neutralizaron temporalmente. El simulado giro de Chávez refleja esa realidad.

Con el argumento de que se necesita ayuda de la comunidad internacional para un proceso de paz, las FARC intentaran recomponer las cosas y dar una excusa a los gobiernos amigos para una nueva injerencia en los asuntos colombianos. Mientras tanto, les queda refugiarse en la Coordinadora Continental Bolivariana, cabalgar sobre el lomo de su ''hermano'' Ortega y realizar actos terroristas, como la bomba que en Ituango asesinó a 7 personas e hirió a 52 más.

No hay que llamarse a engaños. Nunca se golpeó tan duro a las FARC pero tampoco nunca llegaron tan lejos. Las relaciones que consiguieron con esos gobiernos se afectaron, no se eliminaron. La guerra de guerrillas hace del tiempo y la paciencia su mejor arma. Para ellos la cuestión ha sido esperar. Su reloj se detendrá si Colombia continúa por el camino de la entereza, optimiza su diplomacia y se acaba la complicidad y la postura ''comprensiva'' de los vecinos frente al terrorismo. Así, las acciones de Reyes quedarán en puro ilusionismo.

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"OPERACIÓN FILTRACIÓN"

REVISTA SEMANA EDICION ON LINE - Fecha: 08/14/2008 -

RAFAEL GUARIN

El mayor éxito de inteligencia militar es también la mayor demostración de incompetencia en el manejo de información. La revelación del video que registra el desarrollo de la Operación Jaque dejó al descubierto que aparte del secretariado de las Farc la penetración y fuga de información la padece la propia cúpula de las Fuerzas Armadas. Aunque puede ser mucho más grave si se trata de una infiltración.

El video no es un capítulo aislado. Tal parece que dar a conocer, clandestinamente o no, los detalles sobre la manera como operan las fuerzas militares, se convirtió en una regla de conducta. La edición anterior de la Revista Semana publicó la forma en que se infiltraron dos miembros del ejército en frentes de las Farc. Dos magníficas operaciones hechas con extremo cuidado terminan expuestas por la prensa.

El problema no es el Canal RCN, ni la revista. Finalmente su tarea y negocio es informar. Otra cosa es si un medio de comunicación compra información reservada conforme a la ley o se dedica a corromper servidores públicos para conseguirla. Cuestión que en este caso debe establecer la Fiscalía, sobretodo cuando a mediados de julio CNN dijo que una “fuente militar” le ofreció en venta imagenes que confirmaban que en la operación se utilizaron los símbolos de la Cruz Roja Internacional. ¿El Canal RCN pagó el precio al que se negó CNN? ¿Estamos ante un cohecho?

Pero el tema realmente crítico no es ese, ni siquiera las implicaciones del uso indebido de dichos emblemas ni del distintivo de la cadena amiga de las Farc, Telesur, menos que se haya calcado el modelo farchavista de liberaciones. Lo que hay que debatir es el manejo que se da a la información reservada por parte de los militares y civiles involucrados. ¿Qué procedimientos internos se ejecutan para evitar que las tácticas de la fuerza pública aparezcan en you tube “quemándolas” para el futuro, al igual que a sus protagonistas? ¿Para qué sirven las investigaciones que se ordenan sobre estos casos y qué sanciones se han impuesto?

A primera vista parece que lo que hubo fue un acto de corrupción de alguien que accedió, probablemente en el nivel operativo, al video. Pero existe la posibilidad de que sea mucho más que eso. Si se quiso perseguir el objetivo político de impugnar la Operación Jaque las implicaciones son mucho más delicadas. En la teoría de la guerra irregular moderna las guerrillas deben minimizar los aciertos del contrincante y atacar su legitimidad.

En la práctica la consecuencia de filtrar la imagen a CNN y el video a RCN cumple ese propósito. Si es así, es necesario preguntarse: ¿Hay un sector de las Fuerzas Militares que quiere afectar al gobierno Uribe? Si existe, ¿está ligado a un proyecto político que lo empuja a desprestigiar las acciones contra la guerrilla? O peor: ¿Está la cúpula militar o por lo menos el aparato de inteligencia del ejército infiltrado o penetrado por las Farc? ¿Es síntoma que la estrategia guerrillera, fijada en la IX Conferencia, de tener relación con miembros de las Fuerzas Armadas empieza a ofrecer resultado?

La segunda hipótesis es que todo sea efecto de una absurda reyerta por el mantenimiento o la sucesión del poder al interior de las Fuerzas Militares. Lo que merecería una muy dura reacción del gobierno. Era obvio que la mejor respuesta a la Operación Jaque vendría a través de la guerra política. Lo ridículo es que la munición provenga del seno de las propias fuerzas.

Independiente de cual sea la explicación, el presidente Uribe quedó en mala posición. Aparece mintiendo sobre un hecho que afirma no conoció o en la incómoda situación de admitir que sus tropas no le han dicho la verdad o que le ocultan información. No se sabe que es más negativo. Situación similar enfrenta el Comando General.

Los autores de la filtración tienen que responder. Debe revisarse qué está haciendo la contrainteligencia encargada de tomar las medidas para evitar la fuga de información. No se puede andar colocando en riesgo los avances de la Política de Seguridad Democrática, al igual que los excelentes resultados de las Fuerzas Militares, por la ineptitud, corrupción, deslealtad o los intereses personales de unos pocos.

Nota: ¿Quién le pidió a Ingrid y a los demás secuestrados silencio respecto a los emblemas de la Cruz Roja?

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LAS ANDANZAS DE LULA

Publicado en El Nuevo Herald - Miami - 10 de agosto de 2008

RAFAEL GUARIN

Lo que faltaba. La información del computador de Reyes revelada la semana pasada compromete al gobierno brasileño con las FARC. Hasta ahora se había querido mantener en secreto probablemente para no abrir otro frente de tensión. A pesar que la presentación de la noticia deja el sabor de que Uribe le quiere dar un trato preferente a Lula, no se puede obviar la gravedad de la situación: demuestra hasta donde progresó el trabajo "diplomático" fariano y ratifica que tuvieron una generosa receptividad en la región .

La guerrilla ha trabajado al lado de los comunistas y sectores radicales de la izquierda brasileña durante muchos años. Con organizaciones políticas de izquierda como el Partido de los Trabajadores y el Partido Comunista de Cuba fundaron en 1990 el Foro de Sao Paulo, una iniciativa del propio Lula y de Fidel Castro. Como lo recuerda Alejandro Peña Esclusa, experto en este tema, desde 1990 hasta el año 2008 "las FARC han sido invitadas a cada uno de los catorce encuentros del Foro" y pertenecen a su directiva. Es tan viva su presencia que hace tres meses Daniel Ortega convirtió en un homenaje a Manuel Marulanda la clausura de su XIV edición.

Con esa vieja afinidad revolucionaria es natural que la elección en 2002 de Lula fuera la oportunidad de establecer relaciones con el gobierno de Brasil y contaran con los contactos necesarios para penetrar diferentes escalones del aparato estatal. Finalmente, se trataba de avanzar en la búsqueda de la añorada beligerancia contemplada en su plan estratégico y de aprovechar las contradicciones entre el modelo Uribe y la visión de Lula.

Así el gobierno brasileno niegue esos vinculos y califique de irrelevante el caso, lo cierto es que quedo desnuda la simulación que caracteriza su política hacia Colombia. Lo perjudicial es que esa actitud estimula a la guerrilla para prolongar la violencia y ha llegado al extremo de traducirse en solidaridad con los terroristas. Por ejemplo, en 2005 fue capturado en ese país el "Cura Camilo", una especie de embajador, muy cercano a la cúpula guerrillera. Su extradición la negó el Tribunal Supremo de Justicia y en cambio lo premió con el carácter de refugiado político. Uno de los emails de Reyes registra la complacencia de Lula con esa decisión. Pero no es el único caso. El mismo estatus le otorgaron a dos miembros del Movimiento Patria Libre vinculados con las FARC y que fueron condenados por la justicia paraguaya por participar en un secuestro.

Por otro lado, en los pasillos de las cancillerías se comenta, desde hace tiempo, que el principal asesor de Lula, Marco Aurelio Garcia, mantiene interlocución permanente y estrecha con las FARC. Garcia fue uno de los protagonistas de la comedia montada por Hugo Chavez bajo el nombre de "Operación Emmanuel", junto con el mensajero del gobierno ecuatoriano ante la guerrilla, el ministro Gustavo Larrea. Cuando la escenografia se vino a abajo, compartiendo la equivocada idea de que el obstaculo para la liberación de los secuestrados era el gobierno colombiano, manifestó estar de acuerdo con una operación clandestina. Es decir, a espaldas de Uribe.

En Brasil ademas los seguidores de Marulanda actuan impunemente a traves del capitulo Luiz Carlos Prestes de la Coordinadora Continental Bolivariana. El 6 de marzo pasado marcharon con pancartas alusivas a la muerte de Reyes e hicieron apologia de su "lucha".

Estos antecedentes y la conexión de la guerrilla con el bloque liderado por Chavez explican en gran parte la reticiencia de la región a calificarla como organización terrorista. Tambien el silencio en el seno de la OEA frente a las denuncias hechas contra el presidente nicaraguense por apoyar a las FARC y la negativa a aplicar las resoluciones que obligan a los Estados a combatir ese tipo de aparatos criminales.

Al igual que en la comunidad internacional no debe existir un doble discurso frente al delito, tampoco Uribe puede tenerlo frente a los cómplices del terrorismo. Si bien la información hasta ahora divulgada no involucra a Lula al mismo nivel que Chavez o Correa, no hay grados de responsabilidad cuando se trata de contubernios de gobiernos o de funcionarios con organizaciones dedicadas al narcotrafico y a cometer crimenes de lesa humanidad. Tan grave es que Rodríguez Chacín haga de soporte de las FARC en Venezuela como que Marco Aurelio Garcia participe en su juego.

La OEA debio avocar hace tiempo el tema. Lamentablemente, la mediocridad sin límites de la gestion de Insulza junto a la diplomacia petrolera de Chavez en la región y la cobardía de los gobiernos involucrados han neutralizado esa posibilidad. ¿Tendremos que esperar otra vez escale la crisis?

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