La derrota militar de los Tigres Tamiles y la posible evolución del conflicto étnico-político en Sri Lanka (ARI)

Foto tomada por Rafael Guarín. Manifestación en París en apoyo de los Tigres Tamiles. Abril de 2009. Fuente: REAL INSTITUTO ELCANO - www.realinstitutoelcano.org
Rubén Campos Palarea y Amaia Sánchez Cacicedo ARI 106/2009 - 30/06/2009
Tema: Este ARI explica las claves internas y geopolíticas de la derrota militar de los Tigres Tamiles por el gobierno de Sri Lanka tras un conflicto étnico-político que se ha prolongado durante 30 años, además de la posible evolución hacia una solución política definitiva del problema o hacia un rebrote a medio plazo de la violencia. Resumen: El conflicto étnico-político entre la mayoría cingalesa de Sri Lanka y la minoría tamil se ha prolongado durante 30 años, dejando más de 75.000 muertos y cientos de miles de desplazados. Con la derrota militar en mayo de 2009 de los Tigres Tamiles en la última zona bajo su control en el norte de la isla y la muerte de su líder fundador, se cierra una etapa en la historia del país. El gobierno de Sri Lanka debe, sin embargo, afrontar enormes retos a corto plazo, con cientos de miles de desplazados por el conflicto, y a medio plazo, para lograr una solución política que conduzca a una reconciliación nacional creíble que impida un rebrote de la violencia. Este ARI concluye con unas recomendaciones sobre el papel potencial de los países de la región y de los países occidentales, incluyendo también el que debe desempeñar la diáspora tamil residente en estos últimos. Análisis: La muerte del líder carismático de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE en sus siglas en inglés), Velupillai Prabhakaran, simboliza el fin de una era en Sri Lanka. El fundador de los Tigres Tamiles y sus lugartenientes más cercanos murieron en la última oleada de ataques del ejército a mediados de mayo, atrincherados en el último fragmento de territorio bajo su control en el norte de la isla. El conflicto entre el gobierno y los LTTE ha dejado más de 75.000 muertos y cientos de miles de desplazados a lo largo de tres décadas. Esta derrota parece poner fin al objetivo de los Tigres de establecer un Estado independiente en el norte y este de la isla (Tamil Eelam). El final de esta fase militar del conflicto podría proporcionar una oportunidad para lograr una solución política y la reconciliación nacional, pero los retos pendientes son de gran envergadura y la voluntad y capacidad para liderar esta nueva etapa del gobierno del presidente Mahinda Rajapaksa está todavía por determinarse. Las raíces de este conflicto étnico-político se encuentran en la difícil convivencia en esta isla de Asia meridional entre la mayoría de la población cingalesa, de religión mayoritariamente budista (alrededor de un 74% del total de la población), y la minoría tamil, de religión mayoritariamente hindú (18%), establecida sobre todo en el norte y este de la isla. La presencia de los tamiles, un pueblo proveniente del sur de la India, en Sri Lanka se explica por una dinámica migratoria desde tiempos muy antiguos, que se intensificó durante el dominio británico de ambos territorios en el siglo XIX para trabajar en las plantaciones imperiales de té y café. En esta época, entre la población original cingalesa se consolidó la percepción de que los británicos favorecieron a los tamiles, con puestos clave en el gobierno y en las estructuras administrativas. Tras la llegada de la independencia en 1948, los partidos políticos de mayoría cingalesa impulsaron una política nacionalista que generó tensiones con la minoría tamil. Algunas medidas aprobadas en los siguientes años fueron el reconocimiento del idioma cingalés como la lengua oficial del país, la modificación de los requisitos de ingreso en la universidad a fin de favorecer a la juventud étnica cingalesa y la implantación del budismo como religión oficial. Ante el rechazo de estas medidas por la comunidad tamil, se desarrolló en la década de 1950 un movimiento de protesta no violento encabezado por S.J.V. Chevalnayakam, que consiguió la firma de un acuerdo con el primer ministro Solomon Bandaranaike en 1957. No obstante, a causa de la presión de los nacionalistas cingaleses, el gobierno dio por roto el pacto unos meses después. Sin embargo, esto no evitó el que fuera asesinado dos años más tarde por un monje budista representativo de la facción cingalesa nacionalista más radical. Tras décadas en las que el conflicto no pudo canalizarse por la vía de las negociaciones políticas, el movimiento por la autodeterminación tamil alcanzó una nueva dimensión en la década de los 70 con la fundación de varios grupos militantes violentos. Entre ellos destacó la guerrilla de los Tigres Tamiles, bajo el mando de Velupillai Prabhakaran, que contó con el apoyo logístico y financiero del gobierno indio. Esa guerrilla ha sido una de las más organizadas internacionalmente en las últimas décadas, desde su capacidad para administrar una importante franja de territorio en el norte y este del país hasta el desarrollo de rudimentarias fuerzas navales y aéreas. Debido a su uso de atentados suicidas e indiscriminados, de niños soldados y abusos continuados de los derechos humanos en las zonas bajo su control, los LTTE fueron designados en varios países como un grupo terrorista y sus actividades se prohibieron. En 1987 se firmó un acuerdo entre la India y Sri Lanka para colaborar en la resolución del conflicto, en el que se incluyó la intervención militar india en la isla para garantizar un alto el fuego, a cambio de reconocer diversas reivindicaciones de la comunidad tamil. Este acuerdo no tuvo éxito y las fuerzas indias finalizaron su retirada en 1991. Entre las víctimas de los atentados de los LTTE en esta época se encuentran el primer ministro de la India Rajiv Gandhi (1991) y el presidente de Sri Lanka Ransinghe Premadasa (1993). A finales de la década de los 90, en la cúspide de su poder, los Tigres habían creado un gobierno paralelo en aproximadamente un tercio del territorio de la isla. Las fallidas negociaciones de paz de 2002 y la última campaña militar del gobierno Con la mediación del gobierno de Noruega, se alcanzó en 2002 un nuevo alto el fuego y se produjeron nuevas negociaciones entre el gobierno y los Tigres Tamiles para una resolución pacífica del conflicto. Sin embargo, el diálogo tampoco fructificó en un acuerdo viable por la falta de una voluntad real de las partes de ceder en sus pretensiones y por las numerosas violaciones del alto el fuego. Los Tigres Tamiles abandonaron unilateralmente las negociaciones de paz en abril de 2003, pero su propia participación en el proceso desencadenó luchas internas a nivel militar y posteriormente a nivel político. La mayor parte del grupo ubicado en el este del país se escindió de los LTTE en marzo de 2004 y pasó a apoyar al gobierno de Colombo en su intento de reconquistar el territorio, mientras sus líderes aceptaban puestos en el gobierno central y regional de la isla. En 2005 llegó al poder en Colombo el nuevo ejecutivo del presidente Rajapaksa con intenciones iniciales de continuar las negociaciones de paz pero que finalmente acabó buscando una solución militar al conflicto. El intento de resucitar el proceso de paz en Ginebra durante principios del año 2006 fue en vano: el proceso finalmente sucumbió a la creciente desconfianza y a los reproches mutuos entre el gobierno de Sri Lanka y los LTTE. Tras la “liberación” del este a finales de 2007 por el Ejército, favorecido por las disensiones entre los Tigres Tamiles, el frente de guerra se desplazó a la zona norte del país. En enero de 2009 las tropas tomaron el control de la ciudad de Kilinochchi, que había funcionado en la última década como la capital administrativa de los LTTE. A partir de este momento, el ejército fue ampliando la campaña hasta acorralar a los Tigres en un reducido espacio al norte del país. Esta guerra abierta ha producido una gran crisis humanitaria, con cientos de miles de civiles atrapados entre las fuerzas militares del Estado y los LTTE y con graves violaciones de los derechos humanos por ambas partes denunciados, entre otros, por Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Mientras que los Tigres Tamiles forzaron a miles de ciudadanos a luchar en sus filas o a convertirse en escudos humanos, el ejército de Sri Lanka bombardeó de forma reiterada zonas pobladas por civiles. Según Naciones Unidas, sólo desde el inicio de la ofensiva final se han producido 6.500 muertos entre la población civil. Con la conquista final de las últimas posiciones de los LTTE y la muerte de su líder fundacional, la fase militar del conflicto parece haber llegado a su fin, aunque es posible que un número limitado de efectivos de los LTTE puedan estar todavía activos y dispersados por todo el país. En un discurso del 19 de mayo, el presidente Mahinda Rajapaksa ha declarado formalmente el norte del país como territorio “liberado” y ha llamado a acabar con las divisiones étnicas y religiosas con la promesa de una “solución interna para el conflicto”. Retos para el gobierno de Sri Lanka y la comunidad tamil: la necesaria reconciliación nacional Tras la derrota militar de los Tigres Tamiles, los retos que debe afrontar el gobierno de Sri Lanka son enormes tanto a corto como a medio y largo plazo. De manera inmediata, se enfrenta a una situación humanitaria de considerable magnitud. Según fuentes gubernamentales, el número de desplazados internos recientes –mayoritariamente en el norte pero también en el este del país– se aproxima a 300.000 personas, a los que hay que sumar la población desplazada anteriormente tras décadas de conflicto armado. Los desplazados internos recluidos en campos bajo control gubernamental requieren de asistencia humanitaria urgente. El gobierno tiene intención de comenzar cuanto antes las labores de reasentamiento de la población a zonas anteriormente bajo control de los LTTE. Dicha tarea deberá ir acompañada de la rehabilitación y reconstrucción de un tercio del país devastado por el conflicto. Para el desempeño de tan inmensa labor el gobierno sin duda requerirá la ayuda, tanto logística como financiera, de organizaciones humanitarias y donantes internacionales. A medio y largo plazo, el aspecto político del conflicto todavía está pendiente de resolver. Para ello, será necesario implementar un mecanismo de reparto de poder político dentro del marco constitucional de Sri Lanka que permita a las provincias del norte y este un mayor grado de autonomía. Dicho ejercicio sólo podrá llevarse a cabo una vez se haya alcanzado un consenso político al respecto entre las principales comunidades étnicas del país. Con ese fin y en paralelo a las operaciones militares, el gobierno creó en 2006 una comisión multipartidista sobre la cuestión tamil constituida por los principales partidos políticos del sur del país. Los resultados han sido decepcionantes dado el boicot impuesto por la oposición y el principal partido político tamil. Para volver a encauzar un proceso real de diálogo será indispensable llenar el vacío político dejado por los Tigres Tamiles que, pese a ser una organización armada, llegó a crear una administración paralela de facto en el norte y este del país. La Alianza Nacional Tamil (TNA), partido constituido por líderes políticos tamiles simpatizantes de los LTTE, que representaba indirectamente a los Tigres Tamiles en el parlamento nacional, debe ser tenida en cuenta. El vacío político ya ha sido ocupado en el este del país –“liberado” por el gobierno de Sri Lanka anteriormente– por el Partido para la Liberación del Pueblo Tamil (TMVP) tras su victoria en las elecciones locales de 2008 en coalición con el partido gubernamental. Ese partido tiene sus orígenes en un grupo paramilitar resultante de la división interna de los LTTE. Tan importante como las acciones y retórica empleadas por el gobierno frente a la población tamil y demás minorías del país lo será el papel a desempeñar por la comunidad tamil. El reto será, primero, lograr un consenso entre las facciones moderadas y extremistas dentro de la comunidad tamil, tanto dentro como fuera de Sri Lanka. Dentro de la isla existen fuertes divisiones entre representantes tamiles que históricamente han apoyado a los LTTE, aquellos que lo han rechazado con el paso del tiempo y los que ahora intentan acaparar el liderazgo político de la comunidad con el apoyo gubernamental. Por su parte, la diáspora tiende a estar más radicalizada que la población residente en la isla, habiendo constituido el principal apoyo político y financiero de los Tigres Tamiles. Es, además, muy influyente y está diseminada en un gran número de países occidentales, incluidos países de la UE. Actores relevantes en la dimensión internacional del conflicto A nivel internacional, el actor con el mayor poder de influencia sobre el gobierno de Sri Lanka y la comunidad tamil es la India, de manera que su apoyo para un nuevo proceso de diálogo es fundamental. La potencia regional ha desempeñado un papel histórico en el conflicto, en gran parte determinado por los vínculos étnicos y culturales existentes entre ambos países. Pese a haber optado por un papel convenientemente ambiguo durante los enfrentamientos militares recientes en Sri Lanka, la India ha continuado presionando a Colombo sobre la necesidad de descentralización política dentro del marco unitario del Estado, para acomodar los derechos de la minoría tamil. Simultáneamente al papel político y estratégico desempeñado por la India, otros actores asiáticos están desempeñando una función creciente a nivel económico y de asistencia militar al gobierno de Sri Lanka. En particular, destaca el papel de China, que ha logrado desbancar a Japón como principal donante extranjero en la isla, y de Pakistán, uno de los principales proveedores de asistencia militar al gobierno de Colombo. Esos países, al contrario que la India, que observa con recelo su actuación, prefieren evitar la intromisión política en lo que consideran asuntos internos de Sri Lanka, por lo que el gobierno se encuentra más cómodo en su relación con ellos y otros aliados como Rusia e Irán. En contraste, la relación entre el gobierno de Sri Lanka y los países occidentales, además de las principales organizaciones internacionales, ha estado marcada por la tensión desde que colapsara el último proceso de paz en 2006, ya que éstos han mostrado cierto escepticismo frente a la estrategia militar y política del régimen del presidente Rajapakse. En particular, le recriminan un gobierno crecientemente totalitario e intolerante frente a disidentes y minorías étnicas en el país. Pese al discurso anti-occidental del actual gobierno, éste continúa siendo muy dependiente de la ayuda económica de las instituciones financieras internacionales, además de los países occidentales. La UE, por ejemplo, tiene firmado un acuerdo de trato preferencial a nivel comercial con Sri Lanka y ha amenazado con rescindirlo en el caso de que Colombo no aplique ciertos acuerdos de derechos humanos. Más allá de las consideraciones financieras, Colombo busca consolidar su legitimidad a nivel internacional tras la victoria militar sobre los LTTE. Recientemente ha logrado sacar adelante una resolución de apoyo a su victoria frente al terrorismo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas gracias al apoyo de otros países asiáticos, además de Rusia. Al mismo tiempo, líderes de varios países occidentales buscan el consentimiento de Naciones Unidas para llevar a cabo una investigación independiente sobre potenciales violaciones de derechos humanos por ambas partes durante los recientes enfrentamientos. En caso de progresar, dicha iniciativa supondría un duro golpe al gobierno de Sri Lanka; aunque la probabilidad de éxito es mínima considerando que Colombo cuenta con el apoyo de Rusia y China, ambos miembros permanentes del Consejo. Conclusiones: Frente al triunfalismo del gobierno ante su victoria militar, se impone la necesidad de afrontar de forma prioritaria los grandes retos del reasentamiento y de un proceso político que lleve a una genuina reconciliación nacional. Sin duda, la India constituye el país con mayor poder de persuasión sobre el gobierno de Sri Lanka en este sentido, además de contar con un mayor conocimiento del conflicto. Por ello, es importante que cualquier estrategia internacional sobre Sri Lanka cuente con su apoyo –tácito o explícito–. De lo contrario, será muy difícil que ésta sea exitosa. Dicha estrategia deberá tener en cuenta que pese a haber concluido la fase militar del conflicto, todavía queda por resolver el aspecto político del mismo, basado en la descentralización del poder a nivel provincial. La comunidad internacional necesita continuar haciendo un seguimiento de la evolución del conflicto desde organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la UE. Pese a ciertos obstáculos que puedan surgir por parte de los países aliados a Colombo como China y Rusia, el gobierno de Sri Lanka puede verse forzado a una actitud dialogante ya que ahora más que nunca está necesitado de la legitimidad y el apoyo internacional por motivos financieros. En paralelo, los países occidentales pueden desempeñar una función fundamental en lo referente a las grandes necesidades humanitarias del país. Será necesario apoyar financieramente tanto a organizaciones humanitarias locales como internacionales para que dispongan de los recursos para atender a los miles de desplazados internos recluidos en campos de forma temporal. La tarea de la retirada de minas es crucial y terriblemente costosa, y precisará especial asistencia técnica y financiera con el fin de permitir el reasentamiento de la población desplazada. El consiguiente apoyo para labores de cooperación al desarrollo a medio plazo deberá ser gradual y controlado, asegurándose de que dicha ayuda es utilizada adecuadamente. Respecto a los aproximadamente 800.000 tamiles que componen la diáspora y que se encuentran localizados sobre todo en América del Norte y Europa, será necesario ser mucho más estrictos con medidas legislativas para frenar las actividades ilegales de la red global de los LTTE, como se ha hecho con grupos militantes islámicos. Por otro lado, será preciso que los líderes políticos locales apoyen a dirigentes de la comunidad tamil de carácter moderado, evitando ganar votos a través de la defensa de las facciones más radicales de dicha comunidad. Rubén Campos Palarea Profesor especializado en Asia Meridional y Sudeste Asiático en diversos cursos de posgrado en España y asistente al director de Programas en el Club de Madrid Amaia Sánchez Cacicedo Estudiante de doctorado en el School of Oriental and African Studies (SOAS, Universidad de Londres), especializada en conflictos internos civiles en el Sur de Asia

VÍCTIMAS DE LA POLITIQUERÍA

Semana.com - 2 de junio de 2009
Grafica: Tomada de imágenes google

RAFAEL GUARÍN

Lo que evidenció el debate sobre la hundida Ley de Víctimas es que la protección de sus derechos se convirtió en una bandera de politiquería, un ejemplo de irresponsabilidad y un instrumento para deslegitimar el Estado y la Política de Seguridad Democrática.

No hay duda que el Estado debe reparar a las víctimas, sin discriminar el victimario. Es una obligación reconocida internacionalmente. Aún así, la forma de verificar esa obligación debe ser consecuente con los medios disponibles y, en particular, con el contexto colombiano. Por más que se quiera insistir en el carácter universal de la reparación de las víctimas no es razonable pretender aplicar un modelo como si se tratara de Francia, Suiza o Dinamarca.

En realidad, la solicitud de Álvaro Uribe de votar negativamente el proyecto de ley fue una estrepitosa derrota del gobierno y un triunfo de la oposición y de las organizaciones de víctimas que preferían su desplome a aceptar una iniciativa diferente a la propia. Victoria pírrica que afectó a cientos de miles de víctimas. Importaba más poder señalar al gobierno de negligente, inhumano y enemigo de las víctimas que construir consensos que permitieran la reparación efectiva.

La cuestión no es solamente disponer en una norma que se repare económicamente a las víctimas, sino garantizar que ciertamente se pueda cumplir. Jamás habrá dinero suficiente para reparar el daño causado por el terrorismo y las violaciones de derechos humanos, pero con los recursos disponibles el Estado debe hacer el mayor esfuerzo posible, cosa que no entendieron o, mejor, no quisieron entender, quienes decidieron hacer del proyecto una bandera demagógica.

Según un estudio del Ministerio de Hacienda, lo aprobado por la Comisión de Conciliación elevó de 22.1 billones de pesos (¡sí, leyó bien, billones!) a 76 billones el monto que debía desembolsar el Estado para cumplir con lo estipulado en el proyecto de ley. El problema no es reparar a las víctimas, el problema es que no hay con qué cubrir la diferencia de $53,8 billones adicionales, además de su perverso efecto en las finanzas públicas y de mermar directamente el presupuesto que debe dedicarse a salud, educación, infraestructura, seguridad o justicia.

Por otro lado, resulta razonable exigir una sentencia que condene a un miembro de la Fuerza Pública por el delito que da origen a la obligación de reparar a la víctima. Así se diga que el proceso penal no se afecta con la reparación administrativa (cosa cierta), se tiene que ser ciego para no darse cuenta que la consecuencia en la práctica de la sentencia condenatoria y de la mencionada reparación es la misma: reconocer que un agente estatal violó los derechos humanos.

Tal y como estaba el proyecto, se le entregaba un morrocotudo instrumento a las Farc para su campaña de propaganda y de guerra jurídica. La omisión de sentencia coloca a terroristas y militares en el mismo plano. No es cualquier cosa. El centro de gravedad al que apunta la guerra irregular es la legitimidad y ésta se afecta con la violación de los derechos humanos. Por supuesto, el camino no es negar las violaciones sino que estas no ocurran, pero tampoco eso nos puede llevar a la ingenuidad de no reconocer los montajes que las guerrillas realizan contra las fuerzas militares y que, con base en el proyecto de ley, serían validados por vía administrativa.

De ahí, la resistencia a que se iguale a los terroristas de las Farc, Eln y Auc con los miembros de la fuerza pública. Mientras en los grupos armados ilegales los crímenes de lesa humanidad son una práctica diaria y un aceptado “medio de lucha”, cuando éstos se presentan en las fuerzas militares, se trata de acciones individuales y no institucionales, como se desprende del informe preliminar del Relator de la ONU, Philip Alston.

La forma de evitar caer en esa trampa es que la justicia funcione y se determine la existencia del delito y la autoría por parte de un agente estatal. La larga duración de los procesos judiciales es una preocupación válida, pero la salida no era rechazar la necesidad de una sentencia y en consecuencia hundir el proyecto, sino plantear un procedimiento especial y rápido, de la misma forma que adoptar medidas que fortalezcan la capacidad de la Fiscalía y los jueces.

Finalmente, lo ocurrido es una muestra más de la incapacidad del gobierno y la oposición por construir consensos en los temas fundamentales. Los obstáculos fiscales y la necesidad de una sentencia podían resolverse si en vez de consumirse en la politiquería y la demagogia, se actuara con responsabilidad y con afán de generar respuestas. Por desgracia, al Partido Liberal y al Polo les interesaba más que naufragara el proyecto que permitir que la Seguridad Democrática se fortaleciera con una política de reparación a las víctimas. Las víctimas deben ser objeto de una política de Estado, no de partido.

EL HARAKIRI MILITAR

El Nuevo Herald - jueves 25 de junio de 2009

By RAFAEL GUARIN

El informe preliminar de la visita a Colombia de Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para ejecuciones arbitrarias, es aterrador y tendrá consecuencias negativas para la política de seguridad de Alvaro Uribe. La conclusión inicial es que el asesinato de civiles no es una conducta generalizada, pero tampoco se trata de simples ''manzanas podridas'' o ``casos aislados''.

El documento desnuda una situación muy grave. Primero, los llamados ''falsos positivos'' son ''asesinatos a sangre fría y de forma premeditada de civiles inocentes, con fines de beneficio''. Segundo, se trata de una práctica presentada en por lo menos 13 departamentos y que involucra un gran número de unidades militares. Tercero, los homicidios se efectuaron ''de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército''. Y, para completar el desastre, hay ``hostigamiento sistemático de los militares hacia los supervivientes''.

Aunque el informe reconoce que la administración Uribe tomó medidas importantes que demuestran ''buena fe'' y que hay ''una reducción significativa en la cantidad de alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la justicia militar en los últimos 6 a 9 meses'', a menos que se asuman decisiones audaces y las recomendaciones efectuadas por el relator lo ocurrido se traducirá inevitablemente en la deslegitimación internacional de la política de seguridad y en una herramienta que las FARC, sin duda, sabrá utilizar. Los efectos reforzarán a los enemigos de la continuidad del Plan Colombia, enredaran más la aprobación del TLC y hasta podrían dificultar las relaciones comerciales con la Unión Europea.

Esos crímenes fortalecen la campaña de propaganda y la guerra jurídica que realizan las guerrillas. El falaz discurso de la existencia en Colombia de ''terrorismo de Estado'', con el cual quieren justificar su propio terrorismo, consigue credibilidad en la comunidad internacional no obstante que el relator indica que no hay prueba de que las ejecuciones sean ''política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del presidente o de los sucesivos ministros de Defensa''. Adicionalmente, el informe denuncia que los crímenes se perpetraron por ''elementos dentro del ejército'', cosa muy diferente a afirmar que se trata de una práctica institucional de las fuerzas militares.

Por otro lado, hay altísima cuota de responsabilidad en la inacción de la Fiscalía y de los jueces. La lentitud de los procesos judiciales envía un mensaje de impunidad que estimula la repetición de los asesinatos, al tiempo que favorece la propaganda fariana. Se requiere con urgencia aplicar justicia, esto es, cero impunidad y que se establezcan los casos de montajes y falsas denuncias contra miembros de la fuerza pública. El gobierno debe demostrar los muchos eventos en que guerrilleros dados de baja en combate por la fuerza pública son disfrazados de civiles inocentes. No es aceptable la improvisación e ineptitud mostrada en este punto frente al relator por los funcionarios gubernamentales.

Igualmente, deben revisarse los mecanismos de control civil sobre el poder militar y de rendición de cuentas ante los ciudadanos. Una persona que estuvo al frente del Ministerio de Defensa me manifestó que era casi imposible detectar que ''cosas así estuvieran ocurriendo'', lo que evidencia el débil control que en realidad se ejerce sobre las tropas. Esa falencia es una de las causas, entre otras, de la infiltración de los carteles de la droga, la corrupción, los excesos y las acciones de una minoría de individuos que con sus delitos comprometen la legitimidad de la fuerza pública.

Finalmente, procuraduría, fiscalía y contraloría deben investigar si con relación a los asesinatos se pagó recompensa a supuestos informantes, lo que sumaría a este escabroso capítulo un peculado monumental. También es importante que el gobierno piense en integrar una comisión de la verdad que esclarezca las motivaciones y modalidades de esa práctica criminal; es evidente que éstas varían entre la búsqueda de ascensos y pequeños incentivos, el interés de asaltar el presupuesto de seguridad y los clandestinos nexos con bandas de narcotraficantes que proporcionaban ''bajas'' mientras recibían protección de militares putrefactos.

Sería muy estúpido que después del sacrificio, entre 2002 y mayo de 2009, de más de 4,247 soldados asesinados y 12,952 heridos en combates contra las guerrillas, los antiguos paramilitares y las nuevas bandas emergentes, resulte que las fuerzas armadas se terminen haciendo el harakiri y otorgándole a las FARC una victoria inesperada.

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LA ESTRATEGIA TERRORISTA DE ETA Y BATASUNA

Arnaldo Otegi
Publiado en ABC el 26 de mayo de 2009

ROGELIO ALONSO
Profesor de Ciencia Política. Universidad Rey Juan Carlos

El anuncio de ETA de fijar una «estrategia político-armada eficaz» ha avivado el debate sobre un hipotético cambio estratégico por parte del grupo terrorista. En los últimos meses medios políticos y periodísticos han insistido en la existencia de relevantes divergencias dentro del movimiento terrorista, sin que la realidad en torno a ETA y Batasuna confirme tan infundado argumento. Desde sectores políticos y mediáticos que defendieron la negociación con ETA emprendida por Zapatero pese a sus negativos costes, se ha alimentado la creencia de que una parte del entramado terrorista, representado por Ternera y Otegi, desea romper con la banda. En ese sentido, El País titulaba así una información publicada el pasado 2 de mayo: «La izquierda abertzale elabora por vez primera su estrategia al margen de ETA». En ella, se tildaba de «posibilistas» a personajes como Otegi, al que se presentaba como dispuesto a «actuar al margen de ETA» para «imponerle» a la banda el «cese de la violencia» mediante «una estrategia de hechos consumados».

En abierta contradicción, el mismo periodista que firmaba esta información había defendido antes la negociación con ETA señalando que aquel era «un proceso inédito en Euskadi, donde la falta de sincronía entre ETA y Batasuna condujo al fracaso de los anteriores intentos de paz» (El País 5/12/05). Añadía además: «En esta ocasión, se produce la particularidad de que no hay disensiones ni en Batasuna ni tampoco, y lo que es más importante, en ETA, donde existe un apoyo generalizado al proceso puesto en marcha por Batasuna». Sin embargo, la «sincronía» entre ETA y su brazo político en previos contactos había sido siempre total, circunstancia ésta que, al igual que ocurriría con el último proceso de negociación, garantizaría que la ruptura de la tregua en 2006 no fuera seguida de relevantes disensiones al cerrar filas el movimiento en torno a la decisión del liderazgo terrorista.

Esta misma unidad es la que refleja el último comunicado de ETA. La entrevista a los dos etarras en Gara revela una clara coincidencia conceptual con los planteamientos expresados por Otegi el pasado mes de marzo. En aquella ocasión Otegi hizo un llamamiento a «sumar fuerzas» a todos los sectores políticos y sociales independentistas vascos con el fin de impulsar una «frente independentista» y una «estrategia eficaz» que «ponga en marcha un proceso de cambio político» en el País Vasco. En esa comparecencia pública tras su salida de la cárcel, arropado por los responsables de LAB y otros destacados activistas etarras, Otegi anunciaba la búsqueda de una «estrategia independentista eficaz».

La coincidencia estratégica con ETA es todavía clara, apreciándose una estable coordinación entre el frente «político» y el «militar» de los terroristas. Lo que el movimiento integrado por ETA y Batasuna persigue ahora es la creación de un bloque de formaciones independentistas que progrese hacia la constitución de un «Estado vasco». En ese frente se prescindiría inicialmente del PNV con objeto de presionar a un partido que aún debe decidir si mantiene la radicalización emprendida en los últimos años en la búsqueda de un voto nacionalista que le garantice su hegemonía política en el País Vasco. El concepto de «Estado vasco», elaborado por ETA desde 2006, era reivindicado nuevamente en un comunicado de enero de 2009 al indicar los terroristas que «es el momento de unir fuerzas por este pueblo, sin excusas, para que los abertzales entremos en la fase de la independencia».

La declaración de Otegi en marzo reafirmaba esa misma línea. Abundaba así en lo reproducido al ser entrevistado por Gara en noviembre de 2008, cuando anunció un nuevo proyecto orientado a «vertebrar una alternativa política a la izquierda del PNV que lidere el cambio político desde posiciones independentistas» con el fin de «avanzar hacia la creación de un Estado vasco». La sumisión de Otegi a ETA sigue manifestándose en la ausencia de cualquier oposición significativa a su violencia, incluyendo la designación del nuevo gobierno vasco como «objetivo prioritario» de los terroristas. Previamente, Otegi había aceptado también que sus negociaciones para perfilar un «polo soberanista» de cara a las elecciones autonómicas de 2009 fracasaran debido al asesinato del empresario nacionalista Ignacio Uría.

Quienes describen a Otegi y Ternera como «posibilistas» parecen ignorantes a las dinámicas de la banda, como ya lo fueron cuando alimentaron en la anterior legislatura las expectativas sobre un falso deseo de Batasuna de imponer el final de la violencia. Por ello ignoraron el texto elaborado por Batasuna en 2005 en el que comunicaba a sus bases que la tregua no era más que un intervalo que sería interrumpido si la negociación no resultaba satisfactoria para los intereses de ETA. Hoy, igual que entonces, ETA y Batasuna continúan compartiendo una estrategia firme en su voluntad de mantener el terrorismo y que, además, se ha visto reforzada por la reciente negociación a pesar de la eficaz presión policial y judicial aplicada tras el final de la tregua. Los etarras entrevistados en Gara lo expresaban así: «El PSOE ha prometido a los poderes internacionales y del Estado que solucionará -policialmente este problema-. Y está intentado demostrar eso, vendiendo ya la piel del oso y con alguna borrachera represiva de por medio a raíz de ciertas detenciones. Pero llegarán las resacas, y otra vez el problema y su gravedad se situarán en el centro de la agenda política. Y antes de lo que creemos, les escucharemos hablar otra vez de diálogo, paz...».

Tras la ruptura de la negociación con el gobierno de Zapatero, en su documentación interna ETA se ha vanagloriado de haber obtenido un «gran logro» al demostrar la inutilidad de las instituciones democráticas, pues tanto el PSOE como el PNV aceptaron negociar con Batasuna en una mesa extraparlamentaria con el fin de eludir la ilegalización del partido pro etarra. Esa lógica llevaba a Otegi a declarar: «Yo no hablo de fracaso. Se puede afirmar que hemos avanzado, pero no hemos alcanzado un acuerdo resolutivo final. Y no lo hemos hecho porque todavía no existe ni la ambición ni la madurez suficiente por parte del Gobierno español para alcanzarlo. Pero no hay que desistir» (Gara 29/7/07). De nuevo se aprecia una identidad entre lo afirmado por Otegi y los etarras entrevistados en Gara, uno de los cuales declara: «No albergamos ninguna duda sobre para qué sirve lo avanzado en el proceso. En términos políticos, hemos llegado al nivel más elevado alcanzado nunca en un proceso. Ha evidenciado que este pueblo tiene ganados dos debates: el primero, que la resolución del conflicto llegará de un proceso de diálogo y negociación; y el segundo, que los vascos tienen todo el derecho a decidir su futuro y que hacerlo factible cerrará de una vez por todas la puerta del conflicto».

Frente a la evidencia que arroja el análisis de ETA y Batasuna, hay personas interesadas en suscitar confusión sobre las intenciones de Otegi y Ternera pese a la negativa de ambos a distanciarse de los postulados terroristas. Ello puede conducir a la repetición de errores pasados cuando desde el gobierno, e incluso desde algunas instancias judiciales, se buscó la rehabilitación de estos dirigentes terroristas, reforzándose a interlocutores absolutamente subordinados a los dictados de una ETA que rechaza abandonar el terrorismo.

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¿DERRUMBE MORAL?

Publicado el miércoles 21 de mayo de 2009 - SEMANA.COM

RAFAEL GUARÍN

En 2006 el presidente Álvaro Uribe exigió a las fuerzas militares y de policía “asepsia interna y eficacia externa”. Tres años después hay mayor eficacia, pero de la “asepsia” más bien poco. Los acontecimientos demuestran que las conductas anómalas lejos de desaparecer están entronizadas en segmentos del aparato estatal y amenazan con convertirse en el derrumbe moral de la política de seguridad.

En este asunto, colmado de minas “caza bobos”, es muy fácil plegarse a la crítica y asumir que son ciertas todas las denuncias, mientras en el otro extremo se atrincheran quienes quieren hacer creer que todo es un montaje de las guerrillas. La realidad es más compleja que la dibujada por unos y otros.

Hay que comenzar por aceptar que sí hay falsos positivos, vínculos de miembros de la fuerza pública con el narcotráfico e interceptación ilegal de comunicaciones; además, que constituyen el más duro golpe que ha recibido la legitimidad de la Política de Seguridad Democrática (PSD).

De la misma forma, se debe reconocer que es cierto que la guerra política, por razones tácticas y estratégicas, es en este momento el frente fariano y eleno más importante. Por física ignorancia, olvido o complicidad, se omite que la lucha revolucionaria presenta diversas formas. Se emplean armas que con menos riesgos, mayor economía y seguridad, garantizan superiores resultados; entre ellos la propaganda y la guerra jurídica.

Los falsos positivos son la mejor oportunidad para combinar ambos elementos. Son el motor de una campaña de propaganda que busca persuadir a los ciudadanos y a la comunidad internacional de que las bajas propinadas por el Ejército a las filas guerrilleras son una especie de masacre sistemática del Estado colombiano contra la población civil.

Un falaz argumento destinado a embaucar incautos. La técnica es muy sencilla: se trata de convertir en regla conductas criminales que son la excepción, agregando mentiras que las generalizan y amplifican. Por ejemplo, Anncol, una de las agencias de noticias de las Farc, reproduce un artículo publicado el pasado 22 de marzo en el periódico mexicano “La Jornada” en el que se afirma que las fuerzas armadas colombianas “han cometido cientos de asesinatos… de manera sistemática y generalizada”.

En todo caso, el hecho de que existan asesinatos perpetrados por corrompidos militares crea un ambiente que le otorga credibilidad a cualquier denuncia, sin importar su veracidad, contribuyendo a la propaganda y a la guerra jurídica que adelantan las organizaciones terroristas. La guerra jurídica no es un invento, es una táctica que busca destruir la voluntad de lucha de la fuerza pública y contener su acción.

En España, los etarras son instruidos para que al ser capturados digan a los jueces que han sido torturados y objeto de tratos inhumanos y degradantes. Los manuales de adiestramiento y seguridad de la banda terrorista vasca y los “Zutabe” (publicación interna) incautados por las fuerzas y cuerpos de seguridad enseñan esa treta. ¿Por qué en Colombia esas falsas denuncias no pueden ocurrir?

A pesar que es innegable, como lo afirma el general Fredy Padilla, que “el número de integrantes de las fuerzas militares incursos en delitos o que cometen errores es infinitamente pequeño, comparado con la gran cantidad de uniformados comprometidos con su deber”, las anomalías erosionan poco a poco la legitimidad de la fuerza pública y de la política de seguridad.

De no corregirse, tarde que temprano se reflejara en el apoyo popular y en la presión de la comunidad internacional, dos objetivos tácticos fundamentales en la estrategia fariana. No se debe volver al pasado donde los ciudadanos observaban con sospecha a un policía y con miedo a un soldado.

La política de Seguridad Democrática requiere de un urgente rearme moral que pasa por que dichos crímenes no queden en la impunidad. También necesita una efectiva respuesta a la propaganda y un apoyo decidido a los militares víctimas de tales montajes.

La reelección de la seguridad democrática en 2010 es un imperativo para acabar a los grupos armados ilegales. Pero no puede ser un cheque en blanco. La necesidad de mantener una política de firmeza contra el terrorismo no debe ser un aval a situaciones que violan el Estado de Derecho. Si se reelige deberá ser sin la posibilidad de que se repitan falsos positivos, chuzadas y criminales vestidos con traje de fatiga.

Pregunta: ¿Por qué será que la farcpolítica no tiene la atención de los medios de comunicación y de los columnistas?

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LA CANDIDEZ DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

EL NUEVO HERALD - 13 de mayo de 2009

By RAFAEL GUARIN

Hace unos días el Departamento de Estado publicó su informe ''Country Reports on Terrorism 2008''. Contiene un examen sobre las organizaciones terroristas y la actuación de los gobiernos en 142 estados. A pesar de las múltiples pruebas y de que el propio Comando Sur sabe de la confabulación del gobierno venezolano con las FARC y el ELN, no se incluyó a este país entre aquellos que patrocinan el terrorismo.

El asesinato de 8 soldados por parte de las FARC, en un ataque planificado y lanzado desde territorio venezolano, efectuado a finales de abril, colocó nuevamente el tema sobre la mesa. Aunque medios de comunicación y analistas se tragaron completo el anzuelo lanzado por Chávez y creyeron que su apoyo a las guerrillas ya estaba superado, no es así. A su manera, el propio teniente coronel lo reconoció. Hace un mes dijo que ''difícilmente alguien pueda decir que soy enemigo de las FARC. No soy su aliado ni su protector y tampoco su enemigo''. Ante la solicitud de ayuda de Uribe para que la Fuerza Armada Nacional venezolana persiguiera y capturara a los asesinos, evidenció que no lo hará porque eso involucraría a su país en el conflicto colombiano. Fue contundente, ''no valdrá presión de ningún tipo'' que lo obligue a combatirlas.

Pero en aras de expandir la ''revolución bolivariana'' y construir la ''patria grande'', Venezuela ya está involucrada en la situación colombiana. No se puede olvidar que el año pasado Chávez hizo explicito su apoyo a las guerrillas brindándoles cobertura política, propugnando por otorgarles estatus de beligerancia y ofreciéndoles financiación, que no se sabe si finalmente se concretó. Es conocido, además, el continuo flujo de munición y armamento, así como la complicidad frente a la instalación en Venezuela de campamentos guerrilleros, donde se mantienen secuestrados. En uno de ellos se esconde Iván Márquez, responsable del Bloque Caribe que asesinó a los soldados.

Sin embargo, en este tema el informe del Departamento de Estado lo trata con guantes de seda. Se equivoca gravemente en el diagnóstico al afirmar que es la simpatía ideológica de Chávez con las FARC y el ELN la razón que limita la ayuda a Colombia en la lucha contra el terrorismo, desconociendo que no se trata sólo de un problema de cooperación, sino de algo mucho más grave: complicidad con ambos grupos.

Las relaciones que mantiene con las FARC y el ELN no son humanitarias, tampoco improvisadas. Son una política del estado venezolano. La mejor prueba la proporciona el Departamento del Tesoro. En septiembre de 2008 incluyó en la llamada ''Lista Clinton'' a la mano derecha de Chávez, el ex ministro del interior Ramón Rodríguez Chacín, al igual que al director de Inteligencia Militar (DGIM) y al director de Servicios de Prevención e Inteligencia (DISIP). Los tres están implicados en actividades de narcotráfico relacionadas con las FARC. Según Adam J. Szubin, director de la la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, ''armaron, patrocinaron y financiaron a las FARC''. Nadie puede pensar que los tres altos funcionarios realizaran esa labor si no fuera porque estaban ejecutando una política y cumpliendo órdenes de Chávez.

Pero el informe trae un monumento a la candidez. Afirma que Chávez cambió de rumbo al pedir públicamente la liberación incondicional de los secuestrados y decir que la lucha armada estaba fuera de lugar en América Latina. ¡Qué ingenuidad! Ambas declaraciones eran maniobras en una coyuntura en que se comenzaba a sentir la presión internacional. Con habilidad generaron esa percepción, cuando en realidad eran una distracción para quedarse en la misma posición.

No existe tal cambio. Por el contrario, el gobierno de Chávez ratificó la decisión de convertir el territorio venezolano en un refugio y en un espacio para que las FARC se organicen, realicen adoctrinamiento, propaganda y contactos clandestinos con otros gobiernos y organizaciones, bajo la mampara de la Coordinadora Continental Bolivariana, su brazo internacional. En marzo pasado, para conmemorar el aniversario de la muerte de Manuel Marulanda se inauguró en Caracas, con amplia publicidad, una ''Escuela de Formación'' de las FARC.

El gobierno de Obama debe estudiar con más seriedad el tema, no sea que la historia se repita. Rohan Gunaratna recuerda que aún después del primer atentado, en 1993, contra el World Trade Center, ''las autoridades norteamericanas cerraron los ojos ante la existencia de un entorno extremista dedicado a proporcionar personal y recursos para la yihad en distintas partes del mundo''. La atención la colocaron después de los carros bomba contra dos embajadas norteamericanas en el Cuerno de Africa. Ya era demasiado tarde.

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SINDICALISTAS ASESINADOS: UNA CONTABILIDAD RETORCIDA

Publicado en: Blog “Debate Nacional”

Por Libardo Botero*

Mayo 3 de 2009

Para el gobierno van 10 sindicalistas asesinados este año. Las centrales obreras, siguiendo su fuente dilecta, la Escuela Nacional Sindical (ENS), apuestan por 9, un poco menos como cosa rara. Yo pienso que pueden ser más. Hace poco un líder sindical me informaba del asesinato por delincuentes comunes, de un miembro de su organización; pero se niega a reportarlo pues no comparte el criterio de darle una connotación política que no tiene. Nos duele y repudiamos el asesinato de cualquier compatriota, ¿pero qué sentido tiene esta cruel contabilidad?

Somos el único país en el mundo que tiene una entidad dedicada a registrar esa cuenta fatídica, la ENS, y a edificar sobre ella un mito: que somos el país más peligroso del mundo para el sindicalismo. Hay una especie de morbo en rebuscar muertos a tutiplén para elevar la suma lo más alto posible y enrostrarla al gobierno, pese al evidente descenso de los casos. La Confederación Sindical Internacional reprodujo hace unas semanas la información de sus pares colombianos sobre 4 sindicalistas muertos, cuando ya se había aclarado que dos no eran sindicalistas y un tercero murió de infarto y no asesinado. A la CSI solo le interesa difundir la versión que le llega y parece regodearse con ello.

Para la lista cualquier tipo de muerto vale, con tal de presentar un “genocidio” contra el sindicalismo por obra y gracia del gobierno y los empresarios. Pero la realidad es que la inmensa mayoría de los muertos no lo son por su calidad de sindicalistas, y los autores principales son guerrilleros, paramilitares o delincuentes comunes. Acaba de declarar el Fiscal Mario Iguarán: “En los dos últimos años se ha proferido más del 73 por ciento del total de las sentencias condenatorias que por asesinato de sindicalistas se han dictado en la historia judicial de este país. Y los culpables son las Auc, la guerrilla y la delincuencia común. Si bien se han asesinado sindicalistas en razón de su actividad, debe anotarse que en un buen número de casos son ultimados por causas ajenas a su calidad de sindicalistas. En otros casos, hemos concluido que la responsabilidad es atribuible a miembros de la Fuerza Pública, pero no hay un solo caso donde se evidencie que ello es una política del Estado o del empresariado colombiano”. Nada de eso se reconoce pues se quiere mostrar lo contrario a toda costa.

Tengo la sospecha de que nuestra situación no es diferente a la de otros países, o inclusive de menor cuantía, pero en ninguna otra parte tienen una entidad especializada en llevar esa estadística, ni grupos interesados en magnificarla y deformar el fenómeno. EEUU, por ejemplo, tiene un total de homicidios similar al de Colombia, entre 16 y 17 mil por año; y una tasa de afiliación sindical 3 veces superior a la nuestra, con unos 16 millones de miembros. Solo en los lugares de trabajo son asesinadas alrededor de 1.000 personas al año. La probabilidad de que un sindicalista sea asesinado –por diversas causas, ajenas a su afiliación- es significativa; es presumible que algunos centenares de sindicalistas mueran asesinados cada año. Y así puede ocurrir en México o Brasil, entre otros, con mayor sindicalización que nosotros, población más elevada y grados importantes de violencia. Pero no llevan esa contabilidad retorcida ni sufren la saña enfermiza que Colombia.

Según datos de la Fiscalía, en 2005 en Colombia fueron asesinados 1.294 comerciantes, 1.050 desempleados, 949 agricultores, 800 personas de oficios varios, 545 albañiles, 446 estudiantes, 428 guerrilleros, 381 vendedores ambulantes, 375 conductores, 236 soldados profesionales, entre otros grupos sociales. El mismo año la ENS reportó 72 sindicalistas asesinados y el gobierno 40. La tasa de homicidios del país es de 33 por cien mil habitantes, de 86 para policías y para los sindicalistas de apenas 5. Ser sindicalista es menos peligroso que ser comerciante, agricultor, albañil, estudiante o soldado. Pero para el mundo solo cuentan los asesinatos de sindicalistas. El resto de colombianos no tiene dolientes. Si aquella cifra baja a cero, así la degollina siga para el resto, bienvenidos serán el TLC, el Plan Colombia o el Acuerdo con la UE. ¿Podemos seguir permitiendo esa lógica perversa?

* Economista. Analista e investigador del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC).

UNA ALIANZA CLAVE EN TIEMPO TURBULENTOS

Publicado en Semana.com - Martes 5 de mayo de 2009

ROMÁN ORTIZ

Durante las pasadas semanas, se han multiplicado las críticas contra la “relación especial” entre Washington y Bogotá que ha constituido la apuesta central de la política exterior colombiana durante los pasados años. Una parte de los señalamientos han venido de las habituales posiciones de izquierda que sostienen el carácter dañino de una alianza con Estados Unidos a la vista de su naturaleza desquilibrada y su potencial para alejar a Colombia de sus supuestos “socios naturales” latinoamericanos.

Pero además, al tradicional coro antinorteamericano, se han añadido algunas voces desde la derecha que nada bueno esperan del nuevo inquilino demócrata de la Casa Blanca, menos dispuesto a apoyar las campañas antiterroristas de sus aliados y más inclinado a enfatizar los cuestionamientos sobre derechos humanos. En cualquier caso, venga de donde venga, la nueva oleada de nacionalismo “anti-gringo” olvida que el papel de Estados Unidos como socio estratégico de Colombia resulta irremplazable. En consecuencia, más que lanzar ataques demagógicos, parece urgente fortalecer una alianza cuyo valor estratégico resulta creciente para ambos países.

El Partido Demócrata y un sector de la administración Obama no lo están poniendo fácil a aquellos que defienden la necesidad de mantener la asociación estratégica entre Colombia y Estados Unidos.

Primero, fue la congelación del Tratado de Libre Comercio en el contexto de la carrera electoral por conquistar la Casa Blanca.

Luego, ha venido la modificación del Plan Colombia decidida más en función de las preferencias ideológicas de algunos congresistas estadounidenses que a partir de un análisis balanceado de donde pueden tener mayor impacto estratégico los menguantes dólares de asistencia económica y de seguridad. Entretanto, algunos líderes demócratas han dado muestras de un irritante doble rasero que les permite denunciar sin concesiones a Colombia por problemas de derechos humanos o ineficiencias en la justicia mientras no han tenido inconveniente en defender la necesidad de dialogar con tiranos como Bashar al Assad de Siria acusado de asesinar opositores dentro y fuera del país.

Las consecuencias de esta cadena de desencuentros han provocado un enrarecimiento del clima de confianza entre los dos gobiernos. Y sin embargo, ambos países se necesitan. Para Colombia, la relevancia de Estados Unidos resulta evidente tanto desde el punto de vista económico como de seguridad. Pero al mismo tiempo, la capacidad de Washington para proyectarse sobre el continente tiene bastante que ganar de una alianza estrecha con Bogotá.

De momento, las perspectivas de algunos académicos estadounidenses sobre la construcción de un orden hemisférico basado en una relación triangular entre Estados Unidos- México – Brasil están chocando con la realidad. Los efectos combinados de la guerra contra los carteles de la droga, la recesión económica y ahora la epidemia de gripa porcina prometen obligar al Estado mexicano a replegarse sobre si mismo. Entretanto, resulta difícil de concebir como las relaciones entre los estadounidenses y Brasil van a poder desprenderse de la ambigüedad entre cooperación y competencia que las han marcado tradicionalmente. Sin duda, existen un buen número de temas en los que Washington y Brasilia van a colaborar sin inconvenientes.

Pero también hay una lista de cuestiones relevantes – desde la crisis boliviana hasta la proliferación de armas nucleares – donde las diferencias se harán visibles tarde o temprano. En tales circunstancias, la influencia de la diplomacia estadounidense se beneficiaría notablemente de contar con socio en la región como Colombia. Dicho en otras palabras, existe el espacio geopolítico para que las relaciones Estados Unidos-Colombia se desarrollen en la dirección que tomaron en su momento los vínculos de Washington con Turquía o Tailandia.

Sin perder de vista el potencial de la relación bilateral, resulta imprescindible ser conscientes del momento por el que atraviesa la política estadounidense. Con apenas cien días de vida, la administración Obama todavía esta definiendo su estrategia exterior. Bajo tales circunstancias, las batallas entre los sectores pragmáticos del ejecutivo y aquellos afiliados a las posiciones más ideológicas del Partido Demócrata provocarán ambigüedades en el comportamiento de la Casa Blanca. Al mismo tiempo, la profundidad de la crisis económica reducirá la capacidad de Estados Unidos para respaldar a sus aliados. En este contexto, se deben entender las señales emitidas por Washington sobre la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio sea ratificado.

Para que estas perspectivas puedan materializarse, será necesario resolver dos cuestiones. Primero, la administración Obama tendrá que alcanzar un consenso sobre las condiciones bajo las que otorgará su respaldo al Tratado. Segundo, se tendrán que superar las barreras que los sectores opuestos a la liberalización del comercio entre Colombia y Estados Unidos tratarán de poner en el Congreso. Ambas tareas demandarán tiempo y esfuerzo.

Entretanto, la relación bilateral puede encontrar otros intereses comunes sobre los que crecer. A finales del presente año, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, expulsará de la base ecuatoriana de Manta a un pequeño número de aviones de vigilancia electrónica norteamericanos comprometidos en el combate al narcotráfico. La decisión de Quito dañará los esfuerzos destinados a frenar el flujo de drogas en el Pacífico. Bogotá, que comparte con Washington el interés en desmantelar el negocio de la droga, debería alcanzar un acuerdo para permitir que los aparatos estadounidenses operen desde su territorio.

Al mismo tiempo, soldados colombianos se unirán próximamente a las fuerzas internacionales en Afganistán donde EE.UU. está reclamando más apoyo para estabilizar el país centroasiático. Se trata de un contingente reducido que debería crecer a medida que Colombia pueda desprenderse de algunas tropas adicionales para destinarlas a misiones en el exterior.

Las alianzas son como cualquier relación. Suelen atravesar por altibajos marcados por el debilitamiento de la confianza entre las partes. La mejor forma de resolver estas dificultades suele ser demostrar compromiso y actuar con generosidad.

*Román D. Ortiz es Coordinador del Área de Estudios de Seguridad y Defensa
Fundación Ideas para la Paz

SALIDA Y VOZ PARA EL FINAL DE ETA

22 de abril de 2009 - Diario ABC - Madrid

ROGELIO ALONSO

En su libro Salida, voz y lealtad (1970) Albert Hirschman propuso unas variables con las que analizar el funcionamiento de empresas en crisis. Con el agravante que supone el carácter criminal y fanatizado de los terroristas, su aplicación a una organización terrorista es útil para examinar cómo podría alcanzarse el final de ETA. Hirschman utilizó dos conceptos para evaluar las opciones de consumidores o miembros de organizaciones empresariales ante la disminución de los beneficios que éstas les reportaban. Por un lado, podían optar por la salida, abandonando la organización si los costes excedían a los beneficios. También podían permanecer dentro de la organización utilizando su voz para criticar su deterioro. Una eficiente política antiterrorista debería socavar la capacidad de ETA estimulando tanto las críticas internas como las defecciones, combinación que puede lograr el derrumbe del entramado terrorista. Para ello es imprescindible que se extienda y consolide entre los terroristas el convencimiento en torno a la inutilidad de su violencia y los efectos contraproducentes de la misma. De no ser así, la salida y la voz pueden surgir, pero sin devenir en el colapso de una organización terrorista cuyos líderes todavía no han extraído la conclusión que debería derivarse de su debilidad estructural.

Aunque la decadencia de ETA es progresiva debido a una intensa presión policial y judicial que constituye el más poderoso elemento de disuasión para la banda, ésta sigue sin interiorizar genéricamente que debe renunciar al instrumento que le acarrea tales costes. La documentación terrorista revela cómo la coacción estatal resulta asfixiante cuando una inclemente persecución policial confluye con medidas como la Ley de Partidos y la doctrina Parot. Estos factores han propiciado tanto la salida de activistas desencantados y agotados como la voz crítica de otros que exigían el final del terrorismo. Sin embargo, la negociación con ETA emprendida por Zapatero en la pasada legislatura derrotó importantes voces disidentes al demostrar el Gobierno que el terrorismo reportaba a ETA el rédito de una peligrosa legitimación como consecuencia de la directa interlocución mantenida. Por ello, aunque desde las cárceles se escuchan algunas voces críticas con el liderazgo, el debate interno abierto entre 2007 y 2008 ha concluido con un cierre de filas sobre la idoneidad de mantener el terrorismo. «Debemos dar lo más duro posible en su territorio y en todos los frentes, sobre todo en el militar y en el económico. Las razones que nos impulsaron a tomar las armas continúan tal cual. La lucha armada es legítima». Esta contribución de un recluso sintetiza el resultado de un intercambio de posiciones en el que la lealtad al maximalismo ideológico logró imponerse frente a expulsiones previas por articular críticas a la continuidad del terrorismo.

La documentación etarra muestra que el realismo sobre las dificultades por las que atraviesa la banda no es ajeno a la racionalización de los etarras. Sin embargo, siguen sin dar el paso ansiado por la democracia, pues desde su lógica el terrorismo continúa resultando eficaz, creencia reforzada por una reciente negociación que han podido interpretar en términos similares a los que ya expresaba el dirigente terrorista Txomin Iturbe en 1986: «Y en Euskal Herria, hasta los más tontos ven que incluso esa porquería de Estatutos que se han conseguido los han cedido por la presión de la violencia y que, si no, ni eso hubieran cedido». La negociación del marco jurídico político directamente entre ETA y representantes gubernamentales en 2006 ha reforzado esa lógica que en los ochenta ya llevó a Iturbe a advertir: «Conforme vayan fracasando las otras políticas y vean que no consiguen arrodillarnos, irán a la negociación».

En estas circunstancias sería conveniente moderar el triunfalismo sobre supuestas disidencias entre el colectivo de presos e incluso entre los líderes de la banda aireadas por algunos medios. Así ha de ser para que ante posibles atentados se evite el desánimo de una sociedad a la que se le ha prometido la inminente erradicación de ETA durante mucho tiempo. Pero también con objeto de impedir que los terroristas presenten como fortaleza la ausencia de la definitiva materialización de esa derrota tan anunciada, pero de incierta visualización. Es pues oportuno medir correctamente la acción comunicativa que con buen criterio incide en la debilidad de ETA sin ignorar que, desgraciadamente, la banda aún no ha asumido una voluntad de concluir su campaña terrorista. Este reconocimiento sirve para comprender que el final de ETA es fundamentalmente una responsabilidad de los terroristas que el Estado debe propiciar demostrando la inutilidad del terrorismo para obtener objetivos políticos.

Debe subrayarse, como sugiere el ministro del Interior, que el diálogo con ETA no volverá a producirse. Sin embargo, la disuasión que transmite disminuye al recordarse la opinión del presidente del Gobierno sobre la derrota de ETA. Al preguntarle si era posible acabar policialmente con ella, respondió: «Se puede debilitar mucho policialmente a ETA y hay que hacerlo, pero exige un gran esfuerzo del Estado y el apoyo de todos los partidos políticos.» Ante la insistencia del entrevistador sobre si mediante esos métodos sólo resultaba posible «debilitar mucho» a ETA, pero «no acabar» con ella, el presidente concluyó: «Debilitar mucho.» (20 Minutos 2/2/08).

Esa lógica da sentido a un hipotético escenario en el que la banda obtendría la recompensa de contraprestaciones a cambio de su promesa de renunciar al terrorismo. Se retroalimenta así la eficacia de una violencia que centra las reflexiones de los dirigentes etarras para cohesionar lealtades neutralizando potenciales voces críticas. Esta dinámica limita el alcance de importantes éxitos de la lucha antiterrorista, entre ellos la desmoralización de un entorno terrorista que llega a admitir: «La política carcelaria implantada hace 20 años se convertía en una gravísima agresión a presos y familiares. Pero la dispersión de 2009 tiene un alcance y unos efectos mucho más graves aún que la de 1989. Para empezar, entonces había 564 presos vascos y ahora son 739. [...] Y es seguro un fracaso vasco, en la medida en que no se ha articulado una respuesta efectiva a una situación que condiciona la vida diaria de todo un país» (Gara 19/4/09).

Ante la admisión de ese fracaso, la puerta que aún se mantiene abierta a futuras excarcelaciones anticipadas o contactos con líderes terroristas como Ternera u Otegi, a los que erróneamente se presenta como dispuestos a renunciar al terror sin concesiones, reduce el efecto disuasorio que posee la negación de cualquier expectativa de beneficio para ETA. Para que la conjunción de voz y salida desemboque en el fin de ETA, debe rechazarse la más mínima esperanza de éxito para los terroristas, trasladándoles a ellos exclusivamente la responsabilidad del problema y de su solución: «Porque hay algo importantísimo que de primeras ganaríamos sin ETA: no habría seiscientos detenidos al año. Habría treinta y, quizás, tras varios años, nadie. Viendo la flagrante diferencia entre lo que ETA nos da y lo que se nos quita en su nombre, mi dolor crece. No. Cinco muertos no lo valen. [...] ni cien, ni mil.» (Gara 6/3/03). En otras palabras, la disyuntiva de ETA debe ser el horizonte de un mal final o uno incluso peor todavía.

Rogelio Alonso es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y autor de varios libros especializados en terrorismo.

LECCIONES DE LA CORRIENTE

Publicado el 27 de abril de 2009 - SEMANA.COM -
Imagen: Bandera de la guerrilla Corriente de Renovación Socialista.

RAFAEL GUARÍN

Se cumplen 15 años del acuerdo que permitió la desmovilización de cerca de 650 integrantes de la Corriente de Renovación Socialista. La decisión de abandonar la violencia no fue fácil. La separación de la Corriente del ELN fue el primer paso. El ‘Cura Pérez’ no hacía la misma evaluación de la coyuntura que planteaban quienes abogaban por el diálogo con el gobierno. Esa situación implicó que el ELN encargara a Felipe Torres, responsable de la Escuela de Mandos Militares Urbanos, ordenar el fusilamiento de los tres voceros de la Corriente; orden que efectivamente cumplió, aunque no lograron asesinarlos

Además de una nueva valoración política, dos fueron los elementos fundamentales para dejar las armas. Primero, como lo señala Fernando Hernández, uno de los voceros, el reconocimiento que “el ciclo de la guerra revolucionaria en Colombia… se había agotado con la derrota estratégica que significó el derrumbe del socialismo real en 1989”. Luis Eduardo Celis, ex militante de ese grupo, lo dice de otra forma: “las armas ya eran un estorbo para la acción política”, “el anhelo de la sociedad no era la guerra” y” la gente no se iba a volcar a la insurrección”. Es decir, concluyeron que el proyecto armado había perdido sus referentes y no tenía viabilidad.

Segundo, la contundencia de los golpes propinados por las fuerzas militares fue definitiva para que la organización decidiera desmovilizarse. En la Corriente existieron quienes apostaban por continuar la “lucha armada” y ensayar un nuevo proyecto guerrillero. No es cierto que desde el principio todos se allanaran a entregar las armas, por el contrario, la discusión interna fue pugnaz. A la facción recalcitrante la convenció el debate y constatar que carecían de posibilidad militar alguna. Hernández cuenta que en “los primeros meses de la Corriente, recibieron golpes militares fuertes que llevaron a pensar que contraatacar era imposible. No tenía ningún sentido”.

Alguna vez León Valencia, ex guerrillero de ese grupo, me contó que los procesos de los años noventa se caracterizan porque desde el principio el M19, el PRT, el Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista se plantearon un “final cerrado”. Llegaron a la mesa a entregar las armas, desmovilizarse y convertirse en una opción democrática. Esa es precisamente la clave del éxito de los procesos con los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, también para entender el fracaso de los diálogos con las Farc.

El Secretariado mantiene incólume la fe en la violencia. Los contactos con los gobiernos los emplea para conseguir legitimidad política, difundir su mensaje y avanzar en la preparación de la insurrección. Ni en la administración de Belisario Betancur y mucho menos en la de Andrés Pastrana existió el final cerrado al que alude Valencia. Por el contrario, cada oportunidad de diálogo se adecuaba a la ejecución de su plan estratégico.

Eso parece no haber cambiado un ápice, a pesar de los resultados de la Política de Seguridad Democrática. Sin la voluntad previa e irreversible de las guerrillas de abandonar la violencia es imposible que el dialogo lleve a la paz. Con el IRA se consiguió el Acuerdo de Viernes Santo en 1998 cuando el grupo por fin optó por cesar la violencia. Con ETA ninguna iniciativa de negociación ha funcionado, a pesar de las treguas, porque nunca ha tomado la determinación de renunciar al terrorismo.

La lección que deja la Corriente es que dialogar con la guerrilla es útil únicamente cuando ha resuelto dejar las armas y reintegrarse a la sociedad. Tal decisión depende de la valoración que hacen los terroristas de la posibilidad de lograr los objetivos de su proyecto en materia política como militar. Por tanto, el aislamiento político y el rechazo ciudadano a las Farc y el ELN deben enfatizarse, al igual que aumentarse la presión militar para doblegar la voluntad de lucha de esas organizaciones.

Aunque no hubo ni verdad, ni reparación a las víctimas de la Corriente, sí se avanzó en la aplicación de justicia. Según la Corporación Nuevo Arcoiris, que agrupa a los ex militantes del grupo guerrillero, actualmente 22 de sus miembros están en las cárceles por crímenes de lesa humanidad. Estamos a tiempo para que le cuenten la verdad a Colombia sobre sus delitos y quiénes desde la legalidad hacían parte de la organización, eran sus cómplices o auxiliadores. Esa verdad aún no se ha dicho.

Nota: Esperemos que con la captura del senador Juan Carlos Martínez comience a limpiarse la política en el Valle del Cauca. Pregunta: ¿Y de la farcpolítica qué?

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