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domingo, febrero 21, 2010

Las Farc intensifican acciones terroristas para ganar visibilidad cada vez que se acercan elecciones


ROMÁN ORTIZ*
EL TIEMPO
21 de FEBRERO DE 2009

Desde hace cuatro décadas, las Farc someten al país al mismo ritual sangriento.

El asesinato del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, el pasado diciembre, y el intento de secuestrar al candidato a la gobernación de Guaviare, José Alberto Pérez, hace pocos días, son parte de un patrón de comportamiento bien conocido. Sin embargo, esta vez, la situación interna de la organización y el escenario estratégico al que se enfrenta resultan excepcionales. Los próximos meses serán una prueba decisiva para la ruta estratégica por la que 'Alfonso Cano' ha escogido conducir a las Farc. También serán la primera muestra de la forma que podría tomar el conflicto interno en el futuro.

Lo cierto es que las Farc se encuentran sumidas en una crisis sin precedentes. No solamente han perdido la mitad de los combatientes con que contaban a finales de los 90 (de 17.000 a poco más de 8.000) sino que estructuras completas de la organización han dejado de operar o se encuentran casi colapsadas. Todo ello sin olvidar que la cúpula del grupo presenta fisuras en la medida en que el 'Mono Jojoy' y el propio 'Cano' se encuentran aislados en el interior del país mientras 'Iván Márquez' o Timoleón Jiménez aprovechan su libertad de movimientos en el interior del territorio venezolano para ganar influencia sobre la organización.

En estas circunstancias, el futuro de 'Cano' como cabeza de la guerrilla depende de que pueda presentar éxitos dentro de sus filas. Desde su ascenso a la cúpula del grupo armado, el líder de las Farc ha buscado transformar la organización, haciéndola perder su perfil de ejército irregular para darle un carácter más clandestino, a la usanza de grupos terroristas como ETA. Para ello, la primera condición es cambiar el "Plan estratégico para la toma del poder" que ha permanecido como guía del accionar de las Farc desde su aprobación hace más de 25 años. Sin embargo, para dar un paso que supone abandonar el legado de 'Manuel Marulanda', 'Cano' necesita fortalecer su prestigio dentro del grupo. En este sentido, el liderazgo de la guerrilla parece tener poderosos incentivos para intensificar los ataques terroristas.

Sin embargo, la estrategia de las Farc está atrapada en una encrucijada. Con su capacidad armada muy disminuida, el grupo parece atrapado en un dilema. Por un lado, lanzar acciones terroristas indiscriminadas que incrementarán su rechazo social y marginación política. Por otra parte, conformarse con ataques de pequeña envergadura que lo dejarán reducido a un actor irrelevante. Las posibles salidas de esta disyuntiva permiten vislumbrar hacia dónde podría dirigirse el escalamiento de la organización.

Para empezar, puede recurrir al empleo de armas especiales, como misiles tierra-aire. Recientemente, se conoció una transacción entre las Farc y traficantes de armas peruanos que habría implicado la entrega de 7 de estos sistemas de los modelos Strela-2 o Igla-1. Al mismo tiempo, la adquisición por Venezuela de más de 200 de los más modernos Igla-S deja entreabierta la posibilidad de que algunas de estas armas terminen cayendo en manos de la guerrilla. Sea como sea, si las Farc consiguen algunos misiles podrían dislocar temporalmente las operaciones aéreas de las Fuerza Pública.

Por otra parte, la guerrilla podría apostar por dirigir sus ataques contra la infraestructura civil. Desde luego, esta no es una táctica nueva; pero conviene no olvidar el enorme impacto social que pueden tener estas acciones. Ahí está, por ejemplo, el ataque contra el sistema de acueducto de Villavicencio el pasado marzo, que dejó a medio millón de personas sin agua potable durante más de una semana.

Finalmente, esta la opción del magnicidio. Los ataques contra los líderes de Caquetá y Guaviare son solo una demostración de la voluntad de las Farc en este sentido. A medida que discurra la campaña electoral, es previsible que la organización intensifique sus intentos criminales contra miembros destacados de los sectores políticos, empresariales e intelectuales del país.

Más allá del futuro que le espere a la estrategia de 'Cano' para este periodo electoral, lo cierto es que tanto las ideas de la nueva cúpula guerrillera como el impacto de la actual campaña de seguridad están provocando una transformación sustancial de las Farc.

Así, los vínculos entre las estructuras armadas de la guerrilla -columnas, compañías, etc. - y las milicias de apoyo están cambiando radicalmente. Las formaciones de combate están perdiendo efectividad y tornándose débiles.

Al mismo tiempo, las redes de milicianos integradas por colaboradores clandestinos están cobrando importancia no solo porque proporcionan un apoyo logístico y una información que resulta clave, sino también debido a que actúan como estructuras de control social que mantienen el poder subterráneo de la organización en zonas que formalmente han sido liberadas de la guerrilla. De hecho, en áreas de Meta, Caquetá, Huila, Nariño y otros departamentos, las milicias amedrentan a la población, impiden la colaboración de los ciudadanos con la Fuerza Pública, realizan un número creciente de acciones terroristas y frenan la consolidación de la seguridad.

Este aumento de la importancia de las redes de milicianos es en buena medida un producto de la propia decadencia de las Farc. Incapaces de mantener unidades armadas de manera permanente, los grupos terroristas sometidos a la presión de las fuerzas gubernamentales -desde Sendero Luminoso en Perú hasta los grupos islamistas en Argelia- suelen transformarse en estructuras clandestinas más pequeñas y menos vulnerables. En cualquier caso, esta mutación presenta enormes desafíos de seguridad.

La desarticulación y judicialización de estas redes resulta muy compleja. No solamente necesita de un sustancial esfuerzo de inteligencia, sino que también obliga a contar con jueces y fiscales especializados protegidos de las amenazas de los terroristas.

Entre tanto, los vínculos de las Farc con las Bandas Criminales Emergentes (Bacrim) están dando un respiro financiero al grupo. De hecho, alianzas como las que vinculan al Bloque Noroccidental de la guerrilla con la banda de 'Los Rastrojos' o al Frente 43 con el grupo criminal de Pedro Oliveiro Guerrero, 'Cuchillo' han permitido a la organización mantener activas sus redes de tráfico de droga. De este modo, la conexión con las Bacrim se ha convertido en una pieza clave de la infraestructura logística de las Farc. Un hecho que pone de relieve cómo la derrota de la guerrilla necesita de una estrategia efectiva contra las bandas al servicio del narcotráfico.

De este modo, la larga guerra del Estado contra las Farc está a las puertas de una nueva etapa. Más allá de la previsible escalada durante el periodo electoral, lo cierto es que las Farc están en trance de sufrir un cambio esencial. Frustrado su sueño de construir un ejército irregular, la organización está mutando hacia un conjunto de redes clandestinas conectadas al narcotráfico que apuestan por el terrorismo como única herramienta para compensar su debilidad. Se trata de un enemigo más pequeño; pero que todavía conserva una enorme capacidad de desestabilización. Este es uno de los principales retos de seguridad que tendrá que confrontar el nuevo gobierno de la república.

*Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y Director del Área de Análisis del Grupo Triarius

sábado, diciembre 26, 2009

HABLAR DE CANO EN EUROPA

Alfonso Cano
Publicado el 26 de diciembre de 2009
RAFAEL GUARÍN

Exótica la propuesta del Cardenal Dario Castrillón de dialogar con Alfonso Cano en Europa, pero mucho más absurdo el supuesto "aval" del gobierno colombiano. ¿Se levantaran las ordenes de captura en ese continente y en Colombia? ¿El presidente Uribe le expedirá una especie de "salvoconducto"? ¿Lo llevaran en avión diplomático?

En la práctica es reconocerle a las Farc una legítima vocería política y hacerlo, nada más ni nada menos, que en la Unión Europea. Es muy difícil no recordar al periplo del gobierno Pastrana con Raúl Reyes de la mano por el viejo continente.

Uno de los pilares fundamentales de la Política de Seguridad Democrática es precisamente no conceder estatus político alguno a las Farc, entre otras cosas, debido a su vinculación con el natrcotráfico y su permanente acción contra la población civil.

Además, porque la guerra irregular es una lucha por la legitimidad. Reconocerlos como actores políticos es una ganancia enorme para ese grupo armado y un paso atrás inaceptable para la institucionalidad democrática. Es darle la razón a Hugo Chávez y una estupenda plataforma para quienes en Europa, como en América, reclaman la calificación de "fuerza beligerante" para la guerrilla.

Desde esa perspectiva el mensaje que envía la reunión es contraproducente y mina directamente las bases de la Política de Seguridad.

Mi impresión:

Álvaro Uribe sabe que no existen condiciones para adelantar un diálogo con las Farc hasta que esa guerrilla no manifieste su voluntad de abandonar la violencia, pero también conoce el esfuerzo de Cano y de sectores de la oposición por convertir el "diálogo y la negociación" en una bandera electoral, que en un momento dado pueda llevar a los colombianos a elegir un nuevo gobierno que apueste a ese camino.

Las consecuencias de ese escenario son las de reeditar las experiencias de Betancur y el Caguán, permitir de nuevo el fortalecimiento militar y político de las guerrillas, abrirles las puertas de la comunidad internacional y colocar en entredicho una política que sigue mereciendo el respaldo mayoritario de los ciudadanos.

El presidente puede pensar que la mejor manera de evitarlo es mostrando que con su gobierno sí se puede negociar; el problema es que el costo es demasiado alto y no se compensa con el objetivo electoral buscado.

Nota final: La facilidad de Alfonso Cano para llegar a Europa solo se explica porque estuviera en Venezuela. No es raro, pues el último video tuvo tecnologia imposible de acceder si se encontrara en el "Cañon de las Hermosas". ¿Será que el gobierno de Hugo Chávez lo llevaría en avión a Europa con pasaporte diplomático?

www.politicayseguridad.blogspot.com

domingo, septiembre 27, 2009

Reflexiones preliminares: CONSULTAS DEL POLO Y DEL LIBERALISMO OFICIALISTA





RAFAEL GUARÍN

DIEZ REFLEXIONES PRELIMINARES sobre los resultados de las consultas del liberalismo oficialista y el Polo:

1. El Partido Liberal es un partido rural y desconectado de la mayoría de los colombianos que habitan en las ciudades. Su resultado es lamentable, a pesar de la intervención de maquinarias de otros partidos y de parapolíticos.

2. El Polo no tiene mayor relevancia fuera de Bogotá. La baja votación en la capital obedece a la deficiente gestión de Samuel Moreno.

3. Se ratifican las encuestas que reflejan el escaso apoyo popular de los candidatos de la oposición.

4. La especie de plebiscito que impulsó el Liberalismo contra la reelección, utilizando la consulta, fue un fracaso y terminó favoreciendo a Álvaro Uribe.

5. Perdió vergonzosamente el serpo-samperismo que estaba detrás de Alfonso Gómez Méndez.

6. Dentro del Polo perdieron el Partido Comunista Colombiano, el Moir, Samuel Moreno, las Farc y la corrupción y el clientelismo de Jaime Dussán.

7. No solo ganó Petro la candidatura, sino que le ganó el pulso a las Farc, que según el propio Petro querían sacarlo del Polo.

8. Perdió César Gaviria al sacar la mitad de los votos que se propuso en la Consulta. Con tan magros resultados, hasta su propia y oculta aspiración a desplazar al ganador de la consulta, para hacerse a la candidatura presidencial, quedo enredada.

9. Los congresistas liberales deben preocuparse por el oscuro panorama electoral de las elecciones parlamentarias de 2010.

10. Un ganador de hoy, no visible, es Sergio Fajardo, quien queda como la única opción con cierta solidez para enfrentar al uribismo, sea en cabeza del presidente Uribe o de Rodrigo Rivera, Juan Manuel Santos, Nohemí Sanín o Andrés Felipe Arias. Nada raro será ver a Liberales y al Polo haciendo fila detrás de Fajardo, si hay segunda vuelta.

http://www.rafaelguarin.blogspot.com/

viernes, septiembre 25, 2009

sábado, septiembre 19, 2009

PRUEBAS DE INFAMIA

Foto: EL TIEMPO

Jorge Romero, Luis Alfonso Beltrán, Luis Alfredo Moreno, José Libardo Forero, Carlos José Duarte, Wilson Rojas, César Augusto Lasso, Róbinson Salcedo, Luis Arturo Arcia, Jorge Trujillo.

7 de Septiembre de 2009

ESPECIAL para la Fundación Un Millón de Voces y FACEBOOK

RAFAEL GUARÍN



Las pruebas de supervivencia de los secuestrados que los presentan encadenados en la selva, hacen parte del esfuerzo sistemático de las Farc orientado a crear un ambiente que favorezca en 2010 la elección de un gobierno que opte por la "negociación política", conceda el carácter de actor legítimo a la guerrilla y desmonte la Política de Seguridad Democrática.

La anterior afirmación no es ningún cuento, como algunos opositores al gobierno, ilustres mamertos y otros despistados salen siempre a decir. Un estudio juicioso de los documentos producidos por las Farc en los últimos cuatro años y una revisión histórica de sus tácticas y estrategia, demuestran que en ese grupo la apelación al diálogo de paz es una constante al servicio de una estrategia de guerra. El reclamo de un acuerdo humanitario para la liberación de los miembros de la fuerza pública secuestrados es la cuota inicial para reencauchar la bandera de la “negociación”.

El objetivo inmediato de las pruebas de infamia es manipular y someter a través del miedo y el terror a los ciudadanos, al punto de desafiar la lógica y trasladar la responsabilidad del secuestro al gobierno nacional. Solo basta recordar las palabras de Piedad Córdoba culpando del sufrimiento de las familias y de los secuestrados al presidente Álvaro Uribe.

El tema se entiende mejor si se revisa el Manifiesto de las Farc del 1 de octubre de 2007, en que se ratifica que la apuesta es construir las condiciones que favorezcan un quiebre en las urnas de la política de seguridad y la llegada del Socialismo del Siglo XXI a Colombia. La táctica: doblegar la voluntad de lucha del Estado y ratificar dos de los principales mitos farianos: la invencibilidad de la guerrilla y la “negociación política” como la única salida a otro mito: “el conflicto social y armado”.

Tal objetivo requiere que la opinión pública de un giro radical. Pase de reclamar mano firme contra el terrorismo a una postura comprensiva con los violentos. El reto de Alfonso Cano y de sus cómplices camuflados en la legalidad, es desarrollar operaciones psicológicas que impacten el imaginario colectivo, de tal forma que la sociedad que respalda hoy la Seguridad Democrática “entienda”, desde la perspectiva fariana, que el único camino para conseguir la paz es devolver las tropas a los cuarteles, reconocer como partido político en armas a la guerrilla, asumir, como lo hicieron Belisario Betancur y Andrés Pastrana, que el conflicto tiene causas estructurales de cuya solución depende la paz, en términos de Raúl Reyes. Toda una farsa.

Muy triste en esta historia es que el pisoteo de la dignidad humana de los secuestrados y sus familias esté asistido por organizaciones de la sociedad civil como "Colombianos y Colombianas por la Paz" y por facciones de partidos políticos que se prestan a ese macabro juego.

En esta materia la consigna debería ser unidad nacional para rechazar pruebas de infamia, exigir al grupo terrorista la liberación inmediata y sin condiciones de los secuestrados, al igual que la renuncia a que sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad.

Todos debemos estar unidos en un solo mensaje: la paz no llegara claudicando y haciendo concesiones al terror y el crimen. Será la aplicación estricta de la Constitución y la ley, el respeto a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, la observancia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el sometimiento a la justicia, la que nos librara del terrorismo.

Aunque Iván Cepeda y los amigos de izquierda no lo acepten, a la paz se arribara cuando haya justicia, los guerrilleros digan la verdad sobre sus atrocidades y reparen a las víctimas. Si se hizo con los paramilitares, porqué no reclamarlo en el caso de las Farc y el Eln.

De este tema y otros, no menos polémicos, discutiremos el jueves próximo en el Foro convocado por la Fundación Un Millón de Voces.


lunes, agosto 31, 2009

EL DEBATE EN UNASUR


27 de agosto de 2009
- Especial para Un Millón de Voces en Facebook -

Rafael Guarín

El próximo viernes se reunirá nuevamente la Unión de Naciones Suramericana para examinar el acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia. Chávez llegará o saldrá cantando (mancillará un tango de Gardel), presentará un supuesto documento “secreto” que revelará los alcances del acuerdo militar y la gravedad de la amenaza, al tiempo que pretenderá que le creamos que infiltro el Pentágono, mientras es incapaz de desmantelar el cartel de los generales de su fuerza armada, dedicado al narcotráfico. Luego echara una perorata denunciando que todo es una maniobra del “imperio” para romper el falaz “proceso de unidad latinoamericana”, añadirá que Obama es igual o peor que Bush y que los argumentos de Uribe y los informes sobre el patrocinio de la revolución bolivariana al terrorismo de las Farc, son puro embeleco.

Será otro ejercicio de propaganda destinado a demostrar que el Caín de América es el gobierno colombiano. El auditorio tratará que Uribe repita hasta la saciedad lo que hasta la saciedad ya ha dicho: “que no son bases norteamericanas”, “que el acuerdo no busca atacar a ningún país” y que su propósito es “contra el narcotráfico y el terrorismo”. Nada nuevo, a menos que Uribe sorprenda desvirtuando las mentiras de Chávez respecto a los lanzacohetes venezolanos en manos de las Farc.

La sesión de Unasur debería tener un enfoque totalmente diferente. Partir de identificar la raíz de la crisis diplomática en la región, que no es la política de seguridad colombiana, tampoco el bombardeo en territorio ecuatoriano a un campamento madre de Raúl Reyes, menos la decisión del gobierno Uribe de negar cualquier legitimidad a las Farc y el estatus de beligerancia que han reclamado Chávez, Ortega y Correa para tales criminales de lesa humanidad. La raíz es el expansionismo chavista y el contubernio de su “revolución” con la narcoguerrilla.

Si se trata de garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad de Suramérica, el debate debe abordarse en el marco de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y del cumplimiento de las obligaciones que tienen los Estados, de acuerdo a la resolución 1373 de 2001 de la ONU y a la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Pero como aquí no se trata de eso, sino de cómo utilizar Unasur para consolidar un proyecto de izquierda que busca no solo la hegemonía, sino la homogenización absoluta, el tema no aparecerá en ninguna agenda.

Ojalá los jefes de Estado se dieran cuenta que la cumbre de Argentina es definitiva para el futuro de esa incipiente organización. O construyen confianza para convertirla en un foro válido y legítimo donde se puedan resolver los problemas regionales o terminan reduciéndola a ser caja de resonancia de discursos sectarios y de proyectos totalitarios, como el socialismo del siglo XXI.

Si se deciden por la primera opción, que Uribe responda todos los interrogantes y dudas de los gobiernos vecinos, pero también que se haga una investigación seria sobre las relaciones de gobiernos de la región, comenzando por el de Chávez y Correa, con las Farc, lo que el flamante secretario de la OEA, José Miguel Insulza, evadió. Es indispensable que se acepte de una vez por todas que esa es una organización terrorista, a la cual los países deben responder apoyando las instituciones democráticas colombianas y no brindándoles armas, recursos económicos, cobertura política o santuarios en su territorio.

Finalmente, los presidentes deberían convenir en mecanismos orientados a garantizar el cumplimiento de las normas que obligan a los Estados a “adoptar medidas necesarias y fortalecer la cooperación” contra el terrorismo. La necesidad y no un capricho ideológico es la que obliga a Colombia a acudir a Estados Unidos; lo ideal hubiera sido un acuerdo militar con Venezuela y Ecuador para combatir a los grupos armados ilegales, similar al existente entre España y Francia que ha permitido los más duros golpes contra ETA.

Unasur debe evaluar todos los convenios de cooperación militar de los países de la región con otras potencias. Chávez señala que Rusia no es una amenaza. Y es cierto, en principio. Lo que no dice el teniente coronel es que las armas rusas refuerzan su proyecto totalitario que sí es una amenaza para la independencia y soberanía de Colombia. Al fin de cuentas, toda esta tormenta tiene un único origen: el afán de anexar a ese país a la revolución bolivariana.

miércoles, julio 29, 2009

QUIÉN AMENAZA A QUIÉN


By RAFAEL GUARIN
29 de Julio de 2009
EL NUEVO HERALD

Se asoma una nueva tormenta en América Latina por el acuerdo de cooperación bilateral para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos de carácter transnacional, que suscribirán los gobiernos de Barack Obama y Alvaro Uribe. El eje chavista, agrupado en el ALBA, pegó el grito en el cielo porque esa decisión permite a las tropas norteamericanas el uso de algunas bases militares colombianas. El argumento lo expuso el canciller Nicolás Maduro: ``El ejército de EEUU es una amenaza directa contra los gobiernos progresistas del continente y contra Venezuela''.

La principal hipótesis de guerra de Venezuela es una intervención estadounidense en su territorio, con el fin de controlar las riquezas energéticas y abortar el proceso revolucionario. Más que una amenaza cierta es una excusa con la cual Hugo Chávez pretende despertar sentimiento nacionalista, fortalecer su hegemonía, justificar una inusitada carrera armamentista e inclusive recibir el ofrecimiento de apoyo militar de las FARC, que nunca ha rechazado.

La alianza de Estados Unidos y Colombia es el principal obstáculo para la expansión de la ``revolución bolivariana'' y la construcción del ``bloque regional de poder'', que requiere el ``socialismo del siglo XXI''. Quebrar ese vínculo es un interés nacional vital para el actual gobierno de Miraflores. En esa lógica, así como se despedazó dicho nexo con Ecuador, debe romperse el que existe con Colombia, Perú y Honduras, entre otros. No gratuitamente, Chávez pide a Obama que retire a los miembros del ejército que están en ese último país, con el falaz razonamiento de que su presencia es un aval al gobierno de Micheletti.

Pero, en realidad, ¿quién amenaza a quién? Los acontecimientos de los últimos dos años demuestran que lo que perturba la paz y la seguridad del hemisferio no es la ``política de seguridad democrática'' implementada por Alvaro Uribe, tampoco el Pentágono, la CIA o el Comando Sur. Lo que desestabiliza y conspira contra las democracias en el hemisferio es el ánimo imperialista de Chávez.

La crisis generada en noviembre de 2007 con ocasión del retiro del presidente venezolano de las gestiones para la liberación de los secuestrados por las FARC, el reclamo que hizo de estatus de beligerancia para la guerrilla, la solicitud de excluirla de las listas de organizaciones terroristas, el respaldo a su proyecto revolucionario, la orden en marzo de 2008 de movilizar diez batallones a la frontera con Colombia y sus reiteradas advertencias de emplear los aviones rusos Sukhoy dejan claro de dónde provienen los atentados a la paz y la seguridad. La mano de la revolución bolivariana también está en los nexos del gobierno de Rafael Correa con el secretariado fariano, los anuncios de guerra contra Colombia de Daniel Ortega en el Caribe, los ataques de Evo Morales al gobierno de Alan García y el golpe de estado de Zelaya y el posterior contragolpe.

Es corriente que los países tengan hipótesis de guerra y estén preparados para actuar. Del mismo modo, es plausible que desplieguen políticas de disuasión y que denuncien lo que consideran amenazas a su seguridad. Empero, este no es el caso. Hace ya mucho tiempo que el poder de Estados Unidos tiene expresiones mucho más efectivas que los recursos militares. América Latina está en su órbita de influencia y esa nación no necesita de portaviones, ni de bases militares en Colombia, para hacer sentir su predominio en la región. Sólo obtusos militaristas pueden pensar lo contrario.

La utilización de las bases militares colombianas no tiene objetivos ofensivos contra nadie en el continente. La complementación de las operaciones antinarcóticos con acciones contra el terrorismo y el crimen organizado enfatiza que su objetivo es frenar el tráfico de estupefacientes, al tiempo que derrotar a las organizaciones armadas ilegales. A Chávez y compañía nada de esto debería preocuparles, si no fuera porque han hecho de la enemistad con Estados Unidos su bandera.

ara la administración Uribe la alianza con Estados Unidos es fundamental con el fin de disuadir una posible agresión en bloque de los gobiernos alineados con la revolución bolivariana. Si se examina con cabeza fría, ese escenario no es descabellado. De hecho, Chávez, Ortega, Evo y Correa al dar apoyo abierto y clandestino a las FARC ya le declararon una guerra irregular a la democracia colombiana. Así, pues, bienvenida la utilización de las bases militares del país sudamericano por los estadounidenses. Lejos de ser una amenaza es una garantía de seguridad en la región.

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martes, julio 21, 2009

UNA ESPADA RECORRE AMÈRICA


RAFAEL GUARÍN

En agosto de 2003 las FARC lanzaron en Caracas la Coordinadora Continental Bolivariana CCB, con el objeto de construir “un nuevo polo de poder alternativo al predominio de las potencias imperialistas del mundo”. Un objetivo político legítimo, si no fuera porque se pretende realizar de la mano de organizaciones terroristas.

El proceso organizativo de la CCB tiene cierta similitud con la red Al Qaeda. Osama bin Laden, aprovechando el sentimiento anti - estadounidense y el error del gobierno Bush en Irak, consiguió que grupos que tenían agendas locales, como el GSPC argelino, mutaran gradualmente y se fusionaran con el proyecto panislamista. Las Farc hacen lo mismo. Bajo el manto de la revolución chavista y a través de la Coordinadora, promueven la creación de una red, articulando aspiraciones locales de grupos extremistas en una agenda de alcance continental, de ahí que la mano fariana se extienda a 17 países, no sólo de Latinoamérica sino de Europa.

Ojalá se tratara de una fantasía más de izquierdistas retrógrados o de otro experimento del caprichoso foquismo guevarista. Pero no es así. Es una amenaza terrorista real que no debe obviarse y que es asumida con todo rigor por la guerrilla fariana y sus aliados. Una prueba son las conclusiones del II Congreso de la CCB realizado en Quito en febrero de 2008. Bajo el título “Contrapartida popular y estrategia revolucionaria continental”, se aprobó crear grupos insurgentes a lo largo y ancho de América Latina.

La Coordinadora pronostica una “guerra de alta intensidad, que tiene su primeros blancos de ataques definidos: Cuba y los procesos alternativos del norte de Suramérica, especialmente Venezuela, Colombia y Ecuador”. Por “procesos alternativos”, los camaradas entienden la revolución bolivariana de Chávez, el gobierno de Rafael Correa y el plan estratégico de las Farc.

Para proteger tales procesos y expandirlos, la CCB plantea el “fortalecimiento de las posiciones revolucionarias en las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, su pacto de defensa con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, la existencia y el fortalecimiento de las Farc - Ep y otras fuerzas insurgentes de Colombia y la vuelta del sandinismo al poder en Nicaragua”. Sobra decir, que todo eso se ha venido cumpliendo.

La directriz de la Coordinadora es la llamada “respuesta militar” en tres escenarios diferentes. Respecto a los países con gobiernos que califica de antiimperialistas (Venezuela, Ecuador, Bolivia o Cuba) la “respuesta” debería recaer en las fuerzas armadas, pero incorporando a la población civil en la defensa; exactamente lo que hace el gobierno de Hugo Chávez a partir de la Ley que regula la Fuerza Armada Nacional Venezolana (2005) y la adopción de la doctrina de guerra asimétrica.

Por otro lado, en aquellos países donde “existen fuerzas civiles insurgentes hay que potenciarlas y desarrollarlas para contribuir al viraje y garantizar la defensa frente a las fuerzas intervencionistas del imperialismo”, es el caso de Colombia y Perú. Y, por último, en “donde no exista ni una ni otra, procede crear esas influencias, esos factores, esas fuerzas”, en otras palabras, constituir “fuerzas civiles insurgentes” a lo largo del continente.

La cuestión sería pura retahíla revolucionaria si no fuera porque existen tres factores que pueden empujar la extensión de los grupos armados en la región. Primero, el aporte del gobierno de Venezuela a su organización y funcionamiento con recursos financieros, armas y entrenamiento. No es absurdo. La información incautada en el computador de Reyes demuestra hasta donde llegaron los acuerdos entre las Farc y el gobierno de Chávez en esa materia. Por algo, el 31 de mayo pasado el portavoz del Departamento de Estado alertó sobre el peligro de que “paren en otras manos” los “lanzamisiles antiaéreos portátiles que Venezuela le ha comprado a Rusia”.

Segundo, el narcotráfico. Curiosamente, Venezuela se convirtió en un paso privilegiado del tráfico de estupefacientes a Europa y en la ruta que emplean los carteles de la droga vinculados con las Farc. La droga es la misma fuente de recursos que posibilitó el resurgimiento de los Talibanes en Asia Central. Los ingresos por este concepto son suficientes para financiar la creación de pequeñas unidades operativas en diversos países.

Finalmente, existe un proceso de radicalización en América Latina derivado, entre otras cosas, de las políticas de la administración Bush y de la permanente campaña de agitación desplegada a lo largo del Continente por Hugo Chávez. Esto profundiza el sentimiento anti-estadounidense y crea un ambiente favorable al discurso de la CCB.

En conclusión, la Coordinadora Continental Bolivariana se transforma para estar en capacidad de combinar adecuadamente tácticas políticas y violentas. Actualmente, hace parte de la estrategia del terrorismo transnacional de las Farc, pero tiene como objetivo convertirse en una organización de terrorismo internacional y en un sólido soporte de la revolución bolivariana. Aunque la CCB no cuenta con organizaciones armadas más allá de Colombia y Perú, está trabajando para crear nuevas agrupaciones en el resto del continente. La coyuntura en Honduras es un excelente laboratorio.

El proceso de radicalización, la posibilidad de fuentes de financiación y el apoyo que los gobiernos de Hugo Chávez, Rafael Correa y Daniel Ortega dan a las FARC y a otros grupos extremistas, permiten avanzar en los objetivos de la Coordinadora. No es tarde para reaccionar y evitar que la “espada que recorre nuestra América”, según farianos y chavistas, aplaste las democracias latinoamericanas.

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domingo, julio 12, 2009

EL BAUTIZO DE MANUEL MARULANDA


RAFAEL GUARÍN

Toda organización terrorista necesita un discurso que explique su existencia y justifique el empleo de la violencia. Las Farc no son la excepción. Para eso realizan intensas campañas de propaganda que subrayan supuestas “causas estructurales” que dan origen y mantienen el conflicto, al igual que se arrogan ser una respuesta a la agresión del Estado. Que esa sea la argumentación guerrillera, vaya y venga, están en lo que están. Lo curioso es que la abrumadora mayoría de quienes escriben sobre estos temas terminan, por falta de investigación, deformación ideológica o ignorancia (otros por complicidad), repitiendo el enfoque fariano.

Dedicaré algunas columnas al tema. Un primer ejemplo, muy significativo, es la iniciación de Pedro Antonio Marín en las guerrillas comunistas. Si bien es cierto que luego del 9 de abril de 1948 Tirofijo integró con familiares un primer grupo armado liberal, en medio de la cruenta violencia bipartidista, no es menos cierto que su decisión de convertirse en guerrillero se enmarcó dentro de la estrategia de combinación de todas las formas de lucha, aplicada por el Partido Comunista.

La decisión de organizar guerrillas para adelantar la revolución se disfrazó, a finales de los años cuarenta, bajo la consigna de autodefensas campesinas. En realidad, se trataba de una estrategia orientada a organizar colectivos armados y otorgar legitimidad al uso de la violencia, excusándose en la problemática social y la ausencia de Estado. Los comunistas con destreza manipularon y convirtieron en insurgentes a algunos de los grupos que expresaban el sectarismo liberal – conservador.

Hacia 1952 Pedro Antonio Marín, Tirofijo, no tenía idea de la lucha de clases, tampoco de los señores Marx, Engels y Lenin. Ni siquiera sabía dónde quedaba la URSS, mucho menos se alcanzaba a imaginar que el Manifiesto Comunista sacraliza la violencia como instrumento de acción política. No fue iluminación divina la que le trajo a ese campesino las convicciones revolucionarias. Tampoco el Partido Liberal de sus ancestros. Fue el Partido Comunista.

De hecho, ese partido es quien se inventó a las Farc y al propio Manuel Marulanda. No lo digo yo. Lo dice el biógrafo e historiador oficial de Tirofijo y de la guerrilla, Arturo Alape. Leerlo no es precisamente un placer, es más bien un fastidioso sacrificio, pero, ante todo, una obligación si se quiere conocer la trayectoria fariana. Alape, cuenta en uno de sus libros el surgimiento de Marulanda, capítulo que omiten los “analistas del conflicto” y la escasa literatura sobre la guerrilla.

En el asentamiento armado de El Davis, dos miembros del Partido Comunista al clausurar un curso de formación política le hicieron una propuesta a Pedro Antonio Marín. Según las palabras de éste, que trascribe Alape, le dijeron:

“Hola, por qué vos no te ponés el nombre de Manuel Marulanda Vélez y te bautizamos aquí mismo en la escuela de cuadros del partido; la escuela marxista leninista te deja ese nombre como una cuestión de estímulo, para que lleves el nombre del dirigente obrero asesinado y lo lleves bien en alto”.

Tirofijo, le dijo a Alape que les contestó de la siguiente forma:

“El nombre me parece muy bueno, pero que lo pueda llevar yo, no sé, es demasiada la responsabilidad. Pero con tal de que me quiten ese apodo de Tirofijo – nadie en absoluto me bajaba de Tirofijo – y en mi interior era mi ánimo el de quitarme ese apodo, por ello estaba dispuesto a aceptar el nombre de Manuel…”

“¡Claro! Lo bautizamos Manuel Marulanda Vélez y el Pedro Antonio Marín pasará al olvido y así quedará en las actas de clausura del curso para el futuro de la revolución y quedarás nombrado desde hoy, nombrado con un nuevo nombre, dijeron ellos.

Se pararon los estudiantes y los profesores y me dieron un fuerte abrazo. ¡Felicitaciones Manuel Marulanda Velez! Así me bautizaron políticamente Manuel Marulanda Vélez.”

Frente a la adopción de su alias, Tirofijo narró que no lo hizo “por voluntad propia…, sino por voluntad de otros”. Esos otros eran los miembros del Partido Comunista. Al bautizarlo le endilgaron la responsabilidad de construir el aparato armado de la revolución. El terrorismo, las masacres, las minas antipersonales, las emboscadas, los desplazamientos, los secuestros y las actividades de narcotráfico, no obedecen a “las causas estructurales que le dieron origen al conflicto armado”, de acuerdo al discurso de las Farc, sino a la decisión libre y voluntaria del Partido Comunista de tomarse el poder, combinando su actividad legal con acciones ilegales, a través de un grupo armado que solo hasta 1964 se presentó públicamente: las Farc.

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jueves, julio 02, 2009

VÍCTIMAS DE LA POLITIQUERÍA


Semana.com - 2 de junio de 2009
Grafica: Tomada de imágenes google


RAFAEL GUARÍN

Lo que evidenció el debate sobre la hundida Ley de Víctimas es que la protección de sus derechos se convirtió en una bandera de politiquería, un ejemplo de irresponsabilidad y un instrumento para deslegitimar el Estado y la Política de Seguridad Democrática.

No hay duda que el Estado debe reparar a las víctimas, sin discriminar el victimario. Es una obligación reconocida internacionalmente. Aún así, la forma de verificar esa obligación debe ser consecuente con los medios disponibles y, en particular, con el contexto colombiano. Por más que se quiera insistir en el carácter universal de la reparación de las víctimas no es razonable pretender aplicar un modelo como si se tratara de Francia, Suiza o Dinamarca.

En realidad, la solicitud de Álvaro Uribe de votar negativamente el proyecto de ley fue una estrepitosa derrota del gobierno y un triunfo de la oposición y de las organizaciones de víctimas que preferían su desplome a aceptar una iniciativa diferente a la propia. Victoria pírrica que afectó a cientos de miles de víctimas. Importaba más poder señalar al gobierno de negligente, inhumano y enemigo de las víctimas que construir consensos que permitieran la reparación efectiva.

La cuestión no es solamente disponer en una norma que se repare económicamente a las víctimas, sino garantizar que ciertamente se pueda cumplir. Jamás habrá dinero suficiente para reparar el daño causado por el terrorismo y las violaciones de derechos humanos, pero con los recursos disponibles el Estado debe hacer el mayor esfuerzo posible, cosa que no entendieron o, mejor, no quisieron entender, quienes decidieron hacer del proyecto una bandera demagógica.

Según un estudio del Ministerio de Hacienda, lo aprobado por la Comisión de Conciliación elevó de 22.1 billones de pesos (¡sí, leyó bien, billones!) a 76 billones el monto que debía desembolsar el Estado para cumplir con lo estipulado en el proyecto de ley. El problema no es reparar a las víctimas, el problema es que no hay con qué cubrir la diferencia de $53,8 billones adicionales, además de su perverso efecto en las finanzas públicas y de mermar directamente el presupuesto que debe dedicarse a salud, educación, infraestructura, seguridad o justicia.

Por otro lado, resulta razonable exigir una sentencia que condene a un miembro de la Fuerza Pública por el delito que da origen a la obligación de reparar a la víctima. Así se diga que el proceso penal no se afecta con la reparación administrativa (cosa cierta), se tiene que ser ciego para no darse cuenta que la consecuencia en la práctica de la sentencia condenatoria y de la mencionada reparación es la misma: reconocer que un agente estatal violó los derechos humanos.

Tal y como estaba el proyecto, se le entregaba un morrocotudo instrumento a las Farc para su campaña de propaganda y de guerra jurídica. La omisión de sentencia coloca a terroristas y militares en el mismo plano. No es cualquier cosa. El centro de gravedad al que apunta la guerra irregular es la legitimidad y ésta se afecta con la violación de los derechos humanos. Por supuesto, el camino no es negar las violaciones sino que estas no ocurran, pero tampoco eso nos puede llevar a la ingenuidad de no reconocer los montajes que las guerrillas realizan contra las fuerzas militares y que, con base en el proyecto de ley, serían validados por vía administrativa.

De ahí, la resistencia a que se iguale a los terroristas de las Farc, Eln y Auc con los miembros de la fuerza pública. Mientras en los grupos armados ilegales los crímenes de lesa humanidad son una práctica diaria y un aceptado “medio de lucha”, cuando éstos se presentan en las fuerzas militares, se trata de acciones individuales y no institucionales, como se desprende del informe preliminar del Relator de la ONU, Philip Alston.

La forma de evitar caer en esa trampa es que la justicia funcione y se determine la existencia del delito y la autoría por parte de un agente estatal. La larga duración de los procesos judiciales es una preocupación válida, pero la salida no era rechazar la necesidad de una sentencia y en consecuencia hundir el proyecto, sino plantear un procedimiento especial y rápido, de la misma forma que adoptar medidas que fortalezcan la capacidad de la Fiscalía y los jueces.

Finalmente, lo ocurrido es una muestra más de la incapacidad del gobierno y la oposición por construir consensos en los temas fundamentales. Los obstáculos fiscales y la necesidad de una sentencia podían resolverse si en vez de consumirse en la politiquería y la demagogia, se actuara con responsabilidad y con afán de generar respuestas. Por desgracia, al Partido Liberal y al Polo les interesaba más que naufragara el proyecto que permitir que la Seguridad Democrática se fortaleciera con una política de reparación a las víctimas. Las víctimas deben ser objeto de una política de Estado, no de partido.

viernes, marzo 06, 2009

DE LAS FARC AL POLO


Foto: www.elpais.com.co
Publicado el miércoles 4 Marzo 2009 en SEMANA.COM


RAFAEL GUARÍN

Imaginemos un momento que Carlos Castaño y Salvatore Mancuso hubieran enviado un mensaje público al Congreso de uno de los partidos de la coalición de gobierno o al Partido Liberal. ¿Cuál sería la reacción si además propusieran un acuerdo para cambiar el “régimen” y dicho partido no rechazara la amable invitación? ¿No sería una modalidad similar al Pacto de Ralito entre paramilitares y un grupo de políticos para “refundar el país”?

Pues fue exactamente eso lo que ocurrió la semana pasada con un mensaje del Secretariado de las Farc al Congreso del Polo Democrático Alternativo PDA. Luego de lanzar el infundio de que la Política de Seguridad Democrática es el obstáculo para la “convivencia”, la organización terrorista le señala a ese partido la necesidad de “acuerdos políticos que abran las puertas a un nuevo régimen con capacidad de cimentar la paz democrática”. En otras palabras, le proponen un “pacto” para derrotar la estrategia de seguridad en las urnas y abrirle paso a un gobierno que comparta los criterios farianos.

A pesar que los senadores Iván Moreno, Luis Carlos Avellaneda y Parmenio Cuéllar descalificaron tajantemente la carta de Alfonso Cano, el Congreso del PDA se abstuvo de pronunciarse. En realidad esas declaraciones sirvieron para ocultar que los delegados al Congreso evitaban abordar la propuesta fariana para no introducir un elemento que ahondara la fracturada unidad.

El secretario del Polo, Carlos Bula, sacó la versión que el tema estaba resuelto. Según él, era una “posición de principios” que no admite duda respecto a que ese partido está en contra del secuestro, el terrorismo y la combinación de todas las formas de lucha. Lo que no dijo Bula, es que para el Polo los soldados y policías no son secuestrados sino prisioneros de guerra, por tanto, que los miembros de la fuerza pública pueden seguir siendo raptados por la guerrilla conforme al derecho internacional, lo que no es otra cosa que la legalización del secuestro.

Se le olvidó también decir que desde el punto de vista del PDA las Farc no son terroristas sino un actor político con el cual se debe negociar y conseguir una “salida pacífica”, lo que implica que rechazar al terrorismo no es rechazar a las Farc. Y omitió reconocer que aunque en la retorica repudian la combinación de las formas de lucha, en la práctica el Partido Comunista Colombiano, que controla gran parte del Polo, defiende la “validez de la lucha armada”.

La razón del silencio institucional ante la carta de Cano es la misma que está detrás de los vientos de división que enmarcaron el Congreso del Polo. Los análisis redujeron la actitud de Lucho Garzón y Gustavo Petro a una derrota en el número de delegados, otros lo registraron como resultado de su afán de contemporizar con el “establecimiento”, pero más que esas razones lo que está en el fondo es la influencia que ejerce cada vez más las Farc en el PDA.

En septiembre pasado Petro dijo: “Hay una campaña soterrada de las Farc por sacar a Petro y a Lucho del Partido. Sería conveniente que todos los militantes del Polo no cayeran en esa trampa”. Nadie dijo nada. El repudio que ambos despiertan en sectores extremistas obedece a que descalifican la acción violenta y se niegan a concederle legitimidad a la guerrilla, mientras que los legitimadores de las Farc los acusan de uribistas, escudándose en los mitos farianos, la teoría de las causas objetivas de la violencia y la existencia de un supuesto “conflicto social y armado”.

Los agentes farianos, camuflados de dirigentes políticos y sociales, se mueven al interior del Polo y del Partido Liberal para ejecutar la estrategia planteada en diversos documentos internos. No hay que esforzarse mucho para saber la filiación política de Fensuagro y de Efraín Mendoza Gamba, “dirigente social” capturado en el campamento guerrillero del ‘Negro Antonio’. Según el Manifiesto de las Farc del 1 de octubre de 2007 el objetivo táctico es la “creación de una alternativa para el cambio, surgida de un Gran Acuerdo Nacional por la Paz” y un gobierno que “tome la decisión de regresar las tropas a sus cuarteles”.

Como lo señaló Petro, en la carta del Secretariado hay una “intención integral de incidir en la política del Polo Democrático”. Ante esa situación lo que se espera es un profundo y contundente rechazo del Partido como tal, no declaraciones aisladas de sus miembros. Si la izquierda no se blinda y deslinda sin ambigüedades del acecho terrorista y se depura de farcpolíticos, nunca llegará al poder. En ese propósito hay que estar del lado de Petro y de Lucho.

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jueves, febrero 05, 2009

EL PECADO DE RIVERA

Foto de la Revista Cambio www.cambio.com.co

Las directivas del Partido Liberal y “sesudos analistas” están tremendamente indignados por las reuniones de Rodrigo Rivera con el presidente Álvaro Uribe. Creen que por ser miembro del liberalismo no tiene derecho a hablar con el gobierno de temas económicos y de seguridad y que su papel debe estar al lado de su partido y enfrentando a como dé lugar a Uribe. Lo que ha hecho, piensan, merece la condena absoluta y por lo menos el repudio de los liberales.

El verdadero pecado de Rivera es colocar por encima de sus propias aspiraciones una decisión que definirá el futuro de Colombia. O repetimos el péndulo de la seguridad y la retorica de la paz, adoptado por la ineptitud de anteriores gobernantes y por la habilidad de las Farc, o mantenemos una política de firmeza que doblegue su voluntad de lucha y la lleve a un proceso de desarme, desmovilización y reintegración. La guerrilla lo ha dicho varias veces: quiere un gobierno que conduzca al “Socialismo del Siglo XXI” y “proscriba” la Política de Seguridad Democrática. Una determinación sensata es dejar abiertas todas las posibilidades para que ambos propósitos no se cumplan. Eso es lo que le reprochan a Rivera.

No es oportunismo político. Rivera tiene prácticamente asegurada la victoria en la consulta Liberal para escoger candidato presidencial. Pero el problema no es ese. Es de mucho mayor calado que las pequeñas maniobras a las cuales está dedicada la cúpula liberal. Hay que garantizar que la Política de Seguridad Democrática se convierta en una política de Estado y que la utilización de la falacia de nuevos diálogos de paz no haga de las elecciones de 2010 su punto de quiebre. El Partido Liberal no lo entiende. Es incapaz de ver su propia circunstancia, debatiéndose en medio de apologistas del terrorismo tipo Piedad Córdoba o de quienes eligieron a Uribe y después se hicieron sus enemigos políticos, el caso de Rafael Pardo.

Para Pardo su competidor es “muy inconsecuente”, olvidando que en el último congreso Liberal fue precisamente Rivera quien pidió respaldar la Política de Seguridad Democrática, al igual que lo hizo en la consulta liberal de 2006. Lo curioso es que Pardo, siendo un hombre preparado y competente, no es precisamente el mejor ejemplo de consistencia liberal. Fue uno de los principales líderes que eligió en 1998 a Andrés Pastrana en contra de Horacio Serpa. Luego fundó Cambio Radical, más adelante fungió de uribista, ofició de lugarteniente en su campaña presidencial y fue senador ponente de la reelección de Uribe. Al final pidió pista de aterrizaje en el Partido Liberal y ahora posa del más ortodoxo. Cuando Pardo respaldaba al gobierno que le entregó el Cagúan a las Farc, Rivera hacía en 1999 el primer debate parlamentario denunciando las atrocidades de la guerrilla en la zona de distensión.

Es la misma inconsistencia que demuestran cuando proponen una consulta entre partidos para escoger un solo candidato de oposición. Además del antiuribismo cerrero, ¿qué de común tiene el Liberalismo con el Polo Democrático o con el Partido Comunista? ¿Cómo pretenden meter en un mismo saco a Vargas Lleras y a Lucho Garzón? Es evidente que lo que menos hay en esas propuestas son convicciones.

Pero de todo esto lo más sorprendente es que mientras se persigue y recrimina a Rivera se admite la relación de Piedad Córdoba con el cartel de las Farc. La decisión del Fiscal General, Mario Iguarán, de enviar pruebas a la Corte Suprema de Justicia para que la investiguen por presuntos vínculos con esa organización terrorista no hecho pestañear a César Gaviria. En abril de 1995, cuando Piedad integraba la DLN, el fiscal Valdivieso hizo exactamente lo mismo que Iguarán respecto a los congresistas vinculados con el cartel de Cali. La respuesta fue cuestión de horas. Al día siguiente estaban suspendidos del Partido Liberal. En este caso no. Para Gaviria, Pardo y otros liderazgos menores es más cuestionable pretender que la Política de Seguridad Democrática sea una política de Estado que ser estafeta de las Farc.

Por otro lado, el liberalismo no es la DLN, tampoco los congresistas, mucho menos lo que queda de diputados, concejales, alcaldes y el reducido número de gobernadores. Esa es la destartalada estructura de la cual desconfían los ciudadanos. El Liberalismo está por fuera de esa máquina electoral. Si el ex presidente Gaviria reflexionara sobre las encuestas que la propia DLN contrata, se percataría que en 2005 era ya evidente que cerca del 60 por ciento de los ciudadanos que decían pertenecer al Partido Liberal respaldaban a Uribe. Esa cifra diez días antes de las elecciones presidenciales del año siguiente era de 70 por ciento. Eso no ha cambiado, entre otras cosas porque a Uribe lo identifican como liberal y están satisfechos con su gestión.

¿En esas condiciones para qué estar en el Partido Liberal? La mejor decisión que puede tomar Rivera es no ceder ante las presiones y chantajes, profundizar contra viento y marea su cruzada por la sostenibilidad de la Seguridad Democrática y dejar que el partido siga su curso, el cual puede incluir que Piedad Córdoba derrote a Rafael Pardo en la Consulta Popular. Al fin y al cabo, la inmensa mayoría de los liberales y el conjunto de la sociedad están por fuera del aparato partidista.


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