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| Foto: www.eltiempo.com |
El blog de Rafael Guarín. En este espacio se compilan las columnas que publica en El Nuevo Herald de Miami, Semana.com y otros medios. También notas cortas, fotos y videos. A partir del 1 de abril migrará paulatinamente a www.qimporta.com
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viernes, febrero 01, 2013
'Colombia piensa en grande', estrategia de Uribe para retoma del poder
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domingo, enero 20, 2013
DECLARACIÓN POLÍTICA
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En el día de hoy se reunieron:
Marta Lucía Ramírez, Oscar Iván Zuluaga, Juan Carlos Vélez, Carlos
Holmes Trujillo, Francisco Santos, Rafael Guarín con el expresidente
Álvaro Uribe Vélez.
Los asistentes decidieron adelantar un proceso que permita construir una alternativa de Centro Democrático, entendida como un proyecto amplio, participativo, incluyente y suprapartidista, a partir de una plataforma moderna, desarrollista y propositiva, que posibilite participar con éxito en las elecciones a la Presidencia de la República y el Congreso.
Los asistentes decidieron adelantar un proceso que permita construir una alternativa de Centro Democrático, entendida como un proyecto amplio, participativo, incluyente y suprapartidista, a partir de una plataforma moderna, desarrollista y propositiva, que posibilite participar con éxito en las elecciones a la Presidencia de la República y el Congreso.
domingo, septiembre 27, 2009
Reflexiones preliminares: CONSULTAS DEL POLO Y DEL LIBERALISMO OFICIALISTA
RAFAEL GUARÍN
DIEZ REFLEXIONES PRELIMINARES sobre los resultados de las consultas del liberalismo oficialista y el Polo:
1. El Partido Liberal es un partido rural y desconectado de la mayoría de los colombianos que habitan en las ciudades. Su resultado es lamentable, a pesar de la intervención de maquinarias de otros partidos y de parapolíticos.
2. El Polo no tiene mayor relevancia fuera de Bogotá. La baja votación en la capital obedece a la deficiente gestión de Samuel Moreno.
3. Se ratifican las encuestas que reflejan el escaso apoyo popular de los candidatos de la oposición.
4. La especie de plebiscito que impulsó el Liberalismo contra la reelección, utilizando la consulta, fue un fracaso y terminó favoreciendo a Álvaro Uribe.
5. Perdió vergonzosamente el serpo-samperismo que estaba detrás de Alfonso Gómez Méndez.
6. Dentro del Polo perdieron el Partido Comunista Colombiano, el Moir, Samuel Moreno, las Farc y la corrupción y el clientelismo de Jaime Dussán.
7. No solo ganó Petro la candidatura, sino que le ganó el pulso a las Farc, que según el propio Petro querían sacarlo del Polo.
8. Perdió César Gaviria al sacar la mitad de los votos que se propuso en la Consulta. Con tan magros resultados, hasta su propia y oculta aspiración a desplazar al ganador de la consulta, para hacerse a la candidatura presidencial, quedo enredada.
9. Los congresistas liberales deben preocuparse por el oscuro panorama electoral de las elecciones parlamentarias de 2010.
10. Un ganador de hoy, no visible, es Sergio Fajardo, quien queda como la única opción con cierta solidez para enfrentar al uribismo, sea en cabeza del presidente Uribe o de Rodrigo Rivera, Juan Manuel Santos, Nohemí Sanín o Andrés Felipe Arias. Nada raro será ver a Liberales y al Polo haciendo fila detrás de Fajardo, si hay segunda vuelta.
http://www.rafaelguarin.bl
miércoles, septiembre 23, 2009
MI VOTO POR PETRO
Foto tomada de www.elespectador.comSEMANA.COM
23 de septiembre de 2009
Pensé votar el próximo domingo por Gustavo Petro en la Consulta del Polo Democrático Alternativo por las siguientes razones:
Petro decidió quedarse en el Polo para dar la batalla. En las condiciones más adversas se enfrenta a la maquinaria política y clientelista de Jaime Dussan y al control del aparato que tiene el Partido Comunista Colombiano y el Moir.
Petro ha sido el único líder del Polo que ha denunciado la complacencia de algunos sectores de izquierda con el principio leninista de la combinación de todas las formas de lucha, esto es, con el empleo de la violencia. En septiembre de 2008 dijo que las Farc lo querían sacar del Polo: “Hay una campaña soterrada de las Farc por sacar a Petro y a Lucho del Partido”. Reconoció que esa guerrilla contaba con elementos dentro del Polo, tan influyentes y poderosos, que podían excluirlo de la lucha democrática. ¿Quiénes son? ¿A quién respaldan en la Consulta?
Petro, en 2007, propuso una hoja de ruta que incluía un pacto democrático que termine “definitivamente el uso de la combinación de las formas de lucha” y una política de seguridad de Estado, resaltando el rol definitivo que tienen las fuerzas militares.
Petro desafió a quienes en su partido decidieron no marchar el histórico 4 de febrero y a quienes se resistieron a apoyar las movilizaciones ciudadanas que condenaron la masacre de los once diputados del Valle del Cauca. Rechazó la falta de contundencia de las directivas del Polo frente a la masacre, al punto de señalar que “la sociedad colombiana no encuentra definidos totalmente los hechos que nos separan de las Farc".
Le cayeron rayos y centellas, no sólo de copartidarios sino de Raúl Reyes.
Petro, en febrero pasado, repudió la misiva que el Secretariado de las Farc envío al Congreso del Polo, en la que le proponen a ese Partido “acuerdos políticos”. El senador denunció que las Farc tenían la “intención integral de incidir en la política del Polo Democrático”, mientras el Congreso del partido se hizo el de la vista gorda.
Petro, entre otras cosas, es un símbolo de la lucha contra el narcoparamilitarismo que devastó a Colombia. No hay duda de su verticalidad para denunciar este fenómeno y amparar los derechos de las víctimas de masacres, torturas y desplazamientos. Propósito que compartimos.
Petro, también ha dicho que la izquierda debe abandonar “el sectarismo político y cierta enfermedad muy infantil de extremo-izquierdismo que la viene penetrando”, lo cual demuestra al afirmar la semana pasada que “agredir al presidente Álvaro Uribe es agredir a Colombia”, claro, tal afirmación hizo que cundieran ataques cardiacos masivos y simultáneos al interior del Polo.
La otra opción, Carlos Gaviria, es todo lo contrario. Mientras menciona el rechazo a la combinación de las formas de lucha y niega su existencia al interior de la colectividad, en 2002 fue candidato al Senado del Partido Comunista, partido que creó ese esperpento, y ha hecho de esa agrupación la quinta columna con la cual domina la estructura del Polo. Es el protagonista de todos los titubeos frente al terrorismo, objeta calificar de esa forma a las Farc y de participar en las marchas ciudadanas que la condenan. Y para colmo de males, en el proceso electoral de 2006 señaló estar dispuesto a reconocer beligerancia a las Farc.
Ahora bien, hay cosas muy graves que me llevan a recapacitar sobre la posibilidad de mi voto por Petro. Nunca cumplió con el deber de denunciar quiénes son los farianos dentro del Polo y a quién apoyan, tampoco ha renegado del pacto que suscribió con Hugo Chávez, en la Quinta de San Pedro Alejandrino el 18 de Diciembre de 1994, que todo indica que éste sigue vigente, a pesar de su animadversión reciente a la injerencia venezolana en los asuntos colombianos.
En esto hay dudas. Mientras habla de Socialismo del Siglo XXI en Caracas y Quito, al igual que en eventos del Polo, ante la opinión pública colombiana estratégicamente omite ese discurso. ¿Cuál es su verdadera posición ante al Socialismo del Siglo XXI? ¿Sigue apoyándolo pero se disfraza de moderado? ¿Mantiene su relación privilegiada con Chávez? ¿Es un lobo con piel oveja?
Tampoco ha contado lo que conoce sobre los autores intelectuales de la toma del Palacio de Justicia y que puede cobijar a ex guerrilleros del M19 que pelechan hoy en cargos públicos. Ahora que la Corte Suprema de Justicia dijo que procesará por crímenes de lesa humanidad a los parapolíticos, muy bueno sería hacer lo mismo con los ideólogos de esa guerrilla, responsables de esa y otras matanzas.
Pensándolo bien, esas razones son suficientes para que no pueda votar por Petro.
Pensé votar el próximo domingo por Gustavo Petro en la Consulta del Polo Democrático Alternativo por las siguientes razones:
Petro decidió quedarse en el Polo para dar la batalla. En las condiciones más adversas se enfrenta a la maquinaria política y clientelista de Jaime Dussan y al control del aparato que tiene el Partido Comunista Colombiano y el Moir.
Petro ha sido el único líder del Polo que ha denunciado la complacencia de algunos sectores de izquierda con el principio leninista de la combinación de todas las formas de lucha, esto es, con el empleo de la violencia. En septiembre de 2008 dijo que las Farc lo querían sacar del Polo: “Hay una campaña soterrada de las Farc por sacar a Petro y a Lucho del Partido”. Reconoció que esa guerrilla contaba con elementos dentro del Polo, tan influyentes y poderosos, que podían excluirlo de la lucha democrática. ¿Quiénes son? ¿A quién respaldan en la Consulta?
Petro, en 2007, propuso una hoja de ruta que incluía un pacto democrático que termine “definitivamente el uso de la combinación de las formas de lucha” y una política de seguridad de Estado, resaltando el rol definitivo que tienen las fuerzas militares.
Petro desafió a quienes en su partido decidieron no marchar el histórico 4 de febrero y a quienes se resistieron a apoyar las movilizaciones ciudadanas que condenaron la masacre de los once diputados del Valle del Cauca. Rechazó la falta de contundencia de las directivas del Polo frente a la masacre, al punto de señalar que “la sociedad colombiana no encuentra definidos totalmente los hechos que nos separan de las Farc".
Le cayeron rayos y centellas, no sólo de copartidarios sino de Raúl Reyes.
Petro, en febrero pasado, repudió la misiva que el Secretariado de las Farc envío al Congreso del Polo, en la que le proponen a ese Partido “acuerdos políticos”. El senador denunció que las Farc tenían la “intención integral de incidir en la política del Polo Democrático”, mientras el Congreso del partido se hizo el de la vista gorda.
Petro, entre otras cosas, es un símbolo de la lucha contra el narcoparamilitarismo que devastó a Colombia. No hay duda de su verticalidad para denunciar este fenómeno y amparar los derechos de las víctimas de masacres, torturas y desplazamientos. Propósito que compartimos.
Petro, también ha dicho que la izquierda debe abandonar “el sectarismo político y cierta enfermedad muy infantil de extremo-izquierdismo que la viene penetrando”, lo cual demuestra al afirmar la semana pasada que “agredir al presidente Álvaro Uribe es agredir a Colombia”, claro, tal afirmación hizo que cundieran ataques cardiacos masivos y simultáneos al interior del Polo.
La otra opción, Carlos Gaviria, es todo lo contrario. Mientras menciona el rechazo a la combinación de las formas de lucha y niega su existencia al interior de la colectividad, en 2002 fue candidato al Senado del Partido Comunista, partido que creó ese esperpento, y ha hecho de esa agrupación la quinta columna con la cual domina la estructura del Polo. Es el protagonista de todos los titubeos frente al terrorismo, objeta calificar de esa forma a las Farc y de participar en las marchas ciudadanas que la condenan. Y para colmo de males, en el proceso electoral de 2006 señaló estar dispuesto a reconocer beligerancia a las Farc.
Ahora bien, hay cosas muy graves que me llevan a recapacitar sobre la posibilidad de mi voto por Petro. Nunca cumplió con el deber de denunciar quiénes son los farianos dentro del Polo y a quién apoyan, tampoco ha renegado del pacto que suscribió con Hugo Chávez, en la Quinta de San Pedro Alejandrino el 18 de Diciembre de 1994, que todo indica que éste sigue vigente, a pesar de su animadversión reciente a la injerencia venezolana en los asuntos colombianos.
En esto hay dudas. Mientras habla de Socialismo del Siglo XXI en Caracas y Quito, al igual que en eventos del Polo, ante la opinión pública colombiana estratégicamente omite ese discurso. ¿Cuál es su verdadera posición ante al Socialismo del Siglo XXI? ¿Sigue apoyándolo pero se disfraza de moderado? ¿Mantiene su relación privilegiada con Chávez? ¿Es un lobo con piel oveja?
Tampoco ha contado lo que conoce sobre los autores intelectuales de la toma del Palacio de Justicia y que puede cobijar a ex guerrilleros del M19 que pelechan hoy en cargos públicos. Ahora que la Corte Suprema de Justicia dijo que procesará por crímenes de lesa humanidad a los parapolíticos, muy bueno sería hacer lo mismo con los ideólogos de esa guerrilla, responsables de esa y otras matanzas.
Pensándolo bien, esas razones son suficientes para que no pueda votar por Petro.
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martes, agosto 18, 2009
EL REFERENDO Y EL DERECHO A DECIDIR
RAFAEL GUARÍN
Eduardo Posada Carbó en su columna de El Tiempo señaló: “¿Puede el Congreso rechazar un proyecto de referendo originado en la iniciativa ciudadana? Claro que sí. En caso de tal rechazo, ¿se estarían vulnerando los derechos ciudadanos? Claro que no”. Parece contundente, pero es en exceso simplista e insuficiente para un análisis serio del tema.
Por supuesto que el Congreso puede rechazar la iniciativa presentada por los ciudadanos. ¡Ni más faltaba! Sugerir lo contrario es un flagrante desconocimiento de la Constitución. No tendría sentido la intervención del legislativo, además de ser una peligrosa forma de aniquilar la democracia representativa, los partidos políticos y el propio Congreso. Estaríamos, ahí sí, no ante un mecanismo de profundización de la democracia, sino frente a un instrumento ideal para una dictadura plebiscitaria.
Pero también hay que considerar que los ciudadanos al estampar su firma en señal de respaldo a una iniciativa de referendo, lo que hacen es ejercer un derecho fundamental, cuya observancia depende de que los diferentes órganos del Estado que deben intervenir en su trámite cumplan su función de acuerdo al ordenamiento constitucional y legal.
¿Qué pasa si observado todo el procedimiento la Organización Nacional Electoral decide arbitrariamente no cumplir con su rol e impedir la realización de un referendo? ¿O si recolectadas las firmas, se niega a revisarlas o lo hace de forma equivocada? ¿Qué implicación tiene que por presión criminal a la Corte Constitucional, ésta declare inconstitucional la ley de referendo, a pesar de haber sido adoptada conforme a la carta política y las normas legales. ¿Acaso en dichos eventos no se violenta el derecho fundamental a la participación de quienes lo respaldaron con su firma?
Lo mismo sucede si un Presidente de la República, por razones ideológicas, rechaza expedir el decreto de convocatoria de un referendo, como el referido al agua o uno que busque adoptar el matrimonio de parejas del mismo sexo, casos en los cuales se afecta la “posibilidad” de los ciudadanos de participar” y decidir, posibilidad que “tiene naturaleza de derecho político fundamental de origen constitucional”, según sentencia C 180 de 1994 de la Corte Constitucional.
Cuando se trata de referendos de iniciativa popular, el derecho a participar no desaparece con la firma de los ciudadanos y reaparece por arte de magia el día de la votación. Ese derecho permea todos los pasos que se deben surtir, al punto que su eficacia depende del cumplimiento del trámite constitucional y legal del referendo, lo que implica, ciertamente, que la Registraduría podría establecer la no obtención de las firmas requeridas, el Congreso no aprobar el proyecto de ley o la Corte encontrar que contraviene la constitución.
Siendo lo anterior claro, salta a la vista que el planteamiento del articulista es incompleto. No obstante que el Congreso puede rechazar el referendo, esa decisión debe ser el resultado del debate parlamentario y adoptarse de manera libre, sin apremio y bajo ninguna coacción que rompa el estado de derecho.
No hay que olvidar que respecto al trámite del proyecto de referendo, el Congreso perdió por completo su libertad, consecuencia de una estrategia de terror implementada por el Polo Democrático y el Partido Liberal, con ayuda del Registrador Nacional y de la sala penal de la Corte Suprema. El objetivo político: maniatar a los parlamentarios para que rechacen el referendo, bajo la amenaza de cárcel. Ese pequeño detalle, que olvida Posada Carbó, coloca su razonamiento completamente fuera de contexto.
Por esa razón, la segunda pregunta del columnista no tiene la respuesta tan obvia, simple y contundente que ofrece. Lo riguroso sería que cambiara “claro”, por “depende”. Si bien, en principio, en el marco de la Constitución el rechazo del Congreso de un proyecto de referendo no conlleva vulneración de los derechos, cuando ese rechazo es producto del rompimiento del orden constitucional y de una coerción suficientemente capaz de anular la libertad del legislativo para votarlo, no se puede llegar a la misma conclusión. Ese el motivo por el que la actuación de la Corte Suprema de Justicia, al someter por miedo al Congreso, no solo acaba con el equilibrio de poderes sino que pisotea el derecho a la participación de quienes firmaron la iniciativa de referendo.
Finalmente, equivocado y absurdo es condenar el reclamo, la fiscalización y la presión que pueden y deben ejercer los ciudadanos ante sus representantes en las corporaciones de elección popular. Esto, a diferencia de lo que opina Posada Carbó, sí lo autoriza la Constitución, no choca con el sistema democrático y mucho menos es “un escenario de hechos políticos indeseables para el orden y la seguridad institucionales”, como él lo describe. En realidad, es de la esencia del modelo político adoptado por la Asamblea Constituyente de 1991. Aquí y en cualquier democracia, los comicios son oportunidades en que los partidos y los políticos rinden cuentas y el pueblo los premia o castiga.
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jueves, agosto 06, 2009
GOLPE DE ESTADO JUDICIAL
Palacio de Justicia -Bogotá.3 de agosto de 2009 - Semana.com
RAFAEL GUARÍN
Me resistía a creer que la Corte Suprema de Justicia estuviera cometiendo las múltiples arbitrariedades que le endilgaban. Empero, he podido comprobar que sí existen y que es cierto que dejó de encarnar la majestad de la Justicia para transformarse en un actor político, tan controvertido como los que pululan por ahí.
Al sustituir la recta administración de justicia por el cálculo político, en vez de un honorable tribunal constituido por excelsos magistrados, la Corte parece más un partido político que vestido de toga pretende doblegar las demás ramas del poder público y los órganos de control del Estado. ¡
No tenemos una Corte llena de magistrados sino de manzanillos judiciales! Suena duro, pero así es. No es nuevo utilizar el aparato judicial para manipular las decisiones políticas, hacer trampa a la democracia y montar una estrategia de terror. Solo hay que ver cómo se emplean argucias jurídicas para sacar alcaldes y gobernadores, con el fin de capturar la administración pública, el presupuesto y las regalías. Es muy grave, que tal aberración suceda en aquellos municipios donde farianos, carteles criminales y políticos se disputan el tesoro público. Pero que ocurra con el más alto tribunal de justicia, no solo es una perversa desviación de su sagrada misión, sino una ruptura del Estado Social de Derecho, que no debería nunca quedar impune.
Como no se trata de calumniar, sino de develar tan reprobable hecho para defender los derechos humanos, las instituciones jurisdiccionales y la Constitución, basta revisar la conducta de la Corte respecto al trámite del proyecto de ley de referendo. La puesta en escena se hizo con una denuncia, sin fundamento jurídico, contra los Representantes a la Cámara que se atrevieron a votar positivamente el proyecto de ley; el objetivo: aniquilar la libertad del Congreso, maniatarlo y someterlo hasta su anulación. Que el congresista Germán Navas Talero la presentara, solo certificaba su habilidad de leguleyo, ahora, complementada con un doctorado en politiquería; pero que esto diera lugar a la apertura de una indagación preliminar contra los parlamentarios es, por varias razones, una abominación.
En una sentencia la Corte Constitucional señaló que la garantía de inviolabilidad del voto (porque es una garantía para el funcionamiento libre del Congreso y no un privilegio de sus integrantes), “priva, de manera absoluta, a la Corte Suprema de competencia para investigar como delitos los hechos inescindiblemente ligados a las opiniones y votos”. Fallo que pasó por alto la Sala Penal de ese tribunal. Así, la indagación preliminar además de violentar la libertad de los parlamentarios quiere aniquilar la Rama Legislativa, para efectos del trámite del referendo. Por supuesto, no es un error de juicio. Es una acción premeditada que busca impedir que la iniciativa de referendo pueda ser aprobada. ¿Qué explica que careciendo de competencia los “honorables magistrados” hayan omitido ese detalle? ¿Esa es la actuación de un juez?
Por otro lado, el auto de rechazo a la acción de tutela que busca amparar el derecho a la participación política de quienes firmamos la iniciativa popular de referendo es un monumento a la manzanilla judicial. Con el fin de evitar que la Corte Constitucional revise el fallo de tutela y a sabiendas que ésta ampararía el derecho violado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el contradictor del presidente Uribe, Valencia Copete, opta por rechazarla de plano, desconociendo su texto y argumentando falazmente que carezco del derecho que alego, es decir, del derecho a participar que consagra la Constitución. ¡Increíble! Un típico caso de denegación de justicia.
Estas acciones las hubieran podido hacer Augusto Pinochet o Fidel Castro. Cuando una rama del poder público rompe el Estado de Derecho para someter a su arbitrio a las demás, aquí y en cualquier parte, se trata de un golpe de Estado, en este caso, un golpe de Estado judicial. Razón tienen los revolucionarios franceses al consagrar, en 1789, que “toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”.
No se puede admitir la impunidad frente a tales actuaciones, menos cuando son instrumento de miedo y buscan destrozar la Constitución y las bases de la democracia. La seguridad de que la impunidad cobija a los magistrados ante una amedrentada, mediocre e incapaz Comisión de Acusaciones, les da licencia para continuar violentando la ley y la Constitución. Esto solo parece resolverse con la convocatoria de una Asamblea Constituyente que revise los pesos y contrapesos, impida la dictadura judicial y garantice que tales conductas no se repitan.
www.rafaelguarin.blogspot.com
viernes, marzo 06, 2009
DE LAS FARC AL POLO
Foto: www.elpais.com.co
Publicado el miércoles 4 Marzo 2009 en SEMANA.COM
Publicado el miércoles 4 Marzo 2009 en SEMANA.COM
RAFAEL GUARÍN
Imaginemos un momento que Carlos Castaño y Salvatore Mancuso hubieran enviado un mensaje público al Congreso de uno de los partidos de la coalición de gobierno o al Partido Liberal. ¿Cuál sería la reacción si además propusieran un acuerdo para cambiar el “régimen” y dicho partido no rechazara la amable invitación? ¿No sería una modalidad similar al Pacto de Ralito entre paramilitares y un grupo de políticos para “refundar el país”?
Pues fue exactamente eso lo que ocurrió la semana pasada con un mensaje del Secretariado de las Farc al Congreso del Polo Democrático Alternativo PDA. Luego de lanzar el infundio de que la Política de Seguridad Democrática es el obstáculo para la “convivencia”, la organización terrorista le señala a ese partido la necesidad de “acuerdos políticos que abran las puertas a un nuevo régimen con capacidad de cimentar la paz democrática”. En otras palabras, le proponen un “pacto” para derrotar la estrategia de seguridad en las urnas y abrirle paso a un gobierno que comparta los criterios farianos.
A pesar que los senadores Iván Moreno, Luis Carlos Avellaneda y Parmenio Cuéllar descalificaron tajantemente la carta de Alfonso Cano, el Congreso del PDA se abstuvo de pronunciarse. En realidad esas declaraciones sirvieron para ocultar que los delegados al Congreso evitaban abordar la propuesta fariana para no introducir un elemento que ahondara la fracturada unidad.
El secretario del Polo, Carlos Bula, sacó la versión que el tema estaba resuelto. Según él, era una “posición de principios” que no admite duda respecto a que ese partido está en contra del secuestro, el terrorismo y la combinación de todas las formas de lucha. Lo que no dijo Bula, es que para el Polo los soldados y policías no son secuestrados sino prisioneros de guerra, por tanto, que los miembros de la fuerza pública pueden seguir siendo raptados por la guerrilla conforme al derecho internacional, lo que no es otra cosa que la legalización del secuestro.
Se le olvidó también decir que desde el punto de vista del PDA las Farc no son terroristas sino un actor político con el cual se debe negociar y conseguir una “salida pacífica”, lo que implica que rechazar al terrorismo no es rechazar a las Farc. Y omitió reconocer que aunque en la retorica repudian la combinación de las formas de lucha, en la práctica el Partido Comunista Colombiano, que controla gran parte del Polo, defiende la “validez de la lucha armada”.
La razón del silencio institucional ante la carta de Cano es la misma que está detrás de los vientos de división que enmarcaron el Congreso del Polo. Los análisis redujeron la actitud de Lucho Garzón y Gustavo Petro a una derrota en el número de delegados, otros lo registraron como resultado de su afán de contemporizar con el “establecimiento”, pero más que esas razones lo que está en el fondo es la influencia que ejerce cada vez más las Farc en el PDA.
En septiembre pasado Petro dijo: “Hay una campaña soterrada de las Farc por sacar a Petro y a Lucho del Partido. Sería conveniente que todos los militantes del Polo no cayeran en esa trampa”. Nadie dijo nada. El repudio que ambos despiertan en sectores extremistas obedece a que descalifican la acción violenta y se niegan a concederle legitimidad a la guerrilla, mientras que los legitimadores de las Farc los acusan de uribistas, escudándose en los mitos farianos, la teoría de las causas objetivas de la violencia y la existencia de un supuesto “conflicto social y armado”.
Los agentes farianos, camuflados de dirigentes políticos y sociales, se mueven al interior del Polo y del Partido Liberal para ejecutar la estrategia planteada en diversos documentos internos. No hay que esforzarse mucho para saber la filiación política de Fensuagro y de Efraín Mendoza Gamba, “dirigente social” capturado en el campamento guerrillero del ‘Negro Antonio’. Según el Manifiesto de las Farc del 1 de octubre de 2007 el objetivo táctico es la “creación de una alternativa para el cambio, surgida de un Gran Acuerdo Nacional por la Paz” y un gobierno que “tome la decisión de regresar las tropas a sus cuarteles”.
Como lo señaló Petro, en la carta del Secretariado hay una “intención integral de incidir en la política del Polo Democrático”. Ante esa situación lo que se espera es un profundo y contundente rechazo del Partido como tal, no declaraciones aisladas de sus miembros. Si la izquierda no se blinda y deslinda sin ambigüedades del acecho terrorista y se depura de farcpolíticos, nunca llegará al poder. En ese propósito hay que estar del lado de Petro y de Lucho.
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martes, diciembre 09, 2008
Semana.com / 9 de diciembre de 2008
RAFAEL GUARÍN
El presidente Uribe ha enfrentado las más duras crisis. Desde la conspiración chavista, el escándalo de la parapolítica, la extradición de los paramilitares, el bombardeo en territorio de Ecuador, hasta la utilización guerrillera del “acuerdo humanitario” como táctica terrorista. Todas las cosas tienen un límite. El límite es el bolsillo de la gente. Si ya existía inquietud por el bajo crecimiento de la economía, lo ocurrido con DMG y las demás pirámides tiene visos de ser, además de una emergencia económica y social, una catástrofe política para el gobierno.
Las estadísticas recitadas con éxito desde los despachos públicos pierden automáticamente su encanto cuando los ahorros de cientos de miles de personas se pierden o se “frustra” su “mágico” enriquecimiento. El gobierno se mostró incapaz de explicar las medidas que adoptó, en una situación que no podía admitir errores. Los ciudadanos, que suelen ver en el Presidente un líder que los defiende, ahora lo ven en este tema como el causante directo de sus problemas.
Lo grave no es que tales acontecimientos puedan impedir la reelección de Uribe. En los pasillos de la Casa de Nariño, desde hace varios meses, es claro que el presidente ni siquiera está convencido de esa decisión. Lo realmente delicado es lo que está en juego. Al fin y al cabo los presidentes van y vienen, pero los problemas se resuelven, se mantienen o se agravan. Uribe no ha terminado la tarea ni la terminará de aquí a 2010 y la opinión pública no percibe a nadie que pueda hacerlo, con altas posibilidades de ser elegido.
A esto se llegó por descuido, exceso de confianza, falta de autocrítica, cierto autismo y excesiva personalización de la política gubernamental. El uribismo no tiene un partido, ha sido incapaz de fomentar liderazgos nacionales y dirigentes de relevo que aseguren la continuidad de la seguridad democrática, una vez finalice el mandato. Hoy estamos ante aspirantes que cobijados bajo el poncho del presidente pretenden mostrarse como opción, pero aún con su decidido apoyo están muy lejos de ser garantía de triunfo.
Para solo mencionar algunos. En el Partido de la U a Juan Manuel Santos no le vale la operación Jaque, la muerte de Reyes y de Ríos, tampoco que Manuel Marulanda reencarne y el ministro lo capture. A pesar de ser el más preparado de todos, es pésimo comunicador y hasta ahora incapaz de conectarse con los ciudadanos. A una candidatura interesante como la de Martha Lucía Ramírez las mayorías parlamentarias le quieren decretar la muerte súbita.
En Cambio Radical la cosa tiene también nombre propio. Germán Vargas Lleras es el mayor antiuribista, el primero en las filas de la burocracia y quien más goza de desconfianza en el gobierno. Dicen que se ufana en sus giras por los departamentos de que no le contesta el teléfono a Uribe.
En el conservatismo el Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, carece de la fuerza y el empuje que a su edad demostraba Bernardo Jaramillo (así lo mortifique la comparación). Su único merito es ser consentido del poder. Nohemí, con estupenda hoja de vida, carismática y buena imagen es una posibilidad interesante, aunque lleva casi siete años fuera de Colombia y está desconectada de las regiones. Carlos Holguín no despierta aún y Fabio Valencia resultó muy afectado por el escándalo de su hermano.
Sobre los demás partidos uribistas ni hablar. Más parecidos a sindicatos del crimen, están condenados a seguir alojando a sus miembros en la cárcel “La Picota”.
Otros candidatos hábilmente muerden la imagen positiva de Uribe al tiempo que su discurso es el preámbulo del desmonte de la política de seguridad democrática. Ahí están Ingrid Betancur y Sergio Fajardo. Ambos apuestan a llevar al país a la trampa de diálogo que las FARC ejecutan desde hace casi 30 años. Lo paradójico es que junto a Lucho Garzón, otro impulsador de ese desmonte, son los que más opción tendrían frente a cualquiera de los mencionados candidatos uribistas.
Ante tal vacío de liderazgo, ¿quién sostendrá la seguridad democrática? ¿Qué tipo de candidatura se debe buscar para que lo alcanzado en materia de seguridad y paz no se pierda? Es urgente que los distintos sectores de la sociedad comiencen a trabajar en un frente civil que promueva la preservación de dicha política, como conditio sine qua non para llegar a la Presidencia. No hacerlo es facilitarle a Cano y a Jojoy el cambio de escenario que pretenden construir a punta de “intercambios epistolares”, propaganda y acciones terroristas.
sábado, diciembre 15, 2007
Publicado el sábado 15 de diciembre del 2007, El Nuevo Herald, Miami
RAFAEL GUARIN
El alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, el más conocido líder de izquierda, afirmó al rechazar a las FARC que no se ''puede seguir legitimando ese verde oliva''. Esa actitud, junto a la de otros de sus competidores que desde la oposición aspiran suceder a Uribe, puede ser el camino hacia un acuerdo nacional que prive a las FARC de uno de sus instrumentos más ventajosos: el aprovechamiento de las contradicciones en el debate democrático.
En éste reside una de las claves que explican su existencia durante más de cuatro décadas. Mientras esa guerrilla tiene un plan estratégico de largo plazo para la toma del poder, al que circunscribe cada uno de sus movimientos tácticos, no ha existido una política de seguridad de Estado que trascienda gobiernos, partidos y liderazgos individuales, sino bandazos y bandazos.
La habilidad guerrillera para utilizar las contradicciones llegó a su cima en 1998 al lograr que el despeje militar de una zona en el sur del país fuera eje de la campaña presidencial y que los candidatos concursaran por ofrecer más a las FARC. El resultado fue el desastre de desmilitarizar 42,000 kilómetros cuadrados y someter a la población de cinco municipios a la dictadura del terrorismo. Al igual que en el gobierno Betancur (1982-1986) se empleó el diálogo como táctica para obtener espacio político, sin renunciar a la ejecución del plan estratégico.
Aunque la seguridad democrática ha golpeado duramente a las FARC, su sostenibilidad política no está garantizada. La personalización de la política, que ha sido su fortaleza, es ahora su principal debilidad y lejos de ser un factor de aglutinación divide a los partidos políticos. Las FARC lo saben, como también que agudizar las contradicciones entre gobierno y oposición empleando los secuestrados, constreñimiento internacional y campañas de propaganda, puede llevar a un giro en las elecciones presidenciales de 2010. Se trata de construir un nuevo escenario que les permita respiro militar, avanzar en el reconocimiento de beligerancia y reivindicar la supuesta derrota de la seguridad democrática y el Plan Colombia. Todo sin abandonar la táctica del diálogo.
Por eso los planteamientos del senador Gustavo Petro y de Garzón, miembros del Polo Democrático, sin ser nuevos son importantes. Petro propuso una hoja de ruta a manera de ''plan de salida a la guerra'', un pacto democrático que termine ''definitivamente el uso de la combinación de las formas de lucha'', una política de seguridad de Estado e incluso, acercándose más a Uribe, reconoce en las fuerzas militares un rol indispensable.
El alcalde admite éxitos de la política de seguridad, niega carácter de izquierda a las FARC y critica a quienes desde esa orilla, léase el candidato Carlos Gaviria, con ''consideraciones teóricas'', terminan legitimando el escenario guerrillero. No hay que olvidar que Gaviria anunció estar dispuesto a reconocer beligerancia a las FARC si es elegido presidente.
Algo similar sucede en el Partido Liberal. El expresidente César Gaviria ha dicho que se debe ''impulsar una política de seguridad firme y eficaz que preserve los logros alcanzados de este gobierno''. Para Rodrigo Rivera, el más comprometido con una propuesta de unidad contra la violencia y quien lideró en 2003 el acuerdo antiterrorista suscrito por los principales partidos políticos y que fracasó por desinterés del gobierno, ''nunca es tarde para corregir el error de habernos polarizado en asuntos de orden público'' y ``el acuerdo nacional en materia de seguridad debe hacerse ahora o en últimas para la elección de 2010''.
No obstante, Rafael Pardo cree que ''la política de orden público es de la esencia de la competencia política'', es decir, discrecional de la agenda de los partidos y de cada gobierno, pero enfatiza en la necesidad de un acuerdo sobre la liberación de los secuestrados y el desmonte del paramilitarismo.
Mi conclusión: Es urgente el consenso para fenecer lo que queda de las FARC y blindar tanto de afanes electorales como de guerra política los resultados alcanzados. Estas posturas de algunos candidatos de la oposición son una oportunidad para un acuerdo nacional que junto a la política de seguridad cobije una solución humanitaria al secuestro, fortalecimiento de la justicia y desmantelamiento definitivo del paramilitarismo. El acuerdo liquidaría los planes en el corto plazo de las FARC y con presión militar podría contribuir a doblegar su voluntad de lucha. Sería un paso más hacia la paz.
Foto:
lunes, diciembre 10, 2007
Foto EFE - Iván Gonzalez
RAFAEL GUARÍN
Lejos de una victoria pírrica, los resultados del referendo representan una calamidad para el proyecto bolivariano. Aunque para Hugo Chávez “por ahora” la nueva “ecuación de poder” quedó aplazada, lo evidente, como me lo dijo Julio Borges –presidente de Primero Justicia–, es que “la agenda política que está presente en ese proyecto de reforma no recoge la esperanza o el sueño ideal que quieren los venezolanos, incluso los chavistas”.
No es cualquier tropiezo sino el golpe más contundente propinado a la revolución desde 1998, aún por encima de los acontecimientos del 11 de abril de 2002. Los escasos dos puntos de diferencia del NO sobre el SÍ disimulan la monumental derrota pero no ocultan que una revolución a través de las urnas no se puede hacer sin el pueblo. Sólo 4.379.392 de ciudadanos, cerca de una cuarta parte del padrón electoral, aprobaron el camino al socialismo del siglo XXI. Al resto no les gusta o no les importa, en todo caso, no están con la revolución.
El presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras, señaló que es consecuencia de la creencia de Chávez en “que podía implantar un sistema socialista a la cubana, sin contar con la aprobación de la gente, al plantear el referendo como un plebiscito a su gestión”. La conclusión es clara: tal aspiración choca con las ideas y valores predominantes en la sociedad venezolana, en otras palabras, carece de legitimidad en un país que reclama igualdad con respeto a la libertad.
Sin duda, también contribuyó el nuevo rostro de la oposición. El liderazgo estudiantil facilitó que el mensaje por fin llegara a los venezolanos. Su protagonismo neutralizó el desprestigio de los partidos históricos sobre el cual cabalgó Chávez en todas las elecciones. Mientras sus tradicionales detractores representaban el viejo régimen los jóvenes le imprimieron credibilidad y transparencia al NO. A punta de ensayo y error se aprendió que sí se puede ganar cuando se hace oposición inteligente.
De todo lo más importante son los nuevos vientos. Al referirse a la coyuntura de 1998, Ludolfo Paramio afirmó que “Venezuela ejemplifica la renuencia social a aceptar el ajuste y las reformas estructurales” neoliberales, lo cual generó fuerte polarización, afanes de desquite social y repudio al bipartidismo, sentimientos canalizados exitosamente por el outsider Chávez pero que han perdido su capacidad de movilización política.
Una posible explicación de ese cambio es que la invocación a la lucha de clases, motor de la revolución, pasa a un plano secundario cuando se trata de defender el régimen democrático, sin que esto signifique que los factores socioeconómicos de lucha política no sigan siendo un elemento central de la contienda electoral. Si bien el discurso social de Chávez tiene amplia aceptación, no es igual cuando se coloca en cuestión las señas de la democracia liberal con la reelección indefinida, la creación de un partido socialista único, la ideologización del sistema educativo, la restricción de los derechos humanos y la libertad de prensa.
Ese comportamiento coincide con la actitud de los ciudadanos hacia la democracia. Según Latinobarómetro, en Venezuela su preferencia respecto a cualquier otra forma de gobierno en 1998 era de 60 por ciento y en 2006 de 70 por ciento, a pesar de descender con relación a años anteriores. En 2006 la confianza en los beneficios de la democracia para el desarrollo de ese país ascendió 10 puntos desde el 69 por ciento de 2003. Además, la idea que la democracia genera condiciones para que las personas prosperen con su propio esfuerzo encuentra con 76 por ciento en Venezuela el segundo país con mayor arraigo en la región.
A Chávez le quedan dos caminos. Una Asamblea Constituyente, propuesta por sectores de la oposición que piensan que pueden recortar el periodo presidencial o hasta sacarlo. Ingenuidad absoluta. Aunque se derrumbo el mito de la invencibilidad de Chávez, no es lo mismo una elección de un cuerpo colegiado a un referendo. En cambio, si es la oportunidad institucional para incorporar las propuestas negadas en las urnas y revalidar las mayorías chavistas. En algo tiene razón Chávez, sus detractores tienen que saber administrar la victoria.
El otro es el despeñadero de la dictadura, finalmente, los comunistas enseñan que la revolución sólo es posible empleando la violencia para derrocar todo el orden social existente y no hay que olvidar que el teniente coronel debutó en la arena política con el ropaje de golpista.
sábado, septiembre 22, 2007
Publicado el sábado 22 de septiembre del 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
Foto http://www.semana.com/ RAFAEL GUARIN
La masacre de once diputados secuestrados por las FARC produjo que los colombianos se movilizaran masivamente, mientras el Polo Democrático Alternativo omitió condenar a la guerrilla y preso de un absurdo extremismo no participó en la marcha ciudadana. Su argumento: era impulsada por el gobierno de Alvaro Uribe.
En plena campaña presidencial las FARC y el ELN propusieron una coalición de oposición para enfrentar a Uribe, sin que se escuchara objeción de los candidatos del Polo y del Partido Liberal. Y hace unas semanas Raúl Reyes insistió en el mismo planteamiento con el fin de llevar al Polo al gobierno.
La guerrilla quiere instrumentalizar esa organización para quebrar la política de seguridad democrática en las urnas y construir un escenario del cual puedan obtener ventaja política y militar. Ese propósito encuentra eco en sectores del Polo que siguiendo el manifiesto de Marx y Engels (1848) creen que sus objetivos sólo se alcanzaran si derrocan ''por la violencia todo el orden social existente''. También en declaraciones como las del senador Jaime Dussan que señalan que ''no son amigos ni enemigos de las FARC'', como si frente a ella existieran puntos intermedios. ¡Hay que ser claro! ¡O se está con ella o contra ella!
Lo que se espera de un partido que se apellida ''democrático'' es el contundente repudio a la tentativa ''fariana'' de combinar las formas de lucha, no ambigüedad, ni que prime el cálculo sobre la reprobación a las guerrillas. Mucho menos que pese más el antiuribismo que el terrorismo. La situación interna ha sido tan delicada que el senador del Polo, Gustavo Petro, admitió que la sociedad colombiana ``no encuentra definidos totalmente los hechos que nos separan de las FARC''.
Los extremistas riñen con la democracia y el estado de derecho. Emplean los canales destinados a tramitar pacíficamente los conflictos, al tiempo que no censuran la violencia o lo hacen retóricamente. El extremismo suele acompañarse de excusas sobre el uso de las armas, al punto de elevar el crimen a la categoría de acción política. Lo ejemplifica la afirmación de Patricia Lara, excandidata a la vicepresidencia por el Polo: las FARC ''cometen crímenes, pero no son criminales''. ¡Hágame el favor!
Paradójicamente, quien encabeza el extremismo en el Polo fue presidente de la Corte Constitucional. El ex magistrado Carlos Gaviria, senador en 2002 apoyado por el Partido Comunista, no sólo no reconoce el terrorismo de las FARC, sino que macartiza a quienes dentro de su partido osan reclamar verticalidad contra las guerrillas. Esa intolerancia, casi stalinista, evidencia que el problema no se soluciona con comunicados de prensa y que es más grave que simples brotes de simpatía con los grupos ilegales, así se diga, siguiendo al gobierno ante los escándalos militares, que son casos aislados.
Tal conducta agrieta la unidad nacional contra el narcoterrorismo, mina la legitimidad democrática de la izquierda y fortalece la pretensión de legitimidad política de las guerrillas. Y lo más grave para el Polo, cuando rotula de ''uribista'' a todo crítico de las FARC se aleja de la victoria electoral.
Afortunadamente, la presión de la opinión pública y la posibilidad de afectarse en las elecciones de octubre obligaron por fin al Polo a tachar el secuestro y los crímenes guerrilleros. En el papel se impuso el sector moderado sobre los extremistas. Ahora lo que se requiere son hechos que ratifiquen lo dicho, por ejemplo, retirar los candidatos en el Valle del Cauca que con su silencio aceptan que las FARC les hagan campaña electoral.
No hay duda de que Colombia necesita un partido de izquierda y que la consolidación del Polo es benéfica para la democracia, además de una oportunidad para un proyecto político alternativo al establecimiento tradicional. Pero de la misma manera que los partidos de la coalición de gobierno deben continuar depurándose de parapolíticos, el Polo debe iniciar la purga de sus filas de farcpolíticos y no justificar la barbarie guerrillera. Es importante que los ciudadanos tengan la certeza que en su seno sí es posible estar en contra de las FARC.
Nota al margen: Ojalá Piedad Córdoba entienda que para ayudar al acuerdo humanitario no se requiere ser parlante de las Farc.
domingo, julio 22, 2007
Publicado el el viernes 20 de julio de 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
RAFAEL GUARIN
Se retomaron las conversaciones en La Habana entre el gobierno de Alvaro Uribe y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De la ronda de diálogos se esperan hechos concretos que allanen el camino hacia la paz.
En 1988, por encima de las FARC se decía que ELN era la guerrilla de mayor preeminencia en Colombia, al punto que la revista Semana indicó que competía con Pablo Escobar en la calificación de ``enemigo número uno del país''.
Hoy el escenario es distinto. El punto de inflexión lo alcanzó a mediados de los años noventa cuando su adhesión a la teología de la liberación la inhibió de adaptarse a la acelerada degradación del conflicto y de convertirse, siguiendo a las FARC y las AUC, en un cartel del narcotráfico. El resultado fue una guerrilla empobrecida y marginal en lo militar que apuesta a la política. Ese camino comenzó, recuerda el analista Luis Eduardo Celis, con su propuesta de una ''convención nacional'' surgida en 1996 ante la crisis del gobierno Samper.
Pero la paz con ese grupo debe superar muchos obstáculos. El más significativo, posiblemente, es su opuesta interpretación. Mientras para Antonio García ''la negociación se eternizará tanto como se eternice la solución de los problemas del país'', que es igual a decir que sus acciones criminales no tendrán fin, el gobierno cree en una desmovilización y entrega de armas, sin mayores reconocimientos.
Conviene un punto intermedio. No se trata de legitimar la lucha armada, pero sí, con pragmatismo, estar dispuestos a reformas institucionales que además se requieren para frenar la influencia del paramilitarismo, la guerrilla y la mafia. Al ELN se le debe otorgar una justificación para que dé el paso definitivo a la paz.
Eso no implica quebrar la seguridad democrática. El propio Uribe ofreció el año pasado a las FARC una Asamblea Nacional Constituyente, lo que es coherente, pues su política busca doblegar la voluntad de lucha de las guerrillas y conducirlas a una negociación que él sabe que implica concesiones.
Se requieren decisiones urgentes: la primera, retirar el señalamiento de organización terrorista al ELN y concederle estatus político sólo si previamente libera los secuestrados, entrega los niños en sus filas, proscribe la utilización de minas antipersonales, renuncia a los atentados terroristas y se inicia y mantiene un cese de hostilidades.
Segundo, el proceso debe blindarse. Las negociaciones son con el Estado colombiano y para garantizar su resultado se requiere el consenso de todas las fuerzas políticas. Cumplido lo anterior es necesario concitar un gran acuerdo que comprometa al gobierno, los partidos con representación en el Congreso y al ELN en una agenda que parta de la Convención Nacional y termine, previo desarme y desmovilización, con la incorporación de sus iniciativas al ordenamiento constitucional. En esto el Partido Liberal (en la oposición) orientado por el expresidente César Gaviria podría tomar el liderazgo. Aunque el gobierno prefiera no compartir el éxito del proceso, quizás dentro del ELN existen reticencias a darle exclusivamente ese ''triunfo'', lo que eventualmente alargaría hasta una nueva administración la firma de la paz.
Tercero, deben observarse la verdad, justicia y reparación de las víctimas con el cuidado de no cobijar los parapolíticos y asesinos de las AUC con iniciativas legislativas destinadas a la guerrilla, a las que ha hecho referencia el mismo Uribe. Los colombianos estaremos atentos a la verdad de las relaciones de políticos con el ELN.
Cuarto, el anuncio estadounidense de posibles solicitudes de extradición de miembros del ELN muestra su atención al proceso. Como lo fue con los paramilitares, la presión de la extradición constituye un garrote para el gobierno y un incentivo para esa guerrilla. Pero esto no es suficiente. Estados Unidos y la comunidad internacional deben jugar un papel más importante y aprovechar la oportunidad para examinar salidas al narcotráfico, debate colocado en la mesa por los ``elenos''.
El reloj corre en contra. Al gobierno le queda en la práctica algo más de dos años, un poco menos que el tiempo con que cuenta el ELN para participar en las elecciones del 2010. Por esa razón, en esta ronda deben acordar el desarrollo de las etapas posteriores y convencer al país que luego de 17 años tiene al frente lo más parecido a la última guerrilla de América Latina, con real voluntad de paz.
Nota: sobre el mismo tema puede leer en este blog:
viernes, mayo 11, 2007
Publicado el 11 de mayo de 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
Casa de Nariño - Bogotá D. C.
RAFAEL GUARIN
Cuando faltan más de tres años del segundo período del gobierno de Alvaro Uribe, el ''desaire'' de Al Gore y los reclamos de congresistas demócratas durante su visita a Washington dejan claro que las cosas ya no serán como antes.
La penetración del paramilitarismo y el narcotráfico en las instituciones lesiona gravemente una relación calificada por ambos países como estratégica. No hay que olvidar que Colombia ha sido el principal aliado en América Latina de la administración Bush y punto de contención de la ''revolución'' chavista. Tampoco que los exitosos resultados en materia de seguridad se deben principalmente a la modernización de la fuerza pública, imposible sin el concurso estadounidense. Los acontecimientos recientes y el innegable ambiente propicio a las aspiraciones demócratas de reconquistar la Casa Blanca ponen esa alianza en entredicho.
Las acusaciones de confabulación de narcoparamilitares con oficiales del ejército, la coalición de gobierno y el propio Uribe no son nuevas. En el caso del presidente, aun antes de ser gobernador de Antioquía (1994) y durante su campaña en 2002 se le adjudicaron muchas de las críticas que se reciclan hoy, lo que no impidió el masivo respaldo en las urnas. Siguiendo El nuevo príncipe de Dick Morris, probablemente esto contribuye a que su liderazgo no se resienta en medio del escándalo y aumente 10 puntos en las encuestas, hasta llegar a 75% de favorabilidad.
Esa aparente inmunidad convierte los escenarios foráneos en el campo para los ataques de la oposición democrática y la guerra política de las guerrillas. Sin pretender sugerir complicidades, en ello coinciden, consciente e inconscientemente, unos y otros.
Desde el Polo Democrático y sectores populistas del Partido Liberal se considera que destruir la seguridad democrática es indispensable para sus tesis de apaciguamiento y abrir las puertas a lo que con las FARC denominan la ''solución política al conflicto social y armado''. Su cálculo les puede dar réditos en el corto y mediano plazo, pero a la larga, si obtuvieran su propósito, las consecuencias serían nefastas en el combate a los grupos armados ilegales.
Por su parte, para las FARC se trata de avanzar en el quiebre de la política de seguridad abonando un paulatino desmonte del Plan Colombia, a través de una lenta y persistente campaña que combina acciones políticas, propaganda y satanizaciones. En ese sentido, se mina la cooperación militar aprovechando hábilmente las contradicciones de republicanos y demócratas. En el fondo, hay un presupuesto similar al que anima a los terroristas en Irak, conseguir por la vía política lo que son incapaces en el terreno militar.
Esto permite comprender mejor el alcance de la campaña de desprestigio y la aparición de nuevas ONGs que replican en inglés el discurso subversivo. Todo hace parte de una estrategia que busca apalancarse en el exterior para obtener un viraje en la opinión ciudadana y en la actitud norteamericana, con la ambición de beneficiarse en el futuro cambio de ambos gobiernos o ganar el pulso militar.
De igual manera la parapolítica alcanza el TLC. La hipotética negativa del Congreso pulverizaría el carácter especial dado al vínculo que une a Washington y Bogotá. Pero puede ser peor. No es descartable que los demócratas quieran salvaguardar los lazos con Colombia, pero no con Uribe. En otras palabras, que se apruebe el TLC con la aclaración que no representa un respaldo al presidente. Su impacto sería muy negativo en un gobierno que metió todos los huevos en una sola canasta, dejó en plano secundario al resto del mundo y alineó su política exterior con la guerra contra el terrorismo.
Sin duda un deterioro de las relaciones arrojará un ganador, las FARC, y como lo señaló la analista Laura Gil, la posible reorganización de grupos paramilitares. Aún se puede evitar, si los demócratas entienden que su válida exigencia de justicia debe acompañarse de individualizar responsabilidades y no de medidas que afectaran indiscriminadamente a los colombianos. También, insistimos, si las bases de la política de seguridad democrática se despersonalizan y convierten en una política de Estado. En esto el Partido Liberal podría tomar la iniciativa.
Por lo pronto, lo que parece evidente es que si alguien pensó en algún momento en extender el gobierno Uribe hasta 2019, como lo sugirió Belisario Betancur, los demócratas ya hicieron saber su oposición.
domingo, enero 28, 2007
domingo, diciembre 17, 2006
www.votebien.com - marzo de 2006
Rafael Guarín explica por qué después de las elecciones del 12 de marzo los congresistas opositores al gobierno podrán dejar atrás sus intereses personales y hacer una verdadera oposición.
Por Rafael Guarín*
Varios analistas han manifestado su preocupación por la debilidad de la oposición luego de las elecciones del 12 de marzo. Contrariamente a lo que suele pensarse, la consolidación de la coalición gobernante en el Congreso no es negativa para quienes deben cumplir ese papel.
Desde la segunda mitad del siglo XX, además de la violencia, el fraude electoral y en algunos casos de políticas de seguridad que confundían a la oposición democrática con la subversión y la protesta social con actos de criminalidad, son tres los principales factores que no han permitido el ejercicio pleno de la oposición parlamentaria.
El primero tiene que ver con un diseño institucional que concentró el poder en los partidos tradicionales y excluyó a nuevas alternativas políticas. En esa línea están los principios de paridad y alternación del Frente Nacional, período paradójico en que la oposición tuvo que camuflarse en los partidos que constitucionalmente compartían la responsabilidad del gobierno, y el parágrafo del artículo 120 introducido en la reforma de 1968.
El segundo es el problema burocrático que la Constitución de 1991 no modificó sustancialmente y que configuró lo que Leal Buitrago y Dávila denominan “sistema político del clientelismo”, cuya regla es la dependencia del Estado para la reproducción electoral, al tiempo que es la raíz del “transfuguismo” que caracteriza a muchos congresistas.
Pero además, la falta de coincidencia del respaldo popular expresado en las elecciones presidenciales y legislativas ha sido un obstáculo para la oposición y un generador de inestabilidad política. No es cierto que una mayoría de oposición haya contribuido al control político eficaz, a un gobierno responsable y mucho menos a la armonía de las instituciones.
La historia enseña otra cosa. Dos casos en los que la oposición era mayoritaria en las cámaras, en contextos absolutamente diferentes, finalizaron con la tentativa o el rompimiento del orden democrático. El gobierno de Mariano Ospina Pérez, en 1949, cerró el Congreso en el afán de atajar a sus opositores.
Recientemente, en medio de la crisis del año 2000 por corrupción de miembros de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, Andrés Pastrana perdió la mayoría parlamentaria que había arrebatado al Liberalismo a punta de puestos y contratos. La salida fue intentar la revocatoria del Congreso y adelantar las elecciones, figuras que desbordan la Constitución.
Cuando las fuerzas que apoyaban al gobierno eran minoría, se optó por fomentar el transfuguismo repartiendo el aparato estatal y el presupuesto público entre congresistas de la oposición para dividirla, debilitarla y conseguir las mayorías que no habían alcanzado en las urnas. El epílogo de tal práctica no puede ser otro que la extensión de la corrupción.
En una democracia sin tradición de oposición parlamentaria organizada, disciplinada y coherente, la aplanadora uribista en el Congreso es una oportunidad para los partidos derrotados y el mejoramiento del sistema de pesos y contrapesos entre las ramas del poder público. En teoría, es previsible que el transfuguismo pierda vigor y la transparencia se beneficie. El gobierno no debería tener necesidad de comprar parlamentarios opositores y la ley de bancadas tendría un mejor ambiente para su aplicación.
La oposición debe asimilar las lecciones del actual proceso electoral y comprender que su éxito depende de una fuerte pero responsable fiscalización política, al igual de que cada crítica se acompañe de una propuesta que convenza de que es mejor opción de gobierno. Las nuevas reglas de juego favorecen la creación de un régimen de opinión pública que únicamente se puede aprovechar si los partidos opositores cumplen adecuadamente su función.
Por otro lado, aunque Laureano Gómez (“El Monstruo”) demostró que la oposición se hace sin necesidad de estatutos que la protejan y que, siendo Ministro de Gobierno, Fernando Cepeda planteó que no se requería, debido a que las garantías para su libre ejercicio se consagraban en la Constitución y la ley, no hay duda de que es indispensable que se expida un conjunto de normas que favorezcan su ejercicio y desarrollen el mandato señalado en el artículo 112 de la Carta. El largo e inconcluso camino del estatuto de la oposición incluye nueve proyectos de ley estatutaria a partir de 1993 y tres proyectos de acto legislativo. No ha existido voluntad de los gobiernos, ni de la oposición para su aprobación. El inicio del nuevo período de gobierno es la oportunidad para un acuerdo político que lo haga viable.
Finalmente, un efecto saludable de la reforma de 2003 y de la reelección presidencial, consiste en que la acción política de los partidos de oposición no puede seguir fundándose en el acceso al Estado. No es sabio insistir en la política clientelista y desconocer que el mensaje político y las propuestas son la única herramienta eficaz para ganar las elecciones. Así mismo, esas colectividades deben superar el caudillismo que las caracteriza y actuar colectivamente con base en un programa político claramente diferenciado del de la coalición de gobierno. Eso no implica que en temas tan importantes como el de la Seguridad Democrática, la lucha contra el narcotráfico, el combate al terrorismo y la política antisecuestro no pueda haber un acuerdo nacional que las convierta en políticas de Estado. En ese camino los intereses del país deben estar por encima de las motivaciones electorales.
Sobre el tema ver: Guarín, Rafael. “Colombia: Democracia Incompleta. Introducción a la oposición política”. Ed. ONU - DAE. 2005. Págs. 226. En: www.escuelavirtual.registraduria.gov.co/theme/registraduria/libroPNUD/Tomo_II/Tomo_II-TITULO_1.pdf
Varios analistas han manifestado su preocupación por la debilidad de la oposición luego de las elecciones del 12 de marzo. Contrariamente a lo que suele pensarse, la consolidación de la coalición gobernante en el Congreso no es negativa para quienes deben cumplir ese papel.
Desde la segunda mitad del siglo XX, además de la violencia, el fraude electoral y en algunos casos de políticas de seguridad que confundían a la oposición democrática con la subversión y la protesta social con actos de criminalidad, son tres los principales factores que no han permitido el ejercicio pleno de la oposición parlamentaria.
El primero tiene que ver con un diseño institucional que concentró el poder en los partidos tradicionales y excluyó a nuevas alternativas políticas. En esa línea están los principios de paridad y alternación del Frente Nacional, período paradójico en que la oposición tuvo que camuflarse en los partidos que constitucionalmente compartían la responsabilidad del gobierno, y el parágrafo del artículo 120 introducido en la reforma de 1968.
El segundo es el problema burocrático que la Constitución de 1991 no modificó sustancialmente y que configuró lo que Leal Buitrago y Dávila denominan “sistema político del clientelismo”, cuya regla es la dependencia del Estado para la reproducción electoral, al tiempo que es la raíz del “transfuguismo” que caracteriza a muchos congresistas.
Pero además, la falta de coincidencia del respaldo popular expresado en las elecciones presidenciales y legislativas ha sido un obstáculo para la oposición y un generador de inestabilidad política. No es cierto que una mayoría de oposición haya contribuido al control político eficaz, a un gobierno responsable y mucho menos a la armonía de las instituciones.
La historia enseña otra cosa. Dos casos en los que la oposición era mayoritaria en las cámaras, en contextos absolutamente diferentes, finalizaron con la tentativa o el rompimiento del orden democrático. El gobierno de Mariano Ospina Pérez, en 1949, cerró el Congreso en el afán de atajar a sus opositores.
Recientemente, en medio de la crisis del año 2000 por corrupción de miembros de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, Andrés Pastrana perdió la mayoría parlamentaria que había arrebatado al Liberalismo a punta de puestos y contratos. La salida fue intentar la revocatoria del Congreso y adelantar las elecciones, figuras que desbordan la Constitución.
Cuando las fuerzas que apoyaban al gobierno eran minoría, se optó por fomentar el transfuguismo repartiendo el aparato estatal y el presupuesto público entre congresistas de la oposición para dividirla, debilitarla y conseguir las mayorías que no habían alcanzado en las urnas. El epílogo de tal práctica no puede ser otro que la extensión de la corrupción.
En una democracia sin tradición de oposición parlamentaria organizada, disciplinada y coherente, la aplanadora uribista en el Congreso es una oportunidad para los partidos derrotados y el mejoramiento del sistema de pesos y contrapesos entre las ramas del poder público. En teoría, es previsible que el transfuguismo pierda vigor y la transparencia se beneficie. El gobierno no debería tener necesidad de comprar parlamentarios opositores y la ley de bancadas tendría un mejor ambiente para su aplicación.
La oposición debe asimilar las lecciones del actual proceso electoral y comprender que su éxito depende de una fuerte pero responsable fiscalización política, al igual de que cada crítica se acompañe de una propuesta que convenza de que es mejor opción de gobierno. Las nuevas reglas de juego favorecen la creación de un régimen de opinión pública que únicamente se puede aprovechar si los partidos opositores cumplen adecuadamente su función.
Por otro lado, aunque Laureano Gómez (“El Monstruo”) demostró que la oposición se hace sin necesidad de estatutos que la protejan y que, siendo Ministro de Gobierno, Fernando Cepeda planteó que no se requería, debido a que las garantías para su libre ejercicio se consagraban en la Constitución y la ley, no hay duda de que es indispensable que se expida un conjunto de normas que favorezcan su ejercicio y desarrollen el mandato señalado en el artículo 112 de la Carta. El largo e inconcluso camino del estatuto de la oposición incluye nueve proyectos de ley estatutaria a partir de 1993 y tres proyectos de acto legislativo. No ha existido voluntad de los gobiernos, ni de la oposición para su aprobación. El inicio del nuevo período de gobierno es la oportunidad para un acuerdo político que lo haga viable.
Finalmente, un efecto saludable de la reforma de 2003 y de la reelección presidencial, consiste en que la acción política de los partidos de oposición no puede seguir fundándose en el acceso al Estado. No es sabio insistir en la política clientelista y desconocer que el mensaje político y las propuestas son la única herramienta eficaz para ganar las elecciones. Así mismo, esas colectividades deben superar el caudillismo que las caracteriza y actuar colectivamente con base en un programa político claramente diferenciado del de la coalición de gobierno. Eso no implica que en temas tan importantes como el de la Seguridad Democrática, la lucha contra el narcotráfico, el combate al terrorismo y la política antisecuestro no pueda haber un acuerdo nacional que las convierta en políticas de Estado. En ese camino los intereses del país deben estar por encima de las motivaciones electorales.
Sobre el tema ver: Guarín, Rafael. “Colombia: Democracia Incompleta. Introducción a la oposición política”. Ed. ONU - DAE. 2005. Págs. 226. En: www.escuelavirtual.registraduria.gov.co/theme/registraduria/libroPNUD/Tomo_II/Tomo_II-TITULO_1.pdf
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