Published on Tue, april 5, 2007, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
RAFAEL GUARIN
Los acontecimientos recientes demuestran que en el exterior el gobierno de Alvaro Uribe es vulnerable. Las revelaciones de vínculos de narcoparamilitares con políticos, mayoritariamente de la coalición gubernamental y algunos de la oposición, amenazan la ''política de seguridad democrática'' y enrarecen el ambiente, ad portas de la decisión del Congreso de Estados Unidos referente a la continuidad del Plan Colombia.
Nada generaría incertidumbre en su trámite si no fuera por las voces que comienzan a surgir con insistencia en los círculos políticos de Washington, relacionadas con la penetración paramilitar y la curiosa escalada de noticias de los últimos quince días, muy oportuna para los detractores del Plan. Veamos.
A pesar de la ratificación de confianza en Uribe, no deja de existir inquietud por la declaración del embajador saliente William Woods, en la que indica que si el ex director de la agencia de seguridad colombiana ``es culpable, ese sí es un problema''.
Por otro lado, la semana anterior comenzó con un informe no oficial filtrado por la CIA en la que se acusa al comandante del ejército, general Mario Montoya, de coordinar en 2002, bajo el actual gobierno, una operación militar en Medellín con las autodefensas al mando del narcotraficante alias Don Berna.
La lluvia de escándalos no para ahí. Hace unos días el ex embajador Myles Frechette recordó advertir sin éxito, al gobierno de Ernesto Samper y a la cúpula militar, el peligro que las cooperativas de seguridad CONVIVIR degeneraran en paramilitarismo y narcotráfico. Lo que desgraciadamente en ciertos casos ocurrió.
Independientemente de su veracidad, no cabe duda de que estos acontecimientos producen preocupación sobre el destino de los impuestos pagados por los ciudadanos estadounidenses. Sería tremendo comprobar que se han empleado ocasionalmente para acciones concertadas de la fuerza pública, los paramilitares y el narcotráfico; igual de grave resultaría que el Congreso actuara con precipitación y asumiera decisiones basadas en confundir con una política de Estado, la responsabilidad individual de criminales que se ocultan tras uniformes de las fuerzas armadas.
Los resultados del Plan Colombia son innegables. Hace cerca de una década se llegó a señalar que las FARC ganarían la guerra en 5 años y la Corporación RAND anunció un posible fraccionamiento territorial. La afirmación no parecía exagerada, si se tiene en cuenta que ese grupo propinó humillantes golpes al ejército y a la policía, expulsó a la fuerza pública de cerca de 200 municipios y controló amplias zonas del país.
La iniciativa de Clinton y Pastrana, complementada con la ''política de seguridad democrática'', puso freno a la más grande y exitosa ofensiva de las FARC, modificó radicalmente el escenario estratégico y fortaleció el poder coercitivo del Estado. En la medida que su componente militar, el Plan Patriota, avanzó en territorios de viejo dominio subversivo, la guerrilla se vio obligada a replegarse en regiones selváticas y a asumir las fronteras como refugio.
Gracias al Plan Colombia se crearon las condiciones para desmovilizar, según informes oficiales, a más de 30,000 miembros de las AUC y de 10,000 guerrilleros, iniciar diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y elevar substancialmente los niveles de seguridad en las ciudades y el campo.
Ante las críticas es válido preguntarse: ¿qué hubiera pasado en Colombia sin la cooperación norteamericana? ¿Las FARC hubiera conquistado el poder por las armas? ¿Enfrentaríamos una verdadera guerra civil? ¿Se habría disuelto el Estado?
De ninguna forma es admisible siquiera pensar que la asistencia militar pueda clandestinamente servir a organizaciones terroristas, pero la respuesta inteligente no debe ser reducir la ayuda o eliminarla. Lo procedente es elevar los niveles de exigencia al gobierno colombiano y a sus fuerzas militares en materia de respeto a los derechos humanos y vigencia del estado de derecho.
Demócratas y republicanos deben exigir transparencia y justicia frente a la complicidad política con grupos paramilitares y guerrilleros, profundizar la acción conjunta contra tales organizaciones y complementar la actual versión del Plan Colombia con ambiciosos programas de desarrollo económico y social. La opción de desmontarlo sería un injusto castigo para el país, aliciente para el terrorismo y un golpe a la política de seguridad. Sus consecuencias contribuirían a consolidar el narcotráfico y las bandas armadas emergentes. Por su parte, las FARC y el ELN dirían haber derrotado el mayor esfuerzo estatal en cuarenta años.
Escríbame a: rafaguarin@gmail.com
