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| Foto: www.laprovincia.es |
Madrid, España, desarticularon una banda de sicarios integrada por colombianos. La policía capturó a 7 individuos que estaba liderados, según informa el periódico El País por Luis David G, alias El Conejo.
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| Foto: www.laprovincia.es |
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| Martha Lucía Ramírez. Foto: Semana.com |
| No erradicar estimula que criminales continúen acabando la selva. Foto: Rafael Guarín. Frontera con Ecuador. |
| Así las FARC acaban la selva en la frontera de Colombia con Ecuador para cultivar coca. Foto: Rafael Guarín. 2011. |
| Cultivos de coca en el sur de Colombia. Foto: Rafael Guarín. 2011. |
| Foto: Rafael Guarín. Frontera con Ecuador. Agosto de 2011. |
| Foto: Rafael Guarín. Frontera con Ecuador. Agosto de 2011. |


La victoria de Barack Obama es una oportunidad para que Colombia continúe avanzando hacia la paz. Desde 2002 el trabajo conjunto de las administraciones Bush-Uribe permitió recuperar la seguridad en casi la totalidad del territorio. Este no es únicamente mérito de los republicanos, sino resultado de una estrategia bipartidista diseñada bajo el liderazgo demócrata de Bill Clinton.
Luego de diez años la estrategia resulta insuficiente y requiere ajustes. Continuar ese mismo esquema de cooperación posibilita seguir la reducción de guerrillas y bandas del narcotráfico, pero no garantiza la sostenibilidad de los logros a largo plazo. La guerra irregular puede nuevamente tomar impulso a menos que se construya el estado de derecho y legitimidad en las zonas donde están enquistados los grupos que la adelantan.
Además, no hay duda de que la penetración de la mafia en unidades militares y su alianza con sectores políticos desvía y desvirtúa la ayuda estadounidense. Tampoco que las violaciones de derechos humanos, por parte de corruptos miembros del ejército, son incompatibles con el fortalecimiento de la democracia que está en la justificación del Plan Colombia.
La llegada de Obama a la Oficina Oval despertó una ola de entusiasmo entre quienes rechazan el apoyo militar a Colombia. Muchos señalan que es el fin de la ''salida guerrista'' y de la política de seguridad democrática. La guerrilla aspira a que el nuevo gobierno demócrata elimine esa ayuda y presione a Uribe a negociar. Las FARC piensan que eso les da legitimidad política y les posibilita ser interlocutor de gobiernos y partidos, remover los obstáculos que le dificultan obtener el estatus de beligerancia y progresar en el proyecto farchavista. Algunas ONGs están en el mismo juego.
Probablemente el presidente Obama y su equipo asesor midieron las consecuencias de ese camino: incremento del tráfico de drogas, aumento de la violencia guerrillera, deterioro progresivo de la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad y de la propia maniobrabilidad política del gobierno colombiano y crecimiento de bandas emergentes, entre otras. En su conjunto, la debacle de las instituciones democráticas con la reedición de la táctica del diálogo al servicio de la estrategia de guerra, la misma que narra Fidel Castro aplicaron las FARC en el Caguán.
Las cosas no serán así. A pesar de sectores demócratas que propugnan por un giro radical en la relación con el gobierno Uribe, lo cierto es que Obama tiene decidido cómo actuar. En mayo pasado, en un discurso en Miami, indicó: ''Apoyaremos totalmente la lucha contra las FARC. Trabajaremos con el gobierno para acabar con el régimen del terror de los paramilitares. Respaldaremos el derecho de Colombia de atacar a los terroristas que buscan santuario en otros países y haremos que se aclare cualquier apoyo que otros vecinos estén dando a las FARC''. Y no puede ser de otra manera. Lo adecuado es mantener el apoyo militar y político, elevar las exigencias en materia de respeto a los derechos humanos y reclamar transparencia a gobiernos involucrados con esa organización.
Por otro lado, después de conseguir la seguridad en regiones que hace una década estaban bajo dominio guerrillero y paramilitar, el reto es lograr el respaldo ciudadano que en muchas de ellas es esquivo. Eso hace conveniente repensar el Plan Colombia y enfatizar la intervención económica y social para consolidar territorios, ganar legitimidad y construir instituciones, cuidando de no afectar la ayuda militar.
Al parecer, según palabras de Frank Sánchez, asesor para América Latina en su campaña, esa será la directriz: ''Bajo una administración de Barack Obama el Plan Colombia va a seguir''. Dice que el nuevo presidente quiere agregar más fondos, ''específicamente para reforzar instituciones que fortalecen la democracia, la justicia y el desarrollo económico''. Sánchez aclaró la posición del nuevo presidente al señalar que ''él ha apoyado fuertemente al presidente Uribe en su lucha contra las FARC, hasta fue uno de los únicos políticos en Estados Unidos que apoyó al gobierno de Colombia y a Uribe mismo'', refiriéndose al ataque del ejército colombiano a un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano. ''Ni Bush habló tan abiertamente apoyando a Uribe'', concluyó.
Si Obama concreta estos anuncios, lejos de debilitar la política de seguridad democrática avalará su sostenimiento, la mejor contribución que puede hacer a la paz de Colombia. También es oportuno que el apoyo de Estados Unidos a futuros diálogos se condicione a la decisión de las guerrillas, desde el principio y de forma irreversible, de entregar las armas y desmovilizarse. Y, segundo, a que se respeten los derechos de las víctimas de las FARC y el ELN a la verdad, la justicia y la reparación.
PUBLICADO EN EL NUEVO HERALD DE MIAMI - 7 DE NOVIEMBRE DE 2008Hace 14 meses, en esta columna, denunciamos que ''sectores de las fuerzas militares y de policía en Colombia no sólo son infiltrados por la delincuencia, sino que son la delincuencia misma''. Estábamos en lo cierto. El propio presidente Alvaro Uribe, al relevar de su cargo por negligencia a 27 oficiales y suboficiales, aceptó que existe una confabulación orientada a aparentar que se combate a las bandas armadas del narcotráfico cuando en realidad se garantiza su operación.
Se trata de un espantoso triángulo criminal que conforman miembros de la fuerza pública, las FARC y grupos ilegales como los de el Loco Barrera, Cuchillo, Don Mario, las Aguilas Negras o la Organización Nueva Generación. Antiguos paramilitares son socios de cuadrillas guerrilleras dedicadas por completo al narcotráfico. Hay una distribución del trabajo: unos prestan seguridad a los cultivos de coca y a los laboratorios, mientras otros se encargan de las rutas de exportación del alcaloide. Por esa vía, la protección que militares y policías corruptos otorgan a las bandas criminales termina extendiéndose a las FARC. ¡Inadmisible!
En el caso de Ocaña hay muchas contradicciones, mentiras, tergiversaciones y asuntos sin aclarar. Hubiera sido sano esperar el resultado de las investigaciones judiciales para no desconocer la presunción de inocencia. Aun así, el reconocimiento que hace el gobierno es suficiente para afirmar que el principal desafío que tiene la continuidad de la política de seguridad democrática es enfrentar la descomposición de sectores de las fuerzas militares y de policía.
Las denuncias no son nuevas, lo nuevo es la severidad con la cual actuó el gobierno. Una fuerte reacción ante graves irregularidades debió darse mucho antes. En otro artículo de 2006, ante la evidente infiltración de carteles de la droga, pedíamos que se revisaran ''los mecanismos de seguimiento y control en el seno del ejército e iniciara una purga integral que no debe quedarse solamente en titulares de prensa que afecten a generales y coroneles''. La propia Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos desde 2004 alertó sobre la muerte de civiles a manos de miembros de la fuerza pública, sin embargo tan sólo el año pasado el Ministerio de Defensa tomó cartas en el asunto.
Es factible que en la reacción del gobierno haya cierto tufillo de ''efecto Obama''. En un momento en que se perfilaba ya para suceder a George W. Bush, que los demócratas critican las violaciones a los derechos humanos y mantienen en suspenso la aprobación del tratado de libre comercio con Colombia, resultaba nefasto quedarse con los brazos cruzados.
Pero no son suficientes las destituciones, ni la renuncia del general Mario Montoya, comandante del ejército, tampoco la retórica gubernamental de ''eficacia con transparencia''. Ante la comunidad internacional se necesita mucho más que movimientos audaces, espectáculos mediáticos, directivas ministeriales o discursos. El gobierno tiene que ser consciente que acaba de explotar en su cara un tema que puede dar al traste con los esfuerzos de los últimos diez años y que le cae de perlas a la estrategia de las FARC.
El narcomilitarismo golpea la legitimidad de la seguridad democrática y puede colapsarla. La guerrilla tiene por lo menos tres cartas: apuesta a la vía electoral para lograr un giro político que implique su desmonte, aspira a que un gobierno demócrata presione a Uribe para que caiga en la trampa de negociar con las FARC y busca agotar la capacidad de las fuerzas militares cercenando su fuente de recursos. Esta es la mejor oportunidad para hacerlo. Al fin y al cabo, si usted fuera congresista estadounidense se cuestionaría sobre el destino de los impuestos que pagan los ciudadanos. No es posible que a través del Plan Colombia se financien unidades militares convertidas en brazos armados de la mafia y en cómplices de grupos calificados como terroristas por el Departamento de Estado.
La campaña por la eliminación de la ayuda militar a Colombia toma un nuevo impulso. La semana pasada Amnistía Internacional pidió que se retirara ese apoyo. A eso se suma la izquierda internacional que cree que las FARC no son una organización terrorista y que sus demandas son legítimas. La paradoja es que el principal empujón lo ha recibido del ejército a través de una minoría de putrefactos militares.
Una nueva visión más integral del Plan Colombia es necesaria. Es conveniente que los demócratas eleven las exigencias en materia de respeto a los derechos humanos sin caer en el error de su desmonte. Hacerlo sería dar una victoria decisiva al cartel de las FARC y a las bandas criminales de la mafia, verdugos no sólo de Colombia, sino de la sociedad norteamericana.
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