miércoles, mayo 06, 2009

UNA ALIANZA CLAVE EN TIEMPO TURBULENTOS

Publicado en Semana.com - Martes 5 de mayo de 2009

ROMÁN ORTIZ

Durante las pasadas semanas, se han multiplicado las críticas contra la “relación especial” entre Washington y Bogotá que ha constituido la apuesta central de la política exterior colombiana durante los pasados años. Una parte de los señalamientos han venido de las habituales posiciones de izquierda que sostienen el carácter dañino de una alianza con Estados Unidos a la vista de su naturaleza desquilibrada y su potencial para alejar a Colombia de sus supuestos “socios naturales” latinoamericanos.

Pero además, al tradicional coro antinorteamericano, se han añadido algunas voces desde la derecha que nada bueno esperan del nuevo inquilino demócrata de la Casa Blanca, menos dispuesto a apoyar las campañas antiterroristas de sus aliados y más inclinado a enfatizar los cuestionamientos sobre derechos humanos. En cualquier caso, venga de donde venga, la nueva oleada de nacionalismo “anti-gringo” olvida que el papel de Estados Unidos como socio estratégico de Colombia resulta irremplazable. En consecuencia, más que lanzar ataques demagógicos, parece urgente fortalecer una alianza cuyo valor estratégico resulta creciente para ambos países.

El Partido Demócrata y un sector de la administración Obama no lo están poniendo fácil a aquellos que defienden la necesidad de mantener la asociación estratégica entre Colombia y Estados Unidos.

Primero, fue la congelación del Tratado de Libre Comercio en el contexto de la carrera electoral por conquistar la Casa Blanca.

Luego, ha venido la modificación del Plan Colombia decidida más en función de las preferencias ideológicas de algunos congresistas estadounidenses que a partir de un análisis balanceado de donde pueden tener mayor impacto estratégico los menguantes dólares de asistencia económica y de seguridad. Entretanto, algunos líderes demócratas han dado muestras de un irritante doble rasero que les permite denunciar sin concesiones a Colombia por problemas de derechos humanos o ineficiencias en la justicia mientras no han tenido inconveniente en defender la necesidad de dialogar con tiranos como Bashar al Assad de Siria acusado de asesinar opositores dentro y fuera del país.

Las consecuencias de esta cadena de desencuentros han provocado un enrarecimiento del clima de confianza entre los dos gobiernos. Y sin embargo, ambos países se necesitan. Para Colombia, la relevancia de Estados Unidos resulta evidente tanto desde el punto de vista económico como de seguridad. Pero al mismo tiempo, la capacidad de Washington para proyectarse sobre el continente tiene bastante que ganar de una alianza estrecha con Bogotá.

De momento, las perspectivas de algunos académicos estadounidenses sobre la construcción de un orden hemisférico basado en una relación triangular entre Estados Unidos- México – Brasil están chocando con la realidad. Los efectos combinados de la guerra contra los carteles de la droga, la recesión económica y ahora la epidemia de gripa porcina prometen obligar al Estado mexicano a replegarse sobre si mismo. Entretanto, resulta difícil de concebir como las relaciones entre los estadounidenses y Brasil van a poder desprenderse de la ambigüedad entre cooperación y competencia que las han marcado tradicionalmente. Sin duda, existen un buen número de temas en los que Washington y Brasilia van a colaborar sin inconvenientes.

Pero también hay una lista de cuestiones relevantes – desde la crisis boliviana hasta la proliferación de armas nucleares – donde las diferencias se harán visibles tarde o temprano. En tales circunstancias, la influencia de la diplomacia estadounidense se beneficiaría notablemente de contar con socio en la región como Colombia. Dicho en otras palabras, existe el espacio geopolítico para que las relaciones Estados Unidos-Colombia se desarrollen en la dirección que tomaron en su momento los vínculos de Washington con Turquía o Tailandia.

Sin perder de vista el potencial de la relación bilateral, resulta imprescindible ser conscientes del momento por el que atraviesa la política estadounidense. Con apenas cien días de vida, la administración Obama todavía esta definiendo su estrategia exterior. Bajo tales circunstancias, las batallas entre los sectores pragmáticos del ejecutivo y aquellos afiliados a las posiciones más ideológicas del Partido Demócrata provocarán ambigüedades en el comportamiento de la Casa Blanca. Al mismo tiempo, la profundidad de la crisis económica reducirá la capacidad de Estados Unidos para respaldar a sus aliados. En este contexto, se deben entender las señales emitidas por Washington sobre la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio sea ratificado.

Para que estas perspectivas puedan materializarse, será necesario resolver dos cuestiones. Primero, la administración Obama tendrá que alcanzar un consenso sobre las condiciones bajo las que otorgará su respaldo al Tratado. Segundo, se tendrán que superar las barreras que los sectores opuestos a la liberalización del comercio entre Colombia y Estados Unidos tratarán de poner en el Congreso. Ambas tareas demandarán tiempo y esfuerzo.

Entretanto, la relación bilateral puede encontrar otros intereses comunes sobre los que crecer. A finales del presente año, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, expulsará de la base ecuatoriana de Manta a un pequeño número de aviones de vigilancia electrónica norteamericanos comprometidos en el combate al narcotráfico. La decisión de Quito dañará los esfuerzos destinados a frenar el flujo de drogas en el Pacífico. Bogotá, que comparte con Washington el interés en desmantelar el negocio de la droga, debería alcanzar un acuerdo para permitir que los aparatos estadounidenses operen desde su territorio.

Al mismo tiempo, soldados colombianos se unirán próximamente a las fuerzas internacionales en Afganistán donde EE.UU. está reclamando más apoyo para estabilizar el país centroasiático. Se trata de un contingente reducido que debería crecer a medida que Colombia pueda desprenderse de algunas tropas adicionales para destinarlas a misiones en el exterior.

Las alianzas son como cualquier relación. Suelen atravesar por altibajos marcados por el debilitamiento de la confianza entre las partes. La mejor forma de resolver estas dificultades suele ser demostrar compromiso y actuar con generosidad.

*Román D. Ortiz es Coordinador del Área de Estudios de Seguridad y Defensa
Fundación Ideas para la Paz

domingo, mayo 03, 2009

SALIDA Y VOZ PARA EL FINAL DE ETA

22 de abril de 2009 - Diario ABC - Madrid


ROGELIO ALONSO

En su libro Salida, voz y lealtad (1970) Albert Hirschman propuso unas variables con las que analizar el funcionamiento de empresas en crisis. Con el agravante que supone el carácter criminal y fanatizado de los terroristas, su aplicación a una organización terrorista es útil para examinar cómo podría alcanzarse el final de ETA. Hirschman utilizó dos conceptos para evaluar las opciones de consumidores o miembros de organizaciones empresariales ante la disminución de los beneficios que éstas les reportaban. Por un lado, podían optar por la salida, abandonando la organización si los costes excedían a los beneficios. También podían permanecer dentro de la organización utilizando su voz para criticar su deterioro. Una eficiente política antiterrorista debería socavar la capacidad de ETA estimulando tanto las críticas internas como las defecciones, combinación que puede lograr el derrumbe del entramado terrorista. Para ello es imprescindible que se extienda y consolide entre los terroristas el convencimiento en torno a la inutilidad de su violencia y los efectos contraproducentes de la misma. De no ser así, la salida y la voz pueden surgir, pero sin devenir en el colapso de una organización terrorista cuyos líderes todavía no han extraído la conclusión que debería derivarse de su debilidad estructural.

Aunque la decadencia de ETA es progresiva debido a una intensa presión policial y judicial que constituye el más poderoso elemento de disuasión para la banda, ésta sigue sin interiorizar genéricamente que debe renunciar al instrumento que le acarrea tales costes. La documentación terrorista revela cómo la coacción estatal resulta asfixiante cuando una inclemente persecución policial confluye con medidas como la Ley de Partidos y la doctrina Parot. Estos factores han propiciado tanto la salida de activistas desencantados y agotados como la voz crítica de otros que exigían el final del terrorismo. Sin embargo, la negociación con ETA emprendida por Zapatero en la pasada legislatura derrotó importantes voces disidentes al demostrar el Gobierno que el terrorismo reportaba a ETA el rédito de una peligrosa legitimación como consecuencia de la directa interlocución mantenida. Por ello, aunque desde las cárceles se escuchan algunas voces críticas con el liderazgo, el debate interno abierto entre 2007 y 2008 ha concluido con un cierre de filas sobre la idoneidad de mantener el terrorismo. «Debemos dar lo más duro posible en su territorio y en todos los frentes, sobre todo en el militar y en el económico. Las razones que nos impulsaron a tomar las armas continúan tal cual. La lucha armada es legítima». Esta contribución de un recluso sintetiza el resultado de un intercambio de posiciones en el que la lealtad al maximalismo ideológico logró imponerse frente a expulsiones previas por articular críticas a la continuidad del terrorismo.

La documentación etarra muestra que el realismo sobre las dificultades por las que atraviesa la banda no es ajeno a la racionalización de los etarras. Sin embargo, siguen sin dar el paso ansiado por la democracia, pues desde su lógica el terrorismo continúa resultando eficaz, creencia reforzada por una reciente negociación que han podido interpretar en términos similares a los que ya expresaba el dirigente terrorista Txomin Iturbe en 1986: «Y en Euskal Herria, hasta los más tontos ven que incluso esa porquería de Estatutos que se han conseguido los han cedido por la presión de la violencia y que, si no, ni eso hubieran cedido». La negociación del marco jurídico político directamente entre ETA y representantes gubernamentales en 2006 ha reforzado esa lógica que en los ochenta ya llevó a Iturbe a advertir: «Conforme vayan fracasando las otras políticas y vean que no consiguen arrodillarnos, irán a la negociación».

En estas circunstancias sería conveniente moderar el triunfalismo sobre supuestas disidencias entre el colectivo de presos e incluso entre los líderes de la banda aireadas por algunos medios. Así ha de ser para que ante posibles atentados se evite el desánimo de una sociedad a la que se le ha prometido la inminente erradicación de ETA durante mucho tiempo. Pero también con objeto de impedir que los terroristas presenten como fortaleza la ausencia de la definitiva materialización de esa derrota tan anunciada, pero de incierta visualización. Es pues oportuno medir correctamente la acción comunicativa que con buen criterio incide en la debilidad de ETA sin ignorar que, desgraciadamente, la banda aún no ha asumido una voluntad de concluir su campaña terrorista. Este reconocimiento sirve para comprender que el final de ETA es fundamentalmente una responsabilidad de los terroristas que el Estado debe propiciar demostrando la inutilidad del terrorismo para obtener objetivos políticos.

Debe subrayarse, como sugiere el ministro del Interior, que el diálogo con ETA no volverá a producirse. Sin embargo, la disuasión que transmite disminuye al recordarse la opinión del presidente del Gobierno sobre la derrota de ETA. Al preguntarle si era posible acabar policialmente con ella, respondió: «Se puede debilitar mucho policialmente a ETA y hay que hacerlo, pero exige un gran esfuerzo del Estado y el apoyo de todos los partidos políticos.» Ante la insistencia del entrevistador sobre si mediante esos métodos sólo resultaba posible «debilitar mucho» a ETA, pero «no acabar» con ella, el presidente concluyó: «Debilitar mucho.» (20 Minutos 2/2/08).

Esa lógica da sentido a un hipotético escenario en el que la banda obtendría la recompensa de contraprestaciones a cambio de su promesa de renunciar al terrorismo. Se retroalimenta así la eficacia de una violencia que centra las reflexiones de los dirigentes etarras para cohesionar lealtades neutralizando potenciales voces críticas. Esta dinámica limita el alcance de importantes éxitos de la lucha antiterrorista, entre ellos la desmoralización de un entorno terrorista que llega a admitir: «La política carcelaria implantada hace 20 años se convertía en una gravísima agresión a presos y familiares. Pero la dispersión de 2009 tiene un alcance y unos efectos mucho más graves aún que la de 1989. Para empezar, entonces había 564 presos vascos y ahora son 739. [...] Y es seguro un fracaso vasco, en la medida en que no se ha articulado una respuesta efectiva a una situación que condiciona la vida diaria de todo un país» (Gara 19/4/09).

Ante la admisión de ese fracaso, la puerta que aún se mantiene abierta a futuras excarcelaciones anticipadas o contactos con líderes terroristas como Ternera u Otegi, a los que erróneamente se presenta como dispuestos a renunciar al terror sin concesiones, reduce el efecto disuasorio que posee la negación de cualquier expectativa de beneficio para ETA. Para que la conjunción de voz y salida desemboque en el fin de ETA, debe rechazarse la más mínima esperanza de éxito para los terroristas, trasladándoles a ellos exclusivamente la responsabilidad del problema y de su solución: «Porque hay algo importantísimo que de primeras ganaríamos sin ETA: no habría seiscientos detenidos al año. Habría treinta y, quizás, tras varios años, nadie. Viendo la flagrante diferencia entre lo que ETA nos da y lo que se nos quita en su nombre, mi dolor crece. No. Cinco muertos no lo valen. [...] ni cien, ni mil.» (Gara 6/3/03). En otras palabras, la disyuntiva de ETA debe ser el horizonte de un mal final o uno incluso peor todavía.

Rogelio Alonso es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y autor de varios libros especializados en terrorismo.