sábado, marzo 21, 2009

BOCHORNOSA LEGÍTIMA DEFENSA



El País, Cali - Marzo 08 de 2009

RAFAEL NIETO LOAIZA

De “episodio bochornoso” calificó Samper el bombardeo a ‘Raúl Reyes’. Y agregó que Colombia no podía comportarse como un “matón” y “debía respetar el derecho internacional”. No compro las pretensiones de internacionalista del ex Presidente. Creo más bien que está sacándose un clavo con Juan Manuel Santos, su enemigo desde el aciago 8.000.

Las declaraciones, sin embargo, no son apenas una muestra de los enconos que anidan en el alma del ex mandatario. Allá él con sus rencores. Ocurre que lo que dice es falso y peligroso. Falso porque Colombia nunca se ha comportado como un “matón”, y porque en la operación contra “Reyes” no violó el derecho internacional. Peligroso porque politiza en el peor sentido de la expresión, un asunto vital para la seguridad y la defensa nacionales, y alienta el uso de territorios extranjeros por grupos ilegales. Y porque da nuevo pie a los reclamos de Correa y sus compadres contra Colombia y los incita a continuar sus relaciones clandestinas con los terroristas.

Como lo dijo el Ministro de Defensa y lo afirmara el presidente Uribe el año pasado, el ataque contra ‘Reyes’ fue “un acto de legítima defensa”. Así lo reconoce expresamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, por cierto, define cuando la fuerza se ejerce de conformidad con el derecho internacional. Basta leer las resoluciones 1368, 1373 y 1378 del Consejo, donde se reconoce el “derecho inmanente de legítima defensa” y se condena a “los talibanes por haber permitido que el Afganistán fuera utilizado como base para la exportación del terrorismo por la red Al-Qaida y otros grupos terroristas, y por haber amparado a Osama Bin Laden, Al-Qaida y otros asociados”. Es decir, acepta el uso de la fuerza contra los terroristas asentados en otros estados y censura a los que les dan refugio. Así las cosas, la posición del Consejo de Seguridad, basada en la Carta de la ONU y en el derecho internacional público, al mismo tiempo que avala la acción colombiana reprueba los contactos del gobierno de Correa con las Farc y su consentimiento a su presencia en Ecuador.

De manera que si de derecho internacional se trata, la conducta reprochable es la ecuatoriana. Es verdad que, sin embargo, la OEA y el grupo de Río se opusieron a la intervención. Habría que advertir que ambas entidades son políticas y en ellas la presencia de amigos de Chávez y Correa es masiva. Y que no tienen autoridad para definir las reglas del derecho internacional. En el Consejo de Seguridad de la ONU no hubiera habido condena a Colombia.


Aclarado lo jurídico, hay que mirar el asunto desde sus consecuencias prácticas. Y ahí tienen razón los militares. Colombia no puede renunciar a su derecho a la legítima defensa sin crear una brecha gravísima a la seguridad y la defensa nacionales. Si los terroristas tienen la certeza de que no serán combatidos si reciben protección de gobiernos extranjeros, usarán esos territorios. Y los gobiernos de extrema izquierda afianzarán sus relaciones con los criminales ¿Habrá que decir que era exactamente eso lo que venía pasando?

No se trata de provocar, y por eso las declaraciones de Santos fueron ciertas pero innecesarias, pero no será con apaciguamientos que salgamos adelante contra el terrorismo.

LA LEGÍTIMA DEFENSA

Revista Semana - 7 de marzo de 2009

ALFREDO RANGEL

La legítima defensa es el primer e indiscutible derecho de cualquier comunidad política. Es un derecho irrenunciable. Hacerlo sería invitar a la agresión ilegal e impune de terceros. Por eso, al apelar a ese derecho, el ministro Juan Manuel Santos solamente ratificó algo que es lícito y está contemplado en el derecho internacional. De ahí que sea
sorprendente la discusión sobre si Colombia debe o no reivindicar ese derecho. En cualquier país serio es algo obvio que no amerita discusión.

En su política internacional, Colombia ha sido tradicionalmente un país muy apegado a las vías del derecho y absolutamente inclinado a actuar en cooperación con otros países para alcanzar propósitos comunes. Por esta razón, el presente gobierno sigue privilegiando la búsqueda de la cooperación con países vecinos en temas tan sensibles como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. No se ha cansado, por ejemplo, de proponerles decenas de fórmulas de cooperación para garantizar la seguridad fronteriza. Lo hace y lo seguirá haciendo.

Pero lo anterior no puede ser óbice para que en casos extraordinarios y como recurso extremo y excepcional, Colombia apele al derecho a la legítima defensa para proteger su seguridad nacional, cuando sea objeto de agresiones ilegítimas. Fueron los casos que desembocaron en la captura de 'Granda' en Venezuela y el abatimiento de 'Reyes' en Ecuador. Habida cuenta de las permanentes intenciones violentas y las constantes acciones armadas de las Farc contra el Estado y la sociedad colombiana, la presencia tolerada y protegida de este grupo irregular en Venezuela y Ecuador -desde donde se realizaban ataques contra nuestro país-, constituía una agresión ilegítima y persistente contra Colombia. Los gobiernos de esos países estaban, además, violando de manera flagrante y permanente la Resolución 1373 de Naciones Unidas, que es de obligatorio cumplimiento para sus miembros, y que prohíbe "financiar, albergar o proteger" a grupos terroristas, los cuales son considerados por la ONU como una amenaza a la paz internacional. Apelando al derecho a la legítima defensa, nuestra respuesta fue idónea, oportuna, proporcional y no afectó a terceros, tal y como lo exige la doctrina internacional sobre esta materia.

El sustento jurídico de la legítima defensa es el Artículo 51 de la Carta de la ONU, que dice: "Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente a la legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de Naciones Unidas". Como lo señala José Luis Vallarta Marrón, ex embajador mexicano ante la ONU, catedrático de la Unam y tratadista sobre derecho internacional, este Artículo no hace limitación expresa al ataque armado de un Estado contra otro Estado, por lo tanto su aplicación no se desvirtúa ni se desnaturaliza si se ejerce la legítima defensa en caso de un ataque armado, provenga de donde proviniere.

El mismo experto señala que cuando un grupo irregular se aloja en otro país ''el Estado víctima tiene todo el derecho a defenderse". Y agrega: "En cuanto a la integridad territorial del Estado donde operan las bandas irregulares,...(su) falta de control (...) justificaría la acción de legítima defensa". Y más adelante añade que si ese Estado "tolera o permite el ataque...(de bandas irregulares)... el mismo sería imputable al Estado que las aloja e incurriría en responsabilidad". Concluye que esto es compatible con la opinión de la Corte Internacional de Justicia "si se comprueba la complicidad, franca tolerancia o incapacidad del Estado que aloja a los terroristas". Adicionalmente, las Resoluciones del Consejo de Seguridad, que legalizaron la intervención en Afganistán luego del 11 de septiembre, son de hecho una ampliación del concepto de legítima defensa para los casos de terrorismo no atribuibles a un Estado.

Finalmente, es injusto criticar al ministro Santos por decir ahora lo mismo que la Cancillería había dicho hace un año, y lo que el presidente Uribe ratificó hace apenas dos semanas en Buenaventura, a saber: "Los jefes (de la guerrilla) están cobardemente en el extranjero. Allá discreta pero eficazmente les llegaremos. Mientras yo sea Presidente de Colombia, nada nos hará renunciar a llegar en algún momento al extranjero tras esos bandidos". No ha habido entonces ninguna diferencia entre Santos, la Cancillería y el Presidente, y la apelación al derecho a la legítima defensa, como recurso excepcional y en las circunstancias y condiciones que la Ley señala, es una parte irrenunciable de nuestra actual doctrina de seguridad nacional. Y está muy bien que así sea. A pesar de las pataletas de adentro y de afuera.

jueves, marzo 19, 2009

LA CRIMINALIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN ¿FUNCIONA?


Publicado en Conexión Colombia - 18 de marzo de 2009


SILVIA TRUJILLO

La mayoría de las sociedades se han construido históricamente a partir de la diversidad de etnias y culturas. Las ciudades se han caracterizado desde su nacimiento por la heterogeneidad y la complejidad cultural y económica.

Las migraciones han sido vitales en estos procesos de construcción. Hace algunas décadas, la migración, además de proceso natural, empezó a convertirse en una opción de supervivencia. Las brechas económicas y sociales, propias del capitalismo y la globalización, convirtieron al desplazamiento entre estados (principalmente del Sur al Norte) en una alternativa de vida para miles de personas.

En muy poco tiempo el fenómeno se tornó masivo. La rapidez y la cantidad de personas en movimiento se convirtieron en un tema prioritario en las agendas gubernamentales. Y con razón. Los flujos migratorios evidenciaron una multiplicidad de problemas reales (fuga de cerebros, escasez de mano de obra, satisfacción de necesidades básicas) a la vez que se convirtieron en excusas electorales y de discriminación.

Los puntos en común de las medidas que los países receptores han tomado en el último tiempo son, que han abordado a la migración desde una perspectiva negativa y que la han tratado de evitar a toda costa. En cierto sentido se ha “criminalizado” al inmigrante.

Un claro ejemplo de lo anterior es lo ocurrido en Italia hace pocos días. El senado aprobó dos enmiendas a la Ley de Inmigración, con el fin de endurecer la norma. La primera autoriza a los médicos a denunciar a los inmigrantes irregulares que acudan a utilizar sus servicios; y la segunda, establece penas de hasta 4 años de cárcel para personas que después de haber sido deportadas, regresen a territorio italiano. Estas son las últimas medidas de una serie que se ha venido dando en los países de la Unión Europea, desde la aprobación en junio de 2008 de la “Directiva de Retorno”

Al parecer, los gobernantes europeos no han entendido que las sanciones de este tipo no han sido exitosas para frenar la llegada de inmigrantes, y que por el contrario, lo que hacen es profundizar la segregación.

Basta con analizar la decisión de quien decide emigrar. Las personas abandonan sus países de origen por múltiples razones, pero una fácilmente generalizable es la de mejorar sus condiciones de vida. Los emigrantes se trasladan siendo concientes de que al hacerlo están arriesgando su propia vida, ya sea hacinándose en una “patera”, pasando meses en el mar, o poniéndose en manos de traficantes que vulneran sus derechos. El punto es, si estas personas están dispuestas a dar su vida en el trayecto, ¿las desmotivará la posibilidad de pasar algunos años en la cárcel?

En ese sentido, la medida no será efectiva. Lo único que ocurrirá es que ahora el drama de la migración tendrá un nuevo capítulo: la vulneración del derecho a la vida, ya que no dudo que si los “ilegales” decidieron arriesgar su vida por llegar al país de destino, no vayan a hacerlo nuevamente una vez hayan alcanzado su objetivo. Es decir, no acudirán a una consulta médica por temor a ser denunciados.

Así mismo, ante esta situación se abre la posibilidad de que se violen múltiples derechos, no sólo de los inmigrantes, sino de los médicos también. ¿Se estará facilitando una nueva forma de corrupción? ¿Se incentivará la prestación de servicios médicos clandestinos y sin garantías de salubridad? Estas son solo algunas de las repercusiones que este tipo de medidas pueden tener en el corto plazo.

La inmigración es una realidad indiscutible, y lo ha sido desde los orígenes de la humanidad. En lugar de seguir imponiendo medidas sancionatorias, que por demás han demostrado ser inefectivas, debería empezar a analizarse la problemática migratoria desde una nueva perspectiva.

Si bien es cierto que la migración y la heterogeneidad generan conflictos y problemas, también lo es que suponen ventajas considerables. Los inmigrantes son agentes de cambio social. Pero si no existen posibilidades de integración en y con la sociedad receptora, los costos serán siempre mayores que los posibles beneficios.

Se debe cambiar la perspectiva para enfrentar la cuestión migratoria y pasar de la sanción a la aceptación. Lo anterior implica que los gobiernos realicen una formulación de políticas públicas en materia de: qué tipo de mano de obra requieren, qué número de inmigrantes necesitan para fortalecer la economía local y para equilibrar las curvas demográficas, y qué número están en capacidad de recibir para dotarles de las coberturas en educación y salubridad básicas, entre otras.

Estas definiciones necesitan de la concertación entre los sectores público y privado empresarial. Si los estados receptores fortalecen el desarrollo económico local y lo traducen en la generación de políticas públicas de inmigración, la conflictividad de las migraciones podrá reducirse.

Las migraciones no van a desaparecer, y el cierre de fronteras y la criminalización de los inmigrantes no han dado resultados positivos. Seguir generando políticas con el fin de que cesen los movimientos es utópico y ha demostrado ser inefectivo. Hay que reconocer que las personas seguirán en continuo movimiento, y ni las amenazas de sanción o delación, lograrán imponerse sobre factores de atracción como la ilusión de tener una mejor calidad de vida para sí mismos y para sus familias.

* Silvia María Trujillo Ordóñez es politóloga internacionalista, master en Acción Política y Participación Ciudadana y directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Escuela de Política de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.

miércoles, marzo 18, 2009

SÍ FUE LEGÍTIMA DEFENSA




Fotos tomadas de: http://www.latinamericanstudies.org

Publicado en Revista SEMANA. Edición On Line. 18 de marzo de 2008.


RAFAEL GUARÍN

Un año después de que la Operación Fénix eliminó a Raúl Reyes en un “campamento madre” de las Farc, en territorio ecuatoriano, vuelven a la carga los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa. Desde la muerte del terrorista, al que Chávez le dedicó un minuto de silencio, la actitud de ambos mandatarios ha sido la de acusar a Colombia de amenazar la paz y la seguridad regional. En este caso, la nueva andanada se produce por que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo que se trató de “un acto de legítima defensa”.

Hay que recordar que la información certificada por Interpol, proveniente del computador de Raúl Reyes, develó la existencia de una clandestina alianza entre los gobiernos que impulsan la revolución bolivariana y las Farc, en lo que se puede definir como una guerra irregular contra el Estado colombiano. A algunos lectores les parecerá extremista, pero no es extraño que en contextos de expansión de revoluciones los grupos terroristas y los estados patrocinadores terminen realizando ese tipo de maniobras.

Durante la guerra fría fueron características tales interferencias en forma de apoyo de potencias a bandas terroristas.

Es lo que Carl Schmitt en la “Teoría del Partisano”, citando a Rolf Schroers, define como “tercer interesado”: “El poderoso tercero no sólo provee armas y municiones, dinero, ayuda material y medicamentos de todo tipo; también procura esa clase de reconocimiento político que el guerrillero necesita para no hundirse en lo apolítico – es decir: en lo criminal – como el pirata o el bandolero”. Basta recordar el rechazo de Correa y Chávez a calificar a las Farc de terroristas, el tratamiento de Estado que le otorgaron y los acuerdos hechos en Miraflores con Iván Márquez para conformar el “grupo contadora”, reconocer beligerancia a las Farc y lanzar la candidatura de Piedad Córdoba a la Presidencia de la República.

En ese contexto, es evidente que la Operación Fenix fue un acto de legítima defensa que permitió acabar con quien era realmente el número uno de la organización, descubrir el entramado continental que soporta a las Farc, conocer su concertada agenda con los gobiernos vecinos, establecer el grado de compenetración de la guerrilla con los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Brasil, visibilizar ante el mundo esos vínculos, promover la vigilancia y la presión internacional para disuadir a estos de continuar esa alianza y, sobre todo, abortar parte del complot que se gestaba contra Colombia.

A pesar que con pragmatismo y para facilitar la superación de la crisis el presidente Uribe se comprometió a no repetir ese tipo de operación (esperando la corresponsabilidad de los demás estados en la lucha contra el terrorismo), es irracional una renuncia absoluta. Una nueva acción fuera de las fronteras depende de los países vecinos, no del gobierno colombiano. En otras palabras, atacar enclaves terroristas y llevar a cabo capturas en territorio extranjero es la última opción cuando no existe cooperación efectiva para perseguir a esas organizaciones e individuos.

No obstante que hay que enfatizar el carácter multilateralista de la lucha contra el terrorismo, cuando éste no funciona el Estado mantiene la obligación de defenderse y defender a sus ciudadanos, situación en que obligatoriamente debe acudir, como último recurso válido, a la “legítima defensa”. No puede ser de otra manera cuando en vez de cooperación de gobiernos foráneos lo que existe es complicidad con las organizaciones terroristas.

La creación del Consejo de Defensa Suramericano es un escenario que debe aprovechar el gobierno de Colombia para construir esa cooperación de cara a la opinión pública internacional o, en su defecto, emplearse para dejar constancia de las solicitudes de cooperación insatisfechas y de las relaciones que tengan gobiernos con las Farc.

No hay que ser muy optimista. Quienes integran esa instancia hacen parte de la OEA, organismo que además de no contribuir eficazmente a resolver la crisis se negó a adelantar investigaciones respecto a los vínculos de gobiernos con la guerrilla.

Cediendo a las presiones, el Secretario José Miguel Insulza prefirió desconocer que las graves conductas descubiertas violan la Convención Interamericana contra el Terrorismo y las obligaciones que tienen los estados conforme la resolución 1373 de las Naciones Unidas. Esa actitud, lejos de favorecer la paz y la seguridad de la región puede terminar colocándola en riesgo, pues le verdadera amenaza no es el combate al narcotráfico y a las FARC, sino el contubernio de dichos gobiernos y la organización terrorista.

Nota al margen: ¿Qué tal el flamante Fiscal Mario Iguarán? Pasó la semana pasada de denunciante de Piedad Córdoba ante la Corte Suprema de Justicia a ser uno de los que le rinde homenaje. ¡Vergonzoso!

Vaya a la página principal del blog y consulte otras columnas sobre ek mismo tema: www.rafaelguarin.blogspot.com

martes, marzo 17, 2009

LA RAZÓN DE LA VIOLENCIA


FERNANDO SAVATER
El País.
6 de marzo de 2009


En cierta ocasión lord Chesterfield asistió a una celebrada representación de Otelo y cuando le preguntaron si había obtenido alguna lección de la tragedia, repuso: "En efecto, que las señoras deben tener cuidado con dónde guardan sus pañuelos". Bastantes de las lecturas y conclusiones proclamadas a partir de las recientes elecciones en Euskadi me recuerdan por su enjundia e irrefutable tino a la humorada de milord. ¡Qué facilidad para pintar usando rosas o negros, no según la realidad sino a partir de los apremios del corazoncito político de cada cual! Eso sí que es impresionismo y no lo de Renoir... Visto lo cual, poco daño podrá hacer que yo colabore en este concurso urgente de frescos.

A mi juicio, lo primero que resulta evidente otra vez es la razón de fondo para que siga habiendo violencia terrorista: muy sencillo, porque sin el terrorismo y el mundillo que apoya, jalea o excusa el terrorismo... los planteamientos nacionalistas se quedan en minoría. En cuanto ETA y adláteres son puestos al margen (en la medida muy relativa en que tal cosa puede hacerse) del juego político, las veleidades más declaradamente separatistas se muestran minoritarias y los partidos que pretenden ganar votos tienen que disimularlas todo lo posible para obtener buenos resultados. Y eso sigue igual después de 30 años de gobierno nacionalista, de educación nacionalista, de radio y televisión públicas nacionalistas, etcétera.

En la resaca electoral, los nacionalistas y sus madrazos han denunciado que el mapa político obtenido está falseado por la ilegalización de quienes apoyan la ilegalidad, debida a un astuto cálculo del Gobierno socialista. Silencian el otro cálculo electoral que se ha frustrado, el de los que cuentan siempre con quienes no quieren renunciar ni a las armas ni a los votos, ni al refrendo en las urnas ni a la coacción antes de llegar a ellas, el del útil extremismo de quienes favorecen que las opciones similares pero no sanguinarias se convierta en resignado refugio de pecadores asustados, el de quienes se las han arreglado para silenciar o forzar al exilio a los vascos que no querían serlo more nacionalista. El momento más pintoresco del rígido y soporífero debate que mantuvieron en Euskaltelebista todos los candidatos a lehendakari fue cuando Patxi López le pidió a Ibarretxe que especificara una sola idea política que estuviera ilegalizada en Euskadi. Ibarretxe no supo más que mencionar las transferencias supuesta o realmente pendientes del vigente Estatuto, que no parecen precisamente el meollo de la ideología reivindicativa de Batasuna. Una salida de pata de banco, claro, pero ¿qué quieren ustedes que dijera el hombre? No iba a declarar que lo único ilegalizado era la ventaja que ellos obtenían de una violencia tan repudiable como... rentable.

Bien, dejando fuera a quienes aún no se deciden entre la lucha armada y el Parlamento, la mayoría de los ciudadanos de Euskadi es electoralmente constitucionalista. Ahora parece posible conseguir que eso se refleje en la lehendakaritza y el gobierno, tras tres décadas de hegemonía nacionalista... que algunos han llegado a considerar derecho natural y voluntad divina. Y para conseguirlo no queda otro camino que juntar en la sesión de investidura los votos de socialistas, populares y quizá UPyD. No se trata de ningún "frentismo" sino de pura matemática parlamentaria... exactamente igual que lo fue un intento semejante en las elecciones de 2001. Produce cierto melancólico regocijo las contorsiones intelectuales que vemos hacer a tantos chocantes desmemoriados para demostrar que, contra toda evidencia, lo de ahora no tiene nada que ver con aquello. Incluso se nos pretende convencer de que aquel intento de unir a socialistas y populares para conseguir un lehendakari no nacionalista fue una estrategia equivocada, contraproducente y con malos resultados electorales.

Nada más lejos de la verdad. En 2001 la suma de votos constitucionalistas fue la más alta de la historia democrática, cien mil y pico votos por encima de la obtenida en los pasados comicios por las mismas fuerzas. Los nacionalistas ganaron porque desde Batasuna, presente en la oferta electoral, se transfirieron 70.000 votos al PNV para cerrar el paso al constitucionalismo: algo parecido a lo que ha pasado ahora en menor medida con Aralar y que en cualquier caso tuvo el mérito de conseguir que muchos pro-violentos aceptaran por primera vez votar a un partido que condenaba el terrorismo. Y después PNV-EA gobernó gracias al apoyo de Esker Batua (cuyo descalabro ha sido la mejor noticia de estas elecciones) y a préstamos puntuales y mefistofélicos de los proetarras instalados en el Parlamento. En cuanto a los mensajes lanzados en aquella campaña electoral en la que ambos partidos constitucionales tantos recelos mutuos guardaban, poco difieren de lo que ahora hemos oído: desalojar al nacionalismo del poder que patrimonializa, demostrar que nada trágico ocurre si Euskadi es gobernado por no nacionalistas, etcétera. De modo que tiene poco caso asegurar (como Aizpiolea, "Las cosas van a ser distintas en Euskadi"): "Puede decirse que ayer se enterró la política frentista antinacionalista de Mayor-Redondo y la posterior de María San Gil. UPyD queda ahora como residuo de esa época". Gracias, muy honrados. Pero quedan bastantes más "residuos" de entonces, afortunadamente. Por ejemplo, sin Mayor Oreja, Redondo Terreros, María San Gil y, sobre todo, sin los movimientos cívicos que a comienzos de siglo movilizaron a la ciudadanía a favor del Estatuto, la Constitución y contra el nacionalismo obligatorio, Patxi López tendría hoy las mismas posibilidades de llegar a lehendakari que yo de ser nombrado vicario general castrense. Quizá a eso se refiere López cuando menciona el "abismo" que le separa de UPyD: es el que separa recordar de dónde venimos y fingir haberlo olvidado.

No hacer "frentismo" es cosa buena: para eso precisamente sirven la Constitución y el Estatuto apoyado en ella. El socialismo de Patxi López tiene ahora la posibilidad de darle a la España constitucional la oportunidad de la que ha carecido hasta hoy en el País Vasco, gobernado siempre desde el guiño de quienes aprovechaban la legalidad vigente pero no pierde ocasión de proclamar que no se sienten comprometidos con ella. Por supuesto, no se trata de excluir por principio ni a los nacionalistas ni a nadie, salvo a los violentos. Pero sí de erradicar la manipulación partidista de la Ertzaintza o de los medios públicos de comunicación, así como combatir el clientelismo incrustado en la sociedad (más debido a la hegemonía ininterrumpida sin alternancia que a la ideología nacionalista, porque en Andalucía, por ejemplo, existe igual). Una vez disipado el clientelismo y la convicción de que sin poner cara de nacionalista no se llega a nada, ya veremos si hay tanto nacionalismo popular en Euskadi como nos cuentan los mamporreros del régimen. Llega la hora de cambiar de verdad y no de seguir fingiendo que hay que tener cuidado con dónde deja uno el pañuelo...

Fernando Savater es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense.