lunes, abril 21, 2008

EL MISTERIO DE LUCÍA

La Revista Semana publica un artículo en que revela los alcances de la Coordinadora Continental Bolivariana. El texto ratifica el contenido de nuestra columna publicada en El Nuevo Herald de Miami, el pasado 28 de marzo, sobre esta organización y su relación con las FARC.


El artículo de Semana lo puede leer en: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=111118


La columna de El Herald - "EL ENTRAMADO CONTINENTAL DEL TERRORISMO" la encuentra en: http://rafaelguarin.blogspot.com/2008/03/el-entramado-continental-bolivariano.html

REFORMITA O CONSTITUYENTE

Revista Semana On Line. www.semana.com - Publicado el 17 de abril de 2008


RAFAEL GUARÍN

La crisis generada por la narcoparapolítica no es más que la repetición de una vieja historia. Durante los últimos treinta años, ha sido ininterrumpida la interferencia de la ilegalidad en las esferas de decisión pública, para no hablar de la influencia de los grupos económicos. El vehículo han sido las organizaciones políticas y las elecciones, la ruta.

La propuesta que se tramita en el Congreso sobre la responsabilidad política de los partidos es un avance, pero no deja de ser una “reformita” frente a la magnitud del problema y de las falencias del conjunto de instituciones que regulan el funcionamiento de la democracia representativa.

En el pasado, se consagraron obligaciones a colectividades y candidatos, sin ningún resultado, mientras el aparato estatal seguía siendo incapaz de garantizar que las cumplieran. Imponer en el papel responsabilidades a los partidos no significa nada, si no se fortalece la capacidad de investigación y sanción.

Tres casos lo ilustran: con el fin de garantizar transparencia en la financiación de la política, la ley 130 de 1994 obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a castigar a quienes no presenten cuentas de campaña. No obstante, todo quedó en discurso e impera la impunidad. Los datos del propio CNE lo confirman: de 2002 a septiembre de 2005 ese organismo dejó caducar 11.324 actuaciones. Un cálculo superficial, establece que por esa razón el Estado dejó de percibir cerca de 60.000 millones de pesos por concepto de sanciones.

Otro caso, no menos dramático, es la lucha contra el fraude electoral y los delitos que vulneran los mecanismos de participación ciudadana. A pesar de su importancia, la Fiscalía no esta dotada de organismos especializados y permanentes. Es tradición que para cada proceso electoral, el Fiscal General cree Comisiones Especiales de Fiscales Delegados y designe un coordinador. En el mejor de los casos, puede encargar al Vicefiscal. En cambio, en países con menos problemas, como Panamá o México, existe la Fiscalía Electoral.

La justicia contencioso-electoral es el tercer paradigma de ineficiencia. Basta recordar, que la lentitud del Consejo de Estado ante las irregularidades que se presentaron en la elección del Senado de la República, en 2002, permitió que durante treinta meses usufructuaran curul ciudadanos que no fueron elegidos. Por cierto, nunca se conoció investigación penal por la comisión de ese fraude electoral.

¿Para qué, entonces, asignar cargas a los partidos, si no se fijan procedimientos ciertos para su verificación? ¿O si se diseñan para que sean inefectivos? Si en verdad hay voluntad política de combatir la injerencia del delito, es urgente complementar el proyecto de acto legislativo con instrumentos que le den dientes al Estado.

¿Pero puede este Congreso hacer una reforma de esas características? Difícil ser optimista. Dedicado a defenderse y resignado a ver desfilar sus miembros rumbo a prisión, no está en capacidad de hacer ningún cambio de fondo. La propuesta de convocar una Asamblea Constituyente, parece, a pesar de todo, un camino más realista.

Aunque la hostilidad natural de los parlamentarios, afectados por el fantasma de la anticipación de elecciones, es el principal obstáculo para convocar a una Constituyente, en gran parte depende del mandato, que señale directamente el constituyente primario a la Asamblea. Por ejemplo, no se puede poner en peligro la composición y período de los magistrados que integran las Cortes, tampoco los del actual Legislativo y Ejecutivo. Carecer de ese preciso mandato es una tentación para el cierre del Congreso, pero, también, para lo contrario: que se afecten los procesos judiciales contra los parapolíticos.

Por otro lado, una Constituyente ofrece al presidente Uribe el camino para exorcizar todos los estigmas que le endilgan y la mejor oportunidad de solucionar un tema que amenaza en convertirse en centro de la próxima campaña presidencial. Si fuera así, es posible que la brújula ciudadana apunte a otro norte y los éxitos de la política de seguridad democrática naufraguen en medio de olas de populismo.

Por lo pronto, la renovación de la clase política se dará a punta de providencias judiciales. Esperemos que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía no se queden solamente en la cúpula, sino que bajen hasta las bases de los aparatos políticos corrompidos. También, que las presiones políticas no afecten la ecuanimidad y valentía para reconocer la inocencia de quien no se pruebe plenamente su culpabilidad.

Nota: Deben estar temblando los políticos y “personalidades” vinculadas con las Farc, ante la posibilidad de que comiencen a hablar los computadores de Reyes.


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domingo, abril 20, 2008

LA SOLEDAD DE COLOMBIA

EL NUEVO HERALD. Miami. Publicado el domingo 20 de abril del 2008

Hace un par de semanas la mayoría demócrata del Congreso norteamericano le cerró la puerta al tratado de libre comercio con Colombia. Los republicanos intentaron en vano sostenerlo. El episodio sirve para demostrar que no es cierto que ambos partidos colaboran responsablemente en asuntos de política exterior. En Estados Unidos la razón electoral pesa más que la razón de Estado.

En épocas de elecciones todo vale a cambio de un puñado de votos. Los candidatos apoyan o rechazan los temas que se presentan en función de la rentabilidad política que les proporcionen, no de las ventajas o perjuicios que le generen al país. Hillary y Obama saben que Estados Unidos se beneficiaría del comercio libre con Colombia, pero no están dispuestos a enfrentarse a los sindicatos y a la distorsionada percepción de los votantes.

Predeciblemente, tanto en Colombia como en Estados Unidos los sindicatos también se oponen a la firma del acuerdo. Los sindicatos, ya se sabe, suelen ser los enemigos más tenaces del progreso. En Colombia, porque, supuestamente, favorecería al ''imperialismo yanqui'' en detrimento de la clase trabajadora colombiana. Los sindicalistas colombianos, que aman los aranceles que les encarecen el costo de vida a los obreros, temen que una avalancha de productos mejores y más baratos destruya o debilite el frágil aparato productivo nacional. Los sindicalistas norteamericanos, por su parte, esgrimen una coartada fundada en la hipocresía. Aparentemente, no quieren que se firme el tratado con el objeto de provocar que los paramilitares dejen de asesinar líderes sindicalistas colombianos. Nadie ha explicado por qué estos desalmados criminales son sensibles a la balanza comercial, como si trabajaran en la Bolsa de New York, pero el aparato obrero norteamericano se ha acogido a ese cínico pretexto para esconder su proteccionismo.

Colombia, sin embargo, no puede sorprenderse de su soledad. Lo que abunda en el terreno internacional es la insolidaridad, especialmente entre los gobiernos democráticos. Al fin y al cabo, Estados Unidos es un aliado incierto y tímido de los colombianos, pero tal vez es el único que tienen (por ahora). Los supuestos ''hermanos latinoamericanos'' oscilan entre la complicidad activa con las guerrillas narcoterroristas de las FARC --los gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua-- o la indiferencia general de casi todo el resto.

En América Latina prácticamente ninguna democracia mueve un dedo para ayudar a una sociedad en desgracia, radique o no en el vecindario. Ni siquiera los colombianos son inocentes de ese pecado de omisión: nunca sus gobiernos democráticos intentaron proteger a los nicaragüenses de Somoza, a los dominicanos de Trujillo, a los cubanos de Castro o a los paraguayos de Stroessner.

En todo caso, el portazo al TLC con Colombia es sólo un ensayo general para lo que posiblemente vendrá tras las elecciones americanas de noviembre. Si ganan los demócratas, lo probable es que Washington reduzca drásticamente o ponga fin a la ayuda militar al gobierno de Uribe. Colombia, pues, tendrá que hacer planes de medio o largo plazo para enfrentarse a sus calamidades sin contar con el auxilio norteamericano ni de nadie, con el agravante de que los gobiernos de Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua ayudarán copiosamente y de mil maneras diferentes a los narcoterroristas de las FARC ante la pasividad de la OEA y el resto de las instituciones decorativas del continente.

¿Podrán enfrentarse los colombianos solos a la embestida de las narcoguerrillas comunistas y de los gobiernos cómplices de la región? Por supuesto, pero a base de una mayor inversión en el fortalecimiento material del ejército y de los cuerpos de inteligencia. No hay otra forma de pacificar al país que derrotando inequívocamente a las FARC y al ELN hasta llevarlos a la convicción, como ocurrió en Guatemala y en El Salvador, de que depongan las armas y se sienten en serio en la mesa de negociaciones o desaparecen.

Eso exigirá una dosis grande de patriotismo y moral de combate, hacer mayores sacrificios económicos, adaptar la legislación y las instituciones a los tiempos de guerra, librar más inteligentemente la batalla de la información y, sobre todo, entender que están solos ante el peligro. Ingrimos, como dicen en aquellos parajes olvidados de la mano de Dios.

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