jueves, mayo 21, 2009

¿DERRUMBE MORAL?

Publicado el miércoles 21 de mayo de 2009 - SEMANA.COM

RAFAEL GUARÍN

En 2006 el presidente Álvaro Uribe exigió a las fuerzas militares y de policía “asepsia interna y eficacia externa”. Tres años después hay mayor eficacia, pero de la “asepsia” más bien poco. Los acontecimientos demuestran que las conductas anómalas lejos de desaparecer están entronizadas en segmentos del aparato estatal y amenazan con convertirse en el derrumbe moral de la política de seguridad.

En este asunto, colmado de minas “caza bobos”, es muy fácil plegarse a la crítica y asumir que son ciertas todas las denuncias, mientras en el otro extremo se atrincheran quienes quieren hacer creer que todo es un montaje de las guerrillas. La realidad es más compleja que la dibujada por unos y otros.

Hay que comenzar por aceptar que sí hay falsos positivos, vínculos de miembros de la fuerza pública con el narcotráfico e interceptación ilegal de comunicaciones; además, que constituyen el más duro golpe que ha recibido la legitimidad de la Política de Seguridad Democrática (PSD).

De la misma forma, se debe reconocer que es cierto que la guerra política, por razones tácticas y estratégicas, es en este momento el frente fariano y eleno más importante. Por física ignorancia, olvido o complicidad, se omite que la lucha revolucionaria presenta diversas formas. Se emplean armas que con menos riesgos, mayor economía y seguridad, garantizan superiores resultados; entre ellos la propaganda y la guerra jurídica.

Los falsos positivos son la mejor oportunidad para combinar ambos elementos. Son el motor de una campaña de propaganda que busca persuadir a los ciudadanos y a la comunidad internacional de que las bajas propinadas por el Ejército a las filas guerrilleras son una especie de masacre sistemática del Estado colombiano contra la población civil.

Un falaz argumento destinado a embaucar incautos. La técnica es muy sencilla: se trata de convertir en regla conductas criminales que son la excepción, agregando mentiras que las generalizan y amplifican. Por ejemplo, Anncol, una de las agencias de noticias de las Farc, reproduce un artículo publicado el pasado 22 de marzo en el periódico mexicano “La Jornada” en el que se afirma que las fuerzas armadas colombianas “han cometido cientos de asesinatos… de manera sistemática y generalizada”.

En todo caso, el hecho de que existan asesinatos perpetrados por corrompidos militares crea un ambiente que le otorga credibilidad a cualquier denuncia, sin importar su veracidad, contribuyendo a la propaganda y a la guerra jurídica que adelantan las organizaciones terroristas. La guerra jurídica no es un invento, es una táctica que busca destruir la voluntad de lucha de la fuerza pública y contener su acción.

En España, los etarras son instruidos para que al ser capturados digan a los jueces que han sido torturados y objeto de tratos inhumanos y degradantes. Los manuales de adiestramiento y seguridad de la banda terrorista vasca y los “Zutabe” (publicación interna) incautados por las fuerzas y cuerpos de seguridad enseñan esa treta. ¿Por qué en Colombia esas falsas denuncias no pueden ocurrir?

A pesar que es innegable, como lo afirma el general Fredy Padilla, que “el número de integrantes de las fuerzas militares incursos en delitos o que cometen errores es infinitamente pequeño, comparado con la gran cantidad de uniformados comprometidos con su deber”, las anomalías erosionan poco a poco la legitimidad de la fuerza pública y de la política de seguridad.

De no corregirse, tarde que temprano se reflejara en el apoyo popular y en la presión de la comunidad internacional, dos objetivos tácticos fundamentales en la estrategia fariana. No se debe volver al pasado donde los ciudadanos observaban con sospecha a un policía y con miedo a un soldado.

La política de Seguridad Democrática requiere de un urgente rearme moral que pasa por que dichos crímenes no queden en la impunidad. También necesita una efectiva respuesta a la propaganda y un apoyo decidido a los militares víctimas de tales montajes.

La reelección de la seguridad democrática en 2010 es un imperativo para acabar a los grupos armados ilegales. Pero no puede ser un cheque en blanco. La necesidad de mantener una política de firmeza contra el terrorismo no debe ser un aval a situaciones que violan el Estado de Derecho. Si se reelige deberá ser sin la posibilidad de que se repitan falsos positivos, chuzadas y criminales vestidos con traje de fatiga.

Pregunta: ¿Por qué será que la farcpolítica no tiene la atención de los medios de comunicación y de los columnistas?

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