lunes, octubre 13, 2008

"LAS MUERTES DE OCAÑA"



Visita al Cementerio veredal de Liscas el miércoles 1 de octubre de 2008.


RAFAEL GUARÍN

Medios de comunicación, ONGs y hasta gobiernos se apresuraron a condenar al ejército colombiano por la desaparición y muerte de nueve jóvenes en Ocaña y dos más en Cimitarra. Viajé a la región y a las ''comunas'' de Soacha para conocer de primera mano los acontecimientos. Aunque no puedo concluir si hubo o no irregularidades del ejército (tarea de la justicia), sí me quedó claro que mucho de lo afirmado está lejos de la realidad.

Ocaña tiene una ubicación estratégica y es corredor del narcotráfico hacia Venezuela. Según el alcalde, Yebrail Haddad Linero, existe una ''guerra en la región del Catatumbo entre bandas emergentes por el control territorial del narcotráfico''. Es el único lugar con FARC, ELN, EPL y bandas criminales, entre ellas ''los Rolos'' y las ''Aguilas Negras'', todas organizaciones que reclutan permanentemente. El personero de Ocaña, Jesús Antonio Sánchez, expresó que ''lo usual en la región es que se reclute gente de otras ciudades de manera voluntaria para delinquir'' y que es ``común que las autoridades de policía judicial hagan levantamientos en la región''.

Se dijo que los jóvenes eran desaparecidos. No es cierto. Para el personero de Soacha, Fernando Escobar, ''lo que ha venido ocurriendo es reclutamiento voluntario de jóvenes por parte de bandas armadas''. No secuestro, ni siquiera reclutamiento forzoso. La Defensoría del Pueblo alertó en diciembre sobre el peligro de reclutamientos.

Algunos aseveraron que fueron ''tiroteados'' y torturados. Los cuerpos no presentan evidencia de que los proyectiles se dispararan a corta distancia. En todos los casos el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó el levantamiento de los cadáveres y el Instituto de Medicina Legal las necropsias. De haber siquiera probabilidad de torturas, en su momento la Fiscalía debió, por lo menos, formular imputación y no la hay, en ningún caso, por ese delito. ¿Será entonces que la Fiscalía es cómplice de los militares? ¿O será, simplemente, que no hubo torturas?

La muerte de los jóvenes se da en 6 eventos que comprometen cuatro unidades: Batallón Francisco de Paula Santander, Batallón Reyes, Plan Meteoro y Brigada Móvil 15. Si era un plan sistemático, como se ha dicho, se requiere que todos los eventos y hombres que participaron estuvieran coordinados. No sería un pequeño y aislado grupo de soldados, pues involucra dos brigadas y, por tanto, al Estado Mayor de la II División. ¡Absurdo! Con certeza se descubriría. Es difícil pensar que una operación criminal de esta magnitud se hiciera con centenares de implicados, en momentos en que el gobierno, la ONU, organismos de control y las ONGs mantienen rigurosa vigilancia.

Se indicó que los cuerpos estaban en una fosa común a instancias del ejército. Tampoco es cierto. El alcalde contó que la inhumación la hizo el municipio dado el riesgo de una emergencia sanitaria. No fue clandestina sino en un humilde cementerio de la vereda de Liscas, un terreno de escasos 300 metros cuadrados. Ana del Carmen Díaz, vecina del camposanto, señaló que funciona hace más de 100 años. Al visitarlo confirmé que no existía espacio para sepulturas individuales.

También circuló la versión de que los jóvenes carecían de experiencia militar, pero al menos uno fue soldado profesional y otro regular, el primero retirado de manera discrecional por el ejército. Un cadáver tiene cicatrices de antiguas puñaladas. Como expuso el fiscal general, Mario Iguarán, ``se ha establecido que no fueron a recoger café sino que iban con propósitos delincuenciales''.

Hasta el argumento de la sospechosa proximidad de las fechas de las supuestas desapariciones y de las muertes tiene grandes inconsistencias: un padre reconoció en Ocaña que su hijo se había ido de la casa hacía cuatro meses. Otro, que su hijo con regularidad efectuaba viajes de 20 a 30 días. Algunas madres aceptaron en radio que sus hijos iban a hacer un negocio. Una me contó que su hijo decía que ''desde hace 2 años unos paracos venían al barrio y le ofrecían 10 millones, los llevaban, pero a los 3 meses los dejaban regresar''. ¡Es claro que alguien está mintiendo!

En Ocaña pude constatar que el ejército es valorado y apreciado, lo que no sucedería si masacrara a la población. Las Aguilas Negras están diezmadas en la zona gracias a que la gente denuncia ''porque tiene confianza en el ejército y la policía'' y ''hoy se siente protegida por las instituciones'', dice el obispo Jorge Enrique Lozano.

Nada de esto exculpa ninguna responsabilidad, tampoco exime que algún caso pueda ser muerte fuera de combate o falso positivo, pero evidencia que en Colombia y ante ciertos ojos, el ejército es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Si, en verdad, se trata de homicidios deben ser condenados con absoluta severidad.

www.rafaelguarin.blogspot.com

domingo, octubre 12, 2008

"A CIEN DÍAS DE LA OPERACIÓN JAQUE"

Escenarios y tendencias de las Farc

Por LUIS EDUARDO CELIS*

La operación Jaque, brillante y pulcra acción de la inteligencia militar contra las Farc, significó el punto de inflexión en la confrontación que adelanta la fuerza pública contra la guerrilla más antigua del continente. De allí en adelante se hablará de un antes y un después, en el que las Farc perdieron a sus más cotizados rehenes, utilizados como principal “mercancía de presión”, encabezados por Ingrid Betancourt y los tres contratistas estadounidenses, todos rescatados de manera pulcra junto a un significativo grupo de integrantes de la Fuerzas Militares, que llevaban hasta diez años en las selvas colombianas.

Pero la derrota de las Farc como proyecto de poder global no es de ahora, sino que viene de muy atrás. La sociedad Colombiana optó por un camino de reformas institucionales y amplió un pacto de convivencia, con la formulación de la Constitución de 1991. En ese momento se dio comienzo a la derrota política de los proyectos guerrilleros en Colombia, que si bien nunca estuvieron ad portas del poder, sí fueron un factor de perturbación en la década de los ochenta. Pero con nueva Constitución y un ánimo de reordenamientos sociales y políticos, la guerra ganó nuevos territorios y vio como los paramilitares de las AUC y las Farc dejaban en los campos nacionales un triste balance de desplazamiento y muerte.

Las Farc arreciaron la guerra luego del genocidio contra la UP, para lo cual echaron mano de los cuantiosos recursos de la economía cocalera, logrando volverse un ejército de más de 12 mil efectivos. Esto les permitió tomar la iniciativa militar entre los años de 1995 y 1998, cuando le propinaron duras derrotas a las Fuerzas Militares, logrando concentrar hasta 400 efectivos en cada operación, para luego desconcentrarlos. Así hicieron tomas como las de las Delicias, cerro Patascoy, Puerres o El Billar, para mencionar sólo algunas. Este empuje militar, junto con un anhelo ciudadano de buscar un camino de entendimiento y superación de la guerra, le facilitó el triunfo a Andrés Pastrana en 1998.

El Caguán fue la mejor oportunidad que tuvieron las Farc para dejar el camino de la guerra y ganarse un espacio en el escenario social y político de una Colombia que manera mayoritaria le apostaba a reformas, a las inclusiones y al juego democrático, por lo que estuvo dispuesta a apoyar una negociación. Pero el Secretariado de esa agrupación desarrolló estrategia de tensionar, pedir y pedir y no mostrar ningún gesto que la acercara a una ciudadanía urbana cada vez más agotada con tanta violencia. Fue así como a punta de cilindros-bomba y destrucción de pequeños pueblos –entre el año 98 y el 2000 se tomaron 150 cabeceras municipales- empujaron el péndulo de la mano extendida y el ánimo de concertación hacia el pulso firme y la confrontación militar a fondo.

El presidente Álvaro Uribe ofertó mano dura y derrota de la guerrilla, y conquistó un amplio respaldo ciudadano, refrendado en el 2006. Y si se vuelve a presentar a un eventual tercer periodo, es casi seguro que mantendrá ese apoyo, por una sencilla razón: hay cansancio y hastío generalizados con una violencia de nunca acabar. Sin importar las razones, motivaciones o las raíces del conflicto, el Gobierno Nacional ha perseverado en argumentar el carácter terrorista y narcotraficante de las Farc, y este mensaje ha calado hondo, en una Colombia urbana que no conoce y le importa muy poco la suerte de la Colombia rural, donde se vive y se libra la confrontación armada.

Desde la llegada del presidente Uribe, las Farc no tuvieron otro camino que asumir el repliegue y defenderse día y noche. Cuando esto parecía no hacerles mayor mella y se hablaba de que habían logrado mantener en lo fundamental el poder de su fuerza y se cuestionaba la eficacia de la política de seguridad democrática, vino la caída –uno tras otro- de importantes dirigentes de la guerrilla, en una debacle que se inició con la muerte del “negro Acacio”, continuó con Martín Caballero, se profundizó con la muerte de Raúl Reyes y el asesinato de Iván Ríos por su propio cuerpo de seguridad, para rematar con la muerte de Manuel Marulanda, que si bien se asume como de causa ‘natural’, se suma a la pérdida de connotados dirigentes. Coincidente con esta racha de descalabros aparece la operación Jaque, del pasado 2 de julio, donde las Farc perdieron su aureola de indestructibles, y fueron golpeados en su dignidad y en lo profundo de sus zonas de alto control. Derrota pulcra y estratégica, difícil de remontar.

Alfonso Cano es ahora el máximo comandante de unas Farc que han perdido iniciativa, ya no cuentan con los rehenes como mecanismo de presión, no tienen iniciativa militar y su operatividad se centra en campos minados y francotiradores. Esto produce bajas y heridos en la población civil y en la fuerza pública, pero no los coloca en un escenario de avances militares, en la medida en que están en una acción defensiva y de desgaste que el Ejército Nacional puede asumir, así sea con un costo humanitario alto. Además, este grupo guerrillero han sentido en carne propia la eficacia del control aéreo y la gran ventaja que esto le otorga al Estado, el cual, aunado a una inteligencia militar cualificada, han logrado mantener la iniciativa y sumar valiosos puntos.

Debilitadas y disminuidas, las Farc han pasado de 20.000 efectivos en el 2002, a la mitad en la actualidad. Siguen siendo una fuerza experimentada, con amplio conocimiento territorial, que se esfuerza por ligarse a las poblaciones cocaleras necesitadas de su protección ante la acción estatal de erradicación de la coca, pero están en una política de preservación de sus dirigentes y, si logran llegar con ellos vivos al 2010, tendrán una nueva oportunidad para buscarle una salida a la guerra.

En el escenario actual, podrían optar por modalidades terroristas en las ciudades, con lo cual ahondarían su desprestigio y reforzarían la voluntad de combatirlas. O pueden intentar una negociación seria y acotada, desde sus zonas de presencia histórica. Esto es posible en una Colombia rural donde hay una amplia agenda de reformas posibles, en las cuales podrían participar unas Farc reconvertidas si se quiere en fuerza civil sin armas, empezando por aportar a una lucha contra el narcotráfico en la que podrían ser aliadas, por mencionar sólo un tema delicado y espinoso.

La lucha contra las Farc continúa sin contemplaciones por parte del Gobierno. Está por verse si se siguen debilitando como organización centralizada, si los recursos del narcotráfico y su amplia gama de alianzas con bandas y grupos dedicados al negocio de la droga los corrompe como organización, o si por el contrario mantienen su esencia de fuerza política en armas, si preservan a su dirigencia y levantan unas propuestas en el debate presidencial del 2010, viables y acotadas, o si se mantienen en un maximalismo que no se corresponde con su poder actual y el muy precario respaldo ciudadano.

Las Farc están ahí, debilitadas, con un escaso 2 por ciento de opinión favorable, pero incidiendo de manera enorme en la política Colombiana, en una ecuación paradójica, pues es una organización sin mayor legitimidad, debilitada y a la defensiva, pero que sigue marcando todos los días la acción política y el debate sobre el presente y futuro de Colombia.

Las Farc han dejado de ser determinantes en lo militar, y pueden incluso ir en camino en volverse irrelevantes en lo político y social. Todo depende de su comportamiento en los próximos meses, de la capacidad del Estado colombiano para confrontarlas en el marco estricto de la legalidad, y de la salida que esté dispuesta a brindarles una sociedad que desea dejar atrás la pagina de la violencia como recurso para la acción política.

lcelis@nuevoarcoiris.org.co

Luis Eduardo Celis es coordinador del programa de Política Pública de Paz de la Corporación Nuevo Arco Iris.