Publicado el sábado 15 de diciembre del 2007, El Nuevo Herald, Miami
RAFAEL GUARIN
El alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, el más conocido líder de izquierda, afirmó al rechazar a las FARC que no se ''puede seguir legitimando ese verde oliva''. Esa actitud, junto a la de otros de sus competidores que desde la oposición aspiran suceder a Uribe, puede ser el camino hacia un acuerdo nacional que prive a las FARC de uno de sus instrumentos más ventajosos: el aprovechamiento de las contradicciones en el debate democrático.
En éste reside una de las claves que explican su existencia durante más de cuatro décadas. Mientras esa guerrilla tiene un plan estratégico de largo plazo para la toma del poder, al que circunscribe cada uno de sus movimientos tácticos, no ha existido una política de seguridad de Estado que trascienda gobiernos, partidos y liderazgos individuales, sino bandazos y bandazos.
La habilidad guerrillera para utilizar las contradicciones llegó a su cima en 1998 al lograr que el despeje militar de una zona en el sur del país fuera eje de la campaña presidencial y que los candidatos concursaran por ofrecer más a las FARC. El resultado fue el desastre de desmilitarizar 42,000 kilómetros cuadrados y someter a la población de cinco municipios a la dictadura del terrorismo. Al igual que en el gobierno Betancur (1982-1986) se empleó el diálogo como táctica para obtener espacio político, sin renunciar a la ejecución del plan estratégico.
Aunque la seguridad democrática ha golpeado duramente a las FARC, su sostenibilidad política no está garantizada. La personalización de la política, que ha sido su fortaleza, es ahora su principal debilidad y lejos de ser un factor de aglutinación divide a los partidos políticos. Las FARC lo saben, como también que agudizar las contradicciones entre gobierno y oposición empleando los secuestrados, constreñimiento internacional y campañas de propaganda, puede llevar a un giro en las elecciones presidenciales de 2010. Se trata de construir un nuevo escenario que les permita respiro militar, avanzar en el reconocimiento de beligerancia y reivindicar la supuesta derrota de la seguridad democrática y el Plan Colombia. Todo sin abandonar la táctica del diálogo.
Por eso los planteamientos del senador Gustavo Petro y de Garzón, miembros del Polo Democrático, sin ser nuevos son importantes. Petro propuso una hoja de ruta a manera de ''plan de salida a la guerra'', un pacto democrático que termine ''definitivamente el uso de la combinación de las formas de lucha'', una política de seguridad de Estado e incluso, acercándose más a Uribe, reconoce en las fuerzas militares un rol indispensable.
El alcalde admite éxitos de la política de seguridad, niega carácter de izquierda a las FARC y critica a quienes desde esa orilla, léase el candidato Carlos Gaviria, con ''consideraciones teóricas'', terminan legitimando el escenario guerrillero. No hay que olvidar que Gaviria anunció estar dispuesto a reconocer beligerancia a las FARC si es elegido presidente.
Algo similar sucede en el Partido Liberal. El expresidente César Gaviria ha dicho que se debe ''impulsar una política de seguridad firme y eficaz que preserve los logros alcanzados de este gobierno''. Para Rodrigo Rivera, el más comprometido con una propuesta de unidad contra la violencia y quien lideró en 2003 el acuerdo antiterrorista suscrito por los principales partidos políticos y que fracasó por desinterés del gobierno, ''nunca es tarde para corregir el error de habernos polarizado en asuntos de orden público'' y ``el acuerdo nacional en materia de seguridad debe hacerse ahora o en últimas para la elección de 2010''.
No obstante, Rafael Pardo cree que ''la política de orden público es de la esencia de la competencia política'', es decir, discrecional de la agenda de los partidos y de cada gobierno, pero enfatiza en la necesidad de un acuerdo sobre la liberación de los secuestrados y el desmonte del paramilitarismo.
Mi conclusión: Es urgente el consenso para fenecer lo que queda de las FARC y blindar tanto de afanes electorales como de guerra política los resultados alcanzados. Estas posturas de algunos candidatos de la oposición son una oportunidad para un acuerdo nacional que junto a la política de seguridad cobije una solución humanitaria al secuestro, fortalecimiento de la justicia y desmantelamiento definitivo del paramilitarismo. El acuerdo liquidaría los planes en el corto plazo de las FARC y con presión militar podría contribuir a doblegar su voluntad de lucha. Sería un paso más hacia la paz.
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