domingo, diciembre 17, 2006

LA NAVIDAD DE LOS NIÑOS DE LA GUERRA

Published on December 20, 2006, Page PAGE: 21A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
www.semana.com - Fecha: 12/17/2006
Foto tomada de www.semana.com

Rafael Guarín* pinta un doloroso retrato: 11.000 niños y adolescentes pasarán esta Navidad en las montañas, con fusil al cinto, a la espera del combate.

Por Rafael Guarín

Cerca del nevado del Tolima, en un caserío a cuatro horas de Bogotá, un hombre llora todos los fines de año la pérdida de sus dos hijos. El mayor fue reclutado por los paramilitares y el menor engrosó las filas de las Farc. Ambos fueron muertos. Esa escena se repite a lo largo y ancho de Colombia.

Mientras en el mundo los pequeños aguardan con ilusión la Navidad y la sonrisa ilumina sus caras, miles la recibirán en la selva, sometidos al poder de los grupos armados ilegales. Tales organizaciones criminales revivieron la esclavitud y las mayores ignominias en niños que habitan zonas rurales, pueblos pequeños o los cordones de miseria que rodean a las ciudades.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 14.000 niños y adolescentes hacen parte de los grupos armados ilegales; según Human Rights Watch, la cifra es de 11.000. Este no es un caso de prematuro afán revolucionario o de precoz lucha antisubversiva, sino el rostro más desgraciado de la guerra. La mayoría se enlistan bajo amenazas contra su vida y la de sus familiares. Para ellos, Marx y Lenin no se encarnan en la utopía comunista, sino en miserables bandoleros y narcotraficantes que los sacan de sus hogares y escuelas, los desplazan de sus pueblos o los asesinan por negarse a participar en la vendetta en que se convirtió el país.

El informe sobre niños desvinculados de los grupos armados, presentado hace unos días por Unicef y la Defensoría del Pueblo indica que “el promedio de edad de reclutamiento bajó de 13,8 años en el 2001 a 12,8 años en el 2005”. Una edad en que los esfuerzos deben orientarse a la educación termina destinada a largos períodos de instrucción bélica. Cuando deben prepararse para edificar una sociedad cada vez mejor, se dedican a realizar emboscadas, entrenarse en hacer bombas, disparar bazucas, morteros y lanzar granadas.

En la confrontación, los niños son víctimas de masacres, secuestros, torturas, desapariciones y de las minas antipersona, sembradas cobardemente por ‘Tirofijo’. Quienes son reclutados ilícitamente soportan tratos humillantes y degradantes, se les obliga a cumplir las mismas actividades que los combatientes, y sus captores pretenden transformarlos de tiernos e inocentes infantes en monstruos capaces de similares atrocidades.

Los abusos sexuales son deplorables. Vulnerándose su dignidad, los menores son objeto libidinoso para guerrilleros y paramilitares adultos. El 97% de los niños desvinculados de esos grupos señalaron haber tenido relaciones sexuales. El 95,6% “tuvo su primera relación sexual antes de los 15 años” y el 71,8% la “tuvo entre los 5 y los 13 años de edad”.

Toda esta situación se facilita por la complejidad social y económica de muchas regiones del país. En algunas no existe suficiente acceso al sistema educativo, en otras, no hay fuentes de ingreso para las familias, lo que empuja a los menores a trabajar en la cadena de producción de narcóticos. La violencia aporta al dejar desprotegidos niños que encuentran en los grupos armados un fatal refugio.

El reclutamiento forzoso de las guerrillas refleja su derrota política y el rechazo masivo de los ciudadanos. Con el final de la guerra fría y la aparición de la narcoguerrilla, quedó atrás la época en que la juventud pudo creer que el alzamiento violento era el camino. Hoy no existe ninguna razón para tomar las armas y combatir el Estado, mucho menos para atacar a la población civil. Tampoco hay un solo motivo que legitime la lucha guerrillera. En Centroamérica lo comprendieron hace más de una década. En Colombia, gracias a la maldición del narcotráfico, la “revolución” es un eslabón del más rentable de los negocios.

Ahora que estamos hablando de la impunidad en que la muerte de Pinochet sumió sus delitos, qué bueno sería que el gobierno de Álvaro Uribe renunciara a la reserva de la cláusula 124 del Estatuto de Roma, que impide hasta 2009 que estos casos sean de competencia de la Corte Penal Internacional. El reclutamiento de niños menores de 15 años y su utilización para participar activamente en hostilidades es un crimen de guerra que no puede quedar impune.

Pregunta: ¿Cuánto tiempo falta para que los niños de Colombia compartan en paz la llegada de la Navidad?

LEGISLADORES PARACRIMINALES

Published on November 28, 2006, Page PAGE: 17A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
www.semana.com - Fecha: 11/25/2006 - Edición: 1282


Por: RAFAEL GUARIN

A menos que la corrupción y la impunidad encubran la verdad, la orden de captura de la Corte Suprema de Justicia contra legisladores, por pertenecer o apoyar grupos paramilitares, puede comenzar a esclarecer los vínculos entre la clase política, el narcotráfico y los grupos armados ilegales en Colombia.

Dos días después de las elecciones parlamentarias del 2002, el cabecilla de las AUC, Salvatore Mancuso, señaló que la primera victoria de su organización era ''superar con creces el 35 por ciento de los congresistas'' y que estos surgieron ''en su mayoría de nuestras bases sociales y políticas, y como tales, fruto de un vasto y firme esfuerzo formativo por parte de las autodefensas''. Los sucesos recientes demuestran sus palabras.

En varias regiones, junto con mafiosos y paramilitares, los políticos conforman una tríada maldita. En otras, la asociación se hizo con las FARC o el ELN. Tales alianzas tienen la misma misión: proteger el cultivo, procesamiento y tráfico de estupefacientes, mantener y acrecentar el poder electoral y someter al Estado.

El caso de los parlamentarios es una pequeña muestra de hasta donde sectores de la dirigencia política comulgan con la ilegalidad. En su afán de controlar el aparato estatal no les importa unirse con autores de masacres y crímenes de lesa humanidad, ni objetan coordinar sus acciones con narcotraficantes, al tiempo que legislan a su favor.

A pesar de su importancia, los políticos involucrados son de poca monta frente a los auténticos padrinos del paramilitarismo que permanecen en la sombra. Carlos Castaño lo dijo en su libro: Se trata de ''hombres al nivel de la más alta sociedad colombiana. ¡La crema y nata!'', encargados de señalar la lista de asesinatos y dirigir sus acciones.

El contubernio de la para-política no es un tema nuevo, pero la decisión de una instancia judicial sí. En el 2002, uno de los candidatos presidenciales denunció ante el fiscal general de la nación, Luis Camilo Osorio, la intervención de los paramilitares en las campañas electorales de los congresistas. La respuesta de Osorio fue un absoluto y sospechoso silencio.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación no se quedó atrás. La investigación contra el senador Alvaro García, acusado de tener parte en una masacre paramilitar, terminó archivada. A punta de formalismos jurídicos descartó cualquier irregularidad en la conducta de tan deplorable personaje.

Debemos preguntarnos: ¿quién o qué está detrás de la omisión del fiscal Osorio? ¿Qué poderosos intereses se mueven debajo de la mesa? ¿Qué hace que un fiscal y un procurador pasen por alto sindicaciones tan graves? ¿Podrá el procurador ser indiferente a la suerte de su hijastro, el actual gobernador del César, otro departamento paramilitarizado de arriba a abajo?

Por otro lado, de estos hechos son responsables también los partidos políticos. La coalición de gobierno debe asumir lo que le corresponde y pagar el precio del pragmatismo desbordado a la hora de conseguir votos. Gravísimo error que puede tener impredecibles alcances. El presidente Uribe tiene que salir al paso y ser tan duro con los socios de los paramilitares-narcotraficantes, como lo es con los terroristas.

A la otra orilla no escasearán los cuestionamientos. A pesar de los esfuerzos de César Gaviria por blindar a su partido, el liberalismo no puede negar su pasado. A él pertenecieron muchos políticos emparentados con el nacimiento y expansión del paramilitarismo y el narcotráfico. El propio Alvaro García hizo parte de sus filas y en el 2003 su Dirección Nacional avaló las candidaturas únicas a la gobernación del Magdalena y César. Según varios medios de comunicación, no hubo pluralidad de candidatos por presión de los paramilitares.

Finalmente, con igual vehemencia los ciudadanos debemos reclamar la verdad sobre relaciones pasadas y actuales de políticos con grupos guerrilleros. Con seguridad éstas existen y se extienden a algunas organizaciones que con fachada democrática hacen parte de la estrategia de guerra política que adelantan los violentos.
Los congresistas procesados por la Corte son apenas el primer eslabón de una cadena de confabulaciones que hizo de este país, con la barbarie subversiva, un gigantesco campo de muerte. Ojalá la corte mantenga la valentía y llegue hasta las últimas consecuencias. Esperamos que la Fiscalía haga lo propio, después de su prolongado y cómplice silencio.

Pregunta: ¿qué espera la Comisión de Acusaciones de la Cámara para investigar al ex fiscal Osorio?

OJO, PRESIDENTE URIBE

Published on October 28, 2006, Page PAGE: 23A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
Por: RAFAEL GUARIN

La Política de Seguridad Democrática tiene el apoyo de los colombianos desde el 2002 y es la columna vertebral del gobierno Uribe. Aunque ese respaldo se mantiene, diversos hechos crean grietas que amenazan con echar al traste los esfuerzos realizados. La gran paradoja es que los golpes a la confianza ciudadana no provienen aparentemente de las FARC, sino de las propias fuerzas militares.

El carro bomba detonado en la Escuela Superior de Guerra en Bogotá constituye otro golpe a esa política. Más que mérito terrorista es un error imperdonable de seguridad, como lo reconoció el vicepresidente Francisco Santos, y hace parte de una larga lista de equivocaciones.

El problema es que vamos error tras error. A la tortura de los soldados, en febrero de este año, se agregan falsos ''positivos'', la matanza de una decena de policías antinarcóticos por miembros del ejército, supuestos montajes de atentados terroristas y relaciones non sanctas con el narcotráfico, el paramilitarismo y la corrupción, sin olvidar el enfrentamiento entre la policía y las demás fuerzas. Todo conduce a pensar que existen ruedas sueltas.

Tirofijo debe estar celebrando a sus anchas. Sabe que tales episodios y las fallas tácticas perforan, lenta pero eficazmente, la legitimidad y el respaldo a la seguridad democrática. Esta no es una cuestión menor, pues afecta el centro de gravedad ubicado en la credibilidad de las fuerzas armadas y del gobierno. En los cálculos ''farianos'' la consecuencia de ese deterioro será que el péndulo lleve, en un nuevo gobierno, a reducir la contundencia de la respuesta militar y a reiniciar una política de apaciguamiento.

Así, el círculo se volverá a cerrar, dirán que salieron ''airosas'' de la ''fracasada'' arremetida estatal y ejecutarán una contraofensiva. Una dinámica de este tipo explica que la guerrilla se repliegue, evite el enfrentamiento directo, efectúe acciones esporádicas y prefiera emplear explosivos, tan ridículamente baratos como excepcionalmente efectivos. Los alzados en armas saben que es posible obtener altos beneficios políticos con bajo costo militar. Esa lógica revela las razones por las cuales utilizan a los secuestrados como clave de su estrategia de guerra política y su interés en alimentar la división de la sociedad. Interés con el cual, consciente e inconscientemente, algunos terminan contribuyendo.

Mantener el respaldo ciudadano pasa por la superación de dos retos: la transparencia y la eficacia de las fuerzas militares y de policía. Respecto del primero es urgente depurar la institución de cómplices del narcotráfico y el paramilitarismo. También que la justicia actúe ejemplarmente en aquellos eventos en que sus miembros se vean involucrados en delitos. La legitimidad de la fuerza pública se debe basar no sólo en las encuestas, sino en la observancia rigurosa del estado de derecho.

Por otro lado, la ciudadanía será más vulnerable a un cambio de curso en la acción contra los violentos si a lo largo del cuatrienio se impone la idea de que el Estado no es capaz de doblegar la voluntad de lucha de la subversión. Ocurrirá lo mismo en caso de no eliminar las nacientes bandas prohijadas por paramilitares-narcotraficantes desmovilizados (ejemplo: las Aguilas Negras) y no consolidar los éxitos alcanzados.

Aumentar la eficacia exige una segunda etapa del Plan Patriota que permita golpear definitivamente a la guerrilla. Es urgente presentar nuevos resultados, principalmente la captura de cabecillas y mandos medios, al igual que la reducción real del narcotráfico. No se puede considerar que esa exigencia sea una licencia para cometer atropellos o hacer montajes.

Finalmente, se requiere optimizar la transmisión del mensaje gubernamental. Pareciera que los graves errores mencionados se amplifican por la ausencia de una estrategia de comunicaciones, que a la vez de garantizar la libertad absoluta de prensa, sea útil para la cohesión de la sociedad en la lucha contra los grupos armados ilegales.

Uribe tiene un amplio saldo de popularidad, contra el cual viene girando, aun antes del comienzo de su segundo mandato. De no concretarse en hechos sus palabras de ''asepsia interna y eficacia externa'' en la acción de la fuerza pública, llegará el momento en que su liderazgo no podrá contener la desconfianza ciudadana y se traducirá en descontento general.

UNIDAD PARA EL INTERCAMBIO

Published on October 13, 2006, Page PAGE: 29A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)


RAFAEL GUARIN

Hace unos días debatí con mis estudiantes sobre el intercambio humanitario. Casi la totalidad coincidió en que debe realizarse inmediatamente. Pero cuando pregunté sobre la desmilitarización de una zona del territorio nacional, la respuesta mayoritaria fue negativa y al comentar la liberación de más de 500 guerrilleros presos el rechazo creció.

Los colombianos estamos divididos frente al intercambio. Todos queremos el regreso a los hogares de los miembros de la fuerza pública y de los dirigentes políticos, pero no sucede igual con las condiciones en que debe adelantarse. El fantasma del Caguán y las barbaridades de la guerrilla atraviesan cualquier decisión, lo que explica que el presidente Uribe subraye que la política de seguridad democrática no se debilitará.

La división resulta de las diferencias sobre el camino hacia la paz, la irresponsabilidad electoral y la habilidad de las FARC para propiciarla. A los secuestrados los convirtieron en bandera proselitista, al igual que la seguridad. Tanto la coalición gubernamental como los partidos de oposición cabalgan sobre esos temas atendiendo más sus intereses electorales que los del país. La seguridad terminó siendo patrimonio personal para la reelección presidencial y el intercambio arma contra el gobierno.

El afán de algunos opositores llega al extremo de replicar el discurso de las FARC calificando de ''retenciones políticas'' el secuestro. Con esa lógica los despreciables secuestros son un ''romántico'' acto político y no una execrable acción contra la humanidad. No son un crimen de guerra consignado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sino recurso válido en la lucha política. ¡Monumental estupidez!

Así, mientras gobierno y oposición se despedazan, las FARC aprovechan la confrontación para sacar tajada y continuar la ejecución de su plan estratégico militar. Su prioridad en el mediano plazo es quebrar la voluntad de lucha del Estado en las urnas, convirtiendo las contradicciones de los actores democráticos en su mejor aliado.

En la estrategia ''fariana'' mantener fragmentada la sociedad es fundamental. De ahí que señalen que ''de darse el canje, será principalmente como consecuencia de la gran movilización de masas en campos y ciudades y no por voluntad del gobierno''. Entienden que la división les otorga ventajas, pues en ella se mide en parte la ''rentabilidad'' de los secuestros. En ese sentido, es un grave error que los familiares de las víctimas se pongan en contra del gobierno, que el gobierno desconozca a la oposición en ese proceso y que ésta pretenda desprestigiarlo con los crímenes guerrilleros.

Para Tirofijo el intercambio no es un repentino ataque humanitario. Es un medio que persigue objetivos políticos que tendrán impacto en el campo bélico. Esto hace parte de una partitura, muy bien escrita, que parece no importar en las relaciones entre el gobierno y la oposición.

Por esa razón, el problema no es estrictamente militar. La consecuencia de una zona de encuentro sin presencia de las fuerzas armadas no inclinará definitivamente la balanza. El territorio como tal no es lo esencial, lo que está realmente en juego se ubica en el plano de la legitimidad política. Además del reconocimiento como una organización alzada en armas y no simplemente terrorista, lo que hay es una estrategia de deterioro de la ''línea dura'' que conduce al Estado.

La subversión tiene muy clara la agenda. El intercambio lo hará siempre y cuando satisfaga sus intereses estratégicos, lo que puede prolongar indefinidamente la situación. La mejor forma de neutralizar sus intenciones es hacerlo rápido y expedito. Mucho más cuando la fuerza pública fue incapaz de rescatar a las víctimas.

Respecto al intercambio no puede haber cálculos electorales. La unidad de las diferentes fuerzas políticas contribuirá a que se lleve a cabo. Igual acontece con la política de seguridad. Sería muy bueno pensar que sobre la base de corregir errores, eliminar excesos y complementar falencias, exista un acuerdo entre gobierno y oposición que la haga una política de Estado. Eso sí sería un golpe político enorme a las FARC, con implicaciones militares evidentes.

La guerra popular prolongada hace del tiempo el mejor activo. La forma de vedar ese recurso es con una sociedad que las enfrente unida. Comprenderán que sin importar el gobierno o el partido en el poder la respuesta siempre será la misma. Se darán cuenta de que las contradicciones propias de la democracia no seguirán a su servicio para utilizarlas contra la democracia misma.

EL URANIO DE CHÁVEZ

Published on September 8, 2006, Page PAGE: 19A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Por: Rafael Guarín

El día de la posesión de Camilo Óspina como nuevo embajador de Colombia ante la OEA, dijo en una conferencia sobre “Geopolítica en América Latina” que Venezuela tenía dos minas de Uranio clandestinas y alertó sobre el riesgo que representa.

Es posible que la confianza que le otorgó la ausencia de medios de comunicación y el auditorio universitario, sirvieran de cómplice para que el diplomático señalara con total desparpajo que “si me preguntan un riesgo, algo que me ponga nervioso, a mi me pone muy nervioso las dos fabricas, las dos minas de Uranio que hay en este momento en Venezuela”.

Manifestó además que “cogen ustedes derecho por Arauca, más o menos se meten 400 km., están llegando a la zona fronteriza, encuentran dos fábricas, una fábrica de bicicletas y otra fábrica de motocicletas. Esas dos fábricas son una fachada para una excavación de Uranio”.

Y concluyó: “Venezuela no tiene como enriquecer uranio pero Irán sí. Si eso llegara a pasar tenemos un problema de verdad.”.

No es la primera vez que se habla de las supuestas minas de uranio, ni que se relacionan con Irán. Versiones anteriores vinculan venezolanos, cubanos e iraníes a actividades secretas de explotación en el estado Amazonas, pero la falta de pruebas dejó el tema en la especulación y en el mundo de las conspiraciones.

Las afirmaciones trascritas indicarían que las minas sí existen y que podrían ser una de las razones de la estrecha relación entre Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad, el fundamentalista presidente de Irán. Aún más, darían sentido a la oposición de Venezuela y Cuba a la decisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica de remitir el caso de Irán al Consejo de Seguridad y al anunció del propio Chávez, en mayo de 2005, de estar interesado en que ese país le proporcione tecnología nuclear.

¿La cuestión es si se le debe creer a Óspina? Es casi forzoso darle credibilidad. No hay que olvidar que era ministro de Defensa dos semanas antes y es una de las personas de mayor confianza del Presidente Álvaro Uribe. Como ministro tuvo acceso a información de inteligencia militar privilegiada, no sólo de las fuerzas armadas colombianas, sino de los organismos de seguridad estadounidenses. Se trata de una de los funcionarios mejor informados, entre otras cosas, porque dentro de las hipótesis de guerra que estaban a su cargo, la número uno es con Venezuela.

Sus declaraciones trascienden en un momento en que el conflicto con Irán escala debido a la inauguración de una planta de agua pesada destinada a refrigerar un reactor nuclear en construcción y al desconocimiento de la decisión del Consejo de Seguridad, que obligaba a ese país a suspender el pasado 31 de agosto el enriquecimiento de uranio.

Alguien podría calificar que hay algo de esquizofrenia en pensar que Chávez puede estar interesado en alianzas alrededor de armas de destrucción masiva. Sin embargo, está demostrado que su gobierno cree únicamente en el poder nacional como base de las relaciones internacionales y no en el idealismo que predican muchos de sus partidarios. Lo cierto es que aunque parezca improbable dicho escenario, la sola alianza nuclear entre Venezuela e Irán constituye una amenaza a la seguridad hemisférica y afecta el balance de poder en la región.

Las palabras de quien lleva en nombre de Colombia la vocería ante el Sistema Interamericano, colocan a Venezuela como una potencial amenaza continental y ratifican temores derivados de las oscuras relaciones de Chávez con potencias enemigas de Estados Unidos. Su gravedad salta a la vista y exige de ambas naciones transparencia ante la comunidad internacional.

Creo como Julien Freund (Sociología del Conflicto) que el precepto fundamental de la política es “saber prevenir lo peor y tener la capacidad de impedir que ocurra”. Si el gobierno colombiano conoce los hechos narrados por uno de sus ministros de defensa ¿qué esta haciendo ante esa amenaza? ¿Tendrá Óspina la tarea de actuar al respecto en el seno de la OEA? ¿Cuál será la actitud del gobierno Bush?

¿O resultará que las denuncias hechas por el funcionario son pura fantasía o irresponsable verborrea? El gobierno Uribe debería presentar las pruebas que sustentan las acusaciones del embajador y el venezolano despejar las dudas que sobre el tema surgen nuevamente.

MANIOBRAS PELIGROSAS

www.semana.com - Fecha: 09/30/2006 - Edición: 1274
Foto toma de www.semana.com
Rafael Guarín analiza los proyectos de decreto reglamentarios de la Ley de Justicia y Paz y su posible impacto en la extradición.
Por Rafael Guarín

En Colombia la negociación con los paramilitares está en vilo. Las expectativas giran alrededor de dos nuevos decretos que reglamentarán las leyes que sirven de marco al proceso de paz. El tema genera polémica ante dos riesgos: en primer lugar la posibilidad de que se elimine en la práctica la extradición y en segundo término que se trate de una maniobra que reviva disposiciones declaradas inexequibles por la Corte Constitucional.

La semana pasada el Alto Comisionado para la Paz admitió que “lo más adecuado es eliminar esas partes del proyecto que crean confusión o ambigüedad”. Por su parte, los partidos de oposición y organizaciones de defensa de derechos humanos insisten en que se busca esquivar el cumplimiento de la sentencia de la Corte. En medio del debate los grupos paramilitares guardan estratégico silencio.

Para dar transparencia a la adopción de los textos se decidió presentarlos a la discusión pública en un esfuerzo por contrarrestar los efectos negativos que en la opinión ciudadana causan reconocidos narcotraficantes camuflados como paramilitares. A pesar de eso, algunas de las normas contempladas en los borradores siembran la desconfianza sobre sus verdaderas intenciones.

El contenido de los decretos es la puntada clave del proceso. El gobierno procura conciliar las obligaciones internacionales, la jurisprudencia constitucional y los compromisos adquiridos con los líderes de las AUC. No es una tarea fácil. La reciente crisis con los paramilitares está ligada a los cambios introducidos a la Ley de Justicia y Paz por el fallo de la Corte y a la incertidumbre frente a la extradición.

Sería contraproducente que con su expedición se quiera tranquilizar a los desmovilizados y brindarles las garantías que reclaman, sin importar que con ello se pueda causar responsabilidad internacional al Estado, abrir paso a la aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional o terminar eliminando la extradición.

Este último punto es decisivo en las relaciones con Estados Unidos y pieza crítica de los acuerdos. Para evadirla se pretende convertir en delito político el paramilitarismo, al cual posteriormente se podría vincular el narcotráfico con el argumento de ser ésta una conducta orientada a facilitar el cumplimiento de los objetivos de la organización sediciosa. De esa manera, uno de los borradores elimina subrepticiamente la extradición de los narcotraficantes que se esconden bajo la fachada de paramilitares, pues la Constitución prohíbe su aplicación respecto de los delitos políticos.

La consecuencia es gravísima. El mensaje a los carteles de la droga (si se sigue el proyecto de decreto) es que el camino para evadir la extradición consiste en crear un grupo armado ilegal, bajo un mando responsable, con capacidad de ejercer control en una porción del territorio nacional y realizar operaciones militares sostenidas. ¡Si se incluyen masacres mejor! En otras palabras, la aceptación del borrador de decreto estimulará la futura conformación de nuevos grupos armados, contribuirá a profundizar la violencia y alejará cada día más al país de la paz.

Pero un problema no menos delicado resultará del control constitucional de los decretos. Es factible que en algunos meses estemos ante un choque institucional de consecuencias impredecibles. El competente para el examen de constitucionalidad de tales disposiciones es el Consejo de Estado. No quiero imaginar que ocurrirá si esa corporación declara constitucional normas que contradicen el dictamen dado por la Corte al estudiar la Ley de Justicia y Paz.

No es absurdo. No sería la primera vez que ambos tribunales se encuentren en contravía. Varias veces se han enfrentado por la revisión de sentencias hecha por la Corte para proteger derechos fundamentales. Esperemos que esa eventual contradicción nunca suceda y que cuando llegue el momento del juicioso análisis que harán los miembros del Consejo de Estado su decisión armonice con el fallo precedente de la Corte Constitucional. No sea que a la postre se “constitucionalice lo inconstitucional”.

Lo que debe hacer el presidente Uribe es no incluir en los decretos temas que hayan sido objeto de examen negativo por parte de la Corte y mantener incólume la extradición. ¡Eso sí favorecería la transparencia! Tal actitud dejaría sin argumentos a quienes ven maniobras peligrosas y utilización de recovecos jurídicos para cumplir a toda costa compromisos adquiridos en la mesa de negociación entre el gobierno y los paramilitares, de espaldas a los colombianos.

ESTADOS UNIDOS EN LA MESA

www.semana.com - Fecha: 09/09/2006 - Edición: 1271

Rafael Guarín analiza las consecuencias de la fuerte influencia del país del norte en el proceso de paz con los paramilitares.

Por Rafael Guarín

El presidente Uribe se la jugó toda en el proceso de paz con las AUC y es posible que pierda. Con desbordado pragmatismo convirtió el proceso en un plan de sometimiento de narcotraficantes a la justicia, pero cometió el error de comprometerse en no extraditarlos sin contar con la voluntad del gobierno estadounidense.

La tensión entre presión internacional y pactos por debajo de la mesa está enredando al gobierno. Para Estados Unidos los paramilitares ante todo son narcotraficantes y como tal se les debe tratar. La verdad es que entre sus líderes y cualquiera de las decenas de mafiosos extraditados no hay ninguna diferencia. Para los paramilitares, por el contrario, el desmonte de su aparato de guerra y narcotráfico sólo es posible si tienen la certeza que no les espera una cárcel extranjera.

La reciente crisis del proceso tiene que ver con esa disyuntiva. La visita hace unos días de la directora de la DEA y de una comisión de congresistas dejó claro que el proceso perdió credibilidad internacional y que se requieren ajustes inmediatos. También que el gobierno Bush no cede en la pretensión de que se extraditen por lo menos nueve de los principales cabecillas de las AUC.

Por su parte los paramilitares aplican una combinación de garrote y zanahoria. Poco antes de someterse dócilmente a la orden presidencial de internarse en un centro de reclusión, afirmaron que “se acuerda un marco constitucional diferente o el conflicto armado se transformará en una guerra civil de incalculables proporciones”, reiterando que su principal objetivo es evadir la justicia norteamericana a través de una reforma a la Constitución.

El camino se parece cada vez más a un oscuro túnel de incertidumbre. Si se acepta proscribir la extradición el país se expone a sanciones políticas y económicas de Estados Unidos y a convertirse en un santuario del narcotráfico. Pulularán nuevos grupos armados ilegales y la mafia que disimulan sabrá que tarde que temprano será abrazada por la impunidad, lo que sin duda es un estímulo para el crimen y un aliciente para continuar la violencia.

Como parte de ese escenario debe interpretarse la propuesta de los paramilitares de un ‘Gran Acuerdo Nacional’. Con habilidad aprovechan la coincidencia con las Farc y sectores democráticos de estar en contra de la extradición para proponer una Asamblea Constituyente. Curiosamente, voceros del gobierno manifestaron hace poco que el proceso con esa guerrilla podría incluir la convocatoria a una Asamblea. Lo que no parece probable es que el grupo subversivo cambie su plan estratégico, ni que se logren iniciar negociaciones de paz.

Desde otra perspectiva, si se rechazan sus peticiones probablemente el proceso colapse definitivamente y nos encontremos frente a una guerrilla mafiosa de derecha o de un actor armado antiestatal. El propio Alto Comisionado de Paz dijo en una entrevista, a final del año pasado, que los jefes desmovilizados le han dicho que si el proceso fracasa “aquí va a aparecer una cosa muy rara, que no sabemos si es guerrilla o autodefensa”.

Retomar los fusiles es muy fácil. De los más de 30.000 desmovilizados solo un centenar se encuentran bajo control del Estado y que se sepa no han delatado rutas, redes, ni la infraestructura que montaron durante años para el narcotráfico. Es apenas evidente que tampoco entregaron la totalidad de las armas y material de guerra, como que mantienen el anclaje social, político y económico que les permitió acrecentar su poder en varias regiones. En síntesis, conservan gran parte de su capacidad militar y de narcotráfico.

Por otro lado, la influencia de Estados Unidos es un hecho derivado de su propio poder e inevitable debido a que paramilitares y guerrilleros se convirtieron en enormes carteles de la droga. La búsqueda de la paz dejó de ser una cuestión estrictamente doméstica para ser un problema internacional.

Quedan dos lecciones. No se puede adelantar un proceso de paz exitoso si no se reconoce de cara al país y la comunidad internacional que el narcotráfico es un problema central del conflicto armado. Y nos guste o no, siendo la lucha antidrogas preocupación central de Estados Unidos, la paz duradera debe contar con su aval. Invitarlo a la mesa de negociación más que un acto de cortesía es un imperativo político.

¿Y LA OPOSICIÓN QUÉ?

www.votebien.com - marzo de 2006


Rafael Guarín explica por qué después de las elecciones del 12 de marzo los congresistas opositores al gobierno podrán dejar atrás sus intereses personales y hacer una verdadera oposición.

Por Rafael Guarín*

Varios analistas han manifestado su preocupación por la debilidad de la oposición luego de las elecciones del 12 de marzo. Contrariamente a lo que suele pensarse, la consolidación de la coalición gobernante en el Congreso no es negativa para quienes deben cumplir ese papel.

Desde la segunda mitad del siglo XX, además de la violencia, el fraude electoral y en algunos casos de políticas de seguridad que confundían a la oposición democrática con la subversión y la protesta social con actos de criminalidad, son tres los principales factores que no han permitido el ejercicio pleno de la oposición parlamentaria.

El primero tiene que ver con un diseño institucional que concentró el poder en los partidos tradicionales y excluyó a nuevas alternativas políticas. En esa línea están los principios de paridad y alternación del Frente Nacional, período paradójico en que la oposición tuvo que camuflarse en los partidos que constitucionalmente compartían la responsabilidad del gobierno, y el parágrafo del artículo 120 introducido en la reforma de 1968.

El segundo es el problema burocrático que la Constitución de 1991 no modificó sustancialmente y que configuró lo que Leal Buitrago y Dávila denominan “sistema político del clientelismo”, cuya regla es la dependencia del Estado para la reproducción electoral, al tiempo que es la raíz del “transfuguismo” que caracteriza a muchos congresistas.

Pero además, la falta de coincidencia del respaldo popular expresado en las elecciones presidenciales y legislativas ha sido un obstáculo para la oposición y un generador de inestabilidad política. No es cierto que una mayoría de oposición haya contribuido al control político eficaz, a un gobierno responsable y mucho menos a la armonía de las instituciones.

La historia enseña otra cosa. Dos casos en los que la oposición era mayoritaria en las cámaras, en contextos absolutamente diferentes, finalizaron con la tentativa o el rompimiento del orden democrático. El gobierno de Mariano Ospina Pérez, en 1949, cerró el Congreso en el afán de atajar a sus opositores.

Recientemente, en medio de la crisis del año 2000 por corrupción de miembros de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, Andrés Pastrana perdió la mayoría parlamentaria que había arrebatado al Liberalismo a punta de puestos y contratos. La salida fue intentar la revocatoria del Congreso y adelantar las elecciones, figuras que desbordan la Constitución.

Cuando las fuerzas que apoyaban al gobierno eran minoría, se optó por fomentar el transfuguismo repartiendo el aparato estatal y el presupuesto público entre congresistas de la oposición para dividirla, debilitarla y conseguir las mayorías que no habían alcanzado en las urnas. El epílogo de tal práctica no puede ser otro que la extensión de la corrupción.

En una democracia sin tradición de oposición parlamentaria organizada, disciplinada y coherente, la aplanadora uribista en el Congreso es una oportunidad para los partidos derrotados y el mejoramiento del sistema de pesos y contrapesos entre las ramas del poder público. En teoría, es previsible que el transfuguismo pierda vigor y la transparencia se beneficie. El gobierno no debería tener necesidad de comprar parlamentarios opositores y la ley de bancadas tendría un mejor ambiente para su aplicación.

La oposición debe asimilar las lecciones del actual proceso electoral y comprender que su éxito depende de una fuerte pero responsable fiscalización política, al igual de que cada crítica se acompañe de una propuesta que convenza de que es mejor opción de gobierno. Las nuevas reglas de juego favorecen la creación de un régimen de opinión pública que únicamente se puede aprovechar si los partidos opositores cumplen adecuadamente su función.

Por otro lado, aunque Laureano Gómez (“El Monstruo”) demostró que la oposición se hace sin necesidad de estatutos que la protejan y que, siendo Ministro de Gobierno, Fernando Cepeda planteó que no se requería, debido a que las garantías para su libre ejercicio se consagraban en la Constitución y la ley, no hay duda de que es indispensable que se expida un conjunto de normas que favorezcan su ejercicio y desarrollen el mandato señalado en el artículo 112 de la Carta. El largo e inconcluso camino del estatuto de la oposición incluye nueve proyectos de ley estatutaria a partir de 1993 y tres proyectos de acto legislativo. No ha existido voluntad de los gobiernos, ni de la oposición para su aprobación. El inicio del nuevo período de gobierno es la oportunidad para un acuerdo político que lo haga viable.

Finalmente, un efecto saludable de la reforma de 2003 y de la reelección presidencial, consiste en que la acción política de los partidos de oposición no puede seguir fundándose en el acceso al Estado. No es sabio insistir en la política clientelista y desconocer que el mensaje político y las propuestas son la única herramienta eficaz para ganar las elecciones. Así mismo, esas colectividades deben superar el caudillismo que las caracteriza y actuar colectivamente con base en un programa político claramente diferenciado del de la coalición de gobierno. Eso no implica que en temas tan importantes como el de la Seguridad Democrática, la lucha contra el narcotráfico, el combate al terrorismo y la política antisecuestro no pueda haber un acuerdo nacional que las convierta en políticas de Estado. En ese camino los intereses del país deben estar por encima de las motivaciones electorales.

Sobre el tema ver: Guarín, Rafael. “Colombia: Democracia Incompleta. Introducción a la oposición política”. Ed. ONU - DAE. 2005. Págs. 226. En:
www.escuelavirtual.registraduria.gov.co/theme/registraduria/libroPNUD/Tomo_II/Tomo_II-TITULO_1.pdf

ESTADO DE FACTO

www.elespectador.com - abril de 2006

Por: RAFAEL GUARÍN

La campaña presidencial abrió nuevamente el debate sobre la “desinstitucionalización” del país. Más allá de la calentura electoral, casi doscientos años de vida independiente no han sido suficientes para que Colombia consolide un Estado de derecho en que impere la ley, se respeten los derechos humanos y se reconozca la primacía de la dignidad humana. En pleno siglo XXI sigue existiendo más territorio que Estado, menos Constitución que retórica y más imperio de la fuerza que del derecho.

La política como medio de gestión del conflicto social (J. Vallés C. P. 2000) es secundaria en una sociedad en que la fuerza cabalga sin límites. Como señala Julien Freund, la fuerza es el “medio esencial de lo político” (La Esencia de lo Político. 1968), pero cuando se ejerce por fuera de la ley se convierte en violencia que se materializa en matanzas, asesinatos selectivos, desapariciones, secuestros y desplazamientos forzados. Quienes tienen la capacidad y la falta de escrúpulos para actuar de esa forma, se convierten en la cúpula de los poderes de facto, en los arquitectos de la colectividad, en el soberano que decide, ordena, resuelve y mata.

Es la violencia con la que actuaron los paramilitares en Norte de Santander. Recientes versiones periodísticas indican que en cinco años fueron ultimadas 11.200 personas en solo 15 de los 40 municipios de ese departamento. Más tarde, con su desmovilización, el turno fue para las FARC. El dominio de una zona fronteriza estratégica y del negocio del narcotráfico justificó para esos criminales la masacre de la Gabarra.

Los poderes de facto también se amparan en la legalidad. De acuerdo al Banco Mundial (2002) la captura del Estado es la principal modalidad de corrupción en Colombia. Los carteles de cuello blanco y los grupos económicos son los protagonistas. Sus garras aprisionan los más altos niveles de decisión estatal, convirtiendo la administración, la justicia y la ley en instrumento de sus intereses.

Por otro lado, quizás la precariedad del estado de derecho se debe más a la descomposición de la sociedad, la inversión de valores, la falta de solidaridad, la discriminación, el individualismo exacerbado, el desprecio por la vida y la libertad. Es también producto de la desidia frente a lo público y que a muy pocos les interesa genuinamente el fortalecimiento institucional. La mayoría prefiere que sus intereses de facción primen por encima del bien común y de los intereses nacionales. Nos les importa aliarse con el diablo, ni que su infierno esté aquí o afuera.

Cuando el poder de facto se convierte en la regla, estamos a un paso de encaminarnos hacia una democracia fallida. Es fácil responsabilizar al presidente de turno de la “desinstitucionalización”, pero la verdad es que el país adoptó ese mal camino hace varias décadas. De hecho, para hablar de ella se requiere que alguna vez el país haya sido institucionalizado, es decir, que se haya construido y consolidado el Estado. Lo cual por lo menos es discutible.

La democracia peligra cuando el Estado de derecho se somete a los fines y a los resultados, sin consideración alguna a los medios que se empleen y está en riesgo cuando la oposición democrática es calificada de terrorista o cuando ésta se mueve en el filo de la navaja de lo legal y lo ilegal, para golpear a su oponente.

Pero la mayor amenaza es la respuesta de sectores ciudadanos que se inclinan por las vías de hecho, que toleran las desapariciones, que en silencio no se duelen de las masacres y que hasta reclaman operaciones de limpieza social. Son los mismos colectivos que quisieran prescindir del Congreso y de los partidos políticos, que sospechan de los movimientos sociales y de los defensores de derechos humanos, al tiempo que propugnan por la reducción del poder de las cortes.

Se olvida que sin Estado de derecho no hay democracia, sin democracia no hay derechos ni libertades, sin derechos los hombre somos un objeto y carecemos de dignidad. Un poco de generosidad y desprendimiento de los candidatos presidenciales, debería impulsarlos a la unidad en la tarea de fortalecer la institucionalidad y defender el estado de derecho y la democracia de los poderes de facto. En estos temas, como en el de la seguridad que es la razón que dio origen al Estado, quienes estamos del lado de la Constitución y de una sociedad más igualitaria no podemos estar divididos.

Finalmente, para eliminar la intimidación del Estado de facto y consolidar el Estado de derecho, deben mantenerse los parciales pero innegables resultados de la Seguridad Democrática. Aunque aún hace falta mucho por hacer, no se puede retroceder por prejuicios ideológicos o puro fanatismo en un tema no de gobierno, sino de Estado.

Independiente de quien cuente con la confianza ciudadana en las urnas, es indispensable que la búsqueda de la paz y la convivencia se siga haciendo sobre la base del principio de autoridad y del ejercicio legítimo de la fuerza. No es una posición de derecha, ni de izquierda. Es simplemente, reconocer que Colombia necesita de un gobierno y de un Estado fuerte y que el fortalecimiento del aparato coercitivo es condición para la salida política al conflicto armado.

Nota al margen: Lamentable el secuestro y asesinato de Liliana Gaviria Trujillo. Es una acción que afecta tanto a la oposición como al gobierno. No se puede aventurar quien se encuentra detrás del homicidio, pero sí se puede afirmar que no se trata de un hecho aislado. Sin duda, busca interferir el proceso electoral y hace parte de la serie de actos violentos dirigidos a sembrar terror entre los colombianos antes de los comicios presidenciales. Le manifestamos nuestra solidaridad al expresidente César Gaviria Trujillo.

EL FUTURO ES EL CENTRO

www.elespectador.com - junio de 2006

Por: Rafael Guarín*

Paso lo que tenía que pasar con el Liberalismo. A pesar de los esfuerzos era una derrota cantada desde antes de comenzar la campaña ayudada por el autismo que impidió escuchar voces diferentes a la de los profesionales de la adulación. No es la hora de las recriminaciones, pero sí de asumir responsabilidades y pensar en el futuro.

El expresidente César Gaviria afirmó que el país sigue siendo mayoritariamente liberal, lo que ratifica las encuestas pero no los resultados electorales. Es forzoso concluir que el Partido no logró ni siquiera convocar a sus propios miembros. Eso obedece a que prefirió competir con el Polo por un mercado electoral restringido, como es el de la izquierda tradicional y destrozar una política de seguridad, que con aciertos y errores de todo calibre, tiene el respaldo de la mayoría de los electores.

En medio de la crisis, algunos se apresuran a ofrecer las llaves del Partido y reconocer la “jefatura natural” del Presidente. Es el vocabulario de los años cuarenta que no entiende el nuevo escenario de la política. Otros creen que hay que “insistir” en la oposición radical que redujo al Partido a un modestísimo 11% de los electores. Tampoco parece lo más inteligente.

El problema es más complejo. No es puramente mecánico, ni se resuelve acudiendo a fórmulas anticuadas. Hay que abordar por lo menos dos frentes. El primero tiene que ver con recuperar el pluralismo y contener el sectarismo que quiere llevar al Partido Liberal a un populismo de izquierda, con Hugo Chávez y Evo Morales como referentes. El Liberalismo debe ubicarse en el centro y aceptar que el bipartidismo ha muerto.

La política es y será de coaliciones que van del centro a la derecha o a la izquierda. Recuperar el centro permitirá a la colectividad considerar con flexibilidad y lealtad a sus programas los socios coyunturales que coincidan con su visión de sociedad. Se trata de atender a las propuestas programáticas, más que a la estrechez de los modelos ideológicos. No gratuitamente, la Asamblea Liberal Constituyente reemplazó en los estatutos el Consejo Ideológico por un Consejo Programático. Eso no implica desechar los valores históricos y aceptar lo inaceptable, sino trabajar por su realización a partir de la nueva realidad política.

La ideologización hace impensable políticas de entendimiento. Así por ejemplo, desde el sectarismo ideológico no serían posibles los gobiernos de coalición entre socialistas y demócrata-cristianos en Alemania y Chile. Cuando la sensatez y los intereses nacionales se imponen, los partidos pueden construir agendas comunes.

No se debe olvidar, como recuerda Norberto Bobbio, que “guste o no guste, las democracias suelen favorecer a los moderados y castigan a los extremistas”. Renunciar a los extremos permitió que el Liberalismo fuera el soporte institucional insustituible de la democracia en las últimas décadas. Aferrarse con fuerza a dogmas es lo más antiliberal que existe y la mejor forma de consolidarse como minoría.

La segunda tarea tiene que ver con el dilema coyuntural. Si se decide una oposición radical, el Partido Liberal está condenado a ser segundón y a empujar una coalición liderada por el Polo para el 2010. Si se entregan las llaves, se acaba con su institucionalidad.

La alternativa es avanzar hacia la unidad a partir de reconocer que la mayoría de los liberales están por fuera del Partido. No se trata de una unidad mecánica, ni de entregarse al Presidente. Lo que se debe hacer es iniciar un proceso de diálogo con los liberales que hacen parte de la coalición de gobierno y trabajar en la identificación de coincidencias. El primer paso es concentrarse en temas que exigen la unidad nacional como la política social, la seguridad, la protección de los derechos humanos y la consecución de mercados competitivos y eficientes. Esa actitud situará al Liberalismo por encima de la oposición, ratificará su vocación de centro, le permitirá ejercer una férrea fiscalización a la administración a la vez que contribuir a la solución de problemas que importan a los ciudadanos.

La unidad es indispensable para sobrevivir y volver a ser opción de poder. Pero ésta se construye, no se decreta. Deberá ser el resultado de un debate sin cortapisas, que prescinda de la intolerancia y las descalificaciones.

La unidad no es inmediata y no se resuelve con entregar unas llaves que nadie ha pedido. Es posible que pase mucho tiempo sin lograrla, pero sin ella el Liberalismo entrará hacer parte del pasado y se reducirá a ser escudero de nuevas fuerzas que interpretan mejor a los electores.

COLOMBIA: DIFÍCIL EQUILIBRIO

Published on August 12, 2006, Page PAGE: 19A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)

Por Rafael Guarín*

Precedido de ataques terroristas contra la fuerza pública comenzó el segundo período de gobierno de Álvaro Uribe. Entre los propósitos expuestos en el discurso de posesión está el de conseguir “equilibrio entre seguridad y paz”.

En Colombia el tema se ha debatido desde perspectivas que convergen con las corrientes idealista y realista. Para los primeros, la salida política implica que el Estado abandone la idea de derrotar a la guerrilla y concentre su actividad en reformas sociales, económicas y políticas necesarias para la paz. Dicho discurso reconoce causas objetivas de la violencia y tiende, en últimas, a justificar la insurrección.

Para los segundos, el ejercicio de la fuerza es fundamental para alcanzar la paz. Este punto de vista evolucionó, a finales de los años noventa, de la aniquilación de los grupos guerrilleros a doblegar su voluntad de lucha. Aunque la retórica gubernamental lo encubre, ese replanteamiento implica tres cosas: reconocer que no es posible vencer militarmente de forma completa a los grupos ilegales, concederles carácter político y destinar las acciones bélicas a obligarlos a sentarse en la mesa de negociación.
El idealismo marcó los esfuerzos de los gobiernos de Belisario Betancur y Andrés Pastrana.

En ambos casos, el grupo guerrillero empleó los diálogos para su fortalecimiento militar y político. Desde la época de Jacobo Arenas aprendieron a sacar provecho de la “combinación de las formas de lucha” y a utilizar como propaganda los procesos de paz. En otras palabras, la historia enseña que la negociación ha sido una táctica en una estrategia de guerra.

Con la llegada de Uribe en 2002 se definió por primera vez un camino con claridad. Independiente de los excesos, vacíos y errores de la Política de Seguridad Democrática su diseño responde al desafío de los alzados en armas y a los fracasos de los gobiernos anteriores. Desde el realismo se planteó una respuesta militar firme que tiene el respaldo mayoritario de los electores y que se combinó pragmáticamente con la voluntad de iniciar un proceso de paz.

La firmeza en la lucha contra la subversión no es sólo un mandato constitucional, sino una imposición de las acciones presentes y pasadas de las FARC. A pesar de su retórica de diálogo esa guerrilla cree únicamente en la fuerza en relación con el Estado. Su disciplinada ejecución del Plan Estratégico y la inmersión en el narcotráfico para aumentar su capacidad financiera y sostener la guerra popular prolongada, en la que lleva más de cuatro décadas, ratifica su vocación militarista y la voluntad de acceder al poder por las armas.

Con esos antecedentes el equilibrio entre seguridad y paz que busca el Presidente difícilmente encontrará oportunidad. Los ataques de las últimas semanas demuestran que el grupo guerrillero mantiene capacidad ofensiva y que se adaptó a la estrategia de las Fuerzas Militares, mediante el repliegue y la preferencia por la utilización de explosivos. También, que lejos de buscar genuinamente acuerdos de paz emplea el transcurso del tiempo a su favor, dentro de una lógica que asimila el segundo mandato de Uribe a la gran oportunidad para ganar el pulso final al Estado, derrumbando el mayor esfuerzo hecho por gobierno alguno para combatirlos.

Por otro lado, la exigencia presidencial de “hechos irreversibles de paz” es apenas razonable, pero improbable, a menos que con audacia Tirofijo libere los secuestrados y coloque el balón en manos del gobierno. En todo caso, otras opciones como el cese unilateral de hostilidades o el abandono del narcotráfico no parecen posibles a corto plazo.

En la otra orilla, la condición de despejar amplios territorios en el sur del país e intercambiar guerrilleros presos por secuestrados, para su reincorporación a la lucha “revolucionaria”, es inaceptable, so pena de quebrar el apoyo ciudadano y abrir un boquete que arrasaría con los resultados positivos.

En conclusión, teniendo en cuenta que el propio gobierno señala el 2015 para lograr la normalidad y la paz en el país (Colombia – Visión 2019), al finalizar su gobierno Uribe podría no haber doblegado la voluntad de lucha de las FARC, ni comenzado un proceso de negociación política. Esperemos equivocarnos y que mucho antes se acabe el círculo vicioso de la guerra.

SIN EXTRADICIÓN NO HAY JUSTICIA

Published on August 25, 2006, Page PAGE: 21A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
www.semana.com - Fecha: 08/19/2006 - Edición: 1268

Rafael Guarín analiza las implicaciones para el país de que se hiciera realidad el propósito de paras y narcos de prohibir la extradición.



Por Rafael Guarín

En Bogotá aparecieron gigantescas vallas con la leyenda: “justicia si, extradición no”. Los avisos sirven a la estrategia de los paramilitares-narcotraficantes para evitar su envío a Estados Unidos, a través de una reforma a la Constitución. La suspensión actual de su extradición aplaza un problema al que tarde que temprano hay que hacer frente.

En la mesa de negociación con el gobierno, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) nunca efectuaron demandas políticas, económicas o sociales. Lo “único” que buscaron fue mantener su patrimonio, producto de la guerra y el narcotráfico, garantizar la impunidad de sus delitos y evadir la justicia estadounidense.

Sobre esto último el ministro del Interior saliente, Sabas Pretelt, dijo hace algunas semanas que “a las personas que son solicitadas en extradición y se comprometen en serio con un proceso de paz firmado con el gobierno, se les suspende la extradición. Y si cumplen todos los requisitos de la Ley de Justicia y Paz, la resolución pierde fuerza ejecutoria una vez salen de la cárcel”. En otras palabras, el gobierno colombiano no extraditará a los narcotraficantes vinculados al paramilitarismo una vez se desmovilicen y cumplan una pena simbólica que no será mayor a ocho años.

Pero el tema tiene otras aristas. Tal y como esta planteado la no extradición depende de la voluntad del presidente de turno. De hecho, un nuevo gobierno podrá realizar la extradición, pues la figura jurídica de pérdida de fuerza ejecutoria en estas materias no existe, en cambio sí la voluntad de la administración Bush de reclamar a dichos delincuentes. La situación es sumamente peligrosa, pues abre la puerta para que se repita la violencia y el terrorismo en el afán de frenar su futura implementación. Los colombianos lo saben porque vivieron la guerra del cartel de Medellín contra el Estado a finales de los años 80.

Eso explica que las AUC insistan en reformar la Constitución para garantizar que no se extraditarán sus líderes, cuando las condiciones políticas cambien. Hace unos meses, Rocío Arias, una de las parlamentarias más cercanas a esa organización, presentó un proyecto a la Cámara de Representantes y paralelamente se ambienta un referendo.

No se debe pasar por alto que la extradición es un mecanismo de cooperación judicial indispensable en un mundo donde el crimen se globalizó. No es un problema ideológico o imperialista. Es un instrumento de seguridad nacional ante la debilidad del Estado. Casos como el de Jamundí, en el que una patrulla del Ejército asesinó a 10 de los mejores policías antinarcóticos, demuestran la vulnerabilidad de la fuerza pública y el poder corruptor del narcotráfico. Su prohibición convertiría al país en un santuario de delincuentes y al narcotráfico en un negocio de bajo riesgo.

Asumir como regla general la eliminación de la extradición en procesos de paz es una invitación a que los narcotraficantes se disfracen de paramilitares o guerrilleros, conformen grupos armados y cometan masacres, para obligar al Estado a una negociación y obtener protección ante la justicia norteamericana.

Esa medida probablemente aumentaría la violencia y provocaría la aparición de nuevos grupos armados en diferentes regiones del país. Es un camino que puede llevar a Colombia a la fragmentación de facto de su territorio entre los “señores de la guerra”, tal como ocurre en Afganistán. Síntoma de que no se esta lejos de ese escenario es el reciente enfrentamiento del Ejército con miembros de la escolta personal de “Don Diego”, un poderoso narcotraficante del Valle del Cauca. Sus hombres vestían prendas militares y utilizaban morteros.

Desde esa perspectiva, la aplicación rigurosa de la extradición tiene dos caras. Por un lado, es un elemento disuasivo que evita la profundización y extensión de la guerra, al tiempo que golpea su principal fuente de recursos: el narcotráfico. Pero también complica la salida negociada al conflicto. Nadie va a entregar las armas si sabe que terminará sus días en un calabozo extranjero. Lo que implica que la paz debe involucrar necesariamente a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, y ligarse a la solución del problema de producción, procesamiento y tráfico de alucinógenos.

Una modificación a la extradición afectará gravemente las relaciones con Estados Unidos de las cuales depende gran parte de la financiación de la Política de Seguridad Democrática, sin mencionar los efectos negativos que en el comercio pueden ocasionarse. A pesar que Colombia es un país muy importante en América Latina, es vano creer que es un socio estratégico indispensable.

Finalmente, respecto a delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, las reformas a la Constitución no son oponibles a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Hay motivos en exceso para que paramilitares y guerrilleros sean reclamados por ese organismo.

A pesar de la complejidad del tema, esperemos que el gobierno colombiano decida de una vez por todas extraditar a los paramilitares-narcotraficantes y no ceda ante sus amenazas. O por lo menos, que no incluya en la reglamentación de la Ley de Justicia y Paz una cláusula que acabe, para estos casos, con la extradición o admita el trámite de un nuevo proyecto de ley o de una reforma constitucional que tengan el mismo efecto. El mensaje sería muy grave para la comunidad internacional y muy favorable a los violentos que tendrían la certidumbre de la impunidad total.

ANTROPOFAGIA GUERRILLERA

Published on June 22, 2006, Page PAGE: 14A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)


Foto tomada de www.semana.com

Por: Rafael Guarín
Los antiguos socios en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar parecen hoy más enemigos que aliados. Hace pocos días el Bloque Oriental de las FARC anunció una campaña de exterminio contra “revolucionarios que actúan al servicio del enemigo” y que hacen parte del ELN. El mensaje publicado en su página web refleja el nivel de tensión entre esas organizaciones. En Arauca se combaten abiertamente, mientras en algunas zonas del suroccidente colombiano realizan operaciones conjuntas.
El desencuentro tiene profundas raíces políticas. Por una parte, así su retórica diga lo contrario, las FARC desde hace varios años decidieron apostar a la toma del poder a través de las armas y relegar la negociación. Tanto en el gobierno Betancur como en el de Pastrana los diálogos de paz fueron más una táctica al servicio de la estrategia bélica. A partir de la séptima conferencia de 1982 se inició el fortalecimiento de la vía militar, al punto que en la década anterior saltaron de la guerra de guerrillas a la de movimientos. El Plan Colombia y la Seguridad Democrática los obligó a un repliegue estratégico.
El rumbo del ELN fue distinto. A finales de los años ochenta se impuso la línea guerrerista y se desechó la negociación con el gobierno, pero hacia 1996 su acción política y militar llegó al punto de inflexión y comenzó a descender, abriendo un debate interno que apunta al diálogo. Sin duda, el aparato coercitivo del Estado y principalmente los paramilitares habían mermado la estructura y golpeado severamente sus bases sociales. Con el tiempo, esa agrupación se encontró en un escenario muy complejo, al que se sumaba la penetración de las FARC en sus regiones de influencia. No inmiscuirse como esa guerrilla en el narcotráfico significó que su capacidad militar se rezagara. Perdió en ese terreno pero ganó maniobra en lo político.

El nuevo periodo de gobierno de Álvaro Uribe coincide con una segunda fase de la Seguridad Democrática. Aunque el conflicto armado se niega en el vocabulario gubernamental, lo cierto es que los documentos oficiales trazan una estrategia dirigida a doblegar la voluntad de lucha de las organizaciones guerrilleras, como paso hacia la negociación política. La respuesta de las FARC y del ELN es diferente.

En las FARC no se aprecian señas de acoger un proceso de paz. En cambio en el ELN parece haber disposición de negociación y afán de legitimidad política. Su propuesta de Convención Nacional para solucionar el conflicto y la reducción de los ataques a la infraestructura, demuestran la preferencia interna de la acción política respecto a la armada. Es revelador que antes de las elecciones parlamentarias el grupo haya invitado a votar a los ciudadanos, lo que es un cambio de enorme magnitud en una organización partidaria de la abstención desde la época del cura Camilo Torres. También lo es su intervención a favor del Polo Democrático y del Partido Liberal en la contienda presidencial.

Un proceso de paz exitoso con el ELN sería clave para propinar una segunda derrota política a las FARC, después del repudio masivo de la población expresado a partir de 2002. Ojalá estemos equivocados, pero todo indica que esa agrupación se concentra en ganar el pulso al Estado quebrando la Seguridad Democrática en las próximas elecciones presidenciales. No es absurdo, ni prematuro ese razonamiento. Si el grupo guerrillero mantiene capacidad operativa para demostrar que sigue vigente y que el esfuerzo estatal es un fracaso, es posible que se abra paso entre los electores volver a la mesa de negociación y limitar el ejercicio legítimo de la fuerza. Además, el reloj de la guerrilla gira más despacio, finalmente desarrollan una guerra popular prolongada que lleva más de cuarenta años.

Pero el proceso con el ELN rompe esa lógica, “desparamilitariza” las negociaciones del gobierno, demuestra que son posibles y compatibles la respuesta militar y la salida política. Igualmente, arrebata o por lo menos neutraliza las banderas de diálogo a la coalición de centro izquierda que enfrentará en las elecciones de 2010 a las fuerzas gubernamentales. En síntesis, puede contribuir a generar un escenario donde la Seguridad Democrática se prolongaría más allá de Uribe. Eso sería fatal para las FARC que después de ocho años de mano dura esperarán un respiro.

Por todo lo anterior, es apenas comprensible que esa guerrilla vea en el proceso con el ELN una grave amenaza. Los “elenos” comprometidos sinceramente con la paz se convertirán en objetivo militare de los “farianos”, pero en zonas donde trabajan conjuntamente es posible que las FARC absorban algunas disidencias, lo que se facilitará por la relativa autonomía con que cuentan en el seno de la organización.

En la búsqueda de la paz el ELN encuentra el principal enemigo en quienes han sido sus socios y no en sus antagonistas históricos. El gobierno y los partidos de oposición deben contribuir al fortalecimiento del proceso y a la construcción de una ruta que les proporcione un ingreso apropiado a la lucha democrática. No es el momento de la duda. En 1973 la Operación Anorí pudo acabar ese grupo, pero se dudó. Más de treinta años después, la duda no cabe para conseguir por la negociación el fin de una organización que aún no está derrotada.

COLOMBIA DIBUJA UN NUEVO MAPA POLÍTICO

Published on June 4, 2006, Page PAGE: 29A, Nuevo Herald, El (Miami, FL)
Foto tomada de www.semana.com

RAFAEL GUARIN
Especial para El Nuevo Herald

Los resultados electorales del 28 de mayo ratificaron las encuestas. El presidente Alvaro Uribe, al frente del Partido Social de Unidad Nacional, obtuvo una victoria indiscutible y eliminó las dudas que la oposición quiso generar sobre la transparencia de las elecciones.
Ganó también, y ampliamente, el Polo Democrático. Nunca antes la izquierda obtuvo una votación tan alta, ni había desplazado al Partido Liberal en las urnas. Sin duda, en estas elecciones se consolidó la transformación del mapa político que se inició después de promulgada la Constitución de 1991. He aquí algunas claves para interpretar lo ocurrido.
• La posibilidad de la reelección presidencial hace de la actividad gubernamental una campaña permanente. Lo mismo ocurre con la oposición. Este hecho convierte a las elecciones en una especie de sistema de rendición de cuentas. Los ciudadanos cotejan la gestión de gobierno con las propuestas de la oposición y sacan conclusiones. Las encuestas demostraban la satisfacción de la mayoría con la labor del presidente y su negativa a cambiar de gobierno. Por esta razón, Uribe casi no tuvo necesidad de hacer proselitismo.
• A pesar de la Ley de Garantías son evidentes los factores de desequilibrio en la competencia política. Es imposible diferenciar el presidente del presidente-candidato, lo cual le otorga mayor acceso a los medios de comunicación. Sin embargo, la inclusión de financiación pública y previa para las campañas presidenciales fue un acierto. Sin ella la oposición no hubiera podido participar en las elecciones.
• Los electores de hoy son más independientes, mejor informados y tienen más altos niveles de educación. El peso del voto urbano es abrumador. Una de las consecuencias de la mediatización de la sociedad es la personalización de la política y la pérdida de identidad partidaria. Importan para los ciudadanos más los candidatos que los partidos. Las organizaciones políticas y los aspectos ideológicos pasaron a un plano secundario.
• El clientelismo es cada vez menos importante en este tipo de elecciones. En zonas tradicionalmente liberales, como la Costa Atlántica, el Polo superó al liberalismo, con excepción de Córdoba y Sucre. Las colectividades tradicionales no lograron adecuarse al nuevo escenario de la democracia. Lo que les queda está anclado a los sectores rurales. Los electores de las grandes ciudades responden al mensaje político de los candidatos y no a las maquinarias que en el pasado hicieron grandes al liberalismo y al conservadurismo.
• Los resultados son la prueba reina del fin del bipartidismo. Durante más de 150 años la política y la emulación democrática o violenta fue entre liberales y conservadores. El Partido de Caro subsiste pegado al presidente y el de Benjamín Herrera no llega a ser ni la sombra de lo que fue. El país ya no es liberal ni conservador. Es independiente.
• La política se realizará alrededor de dos coaliciones: una de centro-derecha y otra de centro-izquierda. La primera opción de gobierno que tiene la oposición es el Polo y no el liberalismo. El viejo partido no tiene las credenciales suficientes para que los ciudadanos le crean su discurso de izquierda que a veces parece más radical que el del Polo. El Partido Liberal terminó compitiendo por los electores ideologizados de la tradicional izquierda democrática y descuidó el grueso de los electores.
• Los votos no se endosan. Una gran parte de quienes en el pasado votaban por el Liberalismo se dispersaron entre Alvaro Uribe y Carlos Gaviria. A pesar del compromiso de Rodrigo Rivera, Rafael Pardo y Andrés González, su votación no se reflejó en la de Serpa. El candidato liberal no representó nunca nada de lo que motivó a los electores a votar por sus competidores en la Consulta Liberal.
• La oposición jugó mal. Rechazó el respaldo ciudadano a la Seguridad Democrática. Con sus ataques terminó colocando el debate político en ese campo y jugando de visitante. Uribe, sin mayor esfuerzo, logró que los colombianos escogieran entre su política de seguridad y la de quienes manifestaban rechazarla, sin proponer nada convincente en la materia.
Como señala Dick Morris: ``Cuando un oponente tiene una clara zona de superioridad, lo mejor es pasarla por alto''.
• Hay más antiuribismo que Polo. Con la ayuda de Uribe, el Polo encarnó mucho mejor el antiuribismo que Horacio Serpa. Carlos Gaviria acabó con la candidatura liberal cuando recordó la embajada ante la OEA. La victoria del Polo frente al liberalismo no se circunscribe al 28 de mayo y, como dijo Antonio Navarro, es ''el primer paso hacia la Casa de Nariño''. El propio Uribe lo reconoció al graduarlo como su contradictor.
• El Partido Liberal nunca volverá a ser el mismo. Está en una encrucijada. Dejó de ser la columna vertebral del sistema político. Su histórica división interna entre centro-derecha y centro-izquierda lo conduce a una insalvable división. Para mantener su consistencia el ala de izquierda está abocada a sumarse a la coalición liderada por el Polo. Igual ocurre con el otro sector, pero respecto a la coalición gobernante.
Institucionalmente, el Partido Liberal tomará uno u otro camino dependiendo de quien gane el pulso interno. Por lo pronto, Uribe se apresuró a abrir la puerta para que el Liberalismo oficialista baje la guardia.
Nota: por equivocación en la edición se menciona al Partido de la U, realmente Uribe fue elegido por una coalición amplia.

¿QUIÉN MATÓ A GALÁN?

www.semana.com - Fecha: 07/08/2006 - Edición: 1262
Foto tomada de www.semana.com

Santofimio encarna esa sociedad que aún no hemos logrado superar y que es la verdadera asesina de Galán.
Por Rafael Guarín
Avanza el juicio por el asesinato, en 1989, del candidato presidencial Luis Carlos Galán. El acusado, Alberto Santofimio, representa el típico ejemplar de la fauna política de la época. Ese dirigente tradicional, portentoso orador y miembro del Partido Liberal, al que también perteneció su socio político Pablo Escobar, no es la excepción de un período vergonzoso en el que el narcotráfico comenzó a confundirse con la élite colombiana.
En los años 80, el único político contundente en la lucha contra las mafias fue Galán. Su posibilidad de gobernar atentaba no solamente contra las cabezas de los carteles, sino contra una red económica, social y política que sustentaba gran parte del poder, legal e ilegal. La sociedad en su mayoría aceptó, toleró o usufructuó el narcotráfico.
La dirigencia política convivió con “Pablo”, disfrutó de su “generosidad”, compartió intereses y no le importó hipotecar el futuro del país al narcotráfico y la violencia. Al Congreso lo arrodillaron, al punto que el partido de gobierno terminó dividido frente a la extradición en el intento de la administración Barco de reformar la Constitución. Aún resuenan las frases valientes del ex presidente Carlos Lemos, entonces Ministro de Gobierno, cuando retiró el proyecto ante lo que se iba a convertir en una legislación para los capos.




foto tomada de www.semana.com
La muerte de Galán era un imperativo para muchos. Los narcotraficantes temían la extradición, los políticos vieron una amenaza reformista a las condiciones que les permitían monopolizar el poder político en un sistema fundamentado en el clientelismo y la corrupción y los sectores económicos trabajaban las jugosas ganancias del tráfico de drogas.
Cinco años después, el proceso 8.000 le dio la razón. Se corrió el velo de un contubernio que vinculó con dineros calientes a la clase política y la delincuencia organizada. Ante el primer escándalo de ese tipo (1983), el bipartidismo propuso la creación de un “Tribunal de Honor” para adelantar investigaciones y tomar correctivos. Nunca se conocieron los resultados de la pesquisa ni las esperadas medidas. Esa actitud se mantiene. La llamada “apertura democrática” de Betancur no incluyó disposiciones que blindaran la política contra la influencia del narcotráfico. La Constitución de 1991 tampoco, ni la reforma política de 2003. El tema parece no importar a los gobiernos y a quienes expiden las leyes.
La elección parlamentaria de 2002 ratificó que la mafia mantenía incólume su capacidad corruptora y mostró sin tapujos su influencia en el poder político. Sólo así se puede entender la declaración de Mancuso sobre la relación del paramilitarismo narcotraficante con la elección de más del 35% de los congresistas. Pero, al igual que hace dos décadas, contó con la indiferencia general y preocupó genuinamente a muy pocos políticos, académicos y voces independientes.
En este tema, a veces la ruta parece ir hacia el pasado. ¿Cómo se puede explicar que los grandes capos se muevan en el Valle del Cauca, conformen ejércitos privados y en casos aislados sometan a miembros de la fuerza pública a su mando? ¿Cómo es posible que se conozca la ubicación de las fincas en las que se ocultan periódicamente los “traquetos” y no haya sido posible capturarlos? La respuesta pasa por la complicidad de vastos sectores de la sociedad, la debilidad del Estado y la imposición del crimen.
Pero la invocación del pasado no es exacta. Vale la pena cuestionarse sobre cómo los herederos de Pablo Escobar, narcotraficantes disfrazados de paramilitares y paramilitares convertidos en narcotraficantes, lograron lo que él no pudo: impunidad de la justicia con la excusa de ser actores políticos del conflicto armado interno. Ahora su meta, como fue la de Escobar, es evitar la extradición a Estados Unidos sin importar el costo. Lo mismo pretenderán algún día las Farc.
Santofimio encarna esa sociedad que aún no hemos logrado superar y que es la verdadera asesina de Galán. Una sociedad cómplice, por indiferente, que en algunos sectores sigue aceptando en voz baja el narcotráfico, que juega en la delgada línea que distingue lo legal y lo ilegal, que es suave y alcahueta con el paramilitarismo metido hasta los tuétanos en el negocio, e indolente con las víctimas del conflicto armado. El proceso judicial que se adelanta en su contra es la oportunidad para hacer un juicio despasionado pero crudo de la sociedad colombiana de las últimas décadas. ¡Hagámoslo!

FUEGO MAFIOSO

www.semana.com - Fecha: 05/27/2006 - Edición: 1256

“La respuesta del gobierno al episodio de Jamundí fue la adecuada. Bien hace en respaldar la gestión de la Fiscalía y rechazar que la justicia penal militar se encargue del proceso”, afirma Rafael Guarín.

Por Rafael Guarín

Las palabras del presidente Álvaro Uribe y las dudas de Francisco Santos respecto de las versiones iniciales sobre la forma como ocurrió la muerte de 10 policías y un civil por hipotético “fuego amigo” reflejan que algo huele mal, muy mal. Las preguntas hasta ahora sin respuesta generan sospecha sobre la posibilidad de que detrás de la acción se encuentren intereses de los capos de la droga. De establecerse esa relación, sería de suma gravedad para el Ejército y un duro golpe a su credibilidad.
El “fuego amigo” es una expresión acuñada para describir los casos en que tropas del mismo ejército o unidades de distintas fuerzas, pero pertenecientes al mismo bando, se enfrentan accidentalmente. No es una situación nueva. En las dos guerras mundiales muchos soldados cayeron por fuego de sus tropas o aliados. Desgraciadamente, esos errores militares se siguen presentando aún en el ejército más poderoso y con mayor tecnología del mundo. Se ha dicho que en la Guerra del Golfo de 1991, un porcentaje importante de bajas inglesas fueron ocasionadas por “fuego amigo” norteamericano. En Irak, el “fuego amigo” ha dejado muchas víctimas. Por ejemplo, en abril de 2003, un avión de Estados Unidos bombardeó un convoy de civiles kurdos y de fuerzas especiales de su propio país.
El error resulta de información equivocada, incompleta o inexistente. Se produce por déficit de inteligencia y en la individualización del enemigo. Estas fallas dejan entrever falencias de comunicación, planeación y coordinación en las operaciones. En el caso de Jamundí, el hermetismo que debía rodear la acción policial sacrificó la coordinación con el Ejército. Empero, más que “fuego amigo”, las versiones publicadas y las dudas del gobierno parecen indicar que se trató de “fuego mafioso”.
No se comprende cómo las tropas no atendieron los gritos de las víctimas que se identificaron como policías. Tampoco cómo los militares pasaron por alto los distintivos que los acreditaban como tales a plena luz del día, ni qué actividad cumplían en esa zona y mucho menos los supuestos disparos a quemarropa. Pareciera que a los agentes no se les dio oportunidad de rendirse y que no brindaron resistencia efectiva. Todo eso hace evocar más el vil asesinato de la familia Turbay Cote por las FARC, que un típico evento de “fuego amigo”.
La respuesta del gobierno fue la adecuada. Bien hace en respaldar la gestión de la Fiscalía y rechazar que la justicia penal militar se encargue del proceso. Esa decisión contribuye a garantizar la imparcialidad de la administración de justicia, a dar transparencia a la investigación y eventualmente a castigar a quienes puedan ser responsables del presunto crimen. Pero no es suficiente. De comprobarse que la matanza tiene relación con las mafias, quedan al desnudo las flaquezas de las Fuerzas Militares ante el poder de la corrupción. No sería extraño, hacen parte de una sociedad en la que la política, la iglesia, el deporte, los empresarios y hasta la farándula han sido infiltrados por el narcotráfico.
Se debe preservar la institución y no extender un manto de dudas sobre gran parte de la oficialidad que con convicción y rectitud defiende la democracia y el estado de derecho. La coyuntura actual es una excelente oportunidad para que se determinen responsabilidades y por esta vía se depuren las Fuerzas Militares. Es el momento de revisar los mecanismos de seguimiento y control en el seno del Ejército e iniciar una purga integral que no debe quedarse solamente en titulares de prensa que afecten a generales y coroneles.
Es conveniente que con una óptica de prevención se haga un estudio detenido de las vulnerabilidades que presentan las Fuerzas Armadas en los enclaves regionales del narcotráfico y el paramilitarismo. Aunque no existe una política de Estado o de gobierno que fomente las autodefensas o proteja a los mafiosos, es forzoso reconocer que algunos militares y políticos han cedido ante esos poderes de facto.
La corrupción es un gran peligro para cualquier política de seguridad. Desestimula el trabajo honesto y comprometido de nuestros soldados, quiebra la moral y facilita el olvido de los deberes que tienen en la defensa de la soberanía nacional y seguridad de los ciudadanos. Su presencia cambia la escala de valores y termina reventando cualquier esfuerzo por lograr mayor eficacia en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales.
No se trata de sentar olímpicamente en la silla de los acusados a nuestros oficiales, ni de repetir discursos sectarios y condenatorios que suelen interesar a enemigos de la Constitución. Lo que se propone es tomar el toro por los cuernos. Los colombianos no justificaríamos de ninguna manera los esfuerzos que se hacen si casos como los de Guaitirilla se convierten en pan de cada día.
Nota: ¿Y el Ministro de Defensa dónde está?