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PIEDAD, UNA CABEZA LLENA DE...

EL NUEVO HERALD. Miami. Publicado el domingo 06 de julio del 2008

RAFAEL GUARIN

La semana pasada Jorge Ramos dedicó su columna de El Nuevo Herald a relatar una entrevista con Piedad Córdoba. Obviamente la senadora aprovechó para tergiversar la realidad colombiana, reproducir los discursos legitimadores de la violencia y hacer apología del crimen. En sus palabras hay por lo menos diez ejemplos:

• Según Piedad, las FARC no son el problema de Colombia y los grupos armados ilegales son ''consecuencia de un modelo de desarrollo injusto y excluyente''. ¡Mentira! Las FARC las creó el Partido Comunista y el ELN fue auspiciado por la revolución cubana. Surgen para conseguir el poder por las armas y no son resultado de las desigualdades que caracterizan a cualquier nación en vía de desarrollo. Por su parte, los paramilitares fueron más instrumentos del narcotráfico.

• ''El conflicto colombiano lleva 60 años''. Es el falso mito fundacional de las FARC. La muerte de Jorge Eliecer Gaitán en 1948 acentuó la violencia entre los partidos políticos, pero es equivocado creer que sea el origen de las actuales guerrillas. Estas surgen de la mano de ideologías foráneas que utilizan la problemática social para legitimar crímenes y disfrazarlos de causa política. No es el apoyo popular, ni la existencia de un ''conflicto'', es el narcotráfico el que impide que hayan desaparecido.

• Raúl Reyes y Manuel Marulanda tenían ''buena voluntad y la intención [de liberar] a los rehenes por parte de las FARC''. Además, Piedad cree que se necesitan más Marulandas ''para que Colombia pueda salir de todo este hoyo profundo en que está''. ¿Cuál buena voluntad? ¿Cuál? Nunca debieron secuestrarlos, tampoco someterlos a tratos crueles e inhumanos y, mucho menos, mantenerlos en la selva por tantos años. La ''buena intención'', que exalta la camarada, se traduce en la orden de asesinarlos en caso de rescate y en querer institucionalizar el secuestro bajo el disfraz de ''acuerdos humanitarios''. ¡Por Dios! ¡Colombia no merece más terroristas!

• Señaló que el gobierno colombiano prometió 100 millones de dólares por información que condujera al rescate de Ingrid Betancourt ''en un operativo similar al que hicieron cuando invadieron territorio ecuatoriano''. Esa opción estaba descartada. Por el contrario, la decisión era realizar un ''cerco humanitario'' e informar a la comunidad internacional la ubicación de los secuestrados, para evitar su asesinato por las FARC. Al igual que pagar recompensas a los guerrilleros a cambio de que los liberaran. La magnífica acción de inteligencia con la que las fuerzas militares consiguieron el regreso de Ingrid y 14 cautivos más lo demuestra.

• El ''principal obstáculo'' para el acuerdo humanitario es Alvaro Uribe, cuyo gobierno es un ''régimen mafioso''. La senadora omite que Colombia es una democracia donde a pesar de dificultades y altibajos el estado de derecho funciona. La mejor prueba son las actuales investigaciones y condenas a políticos de la coalición de gobierno y de la oposición por relaciones con grupos narcoparamilitares. Entre otras cosas, algunos de ellos avalados por la propia Piedad en las elecciones de 2003.

Olvida que la administración Uribe llegó al absurdo de ofrecer la excarcelación de todos los farianos a cambio de la libertad de Ingrid y de pedirle junto a Chávez ayuda. Ambos terminaron asumiendo la condición de cancilleres de la guerrilla. Para colmo de males, el semanario francés París Match reveló que de acuerdo a comunicaciones entre cabecillas de las FARC, en diciembre, Córdoba les recomendó no liberarla. ¡Aberrante!

• Las computadoras incautadas a las FARC son ''un montaje'' y ''una mentira''. Obvia afirmación de quien enfrenta dificultades jurídicas por presunta complicidad con esa organización. Hace unos días el Comité Ejecutivo de Interpol ''respaldó íntegramente'' el informe del secretario general y ''todas sus conclusiones''. La agencia ya había ratificado que las laptops no fueron alteradas por las autoridades colombianas.

• Miembros de las FARC no se refugian en Venezuela y lo que existe es una estrategia diseñada por el gobierno colombiano y el Departamento de Estado norteamericano. ¡La misma excusa de Chávez¡ La verdad es que no sólo están en Venezuela, también su gobierno les ofreció financiación, armas y protección. Testimonios de desmovilizados de la guerrilla, exsecuestrados y múltiples decomisos de armamento y munición lo comprueban, para no hablar de los correos electrónicos de Iván Márquez, ni de comunicaciones interceptadas.

• Uribe juega a ''la salida de guerra'' y no a ''un proceso de paz''. Quienes pretenden hacer la guerra al estado colombiano son el narcotráfico y las guerrillas. La política de seguridad democrática ha pacificado la casi totalidad del país y el ejercicio legítimo de la autoridad ha sido el más exitoso proceso de paz.

• En Colombia se ''quiere matar a todo el que piense distinto''. Tampoco es cierto. La oposición tiene garantías democráticas a pesar de que subsisten problemas de seguridad. En 2007 fueron asesinados 30 candidatos, la mayoría de partidos uribistas y algunos del liberalismo. Ninguno de izquierda. Casi todos por balas de las FARC.

• Finalmente, reconoce que no ''puede aspirar a la presidencia de Colombia'' por ''el desgaste'' político que ha ''sufrido''. Eso no piensan ella, Chávez y las FARC, que de acuerdo a los emails de la cúpula terrorista, apoyan su candidatura.

¿Qué está detrás de ese discurso? La legitimación de la existencia y accionar de las guerrillas y la correlativa deslegitimación del gobierno, dos elementos indispensables para la ''epopeya revolucionaria''. Es evidente que debajo del turbante de la camarada Piedad no hay precisamente ''una cabeza llena de ideas'', como le respondió a Jorge Ramos. ¿Usted qué opina?

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SENTENCIAS DE ILEGITIMIDAD

Publicado el 1 de julio de 2008 - www.semana.com
Foto de www.semana.com - Corte Suprema de Justicia

RAFAEL GUARÍN

No alcanzó a terminar el discurso el pasado jueves Álvaro Uribe cuando se comenzó a decir que la defensa de la legitimidad era un embeleco y que estábamos ad portas de un inminente fin del Estado de Derecho. La verdad es que hasta ahora nada indica que se esté saltando la ley, ni que el orden constitucional esté en peligro, en cambio sí la legitimidad de las instituciones democráticas.

En una sentencia, contaminada por evidentes intereses políticos y que extralimita su competencia, la Corte Suprema de Justicia colocó en entredicho la legitimidad del gobierno, al señalar que la reelección es “expresión clara y manifiesta de desviación de poder” y al remitir el fallo al Ministerio Público y la Corte Constitucional. Aunque algunos resaltan que se cuestiona solamente éste, sin afectar la voluntad de los más de siete millones de ciudadanos que votaron por Uribe, sectores de oposición ya descubrieron sus cartas: si se vició la reforma constitucional, obligatoriamente también la reelección y, por tanto, la inexorable consecuencia tiene que ser la renuncia del Presidente.

En ese sentido al gobierno le asiste razón en que no se trata de un problema judicial. El propio Carlos Gaviria reconoció que el recurso de revisión ante la jurisdicción constitucional, en estos casos, no existe. Cuestión que conocen los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y que ratifica el contenido puramente político de su pronunciamiento.

Esa maniobra de la Corte es el cierre, con broche de oro, de una estrategia, cuidadosamente ejecutada, de desprestigio y deslegitimación del gobierno. No es un hecho aislado cuyo efecto se quede en el debate jurídico de una reforma a la Constitución. Es mucho más que eso. Para medir su alcance forzosamente se debe interpretar en el contexto de eventos previos y concomitantes.

En marzo de 2007 Piedad Córdoba dijo en un foro en México que Uribe era “responsable de asesinato” y que Colombia representaba un “modelo de muerte, de exclusión y desaparición”. En el Polo Democrático acaban de afirmar que el Presidente es un “dictador populista” y que desconoce los fallos judiciales. El Partido Liberal no se queda atrás. En el exterior Hugo Chávez calificó de mafioso y paramilitar a Uribe. En la semana que culminó Daniel Ortega insistió en que Uribe preside un Estado terrorista y Rafael Correa se negó a reanudar relaciones hasta que Colombia tenga un “gobierno decente”.

Las Farc, felices con el panorama, no se cansan de justificarse repitiendo que en el país hay un “régimen sin legitimidad”. A esas “sentencias” se suma la contundente declaración de la Corte.

Esto contribuye al propósito guerrillero de crear en el exterior la idea de que la seguridad democrática no es más que terrorismo de Estado ejecutado de la mano de paramilitares y narcotraficantes. Y en el plano interno, a dar vuelta a la opinión pública con el fin de dominar el escenario electoral de 2010. Tal lectura pone en tela de juicio la continuidad de la ayuda militar de una posible administración de Obama a una “política criminal” y a moldear un clima internacional favorable a la injerencia de gobiernos que mantienen clandestinas relaciones con la guerrilla. Todo converge en reventar la política de seguridad. Por eso el problema es político y la solución escapa al mundo de los códigos y las barandas de juzgado.

En realidad, el debate sobre la legitimidad se vincula a la guerra irregular que adelantan las Farc y la revolución bolivariana. ¡No es cuento! El profesor Friedrich August Von der Heydte enseña que la revolución se da cuando se agota la legitimidad de la formula política que fundamenta determinado orden y es reemplazada por una nueva, sobre la cual se edifica otro orden. Eso explica que el centro de gravedad de la seguridad democrática sea la legitimidad y que en su contra la guerrilla y su aparato camuflado en la legalidad disparen a discreción. Finalmente, lo recuerda Eduardo Posada Carbó, la “falsa y errada noción de ilegitimidad del Estado colombiano” tiende a “justificar – explícita o implícitamente -, las acciones criminales de los enemigos del Estado”. De ahí que sea válida la referencia de Uribe de que la manifestación política de los magistrados se enmarca en la “trampa del poder del terrorismo agónico”.

Desde este punto de vista, no se trata de “suplantar la justicia con votos” o de vulnerar el Estado de Derecho, en palabras del editorial de El Espectador y de irreflexivos opositores. Se trata de enfrentar con instrumentos constitucionales el desafío político que significa la campaña nacional e internacional de deslegitimación de las instituciones democráticas.

El pleito por la legitimidad está sobre la mesa. En eso no hay duda. ¿Qué camino tomar? En el presidencialismo no existe la posibilidad de disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones, tampoco procedimientos como la moción de confianza que caracteriza el parlamentarismo. No tenemos mecanismos para esta situación. Por eso, resulta por lo menos imaginativa la fórmula propuesta: acudir directamente a los ciudadanos para salvaguardar la legitimidad de la institución presidencial.

LA GUERRA DE GUERRILLAS PASÓ A LA HISTORIA

El Nuevo Herald, publicado el martes 17 de junio de 2008

Foto El Nuevo Herald

RAFAEL GUARÍN

Los gobiernos, medios de comunicación y analistas recibieron como un giro inesperado que Hugo Chávez dijera a las FARC que ''la guerra de guerrillas pasó a la historia''. En realidad no se trata de un cambio de criterio, es más bien un hábil movimiento táctico, que busca oxígeno político en medio de una creciente presión foránea y del deterioro interno de la favorabilidad ciudadana.

El propio Nicolás Maduro lo precisó: ''No es sino la ratificación de una posición histórica del gobierno de Chávez a favor del proceso de paz en el vecino país''. Mucho antes, el ''ideólogo'' de la revolución, Heinz Dieterich Steffan, había señalado que ''la guerrilla clásica ha dejado de ser un acceso estratégico a una sociedad no capitalista''. Eso sí, aclaró, que ``el uso de las armas sigue siendo legítimo en la defensa de los intereses de los pueblos''.

Lo cierto es que la expansión de la revolución bolivariana ha venido a través de las urnas y no de las armas, aunque en países en que temporalmente triunfa no faltó en la carrera al poder la aplicación del principio leninista de combinar las formas de lucha, efectuando actos desestabilizadores y violentos.

Dicha deformación leninista, en la que todo vale, es la que inspira al primer bolivariano del continente a ver en la guerrilla una aliada. A pesar de que sabe que la vía armada no es el camino al poder en Colombia, es consciente de que frente a un establecimiento político adverso la acción armada es útil si se combina adecuadamente con movilización social, injerencia externa, propaganda y participación electoral.

Por eso, en el plano político, la retórica humanitaria la acompaña con alusiones a un proceso de paz, en el que su propuesta de reconocer beligerancia a la guerrilla es sólo un paso en la ruta trazada, pero insuficiente. Se requiere una estrategia electoral que derrote la política de seguridad democrática en las urnas y permita iniciar una negociación con la guerrilla. Ahí entran en escena Piedad Córdoba y el Polo Democrático Alternativo. Todo culminaría, según los planes farchavistas, en una asamblea constituyente que siente las bases de la revolución bolivariana.

¿Qué explica, entonces, que Chávez apoye militar y financieramente a las FARC, si lo que busca es una negociación y no la victoria militar de la guerrilla? Por lo menos dos razones: la recomposición del escenario político y el consecuente cambio hacia los diálogos de paz es posible si se demuestra y se convence a los electores de que después de diez años de Plan Colombia y millones de dólares invertidos, la guerrilla se fortaleció y mantiene gran capacidad militar. Proporcionar misiles y armas antiaéreas al grupo ilegal tiene como objeto, como lo señala un email de alias Iván Márquez, ''de un solo golpe bajar unos 10 aparatos voladores'' y, con ello, modificar ''la concepción de los mandos militares'' y destruir la percepción que tienen los ciudadanos de la política de seguridad democrática.

La segunda motivación, obedece a que la principal hipótesis de guerra de Venezuela es una intervención militar de Estados Unidos desde territorio colombiano y a la utilidad que otorga a la guerrilla para enfrentar la ''agresión imperialista''. ''La contrapartida popular'', aprobada en el Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, consagra que junto a las fuerzas armadas bolivarianas de Venezuela ''cobran especial valor la existencia y el fortalecimiento de las FARC y otras fuerzas insurgentes''. En los países en que ''existen fuerzas insurgentes hay que potenciarlas y desarrollarlas'' y donde no ''procede crear esas fuerzas capaces de disuadir''. Como si fuera poco, el ministro del interior, Rodríguez Chacín, pidió entrenamiento en combate guerrillero a las FARC, consecuente con el planteamiento de guerra asimétrica adoptado por su gobierno.

Finalmente, teniendo claro que nada ha cambiado, ni cambiará en el corto plazo, lo dicho por Chávez son simples fuegos artificiales que buscan reducir el impacto de la información derivada de los computadores de Reyes, reducir la presión internacional por sus relaciones con el terrorismo y evitar probables consecuencias negativas en las elecciones venezolanas de noviembre. Pesa también que McCain y Obama hayan coincidido en exigirle claridad sobre sus nexos con la guerrilla.

En conclusión, fue un giro verbal de 360 grados y un intento de reacomodarse sobre los mismos rieles. Colombia sigue siendo la joya de la corona para la revolución bolivariana, las FARC sus aliados estratégicos y la retórica humanitaria y la paz, las herramienta para expandir el socialismo del siglo XXI. Empero, la comunidad internacional y el gobierno colombiano deben seguir el juego y aprovechar para reclamarle que sus aseveraciones se traduzcan en repudio a la guerrilla. El teniente coronel volverá a quedar en evidencia.

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EL CAMUFLAJE DE LOS FARIANOS

Publicado en www.semana.com el 16 de junio de 2008


Caricatura de Matador. www.eltiempo.com

¿Por qué sorprenderse que existan personas en la política, medios de comunicación, universidades y otros menesteres, que estén orgánicamente articuladas a la guerrilla?

RAFAEL GUARÍN

Las graves revelaciones provenientes de los computadores de Raúl Reyes, que comprometerían a congresistas, académicos, periodistas y “personalidades” con las Farc, confirman la coincidencia ideológica de pequeños pero influyentes sectores de la sociedad con la guerrilla y que ésta cuenta con un entramado político que se camufla en la legalidad.

Entre las reacciones generadas sobresale el evidente doble rasero con el cual se trata a políticos descubiertos en andanzas con el crimen. Revistas, columnistas, programas de televisión y editoriales radiales que se explayan en condenas y excomulgan a todo aquel que se mencione en los procesos contra los paramilitares, sin esperar siquiera investigación o sentencia judicial, están a punto de desgañitarse tratando de desprestigiar los computadores y de crear un ambiente que favorezca la impunidad de los que profesan, desde la legalidad, como adalides del terrorismo fariano.

Durante las últimas semanas se han escuchado y leído las más inverosímiles versiones. “No es lo mismo que un político esté vinculado a los paramilitares que a la guerrilla”, “las Farc no son lo mismo que los paramilitares”, “sí; ambos cometen crímenes pero sus motivaciones son distintas”, “la farcpolítica no es más que una cortina de humo para tapar el régimen narcofacista”. El periódico Voz lanzó la siguiente perla: es una “patraña oficial” y una “escandalosa farsa”, para concluir que se “pretende judicializar la lucha por la paz y el intercambio humanitario”. Tales argumentos demuestran, según el autor, ingenuidad, ignorancia, antiuribismo irracional, propaganda y un intento por encubrir el delito.

Realmente, lo extraño sería que las guerrillas no tuvieran aliados en la legalidad. El senador del Polo Democrático Luis Carlos Avellaneda lo reconoce: “Las Farc y el Eln también han tratado de infiltrar el poder nacional, regional y local de Colombia”. Esto se explica por que el grupo armado visualiza la victoria como resultado de la confluencia entre acción armada e insurrección, esta última, en términos de Lenin, es “la respuesta más enérgica, más uniforme y más conveniente del pueblo entero ante el gobierno”.

Para lograrlo, se requiere que junto al aparato armado se teja un aparato político encargado de la movilización de masas y de promover el levantamiento popular. Uno y otro, muy temprano, se distribuyeron regionalmente. El primero tomó cuerpo en zonas en que la geografía obró como aliada, mientras la acción política se concentró en centros urbanos.

Gilberto Viera, sempiterno Secretario General del Partido Comunista, lo señaló así: “Cuando comienza la lucha armada en Colombia, del 50 en adelante, el Partido elabora su orientación táctica que hemos llamado la combinación de todas las formas de lucha”. “No se excluyen ninguna forma de lucha, sino que se trata de combinarlas todas adecuadamente”. Y cuando Viera decía “todas”, eran todas, es decir, guerrilla, acción de masas, marchas campesinas, brotes de violencia en las universidades, actividad sindical y representación parlamentaria y en los restantes cargos de elección popular, entre otras.

Eso no ha cambiado. El Manifiesto de las Farc y lo que se conoce de la IX Conferencia muestra que ese proceder sigue siendo el instrumento táctico y estratégico. La novedad es la creación del Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3) que opera en desarrollo del plan estratégico o de la llamada Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia. Entonces, ¿por qué sorprenderse que existan personas en la política, medios de comunicación, universidades y otros menesteres, que estén orgánicamente articuladas a la guerrilla?

Las Farc no buscan copar el Congreso a la manera narcoparamilitar, pero si un nuevo gobierno que surja de una alianza con organizaciones y sujetos afines. Más peligroso que el Mono Jojoy es un farcpolítico infiltrado en instancias de decisión estatal y que utiliza las instituciones democráticas para destruir la Constitución. Su capacidad de daño es mucho mayor que la de un cabecilla guerrillero en las profundidades del Vaupés.

Las laptops de Reyes desencadenaron una gran oportunidad de desmantelar ese entramado político aplicando el Estado de Derecho y no la barbarie, camino seguido, en los años ochenta y noventa, por criminales de lesa humanidad que se propusieron exterminar a los miembros de la Unión Patriótica que maniobraban en el marco de la combinación de todas las formas de lucha y también los que estaban ajenos a ella.

Es muy grave que se llegara a demostrar que el Partido Comunista continúa en esa estrategia, ya no como la vanguardia, sino como apéndice de las Farc. Igual si comprueba idéntica conducta en otras facciones del Polo Democrático y del Partido Liberal. Pero más grave sería que la administración de justicia no actúe. Por lo pronto, las declaraciones provenientes de la Corte Suprema de Justicia inquietan. No sea que la mano invisible de comunistas y farianos terminen escribiendo sentencias de impunidad.

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UNIVERSIDADES O SANTUARIOS FARIANOS

Foto del Diario del Huila - Universidad Surcolombiana

RAFAEL GUARÍN
Revista Semana - edición on line. www.semana.com
Fecha: 06/03/2008 -

El 3 de abril estudiantes encapuchados de la Universidad del Valle quemaron una patrulla de policía. A final del mismo mes, jóvenes en la Universidad Surcolombiana de Neiva trataron de quemar vivos a miembros del Esmad. La semana pasada en la Universidad del Tolima un artefacto explosivo, lanzado por un estudiante, por poco degolla a otro y en la Universidad Pedagógica, atacaron con ácido a miembros de la fuerza pública. La cosa no para ahí. Al interior de la Universidad Nacional se presentan amenazas y se persigue a quienes reclaman regresar a las aulas. Docentes renunciaron a cátedras para evitar ser agredidos. Temen ser asesinados.

Los estudiantes de las universidades públicas están en todo su derecho a protestar, pero una cosa, muy distinta, es emplear la violencia e integrar grupos ilegales. Sería estúpido criminalizar a toda la comunidad universitaria, pero más estúpido es contemplar, con los brazos cruzados a los que imponen por la fuerza su voluntad.

Alumnos y profesores pueden opinar y tener la convicción política que les plazca. Hace parte de su ámbito de libertad e impone a las autoridades respetar y proteger ese derecho fundamental. El problema es que mientras algunos deciden manifestarse pacíficamente, otros buscan convertir los campus universitarios en escenarios de guerra.

Esto obedece a una forma torcida de leer la sociedad colombiana y al desprecio a los canales democráticos para tramitar reivindicaciones. Quienes atentan contra la vida de un policía lo hacen bajo la idea que éste encarna la represión y no el ejercicio legítimo de la fuerza del Estado. Creen que en Colombia hay un Estado terrorista y opresor, conclusión a la que llegan después de un cuidadoso lavado de cerebro.

En la galería de los recalcitrantes hay fanáticos, despistados, desadaptados y “estudiantes” de profesión. Es vieja la estrategia de la juventud comunista de infiltrar personas que pasan décadas estudiando (sin graduarse nunca) y saltando de universidad en universidad, haciendo una larga carrera de agitadores y reclutadores.

Otros mamertos, más exóticos, pero no menos bárbaros, son los autodenominados “Guardias Rojos”. A esas modalidades se agrega la presencia del Partido Comunista Clandestino Colombiano, maquina de penetración de las Farc, al que no sólo pertenecen “alumnos” sino apologistas de la violencia, disfrazados de profesores.

Los camuflados en la academia no actúan solos. Se articulan en una agenda coincidente con las guerrillas y aprovechan afinidades con facciones del Polo Democrático y del Partido Liberal. Hacen parte, también, de la Farcpolítica en la medida que operan dentro del célebre postulado de la “combinación de todas las formas de lucha”. ¡Ni más faltaba que los camaradas de las Farc y del Eln renunciaran a tratar de controlar las universidades!

Nada está improvisado. No hay que olvidar que Tirofijo, en “su última proclama”, de diciembre de 2007, recuerda que “es necesario utilizar las diversas formas de acción, movilizaciones con objetivos muy concretos” y que “los cuadros farianos están obligados a conducir las organizaciones de masas bajo su dirección”. El derecho legítimo a la protesta estudiantil está en riesgo cuando la guerrillera y ciertos sectores escondidos en la oposición pretenden interferirla y manipularla. Igual sucedió con las marchas campesinas de octubre del año pasado, la del 6 de marzo y la reciente de los cocaleros. El primer reto de cualquier protesta es mantener su plena independencia de los intereses terroristas.

El gobierno Uribe está demorado en cumplir con la obligación de liberar del miedo y la amenaza permanente a las universidades públicas. Debe ser contundente con los que delinquen para garantizar el derecho a la protesta de los demás. No se puede permitir que los planteles se conviertan en nuevos “caguanes”, en los que una minoría violenta amedranta a los ciudadanos, secuestra el debate y aniquila el imperio de la razón.

La autorización para entrar a las universidades no es suficiente. Se necesita su presencia permanente en las instalaciones. Para eso no se requieren mandatos judiciales, ni acuerdos con directivas. Ya comenzaron a teorizar y a decir que se desconoce la autonomía universitaria. ¡Falso! Quienes la violan son los grupúsculos que la someten mediante el terror. El ingreso de la fuerza pública a las universidades se hace para preservarla. La Policía tiene que respetar las libertades de pensamiento y expresión, al tiempo que protegerlas; debe impedir la violencia, salvaguardar la comunidad educativa y la Fiscalía judicializar a los que cometan crímenes escudándose en la protesta.

Es una excelente oportunidad para demostrar que se puede proveer de seguridad a los claustros, sin vulnerar los derechos, preservando el pluralismo y sin represión. Las bandas en las universidades necesitan héroes, justificaciones para el uso de la violencia y hechos que polaricen contra las directivas académicas y el gobierno. Sueñan con legitimarse, quisieran muertos en sus filas, aumentar simpatías y encontrar eco a la falacia del Estado terrorista, provocando excesos de la fuerza pública. ¡Ojo, en esa trampa no se puede caer!

Por otro lado, es absurdo que los revoltosos sean liberados horas después de su captura o que se mantengan como estudiantes. ¿Dónde está el problema? ¿En la ley? ¿En los reglamentos internos? ¿Se están efectuando detenciones indiscriminadas que se caen por falta de sustento probatorio? ¿Dónde están los organismos de inteligencia? La impunidad que cubre a los vándalos incentiva la repetición y convierte a las universidades en santuarios farianos. ¿Cómo es posible que las terroristas que quemaron un Transmilenio sigan estudiando en la Universidad Nacional? Las aulas no pueden ser canteras de violadores de derechos humanos. La seguridad nunca se conseguirá plenamente mientras en su seno sigan produciéndose criminales de lesa humanidad; para la muestra un botón: Alfonso Cano.

Nota: ¡Las cosas que hay que ver! Al parapolítico Salvador Arana le pareció que afectaba su dignidad que lo esposaran, pero no estar prófugo, acusado de asesinato.

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ALMAS BENDITAS, MARULANDA Y REYES

Foto: Archivo El Tiempo

LAS FARC DESPUÉS DE MARULANDA

EL NUEVO HERALD - Miami. Publicado el miércoles 28 de mayo del 2008

Foto: Archivo El Tiempo. En la Uribe. De derecha a izquierda: La vieja guardia: Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. El nuevo cabecilla: Alfonso Cano

RAFAEL GUARIN

La muerte de Manuel Marulanda, los duros golpes que las FARC han recibido de la fuerza pública, el repudio de la sociedad colombiana, el descubrimiento de sus aliados foráneos y el inicio del desmantelamiento del entramado político legal, plantean serios interrogantes sobre el futuro de esa organización.

La estructura de la guerrilla, los reglamentos de funcionamiento y la obtusa terquedad de sus líderes, les ayudará temporalmente a sobrellevar la adversidad y tratar de conservar la cohesión interna. La organización recompondrá el Secretariado, procurará continuar el desarrollo del ''plan estratégico'', la aplicación de las directrices de la IX Conferencia y la preparación de la ofensiva general ordenada por Tirofijo el pasado 1 de enero. La prioridad seguirá siendo salvaguardar el aparato bélico y la acción política en el exterior, enmarcada en la revolución chavista y la Coordinadora Continental Bolivariana. Tampoco renunciará a tener en la mira las elecciones presidenciales del 2010, no cederá un milímetro en reclamar la desmilitarización de Pradera y Florida, ni liberará a los secuestrados, pues saben que son su carta más importante. En síntesis, no cambiará nada en el corto plazo.

Pero el mantenimiento de la presión militar y la asfixia política amenaza con sacar a las FARC de ese círculo vicioso, que no las llevará a ninguna parte. Los desastres militares y el relevo de los últimos ''marquetalianos'' (fundadores) por una generación que incluye dirigentes formados en las ciudades, debería impactar su dinámica. En principio, es previsible que esto genere espacios de reflexión donde se contemple la posibilidad de comenzar un lento viraje hacia la negociación con el gobierno. A diferencia de los procesos de paz de 1982 y 1998, en este caso, deberán tener la voluntad de desmovilizarse y entregar las armas. Mientras subsista la política de seguridad democrática, la mesa de diálogo no puede repetirse como movimiento táctico dentro de una estrategia de guerra.

A favor de ese escenario está que el nuevo jefe, Alfonso Cano, integra la llamada línea política de la guerrilla; también, el proceso de fragmentación interna y la oportunidad que les ofrece un contexto político de izquierda en América Latina. No obstante ser el camino ideal parecería inviable en el corto plazo. A pesar de todo, las FARC creen que están aguantando con éxito la arremetida, alimentan su mito de resistencia y los asiste la esperanza de que al final la política gubernamental será insuficiente para derrotarlos.

En realidad, las cosas no son tan fáciles para los herederos de Tirofijo. La desaparición de quien oficiaba de bisagra entre el ala militarista y la política tenderá a exacerbar las contradicciones internas. Si Cano no es capaz de manejarlas adecuadamente, se agravarán las condiciones de la guerrilla, dado los tremendos problemas de comando, control y comunicaciones que enfrenta, el severo debilitamiento de las convicciones revolucionarias, la penetración del poder corruptor del narcotráfico y la comprobada eficacia de las recompensas.

Contra la unidad guerrillera conspiran, además, el desconcierto, los juicios de responsabilidad y las diferentes interpretaciones sobre lo que está ocurriendo: mientras algunos farianos piensan que todo es resultado de no emplearse a fondo militarmente y de no jugar duro con terrorismo urbano, otros creen que el énfasis debe ser la guerra política, aprovechando la coyuntura regional y el final del mandato de Alvaro Uribe. En ese contexto, no hay que descartar reyertas violentas durante el período de transición o que la línea militarista y los frentes dedicados por completo al narcotráfico ejerzan todo su peso, incluso, pretendiendo exterminar a dirigentes acusados de aceptar acuerdos con el Estado.

Si se agudiza la división, las FARC estarán al borde de su implosión definitiva. Una muy importante facción negociaría su desmovilización con el Estado, sometiéndose a la ley de justicia y paz; lo anunció Karina: ''prefiero la cárcel a la selva''. Otras estructuras se quitarán la máscara para concentrarse sin reatos en el narcotráfico, aliados con bandas emergentes y nuevos carteles de la droga. Sólo un pequeño número, seguramente, en aisladas zonas de influencia histórica, no renunciará a los fusiles. Es un salto de cincuenta años al pasado.

El gobierno debe obrar con audacia. Es necesario desempolvar la propuesta hecha por el presidente Uribe en agosto del 2006 de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para la paz, previa desmovilización y desarme de las FARC. Del mismo modo, acentuar las recompensas, desarrollar un agresivo programa de atención integral en zonas que son el último refugio de la organización criminal y replantear la relación con los campesinos cocaleros. Es importante no llamarse a engaños; aunque se derrumbó el mito de ''inderrotabilidad'' que le sirvió de cómplice a la guerrilla para cabalgar durante más de cuatro décadas en el lomo de la violencia, es prematuro afirmar que se encuentra en estado terminal y en una situación irreversible. Por lo pronto, esperamos el minuto de silencio que Chávez y Correa ofrezcan al camarada fallecido. Ortega se les adelantó.

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EL GOLPE DE GRACIA

Saúl Hernández.
Columnista de EL TIEMPO.
26 de marzo de 2008

La debacle de la guerrilla obligó a Marulanda a colgar la toalla.

El 2008 será recordado como un año histórico para Colombia. El otro 'secretariado', el de las autodefensas, está a buen recaudo en cárceles de verdad y enfrenta condenas que en nada se parecen al generoso castigo propuesto en la Ley de Justicia y Paz. Por su parte, el secretariado de las Farc tuvo su marzo negro -luminoso para Colombia-, que se llevó de un ramalazo a tres de sus miembros -incluyendo al principal de sus asesinos, 'Tirofijo'- y tal parece que hay otros con un pie en la tumba; el Ejército les respira en la nuca y ya no pueden confiar ni en su gente más cercana.

A ello se suman los narcos, que caen como moscas; los que se aliaron con 'paras' para cometer delitos y no simplemente para defenderse, que pasarán un buen tiempo en las cárceles; y los que apoyaron a las guerrillas con la mascarada de buscar la paz o de hacer acuerdos humanitarios mientras conspiraban contra el país entero, varios de los cuales terminarán en la sombra.

Pero, sin duda, dentro de esta cadena de sucesos, la muerte de 'Tirofijo' ocupará lugar preeminente porque con él se muere la horda que dirigía. En su epitafio habrá que escribir que "fundó y enterró a las Farc". Y las enterró a voluntad porque la suya es la historia de un fracaso que, al tenor de sus años, debió hacerle sentir una gran decepción y una frustración inmensa, que terminaron matándolo. En realidad, poco importa si lo mató un infarto o una bomba; la guerrilla siempre miente y el Gobierno ha demostrado hablar con la verdad, pero lo cierto es que las penas matan y 'Marulanda' debió sentir una honda pena moral viendo cómo se derrumbaba su delirio revolucionario.

Pena moral porque el grupo terrorista ya no es capaz de ejecutar ofensivas como la que él ordenó desatar por los días de año nuevo; pena moral por el incontenible repudio nacional expresado en la marcha del 4F; pena moral porque ya no pueden dormir tranquilos ni en refugios vecinos, como quedó claro con la muerte de su yerno, 'Raúl Reyes'; pena moral por la descomposición interna develada con la muerte de 'Iván Ríos'; pena moral por la incomunicación de sus bloques y las deserciones, como lo evidenció la sanguinaria 'Karina' -hoy autoproclamada 'santa'-; pena moral por la desnudez de muchos secretos contenidos en los computadores de 'Reyes'; pena moral por ser el mejor promotor de Álvaro Uribe y las políticas de su gobierno...

'Marulanda' murió con plena conciencia de que las Farc van por un despeñadero insalvable. Sabía que ya no es asunto de esperar en la retaguardia a que pase el chaparrón de este gobierno y que no basta con el oxígeno que les prestan poderosos amigos de la 'causa'. El viejo se creyó el cuento de que iba a hacer germinar la entelequia marxista en Colombia, donde hasta los pobres detestan esos desvaríos. Pudo hacer la paz muchas veces y terminar sus días como un prócer, pero en la perturbación de su mente no cabían términos medios, 'revolución o muerte', y aquella lo mató.

La debacle de la guerrilla lo mató de tristeza, lo obligó a tirar la toalla, no cabe duda. Y lo que hay detrás de esa debacle es la prueba palpable de que, ante la barbarie, lo que a un Estado legítimo corresponde es el uso de la fuerza y no los pactos con delincuentes. Esa confusión sembrada en las universidades públicas acerca de las causas objetivas del conflicto debe morir con 'Marulanda' y con las Farc. El comunismo no ha acabado con la pobreza y la 'injusticia' en ninguna parte; todo lo contrario, las ha exacerbado donde han caído en esa aventura.

Sin guerrillas, 'paras' y narcos, Colombia puede aspirar a ofrecerles un futuro honroso a sus ciudadanos siguiendo la senda del desarrollo y el progreso, como Chile o Irlanda, y no la del retroceso, como Venezuela o Cuba. Y se dirá algún día que el futuro empezó en el 2008, cuando el legendario 'Tirofijo', con su propia muerte, les dio a las Farc el golpe de gracia que faltaba.