LA CRIMINALIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN ¿FUNCIONA?

Publicado en Conexión Colombia - 18 de marzo de 2009

SILVIA TRUJILLO

La mayoría de las sociedades se han construido históricamente a partir de la diversidad de etnias y culturas. Las ciudades se han caracterizado desde su nacimiento por la heterogeneidad y la complejidad cultural y económica.

Las migraciones han sido vitales en estos procesos de construcción. Hace algunas décadas, la migración, además de proceso natural, empezó a convertirse en una opción de supervivencia. Las brechas económicas y sociales, propias del capitalismo y la globalización, convirtieron al desplazamiento entre estados (principalmente del Sur al Norte) en una alternativa de vida para miles de personas.

En muy poco tiempo el fenómeno se tornó masivo. La rapidez y la cantidad de personas en movimiento se convirtieron en un tema prioritario en las agendas gubernamentales. Y con razón. Los flujos migratorios evidenciaron una multiplicidad de problemas reales (fuga de cerebros, escasez de mano de obra, satisfacción de necesidades básicas) a la vez que se convirtieron en excusas electorales y de discriminación.

Los puntos en común de las medidas que los países receptores han tomado en el último tiempo son, que han abordado a la migración desde una perspectiva negativa y que la han tratado de evitar a toda costa. En cierto sentido se ha “criminalizado” al inmigrante.

Un claro ejemplo de lo anterior es lo ocurrido en Italia hace pocos días. El senado aprobó dos enmiendas a la Ley de Inmigración, con el fin de endurecer la norma. La primera autoriza a los médicos a denunciar a los inmigrantes irregulares que acudan a utilizar sus servicios; y la segunda, establece penas de hasta 4 años de cárcel para personas que después de haber sido deportadas, regresen a territorio italiano. Estas son las últimas medidas de una serie que se ha venido dando en los países de la Unión Europea, desde la aprobación en junio de 2008 de la “Directiva de Retorno”

Al parecer, los gobernantes europeos no han entendido que las sanciones de este tipo no han sido exitosas para frenar la llegada de inmigrantes, y que por el contrario, lo que hacen es profundizar la segregación.

Basta con analizar la decisión de quien decide emigrar. Las personas abandonan sus países de origen por múltiples razones, pero una fácilmente generalizable es la de mejorar sus condiciones de vida. Los emigrantes se trasladan siendo concientes de que al hacerlo están arriesgando su propia vida, ya sea hacinándose en una “patera”, pasando meses en el mar, o poniéndose en manos de traficantes que vulneran sus derechos. El punto es, si estas personas están dispuestas a dar su vida en el trayecto, ¿las desmotivará la posibilidad de pasar algunos años en la cárcel?

En ese sentido, la medida no será efectiva. Lo único que ocurrirá es que ahora el drama de la migración tendrá un nuevo capítulo: la vulneración del derecho a la vida, ya que no dudo que si los “ilegales” decidieron arriesgar su vida por llegar al país de destino, no vayan a hacerlo nuevamente una vez hayan alcanzado su objetivo. Es decir, no acudirán a una consulta médica por temor a ser denunciados.

Así mismo, ante esta situación se abre la posibilidad de que se violen múltiples derechos, no sólo de los inmigrantes, sino de los médicos también. ¿Se estará facilitando una nueva forma de corrupción? ¿Se incentivará la prestación de servicios médicos clandestinos y sin garantías de salubridad? Estas son solo algunas de las repercusiones que este tipo de medidas pueden tener en el corto plazo.

La inmigración es una realidad indiscutible, y lo ha sido desde los orígenes de la humanidad. En lugar de seguir imponiendo medidas sancionatorias, que por demás han demostrado ser inefectivas, debería empezar a analizarse la problemática migratoria desde una nueva perspectiva.

Si bien es cierto que la migración y la heterogeneidad generan conflictos y problemas, también lo es que suponen ventajas considerables. Los inmigrantes son agentes de cambio social. Pero si no existen posibilidades de integración en y con la sociedad receptora, los costos serán siempre mayores que los posibles beneficios.

Se debe cambiar la perspectiva para enfrentar la cuestión migratoria y pasar de la sanción a la aceptación. Lo anterior implica que los gobiernos realicen una formulación de políticas públicas en materia de: qué tipo de mano de obra requieren, qué número de inmigrantes necesitan para fortalecer la economía local y para equilibrar las curvas demográficas, y qué número están en capacidad de recibir para dotarles de las coberturas en educación y salubridad básicas, entre otras.

Estas definiciones necesitan de la concertación entre los sectores público y privado empresarial. Si los estados receptores fortalecen el desarrollo económico local y lo traducen en la generación de políticas públicas de inmigración, la conflictividad de las migraciones podrá reducirse.

Las migraciones no van a desaparecer, y el cierre de fronteras y la criminalización de los inmigrantes no han dado resultados positivos. Seguir generando políticas con el fin de que cesen los movimientos es utópico y ha demostrado ser inefectivo. Hay que reconocer que las personas seguirán en continuo movimiento, y ni las amenazas de sanción o delación, lograrán imponerse sobre factores de atracción como la ilusión de tener una mejor calidad de vida para sí mismos y para sus familias.

* Silvia María Trujillo Ordóñez es politóloga internacionalista, master en Acción Política y Participación Ciudadana y directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Escuela de Política de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.