INTERCAMBIO HUMANITARIO

- Por ROMÁN ORTIZ -
EL TIEMPO

La reciente liberación del soldado Calvo y el sargento Moncayo ha reavivado el debate sobre el intercambio humanitario. A primera vista, la pelota está en la cancha del Gobierno. Aparentemente, las Farc han reducido sus demandas hasta un punto en que parece solo una cuestión de buena voluntad del Ejecutivo que se produzca el regreso de los policías y militares secuestrados. Ahora, la única exigencia a cambio de su libertad es la excarcelación de un número de militantes de las Farc. Una vez más, resurge el viejo cuento de buenos y malos: si no hay liberaciones, es por la obstinación irracional de las autoridades. Sin embargo, las cosas son más complicadas y una lista de factores multiplica los costos que tendría el intercambio humanitario para la seguridad del país y la legitimidad del Estado.

Para empezar, muchos presos de las Farc no desean ser parte de un intercambio que les devuelva a su antigua organización. Sin duda, la perspectiva de regresar a una guerra que están perdiendo empuja a un buen número a preferir la cárcel. Además, no se debe olvidar el triste destino de los militantes de las Farc que volvieron de prisión. Basta recordar que la mayoría de los 14 guerrilleros liberados por la administración Pastrana a cambio de 323 soldados y policías en junio del 2001 murió ejecutada por sus camaradas bajo la acusación de traición. Pero, sobre todo, es que muchos ex guerrilleros ven las vías de reinserción abiertas por el Gobierno como la mejor opción para abandonar la violencia. En consecuencia, su inclusión en el intercambio iría en contra de uno de los pilares de la estrategia de pacificación del Estado: garantizar a los combatientes ilegales la oportunidad de reintegrarse a la sociedad.

Por otra parte, hay que reconocer la casi imposibilidad de garantizar que los guerrilleros excarcelados no vuelvan a delinquir. Israel tiene mucha experiencia en liberaciones de prisioneros y también en la futilidad de los esfuerzos para garantizar que los terroristas de Hamás o Hezbolá no vuelvan a las andadas. Mucho más próximo, el caso de Rodrigo Granda demuestra lo que se puede esperar cuando se libera a un militante de las Farc dispuesto a continuar con la violencia. Excarcelado para actuar como mediador, el denominado 'canciller de las Farc' anunció en octubre del 2007 que se reincorporaba a la organización. Hoy, parece estar dedicado a reconstruir las redes internacionales de la guerrilla.

En cualquier caso, la principal barrera para el intercambio tiene que ver con sus efectos sobre la legitimidad del Estado. Los presos de las Farc fueron condenados por los jueces de un Estado democrático. Excarcelarlos a través de un intercambio significa violentar el funcionamiento normal de la justicia. De hecho, supone admitir que ciudadanos responsables de idénticos delitos no son iguales ante la ley cuando algunos son respaldados por un chantaje. Pero, además, el intercambio encierra un peligroso principio de equidistancia entre Gobierno y terroristas. Implícitamente, supone que el Estado renuncia a ejercer justicia sobre un grupo de guerrilleros y reconoce a las Farc como actor a su mismo nivel para negociar las liberaciones. De aquí al reconocimiento político hay solo unos pasos. Las Farc lo saben y por eso han convertido el intercambio en el eje de su estrategia política.

Todos estos efectos indeseados del intercambio humanitario se difuminarían si este tuviera lugar en el marco de un proceso de negociación para la desmovilización de las Farc. Pero por debajo de esto, ¿no hay salida para los secuestrados? Desde luego, sí. La cadena de liberaciones unilaterales no ha sido fruto de la buena voluntad de la guerrilla, sino su reacción ante la presión militar y el aislamiento político. La persistencia en esta misma estrategia puede traer a casa al resto de los secuestrados.

* Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y Director de Análisis del Grupo Triarius