RAFAEL GUARÍN
29 de marzo de 2010
La liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo y del soldado Josué Daniel Calvo no es un acto de humanidad, tampoco merito de “Colombianos y Colombianas por la Paz”, menos una acción unilateral que muestre buena voluntad de las Farc. Nada de eso. Es otro episodio de la “táctica humanitaria”, diseñada por la guerrilla, dentro de su calculada estrategia terrorista.
Tres objetivos están detrás de la parafernalia humanitaria. Primero, avanzar en el reconocimiento de las Farc como fuerza beligerante. Las liberaciones serán aprovechadas para emplazar a los candidatos presidenciales a realizar el llamado “acuerdo humanitario”, sobre la base de que el nuevo gobierno las gradué como una organización política alzada en armas y no como un grupo terrorista.
En esa línea, desean esgrimir el “acuerdo” para permitir que intervengan “países amigos” de la “salida negociada”, lo cual les otorga de entrada estatus político y un tratamiento de igual a igual con el Estado. Sueñan con el llamado “Grupo Contadora”, acordado por Hugo Chávez e Iván Márquez en noviembre de 2007. Con la participación de varios de los gobiernos de izquierda del hemisferio, quisieron integrar un conjunto de países destinado a reconocer a las Farc como beligerante y presionar al gobierno de Colombia a una negociación.
El segundo propósito es posicionar la “salida negociada al conflicto social y armado” en la campaña presidencial. Como en el pasado, quieren que los candidatos emulen en materia de seguridad y paz, a partir de los planteamientos de las Farc. Para lograrlo, repiten la maniobra que realizaron en marzo de 2006. En esa oportunidad, dos agentes de policía fueron liberados en el Putumayo a instancia del candidato Álvaro Leyva. La firmeza ciudadana en rechazar a los secuestradores hizo fracasar la acción.
Romper esa firmeza contra el crimen, dividiendo a los ciudadanos entre partidarios y contradictores del acuerdo humanitario y del diálogo con las guerrillas, es el tercer objetivo. Buscan obtener legitimidad, demostrar que son actores políticos y presionar al gobierno movilizando sectores de la población a favor de la negociación y de la “solución política”. Es la paz como consigna de agitación y movilización.
La táctica humanitaria y la consigna del diálogo, pretenden trasladar la responsabilidad de los secuestros y de la violencia guerrillera al gobierno y a los candidatos presidenciales que no se allanen a las demandas farianas. Los señalamiento de que Uribe, antes de finalizar su periodo, debe celebrar el “acuerdo humanitario”, busca “probar” que él ha sido el obstáculo y subrayar la necesidad de un nuevo gobierno que “apueste a la paz y no a la guerra”, por supuesto, que no será uno que continúe la Política de Seguridad Democrática, sino que acepte su desmonte como punto de partida para un proceso de paz. Un gobierno de apaciguadores.
La guerrilla repite el mismo estribillo. Siempre, antes de las elecciones presidenciales, la organización terrorista reclama negociación, señala que está dispuesta a abordar en una mesa de diálogo la “solución de las causas que dieron origen al conflicto” y que se requiere un presidente que tenga real voluntad de resolver los problemas de los colombianos, como requisito para pactar la paz. Todos esos no son más que recursos tácticos empleados en el marco de su plan estratégico, no para alcanzar la paz, sino para escalar la guerra.
Igual sucede con las acciones terroristas. Cada final y comienzo de un nuevo gobierno está marcado por atentados y masacres. El “niño bomba” que murió en El Charco y el carro bomba que dejó 9 muertos en Buenaventura, buscan demostrar que la Política de Seguridad fracasó, que es inevitable la negociación con las Farc y manipular, a través del miedo, la voluntad de los ciudadanos. Si bien, en principio, los atentados fortalecen el rechazo a las Farc, Alfonso Cano y el Mono Jojoy saben que si son capaces de aumentar suficientemente la frecuencia y elevar el número de víctimas, pueden afectar la voluntad de los ciudadanos. De ahí, que tenga razón Naciones Unidas cuando advierte la posible ejecución de más actos de violencia.
En síntesis, estamos ante una ofensiva terrorista y una campaña de propaganda orientada a quebrar la voluntad de lucha del Estado contra las guerrillas, a través de la vía política.
Aunque Álvaro Uribe les devolvió el balón y neutralizó temporalmente la maniobra fariana, al aceptar la posibilidad de un acuerdo humanitario, lo responsable sería que los candidatos lo rechacen de forma unánime, exijan la liberación inmediata y sin condiciones de todos los secuestrados y restrinjan cualquier diálogo a la decisión irrevocable de la guerrilla de renunciar a la violencia y de desmovilizase. Así se acaba con el aprovechamiento, por parte de las Farc, de las contradicciones y con la utilización de lo humanitario y del diálogo como una táctica al servicio de una estrategia de guerra.
Profesor de Análisis del Terrorismo. Universidad del Rosario.
www.politicayseguridad.blogspot.com
29 de marzo de 2010
La liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo y del soldado Josué Daniel Calvo no es un acto de humanidad, tampoco merito de “Colombianos y Colombianas por la Paz”, menos una acción unilateral que muestre buena voluntad de las Farc. Nada de eso. Es otro episodio de la “táctica humanitaria”, diseñada por la guerrilla, dentro de su calculada estrategia terrorista.
Tres objetivos están detrás de la parafernalia humanitaria. Primero, avanzar en el reconocimiento de las Farc como fuerza beligerante. Las liberaciones serán aprovechadas para emplazar a los candidatos presidenciales a realizar el llamado “acuerdo humanitario”, sobre la base de que el nuevo gobierno las gradué como una organización política alzada en armas y no como un grupo terrorista.
En esa línea, desean esgrimir el “acuerdo” para permitir que intervengan “países amigos” de la “salida negociada”, lo cual les otorga de entrada estatus político y un tratamiento de igual a igual con el Estado. Sueñan con el llamado “Grupo Contadora”, acordado por Hugo Chávez e Iván Márquez en noviembre de 2007. Con la participación de varios de los gobiernos de izquierda del hemisferio, quisieron integrar un conjunto de países destinado a reconocer a las Farc como beligerante y presionar al gobierno de Colombia a una negociación.
El segundo propósito es posicionar la “salida negociada al conflicto social y armado” en la campaña presidencial. Como en el pasado, quieren que los candidatos emulen en materia de seguridad y paz, a partir de los planteamientos de las Farc. Para lograrlo, repiten la maniobra que realizaron en marzo de 2006. En esa oportunidad, dos agentes de policía fueron liberados en el Putumayo a instancia del candidato Álvaro Leyva. La firmeza ciudadana en rechazar a los secuestradores hizo fracasar la acción.
Romper esa firmeza contra el crimen, dividiendo a los ciudadanos entre partidarios y contradictores del acuerdo humanitario y del diálogo con las guerrillas, es el tercer objetivo. Buscan obtener legitimidad, demostrar que son actores políticos y presionar al gobierno movilizando sectores de la población a favor de la negociación y de la “solución política”. Es la paz como consigna de agitación y movilización.
La táctica humanitaria y la consigna del diálogo, pretenden trasladar la responsabilidad de los secuestros y de la violencia guerrillera al gobierno y a los candidatos presidenciales que no se allanen a las demandas farianas. Los señalamiento de que Uribe, antes de finalizar su periodo, debe celebrar el “acuerdo humanitario”, busca “probar” que él ha sido el obstáculo y subrayar la necesidad de un nuevo gobierno que “apueste a la paz y no a la guerra”, por supuesto, que no será uno que continúe la Política de Seguridad Democrática, sino que acepte su desmonte como punto de partida para un proceso de paz. Un gobierno de apaciguadores.
La guerrilla repite el mismo estribillo. Siempre, antes de las elecciones presidenciales, la organización terrorista reclama negociación, señala que está dispuesta a abordar en una mesa de diálogo la “solución de las causas que dieron origen al conflicto” y que se requiere un presidente que tenga real voluntad de resolver los problemas de los colombianos, como requisito para pactar la paz. Todos esos no son más que recursos tácticos empleados en el marco de su plan estratégico, no para alcanzar la paz, sino para escalar la guerra.
Igual sucede con las acciones terroristas. Cada final y comienzo de un nuevo gobierno está marcado por atentados y masacres. El “niño bomba” que murió en El Charco y el carro bomba que dejó 9 muertos en Buenaventura, buscan demostrar que la Política de Seguridad fracasó, que es inevitable la negociación con las Farc y manipular, a través del miedo, la voluntad de los ciudadanos. Si bien, en principio, los atentados fortalecen el rechazo a las Farc, Alfonso Cano y el Mono Jojoy saben que si son capaces de aumentar suficientemente la frecuencia y elevar el número de víctimas, pueden afectar la voluntad de los ciudadanos. De ahí, que tenga razón Naciones Unidas cuando advierte la posible ejecución de más actos de violencia.
En síntesis, estamos ante una ofensiva terrorista y una campaña de propaganda orientada a quebrar la voluntad de lucha del Estado contra las guerrillas, a través de la vía política.
Aunque Álvaro Uribe les devolvió el balón y neutralizó temporalmente la maniobra fariana, al aceptar la posibilidad de un acuerdo humanitario, lo responsable sería que los candidatos lo rechacen de forma unánime, exijan la liberación inmediata y sin condiciones de todos los secuestrados y restrinjan cualquier diálogo a la decisión irrevocable de la guerrilla de renunciar a la violencia y de desmovilizase. Así se acaba con el aprovechamiento, por parte de las Farc, de las contradicciones y con la utilización de lo humanitario y del diálogo como una táctica al servicio de una estrategia de guerra.
Profesor de Análisis del Terrorismo. Universidad del Rosario.
www.politicayseguridad.blogspot.com
Exelente analisis Rafael. todo esta dicho. lo importante es que la opinion publica no se deje confundir. y que tanto los candidatos presidenciales, como la opinion publica nacional e internacional; rechacen totalmente las pretenciones de imponer el intercambio humanitario.que conllevaria al debilitamiento y desmonte de la seguridad democratica. El intercambio de secuestrados y prisioneros de guerra por peligrosos delincuentes terroristas bajo ninguna sircunstacia debe ser viable.
ResponderBorrarRafael. Qué bueno sería que su análisis abordará también las tácticas y estrategias del paramilitarismo, pues la guerrilla no es el único actor armado ilegal ni es el único causante de los "males que aquejan a Colombia"; de hecho, entre las "causas que dieron origen al conflicto" está la constante presencia de grupos armados financiados con dineros de políticos y latifundistas que con el correr del tiempo han cambiado de nombre pero que no dejan de ser los mismos. Desde antes que usted y yo naciéramos ya existían los "pajaros" y los "chulavitas" con las mimsmas prácticas criminales para los mismos propósitos, con las mismas víctimas: los colombianos comunes y corrientes, los colombianos trabajadores, los colombianos de bien... Nuestro mayor azote es creer que la guerrilla es la fuente del mal y que el paramilitarismo es justificable porque con ella se pretende alcanzar un bien para acabar con la guerrilla. Eso sería unicamente cambiar de un verdugo a otro... La realidad de nuestro país tiene, no una, ni dos, sino muchas caras y matices que no se puede reducir a una fórmula simplista del blanco y negro, del bien y el mal y de la lógica de la polarización, entre buenos y malos porque ¿Quién tiene la autoridad ética y moral en este país para señalar quiénes son buenos y quiénes malos?
ResponderBorrarProfesor Guarin. Por supuesto que en el actual escenario de conmoción por la devolución de los restos del Coronel Guevara las Farc recurren a una 'táctica humanitaria' para recuperar interlocución política, pero es urgente entonces que el Estado, con todas sus armas legítimas con las que cuenta (representación diplomática en los Organismos intergubernamentales y en diferentes países), a la vez que juega a ceder para lograr el canje de prisioneros, actúe en el terreno internacional para desenmascarar con contundencia a las Farc. El Estado debe demostrar con pruebas y vehemencia en el extranjero que las Farc narcotrafican, que las Farc son actores en los circuitos de tráfico de armas, que las Farc reclutan menores de edad, que las Farc desplazan campesinos, que las Farc se alían con ex-paras y bacrim's, que las Farc instalan por doquier minas anti-personas, que lasd Farc violan sistemáticamente los D.D. H.H. que las Farc se alían con otras organizaciones ilegales del mundo (ETA,extremistas islámicos) y que las Farc son hipócritas porque ponen una vela a Dios (liberaciones unilaterales) y ponen otra vela al diablo (continuan con su accionar terrorista). La guerra ya no es exitosa en el frente interno, es hora de pelear con todo en el frente externo para que asi, una vez desenmascaradas las Farc, se les quite el mote de 'guerrilla' y se equiparen a peligrosos actores partícipes del más puro y simple terrorismo transnacional que nos agovia. Además, Colombianos y Colombianas por la paz encabezados por Piedad Córdoba, gústenos o no, han logrado cosas. Que por supuesto debemos estar pilosos en cuanto a que manejen una agenda oculta, alerta todos. Pero pienso sinceramente que el esfuerzo de Piedad es mover a las Farc a proscribir el secuestro como arma de guerra. Ojo a los sectarismos ciegos. Avancemos entonces....
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