Publicado en Revista Semana on line - jueves 5 de julio de 2012
En medio de la creciente polarización se anunció
la presentación del Frente de Unidad en contra de los Terroristas. No se trata
de un hecho aislado sino de un componente muy importante que marcará el debate político
en el tiempo por venir, cuando de seguridad y paz se trate. El gobierno, por su parte, se queja de que no
cuenta con el apoyo de todos los sectores políticos ante la andanada de las
FARC y que las criticas ayudan al terrorismo. Algunas de sus declaraciones ponen
en el lugar de los malos no a quienes detonan las bombas sino a quienes
reclaman que eso no suceda.
El último informe de logros de la Política de
Seguridad emitido por el Ministerio de Defensa registra avances en diferentes
áreas pero también el desafío de los grupos terroristas. Comparados los
primeros 4 meses de 2011 con 2012 el aumento de las acciones criminales es
preocupante: los actos de terrorismo aumentaron 66%, la voladura de oleoductos
185%, la voladura de vías 36%, ataques a instalaciones militares 75%, hostigamientos
63%, emboscadas 67%, retenes ilegales 100%, en total las acciones de grupos
armados al margen de la ley se incrementaron en 57%.
La respuesta del Estado es contradictoria a la luz
de la estrategia contrainsurgente. En lo militar se articula en el Plan Espada
de Honor que aunque parece bien enfocado es muy temprano para evaluar
seriamente sus resultados, mientras que en el plano político el gobierno ha
retrocedido brutalmente. No sólo reconoce legitimidad política a las FARC sino
que al reformar la Constitución con el Marco Jurídico para la Paz validó el
crimen de lesa humanidad como medio de acción política para destruir la misma
Constitución.
En ese contexto, la propuesta de unidad ciudadana
contra el terrorismo es cada vez más importante. No como bandera partidista,
sino como espacio de convergencia de los más diversos sectores para enfrentar
el crimen.
Su importancia desde la perspectiva de la lucha
contra las organizaciones violentas se puede resumir en los siguientes diez
puntos:
1.
La
unidad ciudadana contra el terrorismo es una actitud de rebeldía que destruye
el miedo con el cual quieren los violentos someter a la sociedad. Cuando los
ciudadanos no se doblegan el terrorismo pierde eficacia coercitiva y por tanto
se torna inútil, lo cual, en una situación como la colombiana contribuye a que
las FARC y el ELN decidan abandonar la violencia.
2.
La
unidad contra el terrorismo fortalece el Estado de derecho al rechazar la
impunidad a crímenes atroces, sean de las FARC, el ELN o las AUC. Esta
repercute también en que no se acepte para las Bacrim o respecto a delincuentes
insertados en la fuerza pública. Solo una fuerza ciudadana consciente y
dispuesta a hacerse escuchar puede evitar que los criminales sean premiados con
impunidad, así sea acudiendo a la Corte Penal Internacional.
3.
Sirve
para negar cualquier atisbo de legitimidad al terrorismo como actor político y es
decisiva para aislar políticamente a las FARC y al ELN. La presión militar no
basta para desarticular estos grupos. Se requiere que la sociedad se mueva
activamente para golpearlos en todos sus flancos, al mismo tiempo y con la
mayor contundencia posible. Con las armas de la Constitución se deben enfrentar
la narrativa violenta y la penetración que con propaganda y manipulación los
terroristas buscan siempre desplegar en la sociedad, para ganar legitimidad y
deslegitimar las instituciones democráticas.
4.
Contribuye
a mantener la voluntad de lucha del Estado contra las guerrillas, las Bacrim y
el delito, la cual depende de la voluntad popular. Somos los ciudadanos quienes
elegimos y apoyamos gobiernos firmes contra el crimen o quienes admitimos a los
que prefieren claudicar ante la violencia.
5.
Mantiene
y aviva el apoyo a la Fuerzas Militares y de Policía, al tiempo que les exige
transparencia para preservar su legitimidad. Al igual, potencia el justo
reclamo de eficaces garantías jurídicas para el cumplimiento de la actividad de
los integrantes de la fuerza pública. La lucha contra el terrorismo requiere el
concurso activo de los ciudadanos, un Estado fuerte, un gobierno sin
vacilaciones y una fuerza pública eficaz, eficiente y respetuosa de los
derechos humanos.
6.
Controvierte
la apología al terrorismo, la ambigüedad en la condena al crimen, la
comprensión de la violencia, el altruismo como justificación y la tolerancia
con los violentos.
7.
La
movilización ciudadana se convierte en un eficaz muro de contención frente a
las tentaciones de los gobiernos de ceder ante el terrorismo y de adoptar discursos
comprensivos de la violencia de las FARC y el ELN. En otras palabras, evita que
se repitan fracasados capítulos como los procesos de paz de Belisario Betancur
y Andrés Pastrana que fueron utilizados por las FARC como táctica en el marco
de su estrategia de guerra. Sin duda, es útil para evitar que el país siga
retrocediendo en materia de seguridad.
8.
Frena
el apaciguamiento y rechaza la política de debilidad que cambia la decisión de
derrotar a las guerrillas por negociar la Constitución y la garantía de
impunidad a los crímenes atroces. La unidad ciudadana permitirá en su momento fortalecer
la justicia e impulsar una legislación fuerte para combatir el terrorismo.
9.
Exige
al gobierno transparencia en la lucha contra el terrorismo y repudia discursos que
con interés político tapan o hacen invisibles los crímenes, como sucede con los
13 niños secuestrados en Putumayo hace varias semanas o con la insistente negación
de que las FARC estaba detrás de los atentados terroristas en Bogotá. La unidad
posibilitará constituir una fuerza ciudadana vigilante y capaz de exigir responsabilidad
al Gobierno de turno y a la justicia en la lucha contra el terrorismo.
10.
Sirve
a la construcción de un Estado fuerte
basado en la legitimidad democrática y la legalidad, al igual que a la
consecución de una paz justa que
respete los derechos de las víctimas, no beneficie con impunidad a los criminales
y no permita la repetición de atrocidades.
A diferencia de algunos de los que agitan la
consigna del diálogo con el fin de romper la cohesión social contra el
terrorismo y reconocer legitimidad a las FARC y el ELN, la unidad de los
ciudadanos contra el terrorismo se propone cohesionar, no dividir. Por este
motivo no puede ser bandera de un solo sector político o social, sino que debe
congregar con espíritu pluralista la mayor diversidad posible, siempre que
coincida en la defensa de la Constitución de 1991 y en la firmeza contra los
violentos.
En esa medida, la unidad contra el terrorismo debe
promover consensos, lo cual excluye el sectarismo, el extremismo y a los
recalcitrantes. Negar cualquier tipo de avance o de acierto del Gobierno o solo
ver los crímenes de las guerrillas y no los que cometió las AUC o los abusos
algunas veces efectuados por miembros de la fuerza pública, no contribuye a una
verdadera Política de Firmeza que no debe discriminar entre quienes violan la
ley. La firmeza contra el terrorismo no requiere de extremismos sino de
severidad en aplicación de la Constitución.
El gobierno dio un paso fatal al legitimar el
crimen como medio de acción política contra la Constitución al promover y
aprobar el Marco Jurídico para la Paz, con lo cual se descalificó para ser el
líder natural de la movilización permanente contra el terrorismo. No obstante,
el Gobierno debería estar dispuesto a corregir lo hecho y sumarse a la unión
contra el terrorismo.
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