*RAFAEL GUARÍN
Mientras la justicia penal
internacional acaba de condenar a Charles Taylor y Thomas Lubanga por crímenes
de guerra y lesa humanidad cometidos en Sierra Leona y el Congo, en Colombia la
mayoría de tales crímenes gozarán de impunidad si se aprueba el Marco Jurídico
para la Paz. Los integrantes de FARC, ELN, AUC, así como aquellos miembros de
la fuerza pública que deshonran la institución militar y policial al violar los
derechos humanos, tendrán garantizado que sus atrocidades pasadas, presentes y
futuras estarán cobijadas por la impunidad. ¡Leyó bien! ¡Las aún no cometidas
también!
La iniciativa busca dar base constitucional a instrumentos de justicia transicional con la finalidad de “facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera”. Para eso consagra un “criterio de selección” de casos en virtud del cual crímenes de lesa humanidad no elegidos se beneficiaran de la renuncia del Estado a la persecución penal. Es decir, sus autores no serían investigados judicialmente, ni tendrían penas de prisión. Adicionalmente, permite que se suspenda la ejecución de la pena a quienes ya están condenados por tales crímenes, lo que significa excarcelación.
En la práctica los ejecutores
materiales de la masacre de 11 militares en Arauca, en marzo pasado, de
reclutamiento de niños de 12 años para la guerra o de violaciones de mujeres,
no serían jamás investigados por la Fiscalía General de la Nación, tampoco
quienes atacan de otras múltiples formas a la población civil, pues sólo los
más responsables de los crímenes, quienes dirigen su realización o los han
cometido con extraordinaria frecuencia, serían objeto de acción judicial.
Colombia va en contravía. Hay
consenso global en que el fin de la impunidad para los perpetradores de
crímenes de lesa humanidad es lo que contribuye a prevenir nuevas atrocidades y
a la paz, mientras la impunidad estimula su repetición. Aprobar ese marco
jurídico contribuye a crear un ambiente favorable a la impunidad, que se
traducirá inexorablemente en más violaciones a los derechos humanos. En vez de
contribuir al respeto a la dignidad humana y a la paz, servirá para agravar su
situación y que continúe la violencia.
Es una reforma constitucional equivocada.
Se diseña como instrumento de apaciguamiento y de renuncia a someter a la
justicia a los criminales, ante un hipotético proceso de paz. Para las FARC,
que está arreciando con actos terroristas, el ofrecimiento de impunidad a
cambio de nada solo puede percibirlo como legitimidad de sus acciones,
tratamiento especial frente a la demás delincuencia, exitoso avance en sus
planes, debilidad e impotencia del Estado y claudicación de la voluntad de
combatirla. Con todo respeto: ¡Es una especie de zona de despeje del Caguán
pero en la ley Penal!
Al respecto, José Miguel Vivanco
de Human de Rights Watch tiene toda la razón cuando señala que el “derecho
internacional no permite amnistías frente a graves violaciones de derechos
humanos” y al denunciar que “el juzgamiento pasaría a convertirse en un teatro
en el mejor de los casos”. Es decir, en una gran mentira.
Finalmente, la criticada ley de
Justicia y Paz consagró una pena de máximo ocho años de prisión para quienes
cometieron crímenes de lesa humanidad, sin discriminar si se trataba de
terroristas de las AUC, FARC o ELN. A muchos nos parece que es poco tiempo,
pero lo que hoy se pretende aprobar es cero días de cárcel para la casi
totalidad de perpetradores. Además de desconocer el derecho subjetivo de las
víctimas a que estos sean investigados y sancionados penalmente, el Marco
Jurídico abre las puertas a la plena competencia de la Corte Penal
Internacional.
No hay duda de la necesidad de adoptar
normas de justicia transicional una vez las FARC y el ELN decidan abandonar la
violencia, pero no antes. Cada cosa tiene su momento. Cuando llegue, el país
deberá hacer un debate nacional sobre el alcance de las mismas y asegurar que
cumplan con los estándares internacionales. Por ahora no son necesarias, oportunas,
convenientes, ni útiles.
Nota: Fiesta en la cárcel Picota:
Ha pasado inadvertido que la renuncia a la acción penal, el cese de procesos y
la excarcelación se aplicará a Farcpolíticos pero también a Parapolíticos.
*Ex viceministro de Defensa de Colombia Twitter @RafaGuarin
No hay comentarios.:
Publicar un comentario