INTERCAMBIO HUMANITARIO

- Por ROMÁN ORTIZ -
EL TIEMPO

La reciente liberación del soldado Calvo y el sargento Moncayo ha reavivado el debate sobre el intercambio humanitario. A primera vista, la pelota está en la cancha del Gobierno. Aparentemente, las Farc han reducido sus demandas hasta un punto en que parece solo una cuestión de buena voluntad del Ejecutivo que se produzca el regreso de los policías y militares secuestrados. Ahora, la única exigencia a cambio de su libertad es la excarcelación de un número de militantes de las Farc. Una vez más, resurge el viejo cuento de buenos y malos: si no hay liberaciones, es por la obstinación irracional de las autoridades. Sin embargo, las cosas son más complicadas y una lista de factores multiplica los costos que tendría el intercambio humanitario para la seguridad del país y la legitimidad del Estado.

Para empezar, muchos presos de las Farc no desean ser parte de un intercambio que les devuelva a su antigua organización. Sin duda, la perspectiva de regresar a una guerra que están perdiendo empuja a un buen número a preferir la cárcel. Además, no se debe olvidar el triste destino de los militantes de las Farc que volvieron de prisión. Basta recordar que la mayoría de los 14 guerrilleros liberados por la administración Pastrana a cambio de 323 soldados y policías en junio del 2001 murió ejecutada por sus camaradas bajo la acusación de traición. Pero, sobre todo, es que muchos ex guerrilleros ven las vías de reinserción abiertas por el Gobierno como la mejor opción para abandonar la violencia. En consecuencia, su inclusión en el intercambio iría en contra de uno de los pilares de la estrategia de pacificación del Estado: garantizar a los combatientes ilegales la oportunidad de reintegrarse a la sociedad.

Por otra parte, hay que reconocer la casi imposibilidad de garantizar que los guerrilleros excarcelados no vuelvan a delinquir. Israel tiene mucha experiencia en liberaciones de prisioneros y también en la futilidad de los esfuerzos para garantizar que los terroristas de Hamás o Hezbolá no vuelvan a las andadas. Mucho más próximo, el caso de Rodrigo Granda demuestra lo que se puede esperar cuando se libera a un militante de las Farc dispuesto a continuar con la violencia. Excarcelado para actuar como mediador, el denominado 'canciller de las Farc' anunció en octubre del 2007 que se reincorporaba a la organización. Hoy, parece estar dedicado a reconstruir las redes internacionales de la guerrilla.

En cualquier caso, la principal barrera para el intercambio tiene que ver con sus efectos sobre la legitimidad del Estado. Los presos de las Farc fueron condenados por los jueces de un Estado democrático. Excarcelarlos a través de un intercambio significa violentar el funcionamiento normal de la justicia. De hecho, supone admitir que ciudadanos responsables de idénticos delitos no son iguales ante la ley cuando algunos son respaldados por un chantaje. Pero, además, el intercambio encierra un peligroso principio de equidistancia entre Gobierno y terroristas. Implícitamente, supone que el Estado renuncia a ejercer justicia sobre un grupo de guerrilleros y reconoce a las Farc como actor a su mismo nivel para negociar las liberaciones. De aquí al reconocimiento político hay solo unos pasos. Las Farc lo saben y por eso han convertido el intercambio en el eje de su estrategia política.

Todos estos efectos indeseados del intercambio humanitario se difuminarían si este tuviera lugar en el marco de un proceso de negociación para la desmovilización de las Farc. Pero por debajo de esto, ¿no hay salida para los secuestrados? Desde luego, sí. La cadena de liberaciones unilaterales no ha sido fruto de la buena voluntad de la guerrilla, sino su reacción ante la presión militar y el aislamiento político. La persistencia en esta misma estrategia puede traer a casa al resto de los secuestrados.

* Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y Director de Análisis del Grupo Triarius

INTERCAMBIO HUMANITARIO

Por ROMÁN ORTIZ
EL TIEMPO

La reciente liberación del soldado Calvo y el sargento Moncayo ha reavivado el debate sobre el intercambio humanitario. A primera vista, la pelota está en la cancha del Gobierno. Aparentemente, las Farc han reducido sus demandas hasta un punto en que parece solo una cuestión de buena voluntad del Ejecutivo que se produzca el regreso de los policías y militares secuestrados. Ahora, la única exigencia a cambio de su libertad es la excarcelación de un número de militantes de las Farc. Una vez más, resurge el viejo cuento de buenos y malos: si no hay liberaciones, es por la obstinación irracional de las autoridades. Sin embargo, las cosas son más complicadas y una lista de factores multiplica los costos que tendría el intercambio humanitario para la seguridad del país y la legitimidad del Estado.

Para empezar, muchos presos de las Farc no desean ser parte de un intercambio que les devuelva a su antigua organización. Sin duda, la perspectiva de regresar a una guerra que están perdiendo empuja a un buen número a preferir la cárcel. Además, no se debe olvidar el triste destino de los militantes de las Farc que volvieron de prisión. Basta recordar que la mayoría de los 14 guerrilleros liberados por la administración Pastrana a cambio de 323 soldados y policías en junio del 2001 murió ejecutada por sus camaradas bajo la acusación de traición. Pero, sobre todo, es que muchos ex guerrilleros ven las vías de reinserción abiertas por el Gobierno como la mejor opción para abandonar la violencia. En consecuencia, su inclusión en el intercambio iría en contra de uno de los pilares de la estrategia de pacificación del Estado: garantizar a los combatientes ilegales la oportunidad de reintegrarse a la sociedad.

Por otra parte, hay que reconocer la casi imposibilidad de garantizar que los guerrilleros excarcelados no vuelvan a delinquir. Israel tiene mucha experiencia en liberaciones de prisioneros y también en la futilidad de los esfuerzos para garantizar que los terroristas de Hamás o Hezbolá no vuelvan a las andadas. Mucho más próximo, el caso de Rodrigo Granda demuestra lo que se puede esperar cuando se libera a un militante de las Farc dispuesto a continuar con la violencia. Excarcelado para actuar como mediador, el denominado 'canciller de las Farc' anunció en octubre del 2007 que se reincorporaba a la organización. Hoy, parece estar dedicado a reconstruir las redes internacionales de la guerrilla.

En cualquier caso, la principal barrera para el intercambio tiene que ver con sus efectos sobre la legitimidad del Estado. Los presos de las Farc fueron condenados por los jueces de un Estado democrático. Excarcelarlos a través de un intercambio significa violentar el funcionamiento normal de la justicia. De hecho, supone admitir que ciudadanos responsables de idénticos delitos no son iguales ante la ley cuando algunos son respaldados por un chantaje. Pero, además, el intercambio encierra un peligroso principio de equidistancia entre Gobierno y terroristas. Implícitamente, supone que el Estado renuncia a ejercer justicia sobre un grupo de guerrilleros y reconoce a las Farc como actor a su mismo nivel para negociar las liberaciones. De aquí al reconocimiento político hay solo unos pasos. Las Farc lo saben y por eso han convertido el intercambio en el eje de su estrategia política.

Todos estos efectos indeseados del intercambio humanitario se difuminarían si este tuviera lugar en el marco de un proceso de negociación para la desmovilización de las Farc. Pero por debajo de esto, ¿no hay salida para los secuestrados? Desde luego, sí. La cadena de liberaciones unilaterales no ha sido fruto de la buena voluntad de la guerrilla, sino su reacción ante la presión militar y el aislamiento político. La persistencia en esta misma estrategia puede traer a casa al resto de los secuestrados.

* Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y Director de Análisis del Grupo Triarius

DEBATE: ACUERDO HUMANITARIO

En Hora 20 de Caracol Radio, respecto a la demanda de las Farc de un acuerdo humanitario para liberar a los secuestrados por ese grupo:

“Aquí lo que ha colocado las Farc son condiciones para perpetuar el secuestro. Lo humanitario es no ceder al acuerdo humanitario en las condiciones de las Farc, sino defender la libertad de los millones de colombianos que pueden ser víctimas de secuestro”.

Rafael Guarín.

Debate del 30 de marzo de 2010

Se puede escuchar en: http://www.caracol.com.co/programa.aspx?id=130992&au=981876

Participantes: Juan Carlos Flórez, Juan Manuel Acevedo, Jorge Bustamante, Rafael Guarín

LA TÁCTICA HUMANITARIA Y LA ESTRATEGIA TERRORISTA

RAFAEL GUARÍN
29 de marzo de 2010

La liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo y del soldado Josué Daniel Calvo no es un acto de humanidad, tampoco merito de “Colombianos y Colombianas por la Paz”, menos una acción unilateral que muestre buena voluntad de las Farc. Nada de eso. Es otro episodio de la “táctica humanitaria”, diseñada por la guerrilla, dentro de su calculada estrategia terrorista.

Tres objetivos están detrás de la parafernalia humanitaria. Primero, avanzar en el reconocimiento de las Farc como fuerza beligerante. Las liberaciones serán aprovechadas para emplazar a los candidatos presidenciales a realizar el llamado “acuerdo humanitario”, sobre la base de que el nuevo gobierno las gradué como una organización política alzada en armas y no como un grupo terrorista.

En esa línea, desean esgrimir el “acuerdo” para permitir que intervengan “países amigos” de la “salida negociada”, lo cual les otorga de entrada estatus político y un tratamiento de igual a igual con el Estado. Sueñan con el llamado “Grupo Contadora”, acordado por Hugo Chávez e Iván Márquez en noviembre de 2007. Con la participación de varios de los gobiernos de izquierda del hemisferio, quisieron integrar un conjunto de países destinado a reconocer a las Farc como beligerante y presionar al gobierno de Colombia a una negociación.

El segundo propósito es posicionar la “salida negociada al conflicto social y armado” en la campaña presidencial. Como en el pasado, quieren que los candidatos emulen en materia de seguridad y paz, a partir de los planteamientos de las Farc. Para lograrlo, repiten la maniobra que realizaron en marzo de 2006. En esa oportunidad, dos agentes de policía fueron liberados en el Putumayo a instancia del candidato Álvaro Leyva. La firmeza ciudadana en rechazar a los secuestradores hizo fracasar la acción.

Romper esa firmeza contra el crimen, dividiendo a los ciudadanos entre partidarios y contradictores del acuerdo humanitario y del diálogo con las guerrillas, es el tercer objetivo. Buscan obtener legitimidad, demostrar que son actores políticos y presionar al gobierno movilizando sectores de la población a favor de la negociación y de la “solución política”. Es la paz como consigna de agitación y movilización.

La táctica humanitaria y la consigna del diálogo, pretenden trasladar la responsabilidad de los secuestros y de la violencia guerrillera al gobierno y a los candidatos presidenciales que no se allanen a las demandas farianas. Los señalamiento de que Uribe, antes de finalizar su periodo, debe celebrar el “acuerdo humanitario”, busca “probar” que él ha sido el obstáculo y subrayar la necesidad de un nuevo gobierno que “apueste a la paz y no a la guerra”, por supuesto, que no será uno que continúe la Política de Seguridad Democrática, sino que acepte su desmonte como punto de partida para un proceso de paz. Un gobierno de apaciguadores.

La guerrilla repite el mismo estribillo. Siempre, antes de las elecciones presidenciales, la organización terrorista reclama negociación, señala que está dispuesta a abordar en una mesa de diálogo la “solución de las causas que dieron origen al conflicto” y que se requiere un presidente que tenga real voluntad de resolver los problemas de los colombianos, como requisito para pactar la paz. Todos esos no son más que recursos tácticos empleados en el marco de su plan estratégico, no para alcanzar la paz, sino para escalar la guerra.

Igual sucede con las acciones terroristas. Cada final y comienzo de un nuevo gobierno está marcado por atentados y masacres. El “niño bomba” que murió en El Charco y el carro bomba que dejó 9 muertos en Buenaventura, buscan demostrar que la Política de Seguridad fracasó, que es inevitable la negociación con las Farc y manipular, a través del miedo, la voluntad de los ciudadanos. Si bien, en principio, los atentados fortalecen el rechazo a las Farc, Alfonso Cano y el Mono Jojoy saben que si son capaces de aumentar suficientemente la frecuencia y elevar el número de víctimas, pueden afectar la voluntad de los ciudadanos. De ahí, que tenga razón Naciones Unidas cuando advierte la posible ejecución de más actos de violencia.

En síntesis, estamos ante una ofensiva terrorista y una campaña de propaganda orientada a quebrar la voluntad de lucha del Estado contra las guerrillas, a través de la vía política.

Aunque Álvaro Uribe les devolvió el balón y neutralizó temporalmente la maniobra fariana, al aceptar la posibilidad de un acuerdo humanitario, lo responsable sería que los candidatos lo rechacen de forma unánime, exijan la liberación inmediata y sin condiciones de todos los secuestrados y restrinjan cualquier diálogo a la decisión irrevocable de la guerrilla de renunciar a la violencia y de desmovilizase. Así se acaba con el aprovechamiento, por parte de las Farc, de las contradicciones y con la utilización de lo humanitario y del diálogo como una táctica al servicio de una estrategia de guerra.

Profesor de Análisis del Terrorismo. Universidad del Rosario.
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SEGURIDAD EN LAS URNAS

*Rafael Guarín

Publicado en El Espectador

15 de marzo de 2010

A pesar de los pronósticos de que las elecciones de Congreso iban a estar gravemente perturbadas por la violencia, especialmente de las Farc, la realidad fue muy distinta. La Misión de Observación Electoral MOE, en un reciente informe, dijo identificar “420 municipios en riesgo por factores de violencia para las próximas elecciones de Congreso”. Además, que un 55% de estos estaban en “riesgo extremo”, lo que sugeriría, para cualquier persona, un probable colapso de las votaciones.

Los planteamientos de la MOE en este tema, aunque desacertados, son una preocupación legítima. En Colombia los comicios habían estado marcados por una fuerte violencia, no sólo del narcotráfico y del paramilitarismo, sino por la injerencia que las guerrillas adelantaban con el objeto de impedir el ejercicio del derecho al sufragio, demostrar la imposibilidad del Estado de controlar la totalidad del territorio nacional y acreditar capacidad militar.

Las perturbaciones de orden público fueron muy escasas, la de mayor importancia se presentó con un hostigamiento en Corinto, Cauca. Las Farc habían diseñado un plan para afectar el proceso electoral. No obstante que medios de comunicación en el exterior registraron esa noticia, un análisis objetivo permite concluir que se frustró su esfuerzo de aprovechar una coyuntura, en la que los ojos del mundo están pendientes del país, para desplegar múltiples y contundentes acciones terroristas y emplearlas como propaganda. Su fallido objetivo era enviar un mensaje de fortaleza y de fracaso de la Política de Seguridad Democrática. Consiguieron todo lo contrario.

La fuerza pública neutralizó diversas iniciativas criminales, como la intención de atentar en el departamento del Huila contra Orlando Beltrán Cuellar, uno de los dirigentes políticos secuestrado durante casi siete años por esa organización. La eficacia de las labores de inteligencia y el despliegue de un gigantesco operativo, que incluyó el diseño de mapas de orden público y atención electoral, repercutieron favorablemente en garantizar la seguridad en la jornada.

El resultado en esta materia demuestra una vez más que las Farc han perdido sustancialmente capacidad operativa, aún en zonas en las que su influencia sigue siendo significativa. En municipios como Algeciras, Huila, en permanente estado de amenaza, noticias informaron que los ciudadanos pudieron acudir a las urnas y escoger libremente sus representantes.

El avance es significativo respecto a la elección de 2007 y refleja la consolidación de una tendencia iniciada en 2006. Según un estudio de la Fundación Seguridad y Democracia, las votaciones de ese año fueron las menos violentas en dos décadas, las de ayer fueron las más tranquilas desde que se tienen datos.

También, es claro que este tipo de análisis, para ser acertados, requieren no solo de observar las actividades y presencia de grupos armados ilegales en porciones del territorio, sino, conocer y entender el mapa de acción de la fuerza pública. A diferencia del pasado, en el cual militares y policías estaban anclados a sus bases y a los cascos urbanos, hoy cuentan con una formidable capacidad de respuesta y de acción ofensiva, que niega a la guerrilla el desarrollo de sus planes.

Por supuesto, lo anterior no obsta para reconocer el hecho de que en zonas de alto riesgo de alteración del orden público se dispusiera emplear plataformas aéreas electrónicas y un aumento importante de miembros de policía y de las fuerzas militares, lo cual nos dice que, si bien se ha avanzado en garantizar los derechos ciudadanos y en reducir la capacidad de daño de las organizaciones terroristas, es indispensable aceptar que aún falto mucho, que las Farc no están acabadas, que no se debe bajar la guardia y que la tarea debe continuarse.

*Analista político y de seguridad. Profesor de la Universidad del Rosario.
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MI VOTO AL SENADO POR JUAN CARLOS FLÓREZ

ANTIURIBISMO URIBISTA

Publicado en Semana.com - 9 de marzo de 2010

RAFAEL GUARÍN

Mi generación no ha conocido un nivel de incertidumbre tan alto como el que se vive frente a la actual elección. Antes se tenía claro, por lo menos, entre quienes se definiría la Presidencia de la República. Ahora, a solo tres meses de la primera vuelta, sugerir siquiera quienes pasaran a la segunda es más que temerario. Mientras la oposición no despega, el uribismo enfrenta una amenaza que podría llevarlo a una estruendosa derrota. La paradoja es que los disparos provienen de sus propias filas y de estrategias equivocadas.

En el afán de apoderarse del patrimonio político del presidente, una facción uribista se arrogó el derecho a reclamar bendiciones y decretar excomuniones. Ahora resulta que los únicos uribistas son Juan Manuel Santos y Andrés Felipe Arias, el resto son simplemente antiuribistas. ¿Con qué criterios se llega a esa “brillante” conclusión?

Primero, existe la idea de que la bendición de Uribe elegirá al nuevo presidente. Vana ilusión. Los ciudadanos que respaldan al mandatario tienen sus propias opiniones y la libertad absoluta para decidir quién los representa. El desafío de Santos y Arias es convencer de que son dignos sucesores de Uribe, no por un hipotético “guiño”, sino por sus propias capacidades. Además, el uribismo sin Uribe es un imaginario basado en señas de identidad que caracterizan su liderazgo y queda reducido a partidos que juegan individualmente en la lucha por el poder.

Segundo, esa equivocada premisa lleva a otro error: descalificar a líderes que acompañaron al presidente Uribe durante la mayor parte de su mandato y que se convirtieron en adalides de la Política de Seguridad Democrática en el Congreso. La consecuencia es perversa: al dividir artificiosamente la coalición entre uribistas y antiuribistas lo único que hacen es dividir el uribismo, pero es mucho peor, a los descalificados los empujan a los brazos de la oposición.

De esa rapiña, todos, menos el uribismo, sacarán provecho. En el discurso de los que pretenden expedir certificados de pureza genética uribista, la continuidad de la seguridad democrática es el argumento central, pero si es así, acaso no es más conveniente concentrar el debate en las propuestas que sobre ese tema abanderan Santos, Arias, Noemí Sanín, Germán Vargas Lleras y hasta Sergio Fajardo. ¿No será mejor pensar en un acuerdo entre dichas fuerzas para darle sostenibilidad política a los avances en materia de seguridad, que una negativa táctica de satanización?

Dividir el uribismo es una brutalidad gigantesca. Hasta 1998 la elección de presidente giró en torno a los partidos políticos tradicionales, en 2002 y 2006 lo hizo alrededor del peso del candidato y ahora depende del juego de las coaliciones. Graduar de antiuribistas a Vargas Lleras o a Noemí Sanín es reventar la coalición que gobernó durante estos ocho años y dar un salto al vacío. ¿Qué tal una segunda vuelta que enfrente al Partido de la U con una alianza de los partidos Conservador, Liberal y Cambio Radical? Probable, si se insiste en atacar a los líderes uribistas que no se enfilan detrás de Santos y Arias.

Los verdaderos antiuribistas están felices. Se frotan las manos ante tanta majadería. Andrés Pastrana está dedicado, a pesar de la incomodidad que despierta en Noemí, a provocar a Uribe, utilizándola sin pudor. Su objetivo, conseguir que en la Casa de Nariño la declaren persona no grata. Luego todo será más fácil. Esa situación obligaría al Partido Conservador a asociarse con la oposición, si ésta gana la consulta. César Gaviria y Ernesto Samper están en lo mismo. Saben que si logran cocinar un acuerdo con Vargas Lleras es cuestión de tiempo para que las condiciones se den para unir esfuerzos con Noemí. Cuando ocurra eso, Santos estará derrotado y la U en la oposición. Al fin y al cabo, la única condición que pondrían los liberales es dejar a ese partido fuera del gobierno, apostando a recuperar a través del clientelismo lo que perdieron del mismo modo desde 1998.

Continuar por ese camino es repetir la historia del fin del viejo liberalismo. En 2002 ese partido perdió con un liberal, Álvaro Uribe. Lo habían convertido en contradictor y terminaron entregándolo a sus competidores. Amanecerá y veremos.

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DIAGNÓSTICO RESERVADO

Publicado en EL NUEVO HERALD - 5 de marzo de 2010

RAFAEL GUARÍN

El escenario político en Colombia cambió drásticamente con la decisión de la Corte Constitucional de negar el referendo reeleccionista. La oposición tiene sobrados motivos para celebrar, pues las encuestas registraban que no tenía ninguna opción si Uribe se presentaba. Los candidatos del Partido Liberal, Rafael Pardo, y del Polo Democrático, Gustavo Petro, no llegaban al 10%. Están también satisfechos los propios coroneles de Uribe. Condenados a papeles secundarios, aunque formalmente respaldaban el referendo, siempre estuvieron atentos a que se hundiera.

Las nuevas condiciones hacen mucho más interesante el juego político. Todo puede ocurrir. Mientras la oposición gana espacio, al otro lado, se pasó de la “encrucijada en el alma” del presidente, a la encrucijada uribista. La coalición gobernante probablemente irá dividida a las elecciones. El Partido de la U postulará a Juan Manuel Santos, mientras su socio en el gobierno, el Partido Conservador, definirá el 14 de marzo en una consulta popular si el candidato es Andrés Felipe Arias, fiel escudero de Uribe, o Noemí Sanín, ex embajadora del actual gobierno, que ha demostrado independencia y autonomía, sin ser nunca antiuribista.

Algunos opinan que el “guiño” del mandatario saliente será suficiente para garantizar la continuidad del uribismo. En realidad la cuestión es más compleja. Se requiere primero que Arias gané la candidatura conservadora y luego un acuerdo político con Santos. Aún así, no se puede afirmar que tengan asegurado el triunfo electoral. Arias no ha podido sacudirse de uno de los más grandes escándalos de corrupción del gobierno y Santos, siendo de todos el más capacitado para gobernar, es difícil de vender.

El panorama se enreda más si Sanín gana la consulta. En ese evento, Santos irá solo con su partido a las elecciones y deberá enfrentar a la candidata conservadora, al igual que al Partido Liberal, al Polo Democrático y a Cambio Radical, en cabeza de Germán Vargas Lleras, un exponente de la mano dura contra el terrorismo. También a un aspirante revelación, Sergio Fajardo, que tiene la ventaja de ser menos conocido, mucho mejor comunicador y muy buen candidato en términos de marketing electoral.

Si Santos no logra consolidar su liderazgo rápidamente, puede verse superado en las encuestas, lo que producirá literalmente pánico en el uribismo. Esa hipotética situación deja espacio a cualquier candidato que con un discurso vertical contra la violencia y en defensa de la seguridad, sea visto con más posibilidades de triunfo.

Una segunda vuelta presidencial entre Santos y Fajardo es de diagnóstico reservado, igual ocurre si debe enfrentar a Sanín o Vargas Lleras. La razón de que el uribismo siendo mayoritario pueda salir del poder en las elecciones de mayo es que hasta ahora su mejor candidato, es su peor carta en la competencia por conseguir el apoyo ciudadano y el más fácil de derrotar por los demás aspirantes.

Además, el uribismo no es un partido y es mucho más que la coalición de partidos que acompañan al gobierno, lo que implica que sin su líder en la arena, una gran parte de los ciudadanos que lo respaldan se sienten libres de optar por cualquier alternativa que les garantice el mantenimiento de la política de seguridad. Para complicar el tema, es previsible que para derrotar a Santos en una segunda vuelta se selle una alianza entre la oposición y sectores uribistas.

Uribe no debe apresurarse a hacer un “guiño”, tampoco permitir que sus opositores le gradúen de contradictores a candidatos que han sido su apoyo durante sus casi 8 años de gobierno. Las cosas serán más oscuras si se insiste en descalificar a dirigentes que acompañaron a Uribe mientras se pretende que solamente los seguidores de Santos y Arias son uribistas. ¡Monumental estupidez!

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Las Farc intensifican acciones terroristas para ganar visibilidad cada vez que se acercan elecciones

ROMÁN ORTIZ*
EL TIEMPO
21 de FEBRERO DE 2009

Desde hace cuatro décadas, las Farc someten al país al mismo ritual sangriento.

El asesinato del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, el pasado diciembre, y el intento de secuestrar al candidato a la gobernación de Guaviare, José Alberto Pérez, hace pocos días, son parte de un patrón de comportamiento bien conocido. Sin embargo, esta vez, la situación interna de la organización y el escenario estratégico al que se enfrenta resultan excepcionales. Los próximos meses serán una prueba decisiva para la ruta estratégica por la que 'Alfonso Cano' ha escogido conducir a las Farc. También serán la primera muestra de la forma que podría tomar el conflicto interno en el futuro.

Lo cierto es que las Farc se encuentran sumidas en una crisis sin precedentes. No solamente han perdido la mitad de los combatientes con que contaban a finales de los 90 (de 17.000 a poco más de 8.000) sino que estructuras completas de la organización han dejado de operar o se encuentran casi colapsadas. Todo ello sin olvidar que la cúpula del grupo presenta fisuras en la medida en que el 'Mono Jojoy' y el propio 'Cano' se encuentran aislados en el interior del país mientras 'Iván Márquez' o Timoleón Jiménez aprovechan su libertad de movimientos en el interior del territorio venezolano para ganar influencia sobre la organización.

En estas circunstancias, el futuro de 'Cano' como cabeza de la guerrilla depende de que pueda presentar éxitos dentro de sus filas. Desde su ascenso a la cúpula del grupo armado, el líder de las Farc ha buscado transformar la organización, haciéndola perder su perfil de ejército irregular para darle un carácter más clandestino, a la usanza de grupos terroristas como ETA. Para ello, la primera condición es cambiar el "Plan estratégico para la toma del poder" que ha permanecido como guía del accionar de las Farc desde su aprobación hace más de 25 años. Sin embargo, para dar un paso que supone abandonar el legado de 'Manuel Marulanda', 'Cano' necesita fortalecer su prestigio dentro del grupo. En este sentido, el liderazgo de la guerrilla parece tener poderosos incentivos para intensificar los ataques terroristas.

Sin embargo, la estrategia de las Farc está atrapada en una encrucijada. Con su capacidad armada muy disminuida, el grupo parece atrapado en un dilema. Por un lado, lanzar acciones terroristas indiscriminadas que incrementarán su rechazo social y marginación política. Por otra parte, conformarse con ataques de pequeña envergadura que lo dejarán reducido a un actor irrelevante. Las posibles salidas de esta disyuntiva permiten vislumbrar hacia dónde podría dirigirse el escalamiento de la organización.

Para empezar, puede recurrir al empleo de armas especiales, como misiles tierra-aire. Recientemente, se conoció una transacción entre las Farc y traficantes de armas peruanos que habría implicado la entrega de 7 de estos sistemas de los modelos Strela-2 o Igla-1. Al mismo tiempo, la adquisición por Venezuela de más de 200 de los más modernos Igla-S deja entreabierta la posibilidad de que algunas de estas armas terminen cayendo en manos de la guerrilla. Sea como sea, si las Farc consiguen algunos misiles podrían dislocar temporalmente las operaciones aéreas de las Fuerza Pública.

Por otra parte, la guerrilla podría apostar por dirigir sus ataques contra la infraestructura civil. Desde luego, esta no es una táctica nueva; pero conviene no olvidar el enorme impacto social que pueden tener estas acciones. Ahí está, por ejemplo, el ataque contra el sistema de acueducto de Villavicencio el pasado marzo, que dejó a medio millón de personas sin agua potable durante más de una semana.

Finalmente, esta la opción del magnicidio. Los ataques contra los líderes de Caquetá y Guaviare son solo una demostración de la voluntad de las Farc en este sentido. A medida que discurra la campaña electoral, es previsible que la organización intensifique sus intentos criminales contra miembros destacados de los sectores políticos, empresariales e intelectuales del país.

Más allá del futuro que le espere a la estrategia de 'Cano' para este periodo electoral, lo cierto es que tanto las ideas de la nueva cúpula guerrillera como el impacto de la actual campaña de seguridad están provocando una transformación sustancial de las Farc.

Así, los vínculos entre las estructuras armadas de la guerrilla -columnas, compañías, etc. - y las milicias de apoyo están cambiando radicalmente. Las formaciones de combate están perdiendo efectividad y tornándose débiles.

Al mismo tiempo, las redes de milicianos integradas por colaboradores clandestinos están cobrando importancia no solo porque proporcionan un apoyo logístico y una información que resulta clave, sino también debido a que actúan como estructuras de control social que mantienen el poder subterráneo de la organización en zonas que formalmente han sido liberadas de la guerrilla. De hecho, en áreas de Meta, Caquetá, Huila, Nariño y otros departamentos, las milicias amedrentan a la población, impiden la colaboración de los ciudadanos con la Fuerza Pública, realizan un número creciente de acciones terroristas y frenan la consolidación de la seguridad.

Este aumento de la importancia de las redes de milicianos es en buena medida un producto de la propia decadencia de las Farc. Incapaces de mantener unidades armadas de manera permanente, los grupos terroristas sometidos a la presión de las fuerzas gubernamentales -desde Sendero Luminoso en Perú hasta los grupos islamistas en Argelia- suelen transformarse en estructuras clandestinas más pequeñas y menos vulnerables. En cualquier caso, esta mutación presenta enormes desafíos de seguridad.

La desarticulación y judicialización de estas redes resulta muy compleja. No solamente necesita de un sustancial esfuerzo de inteligencia, sino que también obliga a contar con jueces y fiscales especializados protegidos de las amenazas de los terroristas.

Entre tanto, los vínculos de las Farc con las Bandas Criminales Emergentes (Bacrim) están dando un respiro financiero al grupo. De hecho, alianzas como las que vinculan al Bloque Noroccidental de la guerrilla con la banda de 'Los Rastrojos' o al Frente 43 con el grupo criminal de Pedro Oliveiro Guerrero, 'Cuchillo' han permitido a la organización mantener activas sus redes de tráfico de droga. De este modo, la conexión con las Bacrim se ha convertido en una pieza clave de la infraestructura logística de las Farc. Un hecho que pone de relieve cómo la derrota de la guerrilla necesita de una estrategia efectiva contra las bandas al servicio del narcotráfico.

De este modo, la larga guerra del Estado contra las Farc está a las puertas de una nueva etapa. Más allá de la previsible escalada durante el periodo electoral, lo cierto es que las Farc están en trance de sufrir un cambio esencial. Frustrado su sueño de construir un ejército irregular, la organización está mutando hacia un conjunto de redes clandestinas conectadas al narcotráfico que apuestan por el terrorismo como única herramienta para compensar su debilidad. Se trata de un enemigo más pequeño; pero que todavía conserva una enorme capacidad de desestabilización. Este es uno de los principales retos de seguridad que tendrá que confrontar el nuevo gobierno de la república.

*Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y Director del Área de Análisis del Grupo Triarius

LA U Y LA CONSULTA CONSERVADORA

Sobre una pregunta para debate en LA ESCALERA:

¿Es el partido conservador propiedad de Andrés Pastrana como para que diga que no se le entregará a nadie?

RAFAEL GUARÍN

La respuesta es NO.

La época de los “dueños de los partidos”, los jefes naturales, finalizó en 1970 cuando en la convención conservadora Evaristo Sourdis enfrentó a Misael Pastrana Borrero para obtener la candidatura presidencial.

Las palabras del expresidente Andrés Pastrana se dan en el marco de la consulta conservadora en la que se está afirmando que el Partido de la U participaría en apoyo de Andrés Felipe Arias.

La cuestión es que la intervención abierta de un partido extraño, como es el de la U, en la consulta es una burla al funcionamiento democrático del partido conservador.

En realidad estaríamos en una reedición de la escogencia del candidato conservador en 1970. Lo eligió la convención liberal.

Es absurdo que ciudadanos ajenos al partido conservador terminen escogiendo el candidato de ese partido.

Por eso, aunque Andrés Pastrana no es el dueño del Partido Conservador, tiene todo el derecho y la razón para reclamar que la U no meta la mano y rechazar que a través de Andrés Felipe Arias se termine entregando el Partido al servicio de la candidatura de Juan Manuel Santos.

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