¡RESPETEN A MOCKUS!

PUBLICADO EN EL ESPECTADOR - JUEVES 20 DE MAYO DE 2010

RAFAEL GUARÍN

“Caí en desgracia” con la periodista Cecilia Orozco por preguntar a Antanas Mockus si extraditaría a Álvaro Uribe. Como profesor de ciencia política quise hacer un ejercicio con el fin de establecer si el candidato tenía la claridad para aplicar los principios del estado de derecho, al tiempo que el criterio político que le permitiera enfrentar la compleja situación que hipotéticamente se le propuso.

En las decisiones de gobierno no basta la aplicación matemática de los principios generales, por eso se le planteó un dilema en el cual su respuesta debía enmarcarse en “la legalidad democrática”, al tiempo que en su visión del bombardeo contra Raúl Reyes.

Si contestaba basado exclusivamente en el precepto de que quien vulnera la ley debe ser sancionado y al ser violatorio del derecho internacional el bombardeo (en concepto de Mockus), lo obvio sería lo que señaló: extraditaría a Uribe. Pero esa postura sería diferente si tuviera claro que la Operación Fénix se realizó en legítima defensa de Colombia, ante los permanentes ataques de la Farc organizados desde territorio ecuatoriano, bajo la protección de altos funcionarios de ese país.

Así las cosas, Mockus indicó: “Sí, lo extraditaría”. Posteriormente, cuando pedagógicamente se le explicó que era una decisión discrecional del presidente, tan solo matizó: “preferiría no extraditarlo”. Nunca rechazó de plano la extradición de Uribe.

Ante la sorpresiva afirmación, algunos salieron a denunciar que nunca afirmó lo que la grabación completa testifica. Señalaron que era una maniobra de propaganda sucia y que Mockus había caído en una emboscada, había sido manipulado, engañado y que se aprovecharon de su honestidad para sacarle dicha respuesta. Mejor dicho, le metieron los dedos en la boca.

Mi estimada Cecilia, por ejemplo, aseveró que “fue inducido a terminar afirmando lo que no deseaba”. Lo cierto es que el candidato al reconocer que se “equivocó” confirmó que en efecto dijo lo que dijo. Añadió que eso le había pasado por “ir mal desayunado”. ¡No me quiero imaginar que lo cojan Chávez y las Farc mal almorzado! ¡Dios nos ampare!

Flaco favor le hacen. Nadie quiere un presidente que se deje manipular, que sea inducido a hablar y actuar en contra de sus deseos, menos alguien de fácil engaño. Terminan mostrando a Mockus bobito, medio caído del zarzo, incapaz e ingenuo.

¡Respeten a Mockus! No es estúpido. Es un político ducho y de larga trayectoria. Contesta lo que piensa, cree y siente. Lo que explica que baje en las encuestas no es su sinceridad, como confesar que “admira algunos aspectos de Chávez”, sino el calculo electoral y el consecuente cambio de posición que le imponen sus asesores, al mejor estilo de cualquier político tradicional.

Finalmente, Cecilita, usted miente conscientemente al afirmar que mi presencia en los medios se debe a José Obdulio Gaviria. Escribo y participo en publicaciones y programas que no son precisamente uribistas. Ahora resulta que El Nuevo Herald, el periódico internacional más crítico con Uribe; Semana, la revista más dura con el gobierno y Hora 20, que dirige Néstor Morales, están bajo el “poder omnímodo” de Gaviria. ¡Absurdo!

Entiendo que no me conozca por ser usted de la vieja guardia, pero no le hace ningún favor a Mockus rebajarlo como lo hace en su columna, menos ser un instrumento de propaganda negra para desprestigiar a quienes no comparten sus opiniones.

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CHÁVEZ Y EL CHANTAJE DEL TERROR

By RAFAEL GUARIN
7 de mayo de 2010

Hugo Chávez no se resigna. Sabe que la revolución bolivariana sólo tendrá futuro si se instaura en Colombia un gobierno alineado con el socialismo del siglo XXI. Sus reiteradas advertencias respecto a que la elección como presidente de Juan Manuel Santos llevaría a un enfrentamiento bélico entre Colombia y Venezuela, hace parte de una calculada estrategia de terror.

El mensaje es contundente. Si los colombianos se atreven a escogerlo: ¡Qué se atengan a las consecuencias! Según Chávez, la crisis en la relación binacional se profundizará, el comercio seguirá deteriorándose y quienes lo elijan serán responsables de una terrible guerra entre ambas naciones. Chávez, que conoce muy bien la guerra psicológica, está desplegando con ese discurso su mejor artillería: infundir miedo para condicionar el comportamiento de los electores. Es la forma de aniquilar la libertad del voto y de someter la voluntad de los colombianos a los planes de la revolución.

Para que quede claro que la cosa no es jugando, se creó, al igual que en los primeros meses del 2008, un contexto de amenaza a la seguridad y a la paz internacional. Hábilmente se movieron las fichas con el fin de escenificar una situación de desestabilización y pugnacidad en la región, en la cual se asigna a Santos el papel de antagonista. De eso hacen parte los ya cotidianos incidentes en la frontera con Venezuela, los malos tratos de la Guardia Nacional, el asesinato de colombianos y la detención arbitraria, bajo la fantasiosa acusación de espionaje.

Los aliados de Chávez hicieron su aporte. Rafael Correa repitió la advertencia de guerra y Daniel Ortega contribuyó a enrarecer el ambiente, al detener en mar hondureño un barco pesquero colombiano y a sus tripulantes, en abierta violación al derecho internacional. Con eso intentan un imaginario de zozobra que dé credibilidad a una posible guerra si eligen a Santos.

La animadversión con el candidato no es gratuita. Fue de los primeros en prender las alarmas respecto al peligro que significa Chávez y su revolución para la democracia continental. Como ministro de Defensa desenmascaró la alianza farchavista, reveló los vínculos del gobierno de Correa con esa organización terrorista y evidenció la solidaridad de Ortega con Manuel Marulanda. Como presidente, sin duda mantendría a raya el expansionismo bolivariano.

Pero el problema no es Santos. El problema es Chávez. Mientras éste se mantenga en Miraflores las democracias vecinas estarán asediadas, pues la revolución no se consolidará sin la construcción de un ``bloque regional de poder'' que por razones geopolíticas incluye necesariamente a Colombia. La única forma de tener relaciones armónicas con Venezuela es la salida del poder de Chávez o que a la Casa de Nariño llegue un gobierno abiertamente chavista o proclive a la revolución bolivariana, pues todo aquel que no está en su línea, lo está en la del imperio, y, por tanto, es un enemigo de la revolución.

Chávez no tiene oportunidad alguna de imponer un candidato propio. Su intención en este momento es otra. Busca más bien dar un primero paso que le permita remover obstáculos (la continuidad del uribismo) y avanzar hacia una coyuntura en la que sea posible un gobierno bolivariano en Colombia.

sa maniobra tergiversa y suplanta la realidad: Chávez se hace pasar de víctima y presenta a Colombia como victimario. También persigue debilitar la continuidad de la Política de Seguridad Democrática que tanto daño hace a sus socios de las Farc.

Más allá del repudio a la estrategia de terror, lo cierto es que puede funcionar. El miedo en muchos casos tiene éxito en adherir sectores de la sociedad civil, mientras pretende que el resto ceda por la fuerza a sus propósitos. Ojalá los colombianos no se sometan al chantaje del terror, no se acobarden ante las amenazas de Chávez, no crean en su falsa retórica y elijan en absoluta libertad su próximo presidente. Lo contrario sería un antecedente nefasto y un paso cierto hacia el abismo que vive hoy Venezuela.

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AMENAZAS TERRORISTAS A ESTADOS UNIDOS

Atentado fallido en Nueva York - 1 de mayo de 2010

Por FERNANDO REINARES

Decir que Estados Unidos es blanco prioritario del terrorismo global, esto es del terrorismo directa o indirectamente relacionado con Al Qaeda, constituye un tópico poco revelador en sí mismo del problema que dicho fenómeno supone actualmente para los ciudadanos y las instituciones norteamericanas, incluso dentro de las propias fronteras de dicho país. Para ir más allá de ese tópico y valorar en su debido contexto el fallido atentado del pasado sábado por la tarde en uno de los lugares más concurridos a esas horas de Nueva York, interesa conocer cuáles son las tendencias recientes de la amenaza del terrorismo yihadista en el territorio estadounidense, en el marco de la cual es verosímil que se inscriba ese hecho. En primer lugar, por lo que se refiere a los antecedentes inmediatos que permiten apreciar su evolución. En segundo lugar, en lo que atañe a la naturaleza de esa amenaza y a los actores implicados.

Así, importa recordar que el número de incidentes relacionados con el terrorismo yihadista contabilizados en Estados Unidos durante el pasado año, al menos 10, no tiene precedentes. Además de lo ocurrido el día de Navidad, cuando una aeronave de pasajeros que culminaba un vuelo transatlántico estuvo a punto de ser destruida en su aproximación al aeropuerto de Detroit por un joven islamista radical de nacionalidad nigeriana, hubo planes para atentar contra sinagogas de Nueva York, una base de la Guardia Aérea Nacional en ese mismo estado, un edificio de oficinas en Dallas y unos juzgados en Springfield (Illinois). También se estuvo preparando un atentado suicida en el metro de la ciudad de Nueva York y hubo dos ataques con armas de fuego, que ocasionaron la muerte a una persona en dependencias militares de Little Rock y a 13, en noviembre de 2009, en Fort Hood.

En conjunto, esos incidentes revelan las dos principales fuentes de la amenaza que el terrorismo global plantea actualmente en el suelo de Estados Unidos. En relación con ellos y otras actividades terroristas han sido detenidos o identificados individuos, autóctonos y foráneos, radicalizados a partir de su condición musulmana de origen familiar o al hilo de su conversión. En unos casos se sabe que actuaban aisladamente o constituían células independientes, sólo inspiradas por Al Qaeda. En otros, sin embargo, seguían órdenes de Al Qaeda, de una extensión territorial de esta estructura terrorista denominada Al Qaeda en la Península Arábiga o de grupos asociados con Al Qaeda como el paquistaní Lashkar e Toiba o el somalí Al Shabab. Es decir, se trata de una amenaza dual, que procede tanto de individuos y células independientes surgidas en el interior como de entidades transnacionales localizadas en el exterior.

Y es que ni Estados Unidos es inmune al llamado homegrown terrorism o terrorismo de formación endógena, si es que alguna vez lo fue, como muchos analistas han sostenido al comparar la situación norteamericana con la europea, ni la amenaza del terrorismo yihadista en territorio norteamericano procede principalmente de individuos y células independientes, como igualmente se ha afirmado. El peligro es mayor, si nos atenemos a la magnitud y consecuencias de posibles atentados, cuando existen conexiones con Al Qaeda y otras organizaciones insertas en la actual urdimbre del terrorismo global capaces de ofrecer dirección, adiestramiento y recursos. Al escenario más inquietante, el verdaderamente capaz de poner a prueba la resiliencia de la sociedad estadounidense, se refirió hace pocas semanas el presidente Barack Obama, cuando aludió a los desafíos del terrorismo nuclear.

*Fernando Reinares es investigador principal de terrorismo internacional en el Real Instituto Elcano y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos.

ANTANAS MOCKUS RESPONDE A RAFAEL GUARÍN SOBRE EXTRADICIÓN DE ÁLVARO URIBE A ECUADOR

CANO: ESTRATEGIA FALLIDA

Juan Manuel Santos y Antanas Mockus

RAFAEL GUARÍN
12 de abril de 2010

La estrategia de las Farc ha sido darle tiempo al tiempo. Acostumbrados durante medio siglo a los vaivenes de los gobiernos en materia de seguridad y paz, toda su apuesta se concentró en aguantar la ofensiva política y militar de la administración de Álvaro Uribe, al tiempo que trabajar en la creación de condiciones propicias para volver a iniciar diálogos de paz.

Clausurado el santuario de El Caguán, el Mono Jojoy pretendió derrotar al ejército en las zonas en que mantuvo control. Quería demostrar la capacidad bélica de las Farc y convencer a la opinión pública y al gobierno de la imposibilidad de una victoria militar. Pero las cosas no salieron como pensaba. A medida que las operaciones militares se desplegaron, se evidenció su fracaso y la eficacia de la fuerza pública. La decisión entonces fue el repliegue y tratar de preservar fuerzas, optando, principalmente, por la utilización de artefactos explosivos improvisados y francotiradores.

Si en lo militar lo único viable era acudir a las acciones terroristas y retroceder a la típica guerra de guerrillas, en el plano político tenían muchas más cartas: un discurso entronizado que les concedía un ramillete de justificaciones a su existencia, el cuento generalizado de las “causas objetivas de la violencia”, sectores y líderes políticos amigos, la consigna del “acuerdo humanitario”, gobiernos cómplices de países vecinos, pasividad regional y todo un entramado político nacional e internacional dedicado a prestar soporte bajo el camuflado de la “salida política”.

Los documentos internos de esa organización permiten señalar que el esfuerzo del Secretariado fariano y toda su habilidad de maquinación se ha orientado a armonizar esos instrumentos para romper el aislamiento a que están sometidas las Farc, destruir el apoyo a la política de firmeza en su contra, agrietar la legitimidad del Estado, obtener reconocimiento como organización política alzada en armas y, emplear, una vez más, la táctica de la negociación.

La idea es sencilla: ante la incapacidad militar de derrotar al Estado, la vía adecuada es golpear con decisión el centro de gravedad de la política de seguridad, esto es, actuar sobre la voluntad de los ciudadanos y los gobiernos, con el propósito de frenar y desmontar la estrategia política y militar que paulatinamente los está acabando.

Desde la óptica de la guerra irregular el razonamiento es impecable, empero, todo indica que los Cano, Jojoy, Márquez y sus cómplices mimetizados en la legalidad, quedaran frustrados. La idea de una “convergencia y Acuerdo Nacional” con fuerzas políticas y sociales para “crear entre todos una nueva alternativa política de poder que se convierta en gobierno”, fracasó. Ocurrió lo mismo con el objetivo de que se eligiera en 2010 un nuevo “gobierno cuya divisa en política internacional sea la patria Grande y el Socialismo”, es decir, un satélite de Hugo Chávez.

La razón es que los candidatos presidenciales con mayor opción coinciden en que se debe mantener la dureza frente al terrorismo. A diferencia del pasado, en el que las campañas compitieron en dádivas y concesiones a las guerrillas, ahora es difícil distinguir quien es más vertical contra el crimen. Juan Manuel Santos ha sido el principal látigo y quien más resultados muestra en el combate a la guerrilla. Por su parte, Antanas Mockus ha dicho que “no hay nada que negociar con las Farc” y una de sus banderas es la “legalidad democrática”.

Ambos, Mockus y Santos, proscriben la violencia como método de acción política, de ahí, que juntos rechacen, al lado del PIN, al Polo Democrático, que difunde un discurso justificativo de la violencia y mantiene en su seno al Partido Comunista Colombiano, agrupación que sigue enarbolando la táctica y estrategia de la “combinación de todas las formas de lucha”, legales e ilegales.

Así, pues, Cano y compañía terminarán extrañando a Uribe. ¡Así es la vida, camaradas! Lo mejor que les podía pasar era su reelección. Tenían discurso para impugnarlo. Ahora, la cosa es a otro y más gravoso precio. Las próximas elecciones presidenciales prometen un fuerte liderazgo y una revolución ciudadana en las urnas, que se traducirá en mayor aislamiento de la guerrilla y en continuidad de la política de firmeza contra el terrorismo. Al final, todo no es más que una prueba de la estrategia fallida de las Farc.

*Profesor de Análisis del Terrorismo. Universidad del Rosario.

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INTERCAMBIO HUMANITARIO

- Por ROMÁN ORTIZ -
EL TIEMPO

La reciente liberación del soldado Calvo y el sargento Moncayo ha reavivado el debate sobre el intercambio humanitario. A primera vista, la pelota está en la cancha del Gobierno. Aparentemente, las Farc han reducido sus demandas hasta un punto en que parece solo una cuestión de buena voluntad del Ejecutivo que se produzca el regreso de los policías y militares secuestrados. Ahora, la única exigencia a cambio de su libertad es la excarcelación de un número de militantes de las Farc. Una vez más, resurge el viejo cuento de buenos y malos: si no hay liberaciones, es por la obstinación irracional de las autoridades. Sin embargo, las cosas son más complicadas y una lista de factores multiplica los costos que tendría el intercambio humanitario para la seguridad del país y la legitimidad del Estado.

Para empezar, muchos presos de las Farc no desean ser parte de un intercambio que les devuelva a su antigua organización. Sin duda, la perspectiva de regresar a una guerra que están perdiendo empuja a un buen número a preferir la cárcel. Además, no se debe olvidar el triste destino de los militantes de las Farc que volvieron de prisión. Basta recordar que la mayoría de los 14 guerrilleros liberados por la administración Pastrana a cambio de 323 soldados y policías en junio del 2001 murió ejecutada por sus camaradas bajo la acusación de traición. Pero, sobre todo, es que muchos ex guerrilleros ven las vías de reinserción abiertas por el Gobierno como la mejor opción para abandonar la violencia. En consecuencia, su inclusión en el intercambio iría en contra de uno de los pilares de la estrategia de pacificación del Estado: garantizar a los combatientes ilegales la oportunidad de reintegrarse a la sociedad.

Por otra parte, hay que reconocer la casi imposibilidad de garantizar que los guerrilleros excarcelados no vuelvan a delinquir. Israel tiene mucha experiencia en liberaciones de prisioneros y también en la futilidad de los esfuerzos para garantizar que los terroristas de Hamás o Hezbolá no vuelvan a las andadas. Mucho más próximo, el caso de Rodrigo Granda demuestra lo que se puede esperar cuando se libera a un militante de las Farc dispuesto a continuar con la violencia. Excarcelado para actuar como mediador, el denominado 'canciller de las Farc' anunció en octubre del 2007 que se reincorporaba a la organización. Hoy, parece estar dedicado a reconstruir las redes internacionales de la guerrilla.

En cualquier caso, la principal barrera para el intercambio tiene que ver con sus efectos sobre la legitimidad del Estado. Los presos de las Farc fueron condenados por los jueces de un Estado democrático. Excarcelarlos a través de un intercambio significa violentar el funcionamiento normal de la justicia. De hecho, supone admitir que ciudadanos responsables de idénticos delitos no son iguales ante la ley cuando algunos son respaldados por un chantaje. Pero, además, el intercambio encierra un peligroso principio de equidistancia entre Gobierno y terroristas. Implícitamente, supone que el Estado renuncia a ejercer justicia sobre un grupo de guerrilleros y reconoce a las Farc como actor a su mismo nivel para negociar las liberaciones. De aquí al reconocimiento político hay solo unos pasos. Las Farc lo saben y por eso han convertido el intercambio en el eje de su estrategia política.

Todos estos efectos indeseados del intercambio humanitario se difuminarían si este tuviera lugar en el marco de un proceso de negociación para la desmovilización de las Farc. Pero por debajo de esto, ¿no hay salida para los secuestrados? Desde luego, sí. La cadena de liberaciones unilaterales no ha sido fruto de la buena voluntad de la guerrilla, sino su reacción ante la presión militar y el aislamiento político. La persistencia en esta misma estrategia puede traer a casa al resto de los secuestrados.

* Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y Director de Análisis del Grupo Triarius

INTERCAMBIO HUMANITARIO

Por ROMÁN ORTIZ
EL TIEMPO

La reciente liberación del soldado Calvo y el sargento Moncayo ha reavivado el debate sobre el intercambio humanitario. A primera vista, la pelota está en la cancha del Gobierno. Aparentemente, las Farc han reducido sus demandas hasta un punto en que parece solo una cuestión de buena voluntad del Ejecutivo que se produzca el regreso de los policías y militares secuestrados. Ahora, la única exigencia a cambio de su libertad es la excarcelación de un número de militantes de las Farc. Una vez más, resurge el viejo cuento de buenos y malos: si no hay liberaciones, es por la obstinación irracional de las autoridades. Sin embargo, las cosas son más complicadas y una lista de factores multiplica los costos que tendría el intercambio humanitario para la seguridad del país y la legitimidad del Estado.

Para empezar, muchos presos de las Farc no desean ser parte de un intercambio que les devuelva a su antigua organización. Sin duda, la perspectiva de regresar a una guerra que están perdiendo empuja a un buen número a preferir la cárcel. Además, no se debe olvidar el triste destino de los militantes de las Farc que volvieron de prisión. Basta recordar que la mayoría de los 14 guerrilleros liberados por la administración Pastrana a cambio de 323 soldados y policías en junio del 2001 murió ejecutada por sus camaradas bajo la acusación de traición. Pero, sobre todo, es que muchos ex guerrilleros ven las vías de reinserción abiertas por el Gobierno como la mejor opción para abandonar la violencia. En consecuencia, su inclusión en el intercambio iría en contra de uno de los pilares de la estrategia de pacificación del Estado: garantizar a los combatientes ilegales la oportunidad de reintegrarse a la sociedad.

Por otra parte, hay que reconocer la casi imposibilidad de garantizar que los guerrilleros excarcelados no vuelvan a delinquir. Israel tiene mucha experiencia en liberaciones de prisioneros y también en la futilidad de los esfuerzos para garantizar que los terroristas de Hamás o Hezbolá no vuelvan a las andadas. Mucho más próximo, el caso de Rodrigo Granda demuestra lo que se puede esperar cuando se libera a un militante de las Farc dispuesto a continuar con la violencia. Excarcelado para actuar como mediador, el denominado 'canciller de las Farc' anunció en octubre del 2007 que se reincorporaba a la organización. Hoy, parece estar dedicado a reconstruir las redes internacionales de la guerrilla.

En cualquier caso, la principal barrera para el intercambio tiene que ver con sus efectos sobre la legitimidad del Estado. Los presos de las Farc fueron condenados por los jueces de un Estado democrático. Excarcelarlos a través de un intercambio significa violentar el funcionamiento normal de la justicia. De hecho, supone admitir que ciudadanos responsables de idénticos delitos no son iguales ante la ley cuando algunos son respaldados por un chantaje. Pero, además, el intercambio encierra un peligroso principio de equidistancia entre Gobierno y terroristas. Implícitamente, supone que el Estado renuncia a ejercer justicia sobre un grupo de guerrilleros y reconoce a las Farc como actor a su mismo nivel para negociar las liberaciones. De aquí al reconocimiento político hay solo unos pasos. Las Farc lo saben y por eso han convertido el intercambio en el eje de su estrategia política.

Todos estos efectos indeseados del intercambio humanitario se difuminarían si este tuviera lugar en el marco de un proceso de negociación para la desmovilización de las Farc. Pero por debajo de esto, ¿no hay salida para los secuestrados? Desde luego, sí. La cadena de liberaciones unilaterales no ha sido fruto de la buena voluntad de la guerrilla, sino su reacción ante la presión militar y el aislamiento político. La persistencia en esta misma estrategia puede traer a casa al resto de los secuestrados.

* Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y Director de Análisis del Grupo Triarius

DEBATE: ACUERDO HUMANITARIO

En Hora 20 de Caracol Radio, respecto a la demanda de las Farc de un acuerdo humanitario para liberar a los secuestrados por ese grupo:

“Aquí lo que ha colocado las Farc son condiciones para perpetuar el secuestro. Lo humanitario es no ceder al acuerdo humanitario en las condiciones de las Farc, sino defender la libertad de los millones de colombianos que pueden ser víctimas de secuestro”.

Rafael Guarín.

Debate del 30 de marzo de 2010

Se puede escuchar en: http://www.caracol.com.co/programa.aspx?id=130992&au=981876

Participantes: Juan Carlos Flórez, Juan Manuel Acevedo, Jorge Bustamante, Rafael Guarín

LA TÁCTICA HUMANITARIA Y LA ESTRATEGIA TERRORISTA

RAFAEL GUARÍN
29 de marzo de 2010

La liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo y del soldado Josué Daniel Calvo no es un acto de humanidad, tampoco merito de “Colombianos y Colombianas por la Paz”, menos una acción unilateral que muestre buena voluntad de las Farc. Nada de eso. Es otro episodio de la “táctica humanitaria”, diseñada por la guerrilla, dentro de su calculada estrategia terrorista.

Tres objetivos están detrás de la parafernalia humanitaria. Primero, avanzar en el reconocimiento de las Farc como fuerza beligerante. Las liberaciones serán aprovechadas para emplazar a los candidatos presidenciales a realizar el llamado “acuerdo humanitario”, sobre la base de que el nuevo gobierno las gradué como una organización política alzada en armas y no como un grupo terrorista.

En esa línea, desean esgrimir el “acuerdo” para permitir que intervengan “países amigos” de la “salida negociada”, lo cual les otorga de entrada estatus político y un tratamiento de igual a igual con el Estado. Sueñan con el llamado “Grupo Contadora”, acordado por Hugo Chávez e Iván Márquez en noviembre de 2007. Con la participación de varios de los gobiernos de izquierda del hemisferio, quisieron integrar un conjunto de países destinado a reconocer a las Farc como beligerante y presionar al gobierno de Colombia a una negociación.

El segundo propósito es posicionar la “salida negociada al conflicto social y armado” en la campaña presidencial. Como en el pasado, quieren que los candidatos emulen en materia de seguridad y paz, a partir de los planteamientos de las Farc. Para lograrlo, repiten la maniobra que realizaron en marzo de 2006. En esa oportunidad, dos agentes de policía fueron liberados en el Putumayo a instancia del candidato Álvaro Leyva. La firmeza ciudadana en rechazar a los secuestradores hizo fracasar la acción.

Romper esa firmeza contra el crimen, dividiendo a los ciudadanos entre partidarios y contradictores del acuerdo humanitario y del diálogo con las guerrillas, es el tercer objetivo. Buscan obtener legitimidad, demostrar que son actores políticos y presionar al gobierno movilizando sectores de la población a favor de la negociación y de la “solución política”. Es la paz como consigna de agitación y movilización.

La táctica humanitaria y la consigna del diálogo, pretenden trasladar la responsabilidad de los secuestros y de la violencia guerrillera al gobierno y a los candidatos presidenciales que no se allanen a las demandas farianas. Los señalamiento de que Uribe, antes de finalizar su periodo, debe celebrar el “acuerdo humanitario”, busca “probar” que él ha sido el obstáculo y subrayar la necesidad de un nuevo gobierno que “apueste a la paz y no a la guerra”, por supuesto, que no será uno que continúe la Política de Seguridad Democrática, sino que acepte su desmonte como punto de partida para un proceso de paz. Un gobierno de apaciguadores.

La guerrilla repite el mismo estribillo. Siempre, antes de las elecciones presidenciales, la organización terrorista reclama negociación, señala que está dispuesta a abordar en una mesa de diálogo la “solución de las causas que dieron origen al conflicto” y que se requiere un presidente que tenga real voluntad de resolver los problemas de los colombianos, como requisito para pactar la paz. Todos esos no son más que recursos tácticos empleados en el marco de su plan estratégico, no para alcanzar la paz, sino para escalar la guerra.

Igual sucede con las acciones terroristas. Cada final y comienzo de un nuevo gobierno está marcado por atentados y masacres. El “niño bomba” que murió en El Charco y el carro bomba que dejó 9 muertos en Buenaventura, buscan demostrar que la Política de Seguridad fracasó, que es inevitable la negociación con las Farc y manipular, a través del miedo, la voluntad de los ciudadanos. Si bien, en principio, los atentados fortalecen el rechazo a las Farc, Alfonso Cano y el Mono Jojoy saben que si son capaces de aumentar suficientemente la frecuencia y elevar el número de víctimas, pueden afectar la voluntad de los ciudadanos. De ahí, que tenga razón Naciones Unidas cuando advierte la posible ejecución de más actos de violencia.

En síntesis, estamos ante una ofensiva terrorista y una campaña de propaganda orientada a quebrar la voluntad de lucha del Estado contra las guerrillas, a través de la vía política.

Aunque Álvaro Uribe les devolvió el balón y neutralizó temporalmente la maniobra fariana, al aceptar la posibilidad de un acuerdo humanitario, lo responsable sería que los candidatos lo rechacen de forma unánime, exijan la liberación inmediata y sin condiciones de todos los secuestrados y restrinjan cualquier diálogo a la decisión irrevocable de la guerrilla de renunciar a la violencia y de desmovilizase. Así se acaba con el aprovechamiento, por parte de las Farc, de las contradicciones y con la utilización de lo humanitario y del diálogo como una táctica al servicio de una estrategia de guerra.

Profesor de Análisis del Terrorismo. Universidad del Rosario.
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SEGURIDAD EN LAS URNAS

*Rafael Guarín

Publicado en El Espectador

15 de marzo de 2010

A pesar de los pronósticos de que las elecciones de Congreso iban a estar gravemente perturbadas por la violencia, especialmente de las Farc, la realidad fue muy distinta. La Misión de Observación Electoral MOE, en un reciente informe, dijo identificar “420 municipios en riesgo por factores de violencia para las próximas elecciones de Congreso”. Además, que un 55% de estos estaban en “riesgo extremo”, lo que sugeriría, para cualquier persona, un probable colapso de las votaciones.

Los planteamientos de la MOE en este tema, aunque desacertados, son una preocupación legítima. En Colombia los comicios habían estado marcados por una fuerte violencia, no sólo del narcotráfico y del paramilitarismo, sino por la injerencia que las guerrillas adelantaban con el objeto de impedir el ejercicio del derecho al sufragio, demostrar la imposibilidad del Estado de controlar la totalidad del territorio nacional y acreditar capacidad militar.

Las perturbaciones de orden público fueron muy escasas, la de mayor importancia se presentó con un hostigamiento en Corinto, Cauca. Las Farc habían diseñado un plan para afectar el proceso electoral. No obstante que medios de comunicación en el exterior registraron esa noticia, un análisis objetivo permite concluir que se frustró su esfuerzo de aprovechar una coyuntura, en la que los ojos del mundo están pendientes del país, para desplegar múltiples y contundentes acciones terroristas y emplearlas como propaganda. Su fallido objetivo era enviar un mensaje de fortaleza y de fracaso de la Política de Seguridad Democrática. Consiguieron todo lo contrario.

La fuerza pública neutralizó diversas iniciativas criminales, como la intención de atentar en el departamento del Huila contra Orlando Beltrán Cuellar, uno de los dirigentes políticos secuestrado durante casi siete años por esa organización. La eficacia de las labores de inteligencia y el despliegue de un gigantesco operativo, que incluyó el diseño de mapas de orden público y atención electoral, repercutieron favorablemente en garantizar la seguridad en la jornada.

El resultado en esta materia demuestra una vez más que las Farc han perdido sustancialmente capacidad operativa, aún en zonas en las que su influencia sigue siendo significativa. En municipios como Algeciras, Huila, en permanente estado de amenaza, noticias informaron que los ciudadanos pudieron acudir a las urnas y escoger libremente sus representantes.

El avance es significativo respecto a la elección de 2007 y refleja la consolidación de una tendencia iniciada en 2006. Según un estudio de la Fundación Seguridad y Democracia, las votaciones de ese año fueron las menos violentas en dos décadas, las de ayer fueron las más tranquilas desde que se tienen datos.

También, es claro que este tipo de análisis, para ser acertados, requieren no solo de observar las actividades y presencia de grupos armados ilegales en porciones del territorio, sino, conocer y entender el mapa de acción de la fuerza pública. A diferencia del pasado, en el cual militares y policías estaban anclados a sus bases y a los cascos urbanos, hoy cuentan con una formidable capacidad de respuesta y de acción ofensiva, que niega a la guerrilla el desarrollo de sus planes.

Por supuesto, lo anterior no obsta para reconocer el hecho de que en zonas de alto riesgo de alteración del orden público se dispusiera emplear plataformas aéreas electrónicas y un aumento importante de miembros de policía y de las fuerzas militares, lo cual nos dice que, si bien se ha avanzado en garantizar los derechos ciudadanos y en reducir la capacidad de daño de las organizaciones terroristas, es indispensable aceptar que aún falto mucho, que las Farc no están acabadas, que no se debe bajar la guardia y que la tarea debe continuarse.

*Analista político y de seguridad. Profesor de la Universidad del Rosario.
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