Atentado de FARC en Tumaco, departamento de Nariño, Colombia. 3 de febrero de 2012
10 de junio de 2012
RAFAEL GUARÍN
¿Se imagina que en Camboya se quisiera reformar la
Constitución para impedir a los jueces perseguir a quienes participaron en los
crímenes de lesa humanidad que hicieron parte de un genocidio en el que
murieron más de un 1.500.000, lo que supone la desaparición del 20% del total
de la población? Imagine que los promotores de esa reforma pretendan que la
justicia internacional no procese a los perpetradores de los Jemeres Rojos,
excusándose en un “Acuerdo de Paz”.
Imagine que con la excusa de lograr en el futuro la
esquiva paz en España, se modificara la magna Constitución de 1978 para obligar
al Estado a negociar con la banda terrorista ETA, indirectamente reconocerle
legitimidad política y el derecho a emplear la violencia en su propósito
“independentista”, así como garantizar impunidad a sus integrantes por la
mayoría de los asesinatos, detonación de coches bomba y acciones sangrientas,
como el atentado en el Hipercor de Barcelona que causó 21 muertos en 1987 o el
que mató a 12 Guardias Civiles e hirió a 50 personas en Madrid, un año antes.
¿Se imagina que en el parlamento inglés se votara una
norma mediante la cual el Estado renuncie a la investigación y juzgamiento, al
igual que se ordene cesar los procesos y suspender la ejecución de la pena
contra los ciudadanos y residentes en Reino Unido que conforman células de
terrorismo yihadista? Células que hipotéticamente tuvieron alguna relación con
los atentados de julio de 2005 en el servicio de transporte público de Londres,
que causaron más de 50 muertos y 700 heridos.
Esfuércese y trate de imaginar, por un momento, que la
Constitución que redactaron los padres fundadores de los Estados Unidos se
modificara para incluir un artículo que ofrezca impunidad a los integrantes de
células de Al Qaeda por sus atentados pasados, presentes y futuros. E imaginese
que en el Capitolio se aprobara una enmienda constitucional que obliga a los
Estados Unidos a negociar su Constitución con el islamismo radical, que lo
considera el gran satán, y renunciar a derrotarlo, para conseguir un “Acuerdo de Paz”.
O que se tramitara, casi subrepticiamente, sin la
discusión nacional que merece, una reforma en la Constitución de México para
desistir de la investigación y juzgamiento de gran parte de los crímenes
atroces, entre ellos las masacres y decapitaciones de personas, cometidas por
los Zetas.
¿Y qué tal cambiar la Constitución de Uganda para
establecer la posibilidad jurídica de no perseguir penalmente a Josepk Kony y
al Ejército de Resistencia del Señor, reclutadores de niños para la guerra, en
momentos que en todo el mundo se agita una campaña para que comparezcan ante la
justicia internacional? ¿Y si agregamos la pretensión de que la reforma busque
que la Corte Penal Internacional no lo pueda juzgar, ni a los demás asesinos y
reclutadores, argumentando que se adelantó una investigación no judicial
completa?
Inimaginable. ¿No es cierto? Con seguridad ni los miembros de ETA, Al Qaeda, el Ejército de
Resistencia del Señor, los Zetas, ni los asesinos de Camboya, esperarían tanta
generosidad, mucho más si lejos de decidir el definitivo abandono de las armas,
se dedicaran con todos sus recursos a escalar la violencia, cometiendo cientos
de atrocidades.
A pesar de que las organizaciones mencionadas y el
contexto en que cometen sus brutalidades son diferentes y no pueden trasladarse
automáticamente, lo cierto es que, guardadas las proporciones y las grandes
diferencias, los ejemplos ilustran lo absurdo que se está haciendo en Colombia.
El Congreso (aprobará) aprobó una reforma constitucional,
con el nombre de Marco Jurídico para la Paz, que busca precisamente lo que es
difícil de imaginar con los ejemplos anteriores. El “Marco” garantiza literalmente
un bacanal de impunidad que favorece a la mayoría de criminales de lesa
humanidad y permitirá su excarcelación masiva. Consagra la renuncia a la
persecución penal contra los menos responsables de crímenes de lesa humanidad
lo que significa que por mandato constitucional no podrán ser investigados,
juzgados y condenados; igual sucede con los autores de los demás delitos,
incluido el narcotráfico, mientras que a los máximos responsables de los
crímenes atroces se les premia con “sanciones extrajudiciales” y “penas
alternativas”, es decir, la posibilidad de que no paguen cárcel.
La reforma además revictimiza al impedir el acceso a la
justicia y negar, en algunos casos, la reparación. Estimula la continuidad de
la violencia y motiva nuevas atrocidades, afecta la seguridad, viola el derecho
internacional, legitima la violencia como medio de acción política y por ende a
las FARC y al ELN. Envía un mensaje pernicioso a la fuerza pública que favorece
la violación de derechos humanos y su contenido afectará la cohesión de las
fuerzas militares, la moral y la capacidad de combate, mientras elevará la de
las guerrillas. No sólo es ineficaz para la paz, sino que es un grave retroceso
en la política de firmeza contra la criminalidad y el terrorismo que ha dado
resultado. Todo en nombre de la paz.
Lo peor es que las FARC se dan el lujo de rechazar
someterse a la justicia. Iván Márquez dijo que era una “ilusión seráfica” y a
través de ANNCOL señalaron que “la insurgencia, como lo ha manifestado en
reiteradas ocasiones jamás aceptará ese mamotreto jurídico”. No obstante, los
autores insisten en que el Marco será definitivo para la paz.
Por otro lado, con el acto legislativo ocurre lo
inimaginable: el estado de derecho entra en un periodo de interinidad al
incluir en la Carta Política la garantía de impunidad a miembros de
organizaciones que cometen todo tipo de crímenes con el fin de destruir el
ordenamiento jurídico. Sucede lo mismo cuando por mandato constitucional se
fuerza al Estado a negociar con esos grupos y a suscribir un “Acuerdo de Paz”.
Además de renunciar a una política de firmeza contra
quienes desafían el imperio de la ley, con la impunidad se termina por tolerar
el empleo de la violencia para destruir la Carta de 1991 y el orden social,
político y económico sobre ella cimentado. Como si eso no fuera ya
excesivamente grave, se va más allá y se fuerza al Estado a negociar su propio
orden constitucional con quienes en vez de ganar el derecho en las urnas, lo
obtienen mediante el asesinato y el delito. Un asunto que debería ser principal
en cualquier proceso de paz, como es el del régimen al que deben someterse los
crímenes cometidos, termina entregándose gratuitamente y en su lugar se pone
sobre la mesa la Constitución a disposición de quienes la quieren derrocar.
Los derechos a la vida, la integridad, la libertad y las
demás garantías ciudadanas se relativizan. Podrán ser violentados siempre y
cuando se haga a gran escala y con la excusa de la existencia de un conflicto,
que no tiene razón alguna de existir más que el afán que mueve a las FARC y el
ELN a someter a la sociedad por la fuerza, junto al móvil del narcotráfico, que
las suma a las bandas criminales.
¿Son merecedores los autores de crímenes atroces de un
trato preferente? Su único mérito es el imperio de la fuerza y el crimen
desbordado. La superioridad moral que en el pasado se reconoció a los
luchadores contra regímenes despóticos y absolutistas no existe en el caso
colombiano, por dos razones: por ser una democracia deliberativa y porque los
crímenes de lesa humanidad y de guerra despojan de cualquier atisbo de
altruismo a quienes los cometen. No hay nada de idealismo en una masacre, nadie
procura el bien de la sociedad secuestrando, ni hay nada de altruismo en el
desplazamiento y el despojo.
También son dos las razones que justifican a la luz del
Estado de derecho una reforma que tenga las secuelas expresadas. Primero, la
renuncia a que éste se imponga y, segunda, la aceptación de la imposición de la
fuerza de los criminales. Ambas cosas son una hecatombe para la Constitución.
Tan maravillosa innovación constitucional no tiene
antecedente en la historia de las ideas enmarcadas en la democracia liberal.
Colombia será el único país del planeta donde la Constitución valida la
violencia contra la misma Constitución. ¡Aterrador! ¡Pero cierto! Será la única
democracia en el mundo que pone en entredicho su legitimidad y la de sus
instituciones con una reforma que ofrece garantías de impunidad a quien comete
atrocidades para atacarla. ¡Increíble! Era inimaginable, pero será una absurda
realidad.
*Exviceministro de Defensa. Autor del libro PAZ JUSTA. Ed. Corporación Pensamiento Siglo XXI y Fundación Konrand Adenauer http://libretadeapuntes.com/wp-content/uploads/2012/06/LIBRO-PAZ-JUSTA.pdf
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