Profesor
Universidad Externado de Colombia
Vaya al Blog de M Peckel
Como siempre que ocurre un hecho trascendental en nuestra historia
rebosarán los periódicos de artículos, las emisoras de analistas y los
canales de expertos, dándole vueltas a algo que ya no las tiene. La
Corte Internacional de Justicia falló y lo único real al amanecer del
día siguiente es que ya no hay nada que hacer frente a la sentencia.
Nada.
Sobre si Colombia podía no haber aceptado acudir a la Corte una vez Nicaragua presentó la demanda es un debate abierto e inútil. La Corte pudo haber tramitado el caso sin la presencia colombiana y emitir un fallo que de todas formas era de obligatorio cumplimiento. O la Corte podía no haber aceptado la demanda si Colombia no aceptaba la jurisdicción en este caso. Nunca sabremos como no sabremos qué hubiera sido peor.
No tiene antecedentes el mapa que estableció la Corte en el cual un archipiélago queda dividido a través de una línea delimitadora en la que dos de sus islas quedan enclavadas en el mar del vecino. ¿Por qué la Corte no estableció la línea al norte de Quitasueño y Serrana? Nunca se sabrá. Lo que sí es que la Corte sembró las semillas para conflicto permanente entre Colombia y Nicaragua que es lo que esta Corte se supone debe evitar.
Además con su fallo, el Tribunal afectó a terceros, especialmente Honduras con quien Colombia tiene un tratado de límites, algo también inusual en sus sentencias. Ya Colombia no tiene frontera con este país ni con Costa Rica.
Los planteamientos de Colombia y su tradición –o maña- santanderista, fueron excesivamente jurídicos y no tuvieron en cuenta de manera prioritaria el aspecto humano, el de la población raizal, la cual lleva años rogando mayor protección a sus derechos y reconocimiento de su excepcionalidad. Inglaterra en conflictos similares en Gibraltar y las Malvinas se ha asegurado primeramente el apoyo de los habitantes de esas islas y lo ha refrendado a través de referendos donde el 90% apoya seguir siendo parte del Reino Unido. Un claro apoyo de la población raizal a permanecer en Colombia y un conocimiento a fondo de sus necesidades por parte de la Corte hubiera podido ser un punto fuerte en la defensa de nuestro país.
Ahora Colombia no tiene más remedio que adaptarse a la nueva situación; acatar el fallo y negociar con el ‘colombianofobo’ Ortega, estar listo a enfrentar por años fricciones de todo tipo en las aguas del Caribe, dilatar, dilatar y dilatar su cumplimiento o “acatar la sentencia sin cumplirla” como han hecho países en situaciones similares tras fallos adversos.
Honduras y El Salvador llevan años en conflictos jurídicos y escaramuzas dándole opuestas interpretaciones al fallo de la Corte sobre islotes en el golfo de Fonseca de 1992. Similar situación de fallos territoriales no cumplidos o cumplidos a medias se da entre Libia y Chad, 1994, Hungría y Eslovaquia, 1997 y otros.
Aducir que se rechaza el fallo por razones constitucionales es un sofisma, pues en casos como éste el derecho internacional prima sobre las leyes y constituciones de los países. Entre otras, ¿qué quiere decir en términos prácticos “rechazar el fallo”?
Pero quizás una de las mayores lecciones de lo ocurrido tiene que ver con la grave fragilidad institucional de Colombia, personificada en los Interbolsa, Nule, carruseles, monopolios, precaria infraestructura, Colmenares, mafias y lamentablemente, pérdida de miles de kilómetros cuadrados de mar territorial.
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