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RAFAEL GUARÍN
El Congreso de Colombia debatió
esta semana la aprobación del “Marco
Jurídico para la Paz”. Se trata de una reforma a la Constitución que pretende
ser la base de mecanismos de justicia transicional que sirvan para conseguir el
final del “conflicto”, mediante un "Acuerdo de Paz". A pesar de
las reiteradas críticas y de que sus promotores insisten que hicieron
correcciones, la verdad es que la iniciativa se convirtió en un auténtico
bacanal de impunidad para perpetradores de crímenes atroces, sean de guerrillas,
AUC o miembros de la fuerza pública.
Un asunto que ha pasado
inadvertido es que la reforma también terminará por cobijar narcotraficantes. ¡Sí, señores! ¡A narcotraficantes!
Los siguientes argumentos lo demuestran:
Primero. Los narcos de las FARC,
el ELN y de las bandas criminales BACRIM se favorecerán porque el “Marco” consagra instrumentos de
justicia transicional que permiten la renuncia a la acción penal frente a todos
los delitos, con excepción de los máximos responsables de crímenes de lesa
humanidad que, aunque deben ser investigados judicialmente, se beneficiarán de “aplicación
de sanciones extra-judiciales (diferentes
a la prisión), de penas alternativas (diferentes
a la prisión), o de modalidades
especiales de ejecución y cumplimiento de la pena”. El texto de la reforma no excluye
al narcotráfico. Argumentan equivocadamente sus defensores que tal alcance
puede adoptarse acogiéndose al Protocolo II adicional a los Convenios de
Ginebra que ordena al final de un conflicto conceder las amnistías más amplias.
Segundo. Se ha querido concluir que las
BACRIM están fuera de tales beneficios de impunidad, indicando que la reforma establece que los instrumentos de justicia
transicional no se podrán aplicar a grupos armados al margen de la ley que no
hayan sido parte en el conflicto armado interno. Pero es solo un error de
apreciación. Hay un detalle crucial: la calidad de “grupo parte en el conflicto” obedece a dos cosas: a la observancia
de elementos que en el derecho internacional humanitario (DIH) se consideran
para caracterizar si una organización lo es o no y a la voluntad política del
Estado de conceder dicho estatus. En otras palabras, nada impide que observado
lo anterior en el futuro el gobierno colombiano pueda incluir a las BACRIM.
Eso es evidente respecto a las bandas que tienen en la
actualidad el nivel de hostilidad y de organización suficiente para ser
consideradas “parte del conflicto”, al punto que en su contra se pueda emplear
la fuerza en el marco del DIH. De hecho, siendo Ministro de Defensa Juan Manuel
Santos estableció un mecanismo que permitía proceder al Ejército contra esas
bandas como objetivo militar, orden que modificó en 2011 el Consejo de
Seguridad Nacional sin que haya cambiado la naturaleza de las BACRIM.
Tercera cuestión. Las guerrillas
están metidas de pies y manos en el narcotráfico, al punto que frentes de las FARC delinquen con las BACRIM Rastrojos
y Urabeños. Es el caso del Frente 57 en el Chocó y del Frente 18 en el Bajo
Cauca que despliegan su actividad de la mano con la BACRIM de Urabá.
Cuarto, se admita o no, la realidad es que las FARC están
por completo dedicadas al tráfico de estupefacientes en varias zonas, como, por
ejemplo, en La Unión Peneya, donde fue secuestrado el periodista francés. Son
territorios con fuerte presencia armada y de milicias que gravitan alrededor
del cultivo y procesamiento de coca. Cabecillas y capos se funden en las FARC.
Conclusión: el “Marco Jurídico para la Paz” crea una
oportunidad para que los narcotraficantes de las FARC, el ELN, la disidencia
del EPL y las BACRIM sean exonerados de investigación, juzgamiento y condena, una
ventana que les permitirá no pagar cárcel en Colombia ni ser extraditados
cuando se suscriba un “Acuerdo de Paz”.
Para que las bandas criminales narcotraficantes no queden cobijadas con los
beneficios deben ser excluidas expresamente de la reforma constitucional.
Finalmente, efectos no deseados:
los mafiosos pueden sentirse estimulados a organizar nuevas BACRIM o a fortalecer
las actuales calculando beneficiarse de un eventual proceso de paz. Sin duda, la
impunidad descrita es un grave retroceso en la lucha contra el narcotráfico
basada en la justicia y es una forma de romper por completo la actual política
antidrogas de Colombia y Estados Unidos. ¿Qué podrán pensar demócratas y
republicanos?
@RafaGuarin Exviceministro de
Defensa de Colombia. Autor del libro PAZ JUSTA.
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