Site: miputumayo.com.co
Publicado en El Nuevo Herald, 26 de septiembre de 2012 Leála en El Nuevo Herald
RAFAEL GUARÍN
Lo más importante de la agenda gobierno-
FARC es lo que no está escrito. Es aparentemente reducida a participación
política y temas agrarios, al igual que un avance respecto a la agenda acordada
en 1999. Pero a medida que pasan los días los voceros del grupo terrorista
abren la boca y se comienzan a conocer los asuntos que realmente pretenden ser
objeto de un Acuerdo de Paz. Por ejemplo,
nada más, ni nada menos que los recursos naturales, la minería y el petróleo.
Obviamente no es un tema irrelevante, menos en un país en el que el petróleo, según la revista Dinero, "representa hoy 52% de los ingresos de exportación y aporta 86% de su crecimiento". La misma publicación registra que en el primer trimestre la economía creció 4,7%, mientras el sector petróleo lo hizo casi tres veces más, hasta llegar al 12,4%. Los ingresos del Estado en 2011 provenientes de hidrocarburos fueron de algo más de 11.131 millones de dólares.
La minería es decisiva para la economía colombiana, al punto que el gobierno declaró, hace unos meses, 20.5 millones de hectáreas como reserva estratégica para la extracción de hierro, platino, oro, uranio y coltán. El grave problema es que las nuevas áreas de exploración y explotación se ubican en territorios con grandes riquezas de biodiversidad, en los que, ante la ausencia histórica del Estado los grupos armados ilegales se han movido y ejercido el control durante décadas.
Según el Ministerio de Defensa, a julio de
2012, la voladura de oleoductos creció 340%, pasando de 20 casos en 2011 a 88. Los
permanentes atentados contra las actividades asociadas a la minería y el petróleo,
que incluyen secuestros y asesinatos, buscan afectar los recursos fiscales del
Estado, la confianza inversionista, impedir el cumplimiento de las metas y
poner el tema en la mesa de negociación. Es evidente, así el gobierno lo
niegue, que la sola apertura de perspectivas de diálogo agravó la situación de
seguridad del sector, a pesar de no ser un punto explícito en la agenda.
Alias Timochenko, el cabecilla máximo,
señaló el pasado 4 de septiembre que la paz debe estar fundada en
transformaciones económicas, políticas y sociales y que este es un axioma que “constituye el marco teórico de principios
que
deberá ser materializado en los acuerdos finales sobre la agenda
pactada”. También, que se
seguirá “sufriendo la prolongación indefinida y lacerante del conflicto”, a
menos que los colombianos se pongan “de pie en defensa de nuestro
territorio y sus riquezas”. Es decir, continuarán el crimen mientras no se
defienda el territorio de las “poderosas compañías multinacionales que
saquean las riquezas del país”.
Dos días
después alias Mauricio Jaramillo avanzó más en el tema: “nosotros podemos hablar de 5 reformas agrarias…porque en Colombia son
5 regiones, 6 regiones, en este momento por la situación misma de las
locomotoras… para la extracción de todos
los recursos naturales que hay en Colombia. Y Añadió: “solamente Colombia es factor de extracción,…
entonces, por lo tanto los problemas sociales ya los conocen. Nosotros
alertamos que esta situación va a estar bastante complicada”.
El 22 de julio
pasado el Secretariado de las FARC afirmó que un nuevo gobierno debe “usar
las riquezas naturales para el bien de todos”. En mayo, para la
conmemoración de los 48 años del grupo terrorista, el Secretariado aseveró: No se
entiende cómo puede hablar de paz un gobierno que… continúa adelante y con
mayor sevicia la ocupación militar de inmensas regiones del país destinadas a
ser entregadas en condiciones leoninas a inversionistas extranjeros…”.
Para las FARC la tierra y la
explotación de los recursos naturales están en la base de su amañada narrativa
justificatoria. En 1964 presentaron el llamado Programa Agrario en el que se
propusieron confiscar “las tierras
ocupadas por compañías imperialistas norteamericanas a cualquier título y
cualesquiera que sea la actividad a la cual estén dedicadas”.
No hay ninguna duda, en la agenda de negociación
lo importante es lo que no está escrito. El proceso de paz no debería negociar temas de agenda de país con un grupo
narcotraficante y perpetrador de crímenes de lesa humanidad, mucho menos abrir
la puerta para afectar la seguridad
física, jurídica y política necesaria para la inversión privada en minería y
petróleo.
Exviceministro de Defensa de Colombia
Excelente articulo, pero desafortunadamente en las guerras como en los procesos de paz no todos pueden quedar felices, se deben hacer algunos sacrificios, por ejemplo en los en el desmonte del paramilitarismo algunos lideres quedaron exonerados y otros se fueron a pasear a estados unidos de igual modo con el m19 algunos hoy en dia politica. en la segunda gueerra mundial, los alemanes presos por los estados unidos, los utilizaron para desarrollar el programa de cohetes y combatir en la guerra fria a la union sovietica. A estos alemanes les dieron nueva vida y se fueron a otros paises, quedando inconformes los militares y demás victimas de führer. Lo que si debemos estar pendientes todos los colombianos, es en el desarrollo de la nueva carta polica que regirá el futuro de todos. En este punto se debe crear un mecanismo donde todos participemos.
ResponderBorrar¡Cómo se va a descalificar un reclamo tan justo como que la explotación minera sea nacional! En Cerro Matoso, Bhp Billinton, se ha quedado con la riqueza, mientras el Estado debe soportar el problema social que se ha generado esta explotación ilegal, así como el problema ambiental. Igualmente en Rubiales, Pacific se ha lucrado increíblemente y las regalías que deja son dudosas, pues la cifras de explotación que muestran son desiguales a las que en verdad son. En Cerro Matoso sucede lo mismo. Si el Gobierno va a concesionar las minas, por lo menos que haga un control sobre los impactos que generan sobre la región y sobre la explotación que realmente se efectúa. Este man que escribió el artículo desconoce cuál es el verdadero problema de la explotación minera en Colombia. Y es así de sencillo: las compañías mineras internacionales están creando sus propios estados dentro de nuestro Estado. Y son gobiernos como este y el de el señor Uribe Vélez los que ha permitido que así sea.
ResponderBorrarLuder: Según datos del Gobierno actualmente van a cumplir 8 años de prisión 4800 miembros de AUC por crímenes de lesa humanidad y de guerra. Aunque el número de sentencias es pírrico, lo cierto es que terminaron pagando el máximo de la pena alternativa. La cúpula extraditada en cárceles de máxima seguridad contribuyendo también a la verdad. Ningún proceso anterior puede mostrar esos resultados porque todos fueron hechos sobre la base de impunidad. Atento saludo y gracias por opinar.
ResponderBorrarSr Eduardo, no se critican los reclamos respecto a la actividad minera, se condena es que se hagan como demandas apoyadas en el terrorismo, los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Los actores en democracia cuentan con los mecanismos constitucionales para oponerse a la minería, a las multinacionales, a lo que se le de la gana! Pero no a punta de masacres y bombas! La violencia no es válida en una democracia,ni se pueden legitimar sin convertirse en cómplice de los crímenes de lesa humanidad.
ResponderBorrar